Una enfermera acusada de matar a cinco bebés e intentar acabar con la vida de otros ocho en un hospital argentino en 2022 declaró este martes en la segunda audiencia del juicio en su contra que "no tienen pruebas" de su responsabilidad, reportaron medios locales.Brenda Agüero, de 29 años, compareció por primera vez en el proceso que se inició el lunes en un tribunal de Córdoba (centro) y que tiene también a otros 10 imputados, entre exfuncionarios y profesionales de la salud.Contundente declaración de enfermera"Las muertes de los bebés existieron. No lo voy a negar. No pueden bombardearme a mí cuando no tienen pruebas. La Justicia tiene que ser justa", dijo la imputada en uno de los pasajes de la indagatoria en la que, por consejo de su abogado, no respondió preguntas sobre la investigación.En cambio, durante unos 45 minutos se limitó a hacer declaraciones sobre su vida personal y su vocación, y criticó en repetidas ocasiones a los medios de comunicación por la cobertura de su rol en el caso."Los periodistas se encargaron de hacerle creer al público una imagen de asesino serial", señaló.La enfermera está acusada por "homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado" por inyectarle "una sustancia no compatible con la vida", como potasio o insulina, a bebés recién nacidos del hospital Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba.En el código penal argentino, el agravante de la "insidia" se aplica en casos en que el victimario recurre un engaño o artificio para cometer el daño.De ser encontrada culpable, Agüero podría ser sentenciada a la pena de prisión perpetua.De acuerdo con la investigación, todos los casos ocurrieron entre marzo y junio de 2022. Los bebés fallecidos habían nacido sanos y sus madres gozaban de buena salud en el momento del parto.El proceso judicial abarca un total 13 casos, los cinco fallecidos y ocho recién nacidos que se salvaron por el rápido accionar del equipo médico del hospital.En el juicio, que resolverá un jurado popular y demorará al menos seis meses, los demás acusados responderán por los delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes.Entre ellos, se encuentran un exministro y un exsecretario de Salud de Córdoba, además de la exdirectora del hospital.El caso, ocurrido en el servicio de neonatología del principal centro de salud materno infantil de la provincia, conmocionó a la opinión pública.
Al tiempo que lidian con el dolor de la repentina partida de su hija Ariana Sofía Marín, de tan solo 16 años, quien murió tras recibir un disparo en extrañas circunstancias al interior de una vivienda al sur de Cartagena; los padres y familiares de la joven piden que se esclarezca este caso y se haga justicia lo más pronto posible.De acuerdo a sus familiares, Ariana, quien tenía seis meses de embarazo, salió a reunirse con el padre de su hijo y su pareja sentimental, otro joven de 18 años, en el sector Isla Belén del barrio Fredonia, en donde se produjo su muerte.Según relata su padre Mario Marín, la joven llegó hasta la vivienda en donde se encontraba su pareja, quien había permanecido algunos días en este lugar, tras un conflicto entre vecinos.“Mi hija tomó la decisión de llegar hasta allá, según cuentan, estaban allá dentro, e incluso hasta intercambiaron palabras, y de pronto la saca de allá muerta y diciendo: la maté, la maté; eso es los que nos dicen, y ya ese muchacho venía con varias cosas malas”, dijo el padre en diálogo con BLU Radio.Una vez se conoció la muerte de la joven, la Policía Metropolitana de Cartagena y la Alcaldía confirmaron que su pareja fue dejado a disposición de la Fiscalía, y que se investiga su posible responsabilidad en el hecho.“Una de las hipótesis iniciales indica que el arma pudo haberse disparado accidentalmente mientras era manipulada por el capturado, lo que podría configurar un caso de presunto homicidio culposo”, indicó la Alcaldía a través de un comunicado.Sin embargo, la familia aseguró que hay muchas preguntas por resolver y piden celeridad en esta investigación.“Hay mucho por aclarar, queremos saber realmente qué pasó, quisiéramos saber el relato de él, aunque no deja de ser culpable, pedimos que haya justicia”, sostuvo el padre.
¿Qué le pasó? es la pregunta que todos los vecinos se hacen en el barrio San Vicente, de Soledad, luego de que se confirmara la muerte de un bebé de solo cuatro meses de nacido.Su madre,, de 15 años, fue la que, al parecer, se percató de su fallecimiento en el interior de su vivienda, ubicada exactamente en la calle 53D con la calle 2, del sector mencionado.Al ver que su pequeño no tenía signos vitales lo trasladó hasta un centro asistencial aledaño, sin embargo, allí los galenos de turno le dieron la noticia que no quería recibir.La explicación que la adolescente le dio a la autoridades, de acuerdo a reportes oficiales, es que lo había dejado dormido este miércoles 1 de enero, luego de darle unos alimentos. Siendo de mañana (2 de enero), lo halló entre su cama y el closet sin vida.En esa línea, hasta el sitio llegó personal de la Seccional de Investigación Criminal y agentes de Infancia y Adolescencia para tomar el control del caso de Jesús Alberto Baraja Cabarcas, como se llamaba el menor.En la misma vivienda, las autoridades recolectaron evidencia para establecer una línea móvil que esclarezca lo sucedido.El episodio ha despertado todo tipo de comentarios por las plataformas digitales.
El Congreso de Ecuador declaró tres días de luto institucional tras la confirmación de la identidad de los cuerpos calcinados de cuatro menores de edad desaparecidos el 8 de diciembre en el sur de Guayaquil. La Fiscalía de Ecuador confirmó que los cuerpos encontrados en Taura corresponden a los de los cuatro menores desaparecidos, tras ser enviados a prisión preventiva por 16 soldados."Los resultados de las pericias de genética forense confirman que los 4 cuerpos encontrados en Taura corresponden a los 3 adolescentes y 1 niño desaparecidos tras un operativo militar el 8 de diciembre", indicó la Fiscalía en su cuenta de la red social X.Los padres de los menores entregaron el pasado viernes muestras de sangre para cotejar con los restos de los cuerpos encontrados en Guayaquil mientras se buscaba a los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, que salieron a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de la ciudad.En videos que se difundieron en redes sociales se puede ver cómo los militares los aprehendieron cuando estaban caminando cerca de un centro comercial. Luego se los llevaron hacia Taura,una zona a unos 30 kilómetros de Guayaquil en donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).Desde esa noche, se desconocía el paradero de los menores, a los que, según los militares, los dejaron con vida en el camino hacia la base aérea.El pasado martes, una jueza determinó que la desaparición debía ser investigada como "forzada" y con "responsabilidad del Estado", tras aceptar el hábeas corpus interpuesto por las familias de los menores y afirmó que durante la audiencia se presentaron elementos que hacían presumir que los 16 militares que actuaron en la aprehensión "no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos".Gritos y llantos en GuayaquilLa confirmación de la identificación de los cadáveres ocurrió este martes en la que se desarrollaba en una unidad judicial de Guayaquil la audiencia de formulación de cargos, en la que se ordenó la prisión preventiva de los 16 militares.Los gritos y llanto de los familiares y amigos de los menores inundaron el lugar hasta donde también habían llegado familiares de los soldados, procesados por el delito de desaparición forzada, que habrían perpetrado contra cuatro menores de edad el pasado 8 de diciembre en el sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.En medio de lágrimas algunas personas increparon a personas que apoyaban a los militares en el sitio, y quienes también mostraban su pesar por la orden de prisión contra los uniformados.En el mismo sitio, Abraham Aguirre, abogado de grupos de derechos humanos que apoyan a las familias de los menores indicó que "la prueba de ADN confirmó que los cuatro cuerpos encontrados en Taura son de los cuatro niños desaparecidos. Estos exámenes se toman un tiempo, pero en virtud de la premura y la conmoción que ha causado este caso, el laboratorio de Criminalística remitió el informe a la brevedad".Avanzó que muy probablemente la Fiscalía abriría otra investigación por ejecución extrajudicial.Desaparición forzada en EcuadorLa investigación por la desaparición inició el 9 de diciembre, tras la denuncia de secuestro presentada por el padre de una de las víctimas. Inicialmente, el caso fue manejado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) y transferido, el 22 de diciembre, a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza.Los militares investigados en esta causa son: Christian Eduardo A. Q., David Andrés C. A., Wilson Alfredo C. B., Carlos Xavier E. M., Jonathan Raúl G. P., Moisés Israel L. L., Lister Henry L. C., Brayan Olmedo N. L., Rodrigo Paúl N. P., Ronald Stalin P. T., Alex Xavier Q. A., Nelson Oswaldo S. Z., Jhon Eduardo T. M., Sergio Francisco V. B., John Henry Z. E., Wilmer Danny L. C., detalló la Fiscalía.Durante la audiencia, Fiscalía presentó elementos de convicción que sustentan la presunta participación de los procesados en el delito investigado. Entre estos: testimonios de familiares y testigos, informes de peritos forenses e investigadores, evidencias físicas, como los celulares de los procesados, registros de video y vehículos utilizados durante el operativo. Además, informes de inspección ocular.La instrucción fiscal durará noventa días, indicó la Fiscalía al recordar que el delito de desaparición forzada establece prisión de 23 a 26 años.
Ian, un niño de tan solo dos años y medio, perdió la vida en circunstancias trágicas mientras participaba en un curso vacacional. Según el testimonio de su madre, el menor se encontraba en terapia de lenguaje, y por recomendación médica, sus padres optaron por inscribirlo en esta actividad para fomentar su interacción social. El curso se llevaba a cabo en una finca con piscina.En su visita previa a las instalaciones, la madre observó la piscina y solicitó a las profesoras responsables que aseguraran el acceso a esa área debido al peligro que representaba para los niños pequeños. Sin embargo, le aseguraron que los menores no podrían pasar a esa zona, lo que aparentemente no se cumplió.El 19 de septiembre, la madre recibió una llamada informándole que su hijo estaba en urgencias. Minutos después, le comunicaron que Ian había fallecido. Según las versiones iniciales, el niño fue sacado de la piscina sin signos vitales y el personal médico indicó que el tiempo que Ian pasó bajo el agua pudo haber sido mayor al que inicialmente informaron los cuidadores.Este caso, que ya está en conocimiento de la Fiscalía, ha generado indignación entre los familiares, quienes exigen respuestas claras y que se visibilicen las posibles negligencias que llevaron a esta tragedia.
Un macabro hecho se confirmó este 31 de diciembre. Los cuerpos calcinados que fueron hallados cerca de una base militar de Ecuador corresponden a los cuatro menores que desaparecieron hace tres semanas luego de ser detenidos por soldados en el puerto de Guayaquil, informó el martes la Fiscalía de ese país."Los resultados de las pericias de genética forense confirman que los 4 cuerpos encontrados en #Taura corresponden a los 3 adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar, el pasado 8 de diciembre", precisó el ente acusador en la red social X.Los menores que desaparecieronSaúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de entre 11 y 15 años de edad, fueron detenidos el 8 de diciembre por una patrulla integrada por 16 militares en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, una de las principales ciudades golpeadas por la violencia del narcotráfico y donde el gobierno mantiene desplegadas en las calles a las Fuerzas Armadas.El 24 de diciembre, después de que la justicia civil determinara que hubo una "desaparición forzada" de los adolescentes, cuatro cuerpos calcinados fueron encontrados en una zona de manglares cercana a la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en la localidad de Taura, en las afueras de Guayaquil, y a la que pertenece la patrulla.Este martes un tribunal penal de Guayaquil también ordenó prisión preventiva para los 16 miembros de la FAE que son investigados por la desaparición forzosa de los cuatro menores, en un hecho que ha generado conmoción en el país y preocupación entre organismos internacionales.La Fiscalía acusó al grupo de soldados, que ya estaba bajo custodia militar por decisión de las autoridades castrenses, del delito de desaparición forzosa, sancionado con hasta 26 años de cárcel, según el código penal ecuatoriano.
Fue presentado por la Fiscalía el escrito de acusación contra Darwin Beltrán, el hombre que atacó con arma blanca a sus dos hijos, un niño y una niña de cuatro y siete años, respectivamente, hasta causarles la muerte el pasado 28 de octubre en su propia vivienda ubicada en el barrio Las Ferias de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.De acuerdo con las evidencias y los elementos materiales probatorios recopilados por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Beltrán ingresó abruptamente al inmueble y agredió a los menores de edad, identificados como Santy y Susan, aprovechando su estado de indefensión, motivado por los celos que le generó ver a su pareja caminar acompañada hacia su lugar de residencia.Ante la reacción violenta de este hombre, de acuerdo con el escrito de acusación, los vecinos del sector intentaron interceder para evitar el homicidio de los menores; sin embargo, al ingresar a la casa encontraron a los niños sin signos vitales. Por esto, unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar y capturaron al señalado agresor en situación de flagrancia.Por todo lo anterior, la Fiscalía acusará al hombre como posible responsable del delito de homicidio agravado en audiencia pública que se realizará ante un juez penal de conocimiento de Bogotá el próximo 17 de enero de 2025. En estos momentos Darwin Beltrán permanece en establecimiento carcelario desde el pasado 30 de octubre, cuando recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad.
La Policía Nacional reportó un balance positivo en términos de seguridad durante la celebración de Navidad en Colombia. Gracias a las estrategias de la institución el país logró una reducción del 52 % en homicidios en comparación con la misma fecha del año anterior, salvando así 23 vidas.Resultados destacados del Plan NavidadEl éxito en esta disminución se atribuye a los tres ejes estratégicos implementados por la institución: prevención, disuasión y acciones contra el crimen. Estos esfuerzos también permitieron una reducción del 18 % en casos de lesiones personales durante diciembre, lo que representa 1.238 incidentes menos que en 2023.El 24 de diciembre se recibieron 33.113 llamadas relacionadas con disturbios y comportamientos contrarios a la convivencia. Entre las principales incidencias destacaron:Riñas o agresiones entre ciudadanos: 1.898 casos.Perturbación a la tranquilidad: 1.731 casos.Uso irregular de pólvora: 625 reportes.Incremento en casos de quemados con pólvoraA pesar de los avances en seguridad, se registró un incremento del 5,7 % en personas quemadas con pólvora durante la temporada decembrina, pasando de 543 casos en 2023 a 574 este año. De este aumento, 13 casos corresponden a menores de edad, lo que resalta la necesidad de reforzar campañas de sensibilización.La Policía Nacional, a través del "Escuadrón Antipólvora", incautó más de 25,8 toneladas de pólvora y desmanteló dos fábricas ilegales, además de ejecutar 22.345 planes preventivos y de control en todo el país.Control al licor adulterado y accidentes vialesEn el marco de las festividades, las autoridades incautaron 7.043 botellas de licor adulterado y destruyeron tres alambiques ilegales en Atlántico y Antioquia. Estas acciones evitaron intoxicaciones fatales por consumo de alcohol adulterado.En las vías del país, las medidas de control lograron una reducción significativa en siniestros viales (-1.887 casos), lesionados (-1.372 víctimas) y muertes por accidentes (-147 víctimas).Capturas y decomisos en diciembreComo parte de los operativos, se capturaron 654 personas por porte de armas de fuego, 1.374 por tráfico de estupefacientes y 101 por extorsión. Además, se incautaron 826 armas de fuego y 27 toneladas de sustancias ilícitas.La Policía Nacional reitera su compromiso de trabajar por la seguridad y la convivencia en el país, destacando que estas cifras reflejan avances significativos en la estrategia de protección durante la temporada navideña.
En La Guajira no cayó nada bien el anuncio de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) sobre la solicitud que hará la entidad para suspender el contrato por más de $ 42.000 millones firmado para instalar tres plantas desalinizadoras en el extremo norte del país.Este proyecto hace parte de los polémicos contratos de la UNGRD que hoy son investigados por sobrecostos y, si bien los indígenas wayuu no se oponen a las investigaciones, afirman que tales procesos no deben paralizar planes como estos, con los que se busca solucionar la escasez de agua potable que afecta a las comunidades.José Silva, presidente del Movimiento Indígena Nación Wayuu, advirtió que por estas decisiones de la UNGRD, esta población buscará ser reconocida como víctima del Estado en los procesos legales que están en curso."Lo consideramos como un ataque más al pueblo wayuu por parte del Estado colombiano, que en una evidente confrontación política decide suspender la instalación de una planta, sabiendo que tanto nos hace falta tomar agua potable", expresó Silva."Y es por eso que a través de este proceso penal nos declaramos y nos constituimos en víctimas, para que el Estado colombiano responda por todos los daños y perjuicios que le han ocasionado al pueblo wayuu históricamente", agregó.Los problemas de agua potable en La Guajira se reflejan en las 79 muertes de niños entre 0 y 5 años que han confirmado este año las autoridades y cuyas causas están asociadas a desnutrición, enfermedad diarreica aguda o infecciones respiratorias.Esto, sin obviar otros 31 fallecimientos que están en estudio y con los que serían más de 100 las muertes de niños registradas por el Instituto Nacional de Salud este año en La Guajira y, aún así, los wayuu afirman que existe un subregistro y que las cifras oficiales ni siquiera se acercan a lo que día a día afrontan las comunidades."Sería un escándalo tremendo si se llegara a llevar una estadística real de cuántos niños mueren a diario (...) sin exagerar, podría decirte que son cinco o diez niños que mueren por día, pero aquella estadística que se da a conocer es meramente institucional y no obedece a la realidad", dijo Silva.Precisamente en los últimos días murió una niña wayuu, de 3 años, que había sido trasladada de urgencia a Barranquilla con secuelas de desnutrición y síntomas de infección respiratoria, debido a las precarias condiciones en materia de agua potable y salubridad que afronta su comunidad en Punta La Vela, sector de La Guajira.
Han pasado varios días desde que Bogotá se conmocionó por la tragedia que ocurrió en el Centro Comercial Gran Estación, donde una pequeña de solo cinco años perdió la vida luego de que un vidrio de un local le cayera encima.Son más las preguntas que respuestas que todavía rondan este caso que se registró en el segundo piso, en la parte exterior del local GEF y que acabó con la vida de la menor ecuatoriana.Video: así está el local del centro comercialTres días después de la tragedia, este sábado, 14 de diciembre, Blu Radio pudo evidenciar que el local mencionado no prestó atención al público, estuvo cerrado. De igual manera, siguen las vallas de seguridad en la parte donde cayó el vidrio de aproximadamente tres metros y 180 kilos, para que las personas no se acerquen a estos vidrios.Personal de seguridad del centro comercial también realiza presencia permanente al frente del local ante la mirada de los ciudadanos.Vale recordar que desde que murió esta niña se comenzó una serie de investigaciones para establecer qué fue lo que causó este trágico evento y así determinar los responsables, pues algunos testigos del hecho relataron que la pequeña solo estaba pasando por el lugar y no tocó el vidrio cuando este se cayó.¿Qué dice GEF?Por el momento, el único pronunciamiento oficial de esta tienda de ropa fue el 12 de diciembre. A través de un comunicado, lamentaron lo sucedido, se solidarizaron con la familia y expresaron que colaboraran con las autoridades durante la investigación.“Con profunda tristeza y absoluta solidaridad con la familia, desde nuestra marca lamentamos este trágico suceso, el cual nos ha conmocionado intensamente (...) Queremos enfatizar nuestra disposición para acompañar a la familia y colaborar con las autoridades, entregando toda la información necesaria para esclarecer los hechos”,se lee en el comunicado de GEF.Se espera que las investigaciones, encabezadas por la Fiscalía, se adelanten sin contratiempos y la familia ecuatoriana tenga justicia.
