La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles en segunda legislatura artículos de una reforma a la Constitución Política, en la que se incluye como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007, y cuyo secretario general es el presidente del país, Daniel Ortega.El artículo 13 de la Carta Magna reformado establece que los símbolos patrios son el Himno Nacional, las banderas Azul y Blanco de Nicaragua "y la rojinegra de la lucha antiimperialista del general Augusto C. Sandino (1895-1934) y de la revolución popular sandinista", así como el Escudo Nacional.Los legisladores, que reformarán 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y derogarán otros 37, incluido el que se prohibía la práctica de la tortura y el recurso de Habeas Corpus, aprobaron este miércoles por unanimidad en segunda votación y definitiva el capítulo único del título segundo referido sobre el Estado.La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y opositores nicaragüenses, amplía de 5 a 6 años el período presidencial, establece la figura de "copresidenta", que el Ejecutivo "coordinará" los demás "órganos" del Estado que dejan de llamarse poderes, legaliza la apatridia, y crea la Policía Voluntaria, acusada de ser una fuerza paramilitar.El titular del Parlamento, el sandinista Gustavo Porras, ha explicado que esa reforma parcial a la Constitución será discutida "artículo por artículo" y prevén tenerla lista para el 30 de enero.Nicaragua es un Estado revolucionarioDurante la sesión, el Parlamento nicaragüense definió constitucionalmente que "la República de Nicaragua es un Estado revolucionario, libre, soberano e independiente, que reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonistas de la democracia directa", y que "el poder revolucionario lo ejerce el pueblo de forma directa".La enmienda establece que el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República que dirige al Gobierno y coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscalía de cuentas y los entes autónomos, es decir, que estarán subordinados al Ejecutivo.Además, que "el Estado reconoce la existencia de los pueblos originarios y afrodescendientes, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución Política y en las leyes de Autonomía de las regiones autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua".Por otro lado, se establece que el español es el idioma oficial del Estado y también son consideradas lenguas de uso comunitario y oficial en la Costa Caribe nicaragüense, el inglés creole, el miskitu, el mayagna, el ulwa, el garífuna y el rama.Además que la ciudad "León Santiago de los Caballeros", ubicado a 90 kilómetros al noroeste de Managua, "es la capital de la revolución nicaragüense".En tanto, la ciudad de Managua es la capital de la República y sede del Estado. En circunstancias extraordinarias la sede del Estado podrá establecerse en otras partes del territorio nacional.Asimismo, definió que el Estado es laico "y asegura la libertad de culto, fe y prácticas religiosas en estricta separación entre el Estado y las iglesias"."Al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público. Las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero", según la norma.
Las solicitudes de extradición que en el pasado mes de diciembre presentó la embajada de Estados Unidos sobre Hernando de la Cruz y Luis Enrique Linero, dos sanandresanos señalados como presuntos "coyotes" que estarían involucrados en la trata de personas entre San Andrés y Nicaragua, están a horas de llegar a la Corte Suprema de Justicia.Según conoció Blu radio, el Ministerio de Justicia ya dio el aval a los documentos recibidos, tras considerar los argumentos para que estas personas pueden comparecer ante la justicia norteamericana.De la Cruz y Linero están bajo el ojo del Departamento de Justicia de Estados Unidos por la desaparición de 40 venezolanos en octubre de 2023, quienes buscaban viajar, de manera irregular, desde San Andrés hasta Nicaragua, para seguir una ruta hasta el país americano.Ambos sanandresanos han guardado silencio ante la justicia colombiana, pese a que se encuentran capturados en la cárcel La Ternera de Cartagena, pero Livia Pieruzzini, madre de uno de los desaparecidos, asegura que ellos los vendieron a traficantes nicaragüenses."Pedimos celeridad en el trámite, porque ya sabemos que Hernando de la Cruz y alias 'El Calvo' fueron los que procedieron a vender a nuestras familias desde la isla de San Andrés. Allí todos saben lo que pasó con nuestras familias. Los vendieron a unas mafias en el mar. Hay mafiosos de Nicaragua que están esperando que les entreguen su mercancía y la mercancía eran esas personas", cuenta la mujer.Con la llegada de estos documentos a la Corte, solo quedaría pendiente la revisión y verificación de los mismos para que sea emitido un concepto de extradición sobre el que el presidente de la República tiene la última palabra.Mientras tanto, la esperanza de las familias venezolanas es que la justicia norteamericana avance con celeridad en este caso, ante las pocas respuestas que han recibido en Colombia.
Las familias de los migrantes a los que les perdieron el rastro hace semanas, meses o años, tras intentar partir hacia Estados Unidos por una ruta que atraviesa el mar Caribe, reavivan su reclamo por investigaciones que establezcan qué está sucediendo en la zona marítima que de San Andrés conecta con Nicaragua; luego de que se hallara una embarcación navegando a la deriva en la que se halló el cuerpo sin vida de un hombre que, se presume, sería otro viajero más en búsqueda del sueño americano.El panorama no es el mejor, pues ha sido alto el precio de esta ruta que surgió como una alternativa al Tapón del Darién para quienes buscan conectar desde Sudamérica con Centroamérica, a través de pasos irregulares. Es por esto que hasta la fecha se contabilizan 105 venezolanos desaparecidos en esta trayecto, quienes confiaron en navegantes sanadresanos o nicaragüenses para cruzar en pequeñas embarcaciones a cambios de pagos por encima de los mil dólares. Estas personas, las desaparecidas, habrían sido víctimas de estafas lideradas por organizaciones delincuenciales que abandonan a los viajeros en alta mar, tras robarle sus pertenencias, o que incluso se dedican a traficar con personas. Aunque tampoco se descartan naufragios por las fuertes corrientes, los testimonios de más de 700 migrantes rescatados por la Armada dan cuenta de que se trata de itinerarios ajustados por grupos organizados. Es por esto que ya han sido capturadas 25 personas, aunque de estas solo 14 se encuentran en juicio. "Con todo lo que le hemos dado a la Fiscalía, ya fuera para que los hubiesen encontrado a todos. Ellos saben quiénes son los miembros de esas bandas", cuestiona Libia Pieruzzini, madre de una joven desaparecida el 21 de octubre de 2023 en uno de estos viajes, quien vive en Venezuela, pero viaja constantemente a Colombia para pedir respuestas sobre su caso. Gustavo Azócar, líder de la ONG MIVED (Comité Internacional de Familiares y Amigos de los Migrantes Venezolanos Desaparecidos), señala que les parece cuestionable que todos estos procesados han apelado a su derecho a guardar silencio, por lo que no hay suficientes pistas sobre el funcionamiento de estas redes de migración irregular. La esperanza ahora está puesta en los testimonios que puedan entregar Hernando Manuel de la Cruz Rivera Orjuela y Luis Enrique Linero, quienes en próximos días serán extraditados a Estados Unidos por estar presuntamente vinculados con una red de tráfico de personas, tras la desaparición de 40 venezolanos ocurrida el 21 de octubre de 2023."Ya nos dijeron que en cuestión de días serán extraditados. Allá seguramente sí hablarán. Además, si Estados Unidos decidió participar en esta investigación es porque algo saben. Nosotros tenemos la certeza que muchos desaparecidos no son víctimas de naufragios, pues resulta cuestionable que nunca aparece ni la lancha ni alguno de los viajeros. Allá seguramente sí contarán lo que sucedió para evitar altas condenas", expresó Azócar. Por lo pronto, estas familias aguardan por el inicio del juicio en Estados Unidos, teniendo en cuenta que ambos procesados se encuentran retenidos en la cárcel La Ternera de Cartagena.
Nicolás Maduro, líder chavista, fue juramentado este viernes ante el Parlamento, controlado por el oficialismo, como presidente de Venezuela para el periodo 2025-2031. Este sábado, durante la clausura del Festival Mundial Internacional Antifascista, advirtió que el país, junto con Cuba y Nicaragua, se prepara para "tomar las armas", de ser necesario, con el objetivo de defender "el derecho a la paz, la soberanía y los derechos históricos de la patria"."Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz", afirmó Maduro, haciendo un llamado a la conformación de una "gran alianza mundial" similar a la que se gestó hace 80 años para derrotar al fascismo.El mandatario insistió en que su Gobierno estaría dispuesto a enfrentar cualquier escenario hostil. "Que nadie se engañe que ese escenario pudiera presentarse otra vez. Ochenta años después, toco la campana de la humanidad", señaló, aludiendo a la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi.En el evento, transmitido por el canal estatal VTV, Maduro también envió un mensaje a la comunidad internacional: "Si es por las buenas, avanzaremos; y si es por las malas, también venceremos".La oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, denunció fraude en las elecciones del pasado 28 de julio y calificó la juramentación de Maduro como un "golpe de Estado". La comunidad internacional, en su mayoría, no reconoce al Gobierno del líder chavista.Mientras tanto, los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque plantearon la posibilidad de una intervención en Venezuela, a lo que Maduro respondió rechazando "la intervención militar" y exigiendo el fin de las sanciones internacionales.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no asistirá a la investidura este viernes de Nicolás Maduro en la que estará representado por una delegación integrada por ministros y diputados, entre otros funcionarios, así lo informó la vicepresidenta y primera dama nicaragüense, Rosario Murillo.“Estamos orgullosos de nuestra presencia en esa Venezuela querida. Donde una delegación de 16 compañeros y compañeras, al frente de la cual va nuestro Héroe Orlando Tardencilla, ministro y asesor para políticas internacionales”, dijo Murillo, según informó el portal el 19.También conforman la delegación sandinista la ministra de la Mujer, Lucien Guevara, el cosecretario de Economía Creativa, Luis Morales, las diputadas Loria Raquel Dixon y Amada Pineda Aráuz; la directora general de planificación educativa del Ministerio de Educación, Nora Cuadra, y el embajador en misión especial, Gadiel Arce, entre otros, de acuerdo con el portal oficialista.La misión nicaragüense participará en la juramentación de Nicolás Maduro, y también en el Festival Internacional Antifacista ‘Por un Mundo Nuevo’, de acuerdo con la información del portal.Venezuela y Nicaragua mantienen estrechas relaciones políticas y han unido fuerzas contra lo que llaman, intervencionismo extranjero, por parte de Estados Unidos y otros países occidentales que consideran antidemocráticas las acciones de los presidentes Maduro y Ortega.Maduro se juramenta este viernes en el cargo por tercera vez consecutiva. Las elecciones generales se celebraron en julio y el gobernante fue declarado ganador por el ente electoral, una decisión que la oposición ha denunciado de fraudulenta.
El Gobierno de Nicaragua anunció este miércoles el cierre de 15 organizaciones sin fines de lucro, ente ellas Save The Children, con lo que ya suman más de 5.600 organizaciones de este tipo disueltas durante la crisis social y política que atraviesa el país centroamericano desde abril de 2018.El Gobierno nicaragüense, encabezado por el mandatario Daniel Ortega, publicó en el diario oficial La Gaceta un acuerdo del Ministerio el Interior en el que cancela la personalidad jurídica de 4 organizaciones por "incumplimiento de sus funciones", y la disolución de otras 11 organizaciones, entre ellas Save The Children, que solicitaron la medida de manera "voluntaria".Según el documento oficial, Save The Children, que operaba en Nicaragua desde 2011, solicitó la "disolución voluntaria" el 19 de noviembre pasado por "culminar cartera de proyectos en Nicaragua".Entre las otras 10 organizaciones que solicitaron su disolución se encuentran la Fundación Misionera Cristiana Ebenezer, la Fundación Centro de Atención y Formación Profesional de los Niños de la Calle, Fundación Los Ángeles, que argumentaron no contar con financiación para sus proyectos, según el documento publicado por el Gobierno de Nicaragua.Las 4 organizaciones canceladas por "incumplimiento de sus funciones" son la Fundación Casa de Espiritualidad, Cultura, Historia, Antropología, Arqueología y Arte Nicaragüense (CECHAN); la Asociación Servicios Integrales para la Mujer (SI MUJER); la Fundación Ministerio Pentecostés Cristo Viene (M.P.C.NIC.); y la Fundación Río Prinzapolka. Con el cierre de estas ONG suman más de 5.600 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esos organismos al Estado. Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de "golpistas" y de "traición a la patria".Diversos países y organizaciones internacionales han acusado al Gobierno de Nicaragua de violar los derechos humanos de la población en medio de esta crisis en la que además de organizaciones, han sido cerrados por el Gobierno medios de comunicación e instituciones académicas.
El papa pidió este miércoles a las autoridades políticas soluciones para promover la armonía social en todo el continente americano y en particular en Haití, Venezuela, Colombia y Nicaragua, durante su mensaje de Navidad, desde la logia central de la basílica de San Pedro."Que el Niño Jesús inspire a las autoridades políticas y a todas las personas de buena voluntad del continente americano, con el fin de encontrar lo antes posible soluciones eficaces en la verdad y la justicia, para promover la armonía social, en particular en Haití, Venezuela, Colombia y Nicaragua", pidió el papa en su mensaje.Y agregó: "Que se trabaje, especialmente durante este Año jubilar, para edificar el bien común y redescubrir la dignidad de cada persona, superando las divisiones políticas".Como es tradicional, Francisco aprovechó su mensaje de Navidad para recordar los conflictos y los problemas en el mundo, antes de impartir la bendición 'Urbi et Orbi' ante una plaza de San Pedro a la que acudieron unas 30.000 personas.El papa también pidió "que callen las armas en la martirizada Ucrania" y !que se tenga la audacia de abrir la puerta a las negociaciones y a los gestos de diálogo y de encuentro, para llegar a una paz justa y duradera".Y continuó: "Que callen las armas en Oriente Medio. Con los ojos fijos en la cuna de Belén, dirijo mi pensamiento a las comunidades cristianas de Israel y Palestina, en particular a Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima""Que cese el fuego, que se liberen los rehenes y se ayude a la población extenuada por el hambre y la guerra", añadió el pontífice.Y aseguró que lleva "en el corazón también a la comunidad cristiana del Líbano, sobre todo del sur, y a la de Siria, en este momento tan delicado" y animó a buscar soluciones que permitan la reconciliación nacional en Libia."Que se abran las puertas del diálogo y de la paz en toda la región, lacerada por el conflicto". añadió y también recordó los conflictos en Myanmar o en Sudán, entre otros.Francisco recordó que este martes se abrió la Puerta Santa con la que inició el Jubileo, que se celebra cada 25 años, y deseo que ayude a reconciliarse con nosotros mismos, entre nosotros, incluso con nuestros enemigos."En esta Navidad, inicio del Año jubilar, invito a todas las personas, a todos los pueblos y naciones a armarse de valor para cruzar la Puerta, a hacerse peregrinos de esperanza, a silenciar las armas y superar las divisiones".
La crisis política en Nicaragua se ha intensificado con las recientes reformas constitucionales que, según Enrique Sáenz, exdiputado y expresidente del Movimiento Renovador, son parte de un autogolpe de Estado orquestado por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, argumentó que la situación actual en el país es el resultado de un régimen que ha sido capaz de apoderarse de toda la institucionalidad pública con el fin de acumular riquezas.Un “autogolpe” de EstadoEl exdiputado dijo que en Nicaragua lo que está pasando ahora es el concepto denominado como autogolpe, que, detalló, implica que un líder o grupo se apodera de la totalidad de la institucionalidad para transformarla a su favor, eliminando el marco constitucional y legal que antes la regía."Es que en Nicaragua ni izquierda, lo que hay entronizado en el poder es una mafia que se ha apoderado de toda la institucionalidad pública con el objetivo único de acumular riquezas al amparo del poder político. Nada tiene que ver, más allá de algunos discursos, Ortega con la izquierda y menos con izquierda Democrática. Es una mafia y, aunque parezca un poco exagerado para algunos oídos, en realidad lo que ocurrió en Nicaragua o lo que está ocurriendo es un autogolpe de Estado”, indicó.La situación de la Iglesia y la oposiciónEl exdiputado resaltó cómo se han atacado a las organizaciones religiosas y se han eliminado a los candidatos presidenciales que podrían desafiar a Ortega. A su juicio, el silencio de la comunidad internacional ante estas violaciones está permitiendo que el régimen actúe con impunidad.El futuro de NicaraguaPreguntado sobre cuál podría ser la salida ante esta crisis, hizo un llamado a la unidad entre los diferentes sectores de la oposición. Enfatizó que es fundamental concertar voluntades más allá de las diferencias ideológicas para crear un plan de acción, que incluya resistencias internas y un enfoque internacional.Pueblo en resistenciaContrario a la noción de que el pueblo nicaragüense está adormecido, Sáenz aseguró que está bajo un régimen represivo que ha limitado severamente las libertades. Recalcó que salir a la calle o incluso ir a misa se ha convertido en un “acto de desafío".
La Corte Suprema confirmó este martes que absolvió al embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz, del delito de narcotráfico. Según se determinó, la Fiscalía no logró demostrar que pretendía comercializar 346 gramos de cocaína hallados en su maleta en un caso que se remonta a 2018.El embajador Muñoz estaba vinculado a un proceso judicial luego de que policías e investigadores encontraran la droga en una maleta que transportaba en el aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín. Sin embargo, la Corte decidió "absolver" al diplomático, quien en el momento de los hechos era representante a la Cámara, "del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes", según un boletín.La Fiscalía había pedido al alto tribunal una pena de nueve a 11 años de prisión para Muñoz, pero los magistrados consideraron que el ente investigador "omitió toda referencia fáctica y probatoria dirigida a evidenciar que el excongresista pretendía" comercializar la sustancia.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el embajador Muñoz contó que “fueron casi siete años de una tortura” que “nadie se imagina sino el que la sufre”.“He luchado por la verdad, he denunciado la corrupción en mi municipio, en Bello, que me adoptó como hijo. Tomé un pensamiento diferente (…) Me hicieron atentados, un montón de cosas”, recordó sobre su vida en la política.Esta es la historiaEl 31 de mayo de 2018, policías del aeropuerto encontraron en el equipaje de Muñoz una bolsa que contenía 146 gramos de "una sustancia derivada de cocaína". Pasó en la primera vuelta presidencial, cuando viajó a Bogotá y, de regreso a Medellín dos días después, un policía lo detuvo.“Me convoca un señor policía para una requisa y me lleva para un sitio y encuentran 146 gramos de cocaína en mi bolso, que lo llevaba desde Bogotá a Medellín”, narró en Blu Radio.En una revisión posterior en enero de 2020, investigadores encontraron otros 200 gramos de cocaína en uno de los bolsillos, según los documentos de la Corte Suprema.“Lo delicado de esto es que me encuentran 143 gramos de cocaína ese día, pero un año y medio después de que ese bolso lo tuvo la Fiscalía, pasó por Bogotá y Medellín para una inspección, encuentran 200 gramos más, o sea, ¿cómo es eso?”, añadió.Muñoz fue liberado pocos días después de su captura y luego se posesionó como legislador para el periodo 2018-2022. Luego de la llegada a la Presidencia de Petro, en agosto de 2022, fue nombrado embajador en Nicaragua.El tribunal tomó el caso por tratarse de un "alto funcionario".Muñoz, quien aseguró que fue víctima de un montaje, es cercano al presidente Gustavo Petro desde hace varios años, en los que juntos denunciaron nexos de la política con el paramilitarismo.Incluso, Petro sostuvo que terceros pusieron la cocaína en la maleta de su embajador "para vengarse"."Hoy la Corte Suprema de Justicia ha declarado inocente a León Fredy Muñoz, víctima de un entrampamiento", celebró el mandatario en la red social X.El embajador Muñoz recalcó que irá hasta las "ultimas consecuencias" para conocer quién le puso la droga en su maleta aquella vez, quién pagó y quién ordenó eso.
La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia que condene a León Fredy Muñoz, actual embajador de Colombia en Nicaragua, por el delito de narcotráfico. El diplomático fue detenido en 2018 en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro, Antioquia, con 146 gramos de cocaína en su equipaje.Muñoz, quien en ese momento era representante a la Cámara por Medellín, fue sorprendido durante una inspección rutinaria. La Fiscalía también señaló que en su maleta se encontraron posteriormente otros 200 gramos de cocaína. Pese a estas acusaciones, el embajador ha mantenido su inocencia, argumentando que la droga fue plantada como parte de un "montaje" orquestado por sus adversarios políticos en Bello, municipio donde fue concejal.Durante una audiencia reciente, la fiscal Marlenne Orjuela solicitó una pena de entre 108 y 132 meses de prisión y una multa significativa para Muñoz. Según la Fiscalía, la pena mínima debería ser aplicada debido a la gravedad del delito.Muñoz ha defendido su inocencia ante la Corte Suprema de Justicia, asegurando que nunca ha consumido cocaína y que está dispuesto a someterse a pruebas para demostrarlo. "Yo no conocía ni siquiera la cocaína, nunca en la vida he consumido eso. Hágame pruebas, hágame polígrafos", expresó el embajador.Este caso ha generado controversia, especialmente después de que la Procuraduría General de la Nación abriera una investigación disciplinaria contra Muñoz en 2023 por su participación en una marcha sandinista en Nicaragua. La decisión de la Corte Suprema será crucial para el futuro del diplomático, que ha sostenido su inocencia a lo largo de todo el proceso.
