La Comisión Primera de Cámara aprobó en tercer debate esta iniciativa que permite a los congresistas cambiar de partido sin tener que renunciar a su curul. Ahora pasará a Plenaria de Cámara a cuarto debate, la mitad del camino que le resta, ya que al ser una reforma constitucional necesita de ocho debates.Uno de los artículos que más ocasionó discusión fue el 2, el cual hace referencia a que quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto o grupo significativo de ciudadanos, podrá por una sola vez en el cuatrienio y hasta un mes antes del primer día de inscripciones de la próxima elección, renunciar al partido o grupo significativo por el cual fue elegido, sin tener que renunciar a su curul.Sin embargo, se han lanzado muchas advertencias respecto a este proyecto desde varios sectores. Por su parte, el representante Hernán Cadavid advirtió sobre los riesgos "no puede suceder que ahora desorienten al electorado colombiano, hicieron una apuesta política que les salió mal. Además, esto es legislar en causa propia, no puede ser que de esas decisiones sean beneficiarios quienes son los mismos que las están aprobando”.Incluso la MOE también emitió un concepto, donde aseguran que esto afectaría la institucionalidad de los partidos políticos al permitir que un miembro de una corporación pública pueda cambiar de partido una sola vez durante el cuatrienio. Este cambio “debilitaría a esas organizaciones políticas”, pues individualizaría el ejercicio de la política, con la inclusión de un parágrafo transitorio al artículo 107 de la Carta Magna.Recordemos que esta reforma permite que por una sola vez los congresistas, concejales y diputados electos por un partido se cambien a otro sin renunciar a sus curules, algo que hoy la ley prohíbe.
El subdirector de la MOE, Frey Muñoz, expresó ante la comisión nacional de seguimiento electoral su preocupación por que las investigaciones de la SIC puedan tener incidencia en la credibilidad de la Registraduría de cara a las elecciones de congreso y presidencia de la República, y aunque reconoció las facultades de la superintendencia para velar por la libre competencia y actuar conforme a ello, hicieron un claro llamado para que actúe solo en el marco de esas funciones.“Frente a las competencias de la superintendencia para investigar a la Registraduría, pues dentro de su potestad de investigar la libre competencia, pues se encuentra esa regulación. La Registraduría se mantiene autónoma e independiente, el hecho de que se esté investigando no quiere decir que se esté vulnerando precisamente esa potestad que tiene o esa autonomía, el llamado es a que las autoridades hagan claridad de que lo que se está investigando son procesos electorales anteriores, que no tienen nada que ver con los certámenes que se están organizando en este momento”, señaló.Toda esta situación se remonta a una disputa entre el presidente Gustavo Petro y Thomas Greg and Sons, la empresa que hace parte de la logística electoral, pero que el presidente considera, tienen en sus manos los datos de los colombianos. Algo que ve con malos ojos por ser una empresa privada. El registrador nacional, Hernán Penagos, habló en Mañanas Blu sobre este tema.“En este país, como en muchos países del mundo, se hace necesario tener entidades privadas que apoyen la logística electoral. No es solo esa empresa, son varias, pero los escrutinios en Colombia los hacen los jueces de Colombia”, explicó.Penagos, aseguró que hubo irregularidades en la visita de la superintendencia en marzo y califica esto de inconstitucional.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, ha dedicado varios años a la vigilancia de los procesos electorales en Colombia. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, compartió su análisis sobre la situación actual, tras la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) al presidente Gustavo Petro.Barrios recalcó que es fundamental cuidar la solidez de los procesos electorales, no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Aseguró que las autoridades electorales deben trabajar arduamente para construir confianza, acceso a la información y transparencia.“Si hay algo que tenemos que cuidar en este país, pero no solamente en Colombia, en todos los países de América Latina, es precisamente la solidez de los procesos electorales y las autoridades electorales también tienen que trabajar muchísimo en la generación de confianza, acceso a la información y transparencia para que haya un diálogo no solamente entre las autoridades y las organizaciones políticas, sino entre todos los sectores que están involucrados en la elección de los mandatarios”, sostuvo.Asedio a la RegistraduríaBarrios expresó su preocupación por este tema en concreto. Mencionó que esta incertidumbre respecto a la organización de las elecciones y los posibles resultados podría tener un efecto perjudicial en la percepción de los ciudadanos sobre la legitimidad del proceso electoral.“Lo que estamos viendo es que es necesario ser muchísimos más claros en todos los procesos de contratación. Hay una crítica y siempre ha habido preguntas frente a la forma como se han hecho las contrataciones en la Registraduría”, precisó.Fraude preventivo: una estrategia políticaLa noción de 'fraude preventivo' ha comenzado a surgir en el discurso político. Barrios indicó que, incluso, antes de iniciar el calendario electoral, figuras políticas ya están insinuando que ocurrirá fraude, lo que daña a las instituciones y su credibilidad.“Se debe privilegiar la conversación entre la Registraduría, el Ministerio del Interior, que es la entidad responsable de la convocatoria a las comisiones nacionales de seguimiento electoral. Nosotros estamos esperando que salga la estrategia electoral, que la tiene que coordinar el Ministerio del Interior; ojalá se pueda hacer un lanzamiento hacia finales de enero, a principios de febrero, y eso va a implicar un diálogo con todas las autoridades. Esto incluye Consejo Nacional Electoral, que, en términos de credibilidad, hoy está muy golpeado”, recalcó.Garantías en territorios conflictivosEl panorama se complica al considerar la influencia de grupos armados ilegales en distintas regiones del país. Barrios afirmó que no se puede dar por perdida la posibilidad de elecciones libres. Se han llevado a cabo procesos electorales en situaciones de conflicto, siempre que existan garantías razonables."Es crucial coordinar la estrategia electoral con la de seguridad y los mecanismos de paz en aquellas regiones con alto riesgo de violencia", puntualizó.
La senadora Angélica Lozano advirtió que el Gobierno le recortó un 77 % de dinero a la Registraduría para 2025 en la ponencia del presupuesto general de la Nación, que será debatida y votada desde este martes 24 de septiembre. El monto pasa de $3,2 billones de pesos a $0,7 billones.Frente a esto ya se han conocido varias voces críticas, la Misión de Observación Electoral solicitó al Ejecutivo y al Congreso de la República garantizar la autonomía e independencia de la Autoridad Electoral frente al presupuesto necesario para llevar a cabo las elecciones de 2026.Lo anterior, ya que afirman que les preocupa que la propuesta presentada por el Ejecutivo en el Presupuesto General de la Nación 2025, reduzca en un 77 %, los recursos solicitados por la Registraduría Nacional. Lo anterior, recordemos de 3,2 billones de pesos a 0,7 billones de pesos, lo que equivale a una reducción de 2,5 billones.Frey Alejandro Muñoz, Subdirector de la MOE, aseguró que "una de las principales garantías para el desarrollo de las elecciones de 2026 es que la Registraduría pueda ejercer su autonomía sin ningún tipo de condicionamiento en la asignación de los recursos indispensables para cumplir con su mandato constitucional".Representantes cómo Juan Espinal del Centro Democrático señalan que el presidente Gustavo Petro busca con eso darle un golpe blando a la Registraduría y por ende a la democracia del país.Blu Radio habló con la representante, Ingrid Sogamoso del partido Conservador, quien aseguró que esto representa una gran amenaza para la legitimidad de las elecciones del año 2026.“Esta drástica reducción obviamente pone en riesgo la capacidad de la entidad y el correcto desarrollo del proceso electoral, desde la inscripción de los candidatos hasta el escrutinio de votos. Además, podría afectar gravemente la operatividad de la Registraduría, limitando la atención de la planta del personal y el uso de tecnología para el cumplimiento de sus funciones”, aseguró.El presidente del Senado, Efraín Cepeda, también se pronunció y señaló que “Si hay una entidad que debe contar con los recursos necesarios para organizar unas elecciones confiables y que den tranquilidad pública, es la Registraduría. No es el momento de generar suspicacias en un tema tan delicado. El organismo electoral debe contar con los recursos que necesite para abordar un proceso democrático de la mejor manera posible. Cuentan con nuestro apoyo”, señaló a través de sus redes sociales.Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el ministerio de Hacienda ya está trabajando para radicar una nueva proposición que restablezca el presupuesto inicial del órgano electoral. Sin embargo, la polémica también se centra en los Congresistas que habrían firmado dicha ponencia. Varios de ellos, quienes aseguran que esto se debe a un error. Incluso una gran sorpresa causó la representante de la oposición, Lina maría Garrido, quien firmó esta ponencia, de su partido Cambio Radical, ha mostrado gran descontento a varios de sus integrantes. En Blu Radio hablamos con el Senador Carlos Motoa.“Sorprende y me parece esquivado ese apoyo de la representante Garrido a la propuesta del Gobierno, es un presupuesto desfinanciado e improvisado y que no tiene en cuenta los temas importantes de inversión social y de hechos los reduce. El partido Cambio Radical no respaldó esa ponencia y sí nos llamó la atención esa decisión unilateral que tomó la representante”.A raíz de esto, varios firmantes han retirado su nombre de dicha ponencia, entre ellos Liliana Rodríguez, John Jairo Gonzales, Carlos Vallejo, Sonia Bernal, entre otros.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral de Colombia (MOE), comparó el proceso de revisión de votos realizado por el Pacto Histórico en las elecciones al Congreso de 2022 con lo ocurrido con la oposición venezolana en su país.Durante una sesión en el Congreso de la República para discutir la situación en Venezuela tras las recientes elecciones, Barrios indicó que sin el ejercicio de revisión realizado por el Pacto Histórico, similar al de Venezuela, no habría sido posible verificar que los votos no habían sido sustraídos.Barrios añadió que la MOE revisó los resultados de las elecciones al Congreso a solicitud del Pacto Histórico, debido a errores en las actas E-14 que perjudicaron a dicha colectividad. Aunque en ese momento Barrios descartó la existencia de fraude, reconoció numerosos errores e inconsistencias en los formularios que afectaron la votación del Pacto.En su comparación, Barrios mencionó que, al igual que la oposición venezolana liderada por María Corina Machado y otros opositores como Edmundo González, que solicitaron observadores para prevenir fraudes, el Pacto Histórico también tomó medidas similares. Tras la declaración de Nicolás Maduro como ganador, la oposición pidió que el CNE hiciera públicas las actas y que todos los sectores protegieran las actas para evitar su pérdida.
El proyecto de ley que buscaba modificar algunas reglas de juego del sistema electoral colombiano no resistió la revisión de la Corte Constitucional, que decidió hundir el proyecto por vicios de procedimiento.El texto, que analizaron los magistrados Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo, acumulaba tres iniciativas de origen legislativo (dos de Senado y uno de Cámara) y buscaba enmendar el articulado que había sido objetado por el mismo tribunal en 2022 y que fue impulsado por el entonces registrador Alexánder Vega. El proyecto de ley que tumbó la Corte este martes estuvo precedido por un intenso debate en el Congreso de la República por los costos fiscales. El Ministerio de Hacienda estimó que implementar el Código Electoral costaría aproximadamente 10,5 billones de pesos. Los costos incluyen 204.403 millones para delegados de la Registraduría, entre 639.000 y 698.000 millones para identificación biométrica y 93,4 millones por mesa para el voto electrónico mixto, según las observaciones que presentó a la Corte en 2023. A eso se suma otras observaciones de organismo como la Misión de Observación Electoral (MOE) criticó varios artículos, destacando que catalogar las actividades de la Registraduría como de seguridad y defensa nacional restringe el acceso a la información y dificulta el control político.Además, la MOE señaló dificultades en auditar el software electoral y la falta de transparencia en sus resultados.Por su parte, la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional avalar el proyecto, pero planteando que las inhabilidades para cargos públicos se limiten a condenas penales, excepto por delitos políticos. Esto excluye sanciones disciplinarias y fiscales como causales de inhabilidad.
La Misión de Observación Electoral Colombia presentó a la comunidad internacional los resultados preliminares de las elecciones en Venezuela el pasado 28 de julio con datos de la oposición. Según la información contenida en la base de datos, con el 73.1 % de las actas (contenidas en la plataforma web resultadosconvzla.com), el candidato Edmundo González obtiene un total de 6,392,350 votos, que corresponden al 67.2 % de la votación. Por su parte, el candidato presidencial Nicolás Maduro suma un total de 2,891,553 votos, que representan el 30.4 % de la votación.Entre los hallazgos de la MOE está que, a nivel municipal, el candidato presidente Nicolás Maduro obtiene un mayor número de votos en 28 de los 326 municipios de Venezuela, lo que representa el 8.6 % del total de unidades territoriales de Venezuela. Por su parte, el candidato Edmundo González registra una mayoría de votos en los 298 municipios restantes, lo que es equivalente al 91.4 % de las unidades territoriales del país. A nivel de estados, la sumatoria de los resultados por estado muestra que el candidato Edmundo González obtuvo la mayoría de votos en todos los estados de Venezuela.Por otra parte, la MOE señala que el segundo boletín del CNE, emitido el 2 de agosto, reporta un total de 12,335,883 votos, con el 96.87 % de las actas transmitidas. No obstante, según la base de datos consolidada por la MOE, se han contabilizado hasta ahora 9,515,322 votos con el 73.1 % de las actas. Esto implica que faltan 2,871,377 votos por contabilizar. A pesar de esta cifra, la diferencia actual entre el candidato González, que lidera con 6,392,350 votos, y el presidente Maduro, con 2,891,553 votos, es de 3,500,797 votos. Incluso si todos los votos faltantes fueran para Maduro, no alcanzaría a superar a González, ya que la diferencia seguiría siendo de 629,420 votos a favor de González.“Con el 73.1% de las actas analizadas, el candidato Edmundo González tiene el 67.2% de la votación dirigida hacia él, mientras que el candidato presidente Nicolás Maduro tiene el 30.4 % de la votación. Esto significa que hay una diferencia de 3,500,797 votos entre el candidato presidente y Edmundo González”, le dijo a Blu Radio Alejandra Barrios, directora de la MOE.Asimismo, la Misión de Observación Electoral hizo una crítica al CNE de Venezuela al no hacer públicas las actas de votación desde que se determinó que Nicolás Maduro había sido reelecto el pasado 28 de julio. “Hasta el 2 de agosto de 2024, el CNE de Venezuela no ha hecho públicas las actas de la elección del 28 de julio de 2024. Únicamente ha dado a conocer dos boletines con resultados agregados, en los que se da al candidato presidente Nicolás Maduro como ganador de la elección”.
En el mes de julio se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en el vecino país de Venezuela. Sin embargo, Colombia descarta enviar una Misión de Observación Electoral. Así lo informó el canciller Luis Gilberto Murillo este jueves, 30 de mayo.“Teníamos la intención obviamente de enviar unos observadores, hicimos las reuniones con la MOE para hacerlo. Sin embargo, por el tiempo no se podría estructurar una observación con las características técnicas que exigía”, dijo el canciller.Por otro lado, añadió que algunas personalidades colombianas van a estar, y con eso esperan que se puedan superar discusiones que habían percibido para así poder contribuir a Venezuela.A esto se le suma que la autoridad electoral de Venezuela anunció que retiraba la invitación a la Unión Europea para observar precisamente estas elecciones presidenciales, esto después de que el bloque ratificara sanciones individuales contra altos dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro.Con estas elecciones, el presidente Maduro buscará un tercer mandato que lo proyectaría a 18 años en el poder. Sin embargo, su mayor adversario es Edmundo González Urrutia, designado por la principal alianza opositora en representación de la líder inhabilitada María Corina Machado.
En el marco de la celebración de los 18 años de la Misión de Observación Electoral en Colombia, MOE, desde el organismo señalan la urgencia de que en el país se avance en una serie de reformas políticas y electorales que permitan profundizar y ampliar la democracia colombiana. Entre estas, la necesidad de reformar la arquitectura electoral colombiana, de manera particular, el origen y la conformación del Consejo Nacional Electoral.De acuerdo con Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la Misión de Observación Electoral “es necesario contar con una autoridad electoral independiente y sin origen partidista, con una gran capacidad técnica en la vigilancia y control de la financiación de campañas políticas, y la suficiente autonomía para la supervisión de las organizaciones políticas”.La MOE además celebró la resolución de la CIDH, que reconoce a los observadores electorales como defensores de derechos humanos; sin embargo, rechazan el incremento de losdiscursos polarizantes y estigmatizantes en la política nacional, además del considerable aumento de hechos de violencia y la expansión de grupos armados ilegales, que conlleva a la vulnerabilidad creciente de los liderazgos sociales, comunales y políticos.Solamente en los primeros cuatro meses del año, de acuerdo a la MOE se han presentado 104 hechos de violencia contra funcionarios públicos electos en las elecciones locales de 2023.
En medio de la tormenta por la licitación de pasaportes en el país, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, insistió en la presunta corrupción de Thomas Greg & Sons por ser la empresa que históricamente ha manejado no solo los pasaportes, sino las elecciones en Colombia. Ese hecho, de acuerdo con el jefe de Estado, los hace los dueños de las bases de datos de todos los colombianos y los convierte en los que controlan las elecciones, lo que podría llevar “a un fraude electoral” y a “afectar definitivamente la democracia”.“Se pasaron por la faja la orden del Consejo de Estado que ordenaba cambiar el software en la Registraduría y ahora tiene toda la cedulación y quieren completar con los pasaportes”, escribió el presidente Petro este martes, 27 de febrero.Al respecto habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien dijo que de ese comentario del mandatario se pueden resumir “cuatro ideas muy fuertes”, que, incluso, se podrían “acercan” a lo que posiblemente podría pasar con esa licitación, pero insistió que “hay otras que se distan mucho de lo que realmente pasa cuando se hacen las contrataciones en los procesos electorales”.En ese estricto sentido, recalcó, la unión temporal de la que hace parte Greg & Sons “no controla la base de datos de los colombianos en la Registraduría”.Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contradijo al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, y dijo que sí hay plata para pagarle a Thomas Greg & Sons."La plata de ese contrato estaba prevista. Usted no puede sacar una licitación sin que tenga un certificado de disponibilidad presupuestal. Es lo primero que le van a pedir. ¿Tiene el certificado de disponibilidad presupuestal? Sí, entonces abra la licitación. Por lo tanto, la plata está ahí", dijo el ministro de Hacienda.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga:
