Después de ser enviada a la cárcel por un testimonio falso del exparamilitar Andrés de Jesús Vélez, Nancy Patricia Gutiérrez, actual candidata a la Gobernación de Cundinamarca y expresidenta del Senado, debe ser indemnizada por orden del Consejo de Estado y, como reparación para ella, el Estado tendrá que pagarle una indemnización de 206 millones de pesos, además de ofrecerle excusas públicas.Cabe recordar que Nancy Patricia Gutiérrez estuvo más diez años en este proceso judicial y esta decisión del Consejo de Estado comprueba que todo hizo parte de montaje y de falsos testigos.“Que se declare administrativamente y extracontractualmente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL de los perjuicios materiales, morales y de alteración a las condiciones de existencia, causados a los demandantes con motivo de la PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD de la ex Senadora NANCY PATRICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA en el periodo comprendido entre el 26 de mayo de 2011 hasta el 14 de junio de 2012 (1 año y 28 días)”, dice el fallo.Nancy Patricia Gutiérrez fue absuelta por el delito de tráfico de influencias y estuvo afrontando casi diez años un tortuoso proceso judicial por, presuntamente, pedir información privada sobre los movimientos de Piedad Córdoba en México y Venezuela.El exparamilitar Andrés Vélez declaró ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre los presuntos vínculos de la excongresista con grupos con paramilitares, testimonio que después fue desacreditado. Ahora, la rama judicial debe pedir excusas públicas y pagarle una millonaria indemnización a la candidata Nancy Patricia Gutiérrez.Vea también
La JEP negó el sometimiento de Andrés de Jesús Vélez Franco, quien fue condenado por falso testimonio contra Nancy Patricia Gutiérrez, exministra del Interior durante el Gobierno de Iván Duque y quien también ha sido congresista; además, Vélez ya tenía una condena por lavado de activos, pues pertenecía a una organización internacional que se dedicaba al lavado de dinero producto del tráfico de estupefacientes.En el caso de Nancy Patricia Gutiérrez, Vélez la señaló ante la Corte Suprema de Justicia de supuestos vínculos con las Autodefensas, con el objetivo de impulsar su campaña hacia el Congreso en el año 2002; sin embargo, la información que él aportó y por la cual se le abrió una investigación a Gutiérrez terminó siendo falsa.Frente a su otro proceso en la justicia ordinaria se probó que "formaba parte de una red internacional que manejaba operaciones financieras y alianzas con diferentes empresas y personas naturales que aparentaban tener por objeto actividades comerciales lícitas, para introducir en el torrente económico los dineros obtenidos del tráfico de estupefacientes. De esta manera ingresaron abundantes flujos de divisas al país, que eran giradas a supuestos proveedores, quienes se encargaban de enviarlas a terceras personas o “brokers”, que entregaban o dirigían el dinero a sus verdaderos propietarios. Adicionalmente, se estableció que monetizaban divisas para las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC", según reveló la justicia en su momento.Las conductas por las que fue condenado, según determinó la JEP, pudieron tener una incidencia indirecta en el conflicto armado, pues, aunque Vélez no era paramilitar, sí se pudo comprobar que tuvo contactos en diferentes ocasiones con las Autodefensas. En este sentido, él pudo haber sido aceptado como un tercero civil; sin embargo, cuando él se refirió a la información sobre la que aportaría verdad se pudo comprobar que algunos de los hechos que relacionó eran imprecisos o no eran de su conocimiento."Aunque el señor Vélez Franco, por medio de su apoderado, manifestó conocer información sobre la financiación, operación y actividades ilícitas desarrolladas por el Bloque Centauros de las AUC, además de homicidios, extorsiones, despojo de tierras, testaferrato y masacres, lo que de ser cierto permitiría develar patrones de macrocriminalidad y macrovictimización realizados en los departamentos de Meta, Guaviare, Casanare, Tolima y Cundinamarca, no existen en las piezas procesales allegadas de la justicia ordinaria elementos probatorios que indiquen que tuviera acceso a esa clase de información, pues no pertenecía a ese grupo armado ilegal". explicó la JEP.Después de ello se refieren a otros datos sobre los cuales Vélez señaló que tenía conocimiento, pero que, al parecer, no son veraces. Por esto la JEP determinó que no tiene la competencia para asumir los casos por los cuales él ha sido condenado y, de esta manera, decidieron rechazar su sometimiento ni concederle ninguno de los beneficios a los que pueden acceder quienes se someten a la justicia transicional.Le puede interesar
Como lo anticipó BLU Radio, la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, dio a conocer que presentó su renuncia al presidente Iván Duque.En el documento justifica su renuncia ante el deseo de dedicarse a labores pedagógicas. También resalta su “satisfacción del deber cumplido”.“He tomado la decisión de renunciar a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, aunque faltan pocos meses para terminar el Gobierno, siento el deseo de dedicarme a otras labores de carácter pedagógico y de análisis. Si bien es cierto, los desafíos en materia de derechos humanos son inmensos, tengo la satisfacción del deber cumplido”, afirmó la funcionaria.La consejera, además, recordó y agradeció su paso por el Ministerio del Interior, los cuales, según dijo, reforzaron su experiencia.“Cargos que reforzaron mi experiencia al haber llegado a todos los departamentos de nuestra patria, interactuar con la gente, entender profundamente el origen de los problemas, de la raíz de la violencia, de la inequidad; adentrarme en la diversidad étnica, cultural y natural, de las condiciones geográficas, culturales e históricas que hacen único a nuestro país”.Entérese de esta y más noticias en BLU Radio:
Este viernes hubo humo blanco para comenzar con la negociación entre el Gobierno y el Comité del Paro Nacional. La noticia la dio el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien anunció que la reunión será este domingo, 16 de mayo, a las 2:00 de la tarde.La mesa de negociación del Gobierno Nacional estará conformada por el propio Ceballos, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; el alto consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila; la subdirectora del DPS, Amparo García; el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón; la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y Nancy Patricia Gutiérrez, alta consejera para los Derechos Humanos.Por su parte, el ministro de Trabajo agradeció a la Conferencia Episcopal y a la Naciones Unidas, pues gracias a ellos será posible la reunón. Afirmó, además, que es importante este tipo de negociaciones.En la tarde de este viernes, los integrantes del Comité del Paro señalaron que el primer punto de esa nueva reunión deben ser las garantías necesarias para ejercer la protesta social en Colombia.Vea el video:Escuche la información en el audio adjunto:
Este martes 11 de mayo, después de que no se llegara a un acuerdo con el Comité del Paro, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que el Gobierno tiene toda la voluntad para estudiar, dialogar y negociar el pliego de emergencia presentado por el comité del paro.Uno de los puntos de discordia entre las partes es la presencia de la fuerza pública en las manifestaciones, ante esto, el ministro aseguró que en Colombia no hay militarización.“El Ejército está apoyando, pero jamás está al lado de las manifestaciones”, dijo.De otro lado, invitó urgentemente a que se convoque la mesa técnica junto al comité del paro para empezar las negociaciones.“El siguiente paso es convocar la mesa técnica, el país necesita acciones”, agregó.Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, dijo que el equipo negociador del Gobierno está compuesto por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez; el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón; la consejera para Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.
La alta consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, se refirió en BLU Radio al informe del Gobierno del presidente Joe Bien que menciona, entre otros temas, que en Colombia todavía existen problemas para garantizar y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos, pero se destacan las actuaciones estatales para responder en estos casos.“El Gobierno nacional reconoce las dificultades en materia de derechos humanos. El informe parte de la base de que son los narcotraficantes y los grupos armados los que ponen en riesgo a la población”, dijo.También dijo que el informe trae unos reconocimientos a la labor del Gobierno en casos como las investigaciones por el esclarecimiento de muertes de líderes sociales y las acciones para evitar reclutamiento de niños por grupos irregulares.Añadió que no se trata de un cambio de tono, sino que se trata de un informe que recoge un periodo muy largo, 20 años en algunos temas.“No tiene un tono político, sino que coincide con los informes que hemos presentado desde el Gobierno nacional”, puntualizó.Respecto a la Jurisdicción Especial de Paz, sobre la cual el informe reconoce su labor, Gutiérrez manifestó que el gobierno Duque ha insistido en que debe haber justicia para las víctimas.“El Gobierno ha hecho un llamado a la aplicación de justicia, ya sea en la transicional, como en la ordinaria para que no haya impunidad”, puntualizó.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
El Metro de la 80 en Medellín es una obra de más de 13 kilómetros que conectará a la ciudad entre las estaciones Caribe y Aguacatala en el sistema actual, por nuevas rutas que comprenden 17 estaciones por el occidente de la ciudad.Aunque traerá beneficios en materia de movilidad para la ciudad, hoy los recursos enredan el proyecto. En el 2020 se suscribió un convenio por ley de metros y quedó establecido que el gobierno aportaría el 70 % de la plata, mientras que el otro 30 la Alcaldía de Medellín.“Ya lo que son las vigencias futuras, el Distrito ya cumplió, ya les cumplimos a tiempo. Más de 70.000 millones de pesos y el Gobierno nacional tenía que haber puesto 483.000 millones de pesos y no han llegado”, señaló el alcalde Federico Gutiérrez.Por su parte, el concejal de Medellín Alejandro De Bedout realizó un derecho de petición al Gobierno nacional haciendo esta misma pregunta y desde el Ministerio de Hacienda admitieron que “los recursos no han sido asignados, toda vez que están sujetos a la disponibilidad de caja de Nación, como es de conocimiento público, el incumplimiento en las metas de recaudo durante la presente vigencia ha obligado a replantear las metas en el gasto”, afectando así al Metro de la 80.“Tengo información que, al Metro de Bogotá, que es una obra también muy importante bajo la ley de metros 7030, ya le hicieron los desembolsos. 600.000 millones de pesos ha recibido el Distrito de Bogotá por parte de la Nación y viene cumpliendo. ¿Por qué con Medellín y Antioquia no? ¿Cuál es el odio que hay con Medellín y con esta región?”, dijo el concejal.A su vez, el Metro de Medellín señaló que los recursos de la obra están garantizados porque se hizo un préstamo con entidades bancarias. Esto quiere decir que, si el Gobierno no cancela la deuda de 483.000 millones de pesos el 31 de diciembre, el metro podría entrar en una crisis por cuenta de esos créditos.“La entrega de recursos por parte del Gobierno nacional y el Distrito se van a mayor plazo para eso fue necesario tener un crédito para poder ejecutar el proyecto este crédito nos da nosotros la salvedad que vamos a tener el flujo de caja para cumplir con todas nuestras obligaciones. Sin embargo, es muy importante y estamos esperando los recursos del Gobierno nacional para poder cubrir con las obligaciones estos 483.000 millones de pesos y las cifras que nos tiene que entregar el año 2025-2026 cubrir no solamente las condiciones del crédito, sino también todos los recursos y el flujo de caja que vamos a tener después de los créditos”, explicó Antonio Toro, profesional de la empresa de transporte.Otro de los problemas es el de los moradores, que no ven justos los avalúos de las viviendas que tienen que ser adquiridas para la construcción del proyecto.“Los avalúos que nos están presentando en estos momentos son avalúos que están en un 50% o 60% por debajo del valor comercial de cada una de las propiedades. Están basados en una zona geoeconómica homogénea de las cuales el alcalde Federico cambió una ley de orden nacional a un decreto distrital para que esta zona fuera en la base para los avalúos que nos están presentando”, indicó Luis Bernal, uno de los afectados por las obras.El Metro de la 80 también tiene un déficit de 1.1 billones de pesos, desagregados de un desfase financiero de 510.000 millones de pesos y la necesidad de construir intercambios viales con otros 665 mil millones de pesos.Ahora, la preocupación es que el Gobierno nacional se atrase con este pago de 2024 y de ahí en adelante se acumulen los de 2025 por 497.000 millones y 2026 por 512.000 millones de pesos. La obra va en un 27 % de ejecución y se estima que inicie operación comercial en 2028.
En un hito significativo para la aviación en Colombia, este 21 de noviembre llegó al país el nuevo avión de la flota de Satena, la aerolínea estatal de Colombia, que espera la incorporación de siete aeronaves adicionales en los próximos meses. Se trata de su primer avión Twin Otter DHC-6 Serie 400 de matrícula FAC-1400 y HK-5452-X. Este equipo es el primero de una flota de ocho aeronaves destinadas a mejorar la conectividad en las zonas más apartadas del país. El mayor General Óscar Zuluaga, presidente de Satena, encabezó la recepción de la aeronave, que representa un salto tecnológico y operativo para la aerolínea estatal. Este avance marcó un momento crucial para la conectividad aérea en el país, especialmente en aquellas regiones remotas donde las opciones de transporte son limitadas.Aeronaves diseñadas para superar desafíosEl nuevo avión incorporado es una aeronave tipo STOL (Short Take-Off and Landing), especialmente diseñada para operar en pistas cortas y no preparadas, ideales para acceder a regiones apartadas con difíciles condiciones geográficas y climáticas. Además, cuenta con tecnología avanzada que prioriza la seguridad operacional, uno de los pilares fundamentales de la aerolínea.Satena promete tarifas más accesibles Uno de los aspectos más destacados es el impacto económico positivo para los pasajeros. Los vuelos regulares y programados de Satena tendrán tarifas que oscilarán entre $180.000 y $250.000 pesos, dependiendo de la distancia. Esto no solo hace el transporte más asequible, sino también más predecible y organizado, eliminando la especulación de precios en regiones de difícil acceso."Con estas aeronaves, los colombianos podrán viajar a regiones apartadas de manera económica y segura, sabiendo que cuentan con su aerolínea para conectarlos con el resto del país", concluyó Zuluaga.Las tripulaciones que volarán este equipo, en su mayoría compuestas por pilotos militares de la Fuerza Aérea Colombiana, han recibido un riguroso entrenamiento en Calgary, que incluyó simuladores avanzados de clase D, asegurando que las operaciones se realicen bajo los más altos estándares de seguridad.
Las redes sociales, especialmente plataformas como TikTok, se han convertido en el escenario de historias sorprendentes que rápidamente se viralizan. Entre ellas, se destacan aquellas que exponen situaciones de infidelidades, generando reacciones de todo tipo entre los usuarios. Una de las historias más impactantes fue compartida por Luci (@luciiabar), quien reveló la desgarradora experiencia de descubrir que su novio, con quien llevaba casi una década de relación, le había sido infiel. Lo más sorprendente, la confundió con su amante.En un video de poco más de dos minutos, Luci contó cómo, a pesar de haber defendido siempre la idea de no revisar el celular de su pareja, después de lo sucedido lamentó no haberlo hecho antes. Según cuenta, la relación comenzó a dar señales de alerta cuando su novio decidió cambiar de celular, lo que provocó que perdiera todos los números almacenados en su agenda. Fue en ese momento cuando, mientras ambos se encontraban en el auto, él le pidió que le enviara un mensaje para guardar su número."Hey, lindo, ¿cómo estás?", escribió Luci, sin imaginar que ese simple gesto desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida.Poco después, su novio le respondió de manera inusual: “No puedo hablar ahora, te llamo más tarde”. Aunque la respuesta le pareció extraña, no le dio mayor importancia, ya que su pareja solía hacer este tipo de bromas. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando llegaron a su departamento. Él se encerró en el baño, y Luci, mientras tanto, recibió un mensaje que la dejó perpleja: “¿Qué haces? (…) Estoy re-caliente. ¿No quieres que nos veamos esta noche?”.Creyendo que se trataba de una broma más de su novio, Luci decidió seguir la conversación. Pero la sorpresa fue mayor cuando, al salir del baño, él comenzó a actuar de manera extraña, diciendo que no se sentía bien y queriendo irse del lugar. Fue entonces cuando Luci envió otro mensaje y descubrió la cruel verdad: su novio pensaba que estaba hablando con otra mujer.Finalmente, él confesó haber mantenido una relación con otra mujer durante los últimos dos años y le reveló que no podía decidirse entre ambas. Sin entrar en confrontaciones, su pareja asumió su error sin mayores disculpas. “Es mi novio de hace ocho años”, reflexionó Luci, aún procesando el dolor de la traición.
Dos ciudadanos venezolanos argumentaron que, mientras se tramitaba su solicitud de refugio, la página de la Cancillería les impedía registrarse en el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia (RUTEC), lo que restringía su derecho a trabajar legalmente.Además, denunciaron que Migración Colombia les pidió desistir de su solicitud de refugio como condición para avanzar en el trámite del PPT, situación que calificaron como una imposición indebida y contraria a sus derechos.La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional falló a favor de ellos. Además, concluyó que, aunque el caso específico había perdido vigencia al momento del análisis, era necesario pronunciarse sobre las barreras administrativas en los procedimientos de solicitud de refugio y expedición del PPT.En su decisión, la Corte destacó que la restricción de concurrencia entre el salvoconducto SC-2 y el PPT vulnera el debido proceso y el derecho de los migrantes a solicitar el reconocimiento de su condición de refugiados. Esta práctica, según la Corte, incentiva a los solicitantes a desistir de sus peticiones bajo presión.Por esto, el alto tribunal ordenó a Migración Colombia consultar a los accionantes si desean continuar con el trámite de su solicitud de refugio, dado que el desistimiento inicial no fue voluntario. Además, le instruyó abstenerse de exigir a otros migrantes venezolanos el desistimiento del SC-2 para obtener el PPT y aclarar a los solicitantes que ambos trámites pueden coexistir.El fallo también incluyó órdenes para el Ministerio de Relaciones Exteriores, que deberá publicar un documento de ruta claro para orientar a los migrantes venezolanos sobre cómo acceder a visas que les permitan trabajar legalmente mientras se resuelven sus solicitudes de refugio o PPT.
