Lahiam de Jesús Arcila, es un pequeño de 7 meses que fue diagnosticado con Reflujo Uretero Vesical en grado 4, el menor al poco tiempo de haber nacido empezó a presentar los graves síntomas, desencadenando la disminución de su funcionamiento renal, pues el riñón izquierdo del menor opera tan solo en un 39 % y el derecho al 60 %.A pesar de la denuncia pública de la madre del menor, Juliana Estrada, que dio como resultado que después de tres meses la EPS Savia Salud le autorizara la cita con un médico especialista, según relata su progenitora, el centro de salud al cual remitieron al menor para la cita no tiene el médico especialista en cirugía pediátrica, retrasando nuevamente el proceso."Ayer a mí me llamaron de Savia Salud, yo les expliqué, les dije que por qué daban una autorización para una parte donde no había ni siquiera el profesional que el bebé requería. Él está muy delicado, él ha estado haciendo popó con sangre, yo lo tuve en la San Vicente hospitalizado desde el día viernes", explicó la madre.Su madre le confesó a Blu Radio que ha sido un camino tortuoso para la familia, pues los médicos que han visto al menor llegan a la conclusión de la necesidad de una cirugía urgente para salvar la vida del bebé, aun así, su madre sigue esperando la llamada de la entidad que le indique que ya por fin su hijo podrá ser revisado por el cirujano pediátrico."Le dieron de alta el día lunes, y lo que me dijo la pediatra que lo revisó, es que él necesitaba la cirugía urgente, porque tiene el riñón bastante comprometido, y no es solamente el izquierdo, sino el derecho también. Esto ha sido, digámoslo así, como un infierno, porque a mí me ha tocado hacer derechos de petición", expresó la progenitora.La madre indicó que, además, ha realizado varios derechos de petición para el transporte, hospedaje y los medicamentos del menor, aún así, ninguno ha sido respondido.Por el momento, la madre manifestó que se dirigirá nuevamente al hospital al que remitieron al bebé en el municipio de Rionegro para preguntar cuándo se solventará esta situación y podrá ser operado el menor. Por otro lado, los padres de Lahiam han pedido a la ciudadanía y a las autoridades su apoyo, pues el tratamiento del menor es de alto costo, por eso, quien desee apoyar la causa del bebé podrá comunicarse con su mamá al 3207907309 para realizar la donación.
El aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), de un 5,36 % para el año 2025, continúa suscitando un rifirrafe entre el Ministerio de Salud y las EPS, quienes rechazan los señalamientos del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, quien afirma que las prestadoras de salud habrían presentado información imprecisa en los informes para definir este aumento.La más reciente respuesta vino de la EPS Compensar, una de las que el ministro Jaramillo ha señalado de haber hecho cobros por servicios a pacientes fallecidos.La EPS, además, ha sido señalada de aumentar los costos de servicios, ante lo que respondió que el costo es proporcional a la complejidad del servicio y los estándares de calidad.Manifestaron que están dispuestos a establecer canales con el Ministerio de Salud y a entregar toda la información que sea requerida para aclarar la situación.Cabe recordar, que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expresó que fueron varias las irregularidades que se encontraron entre los informes entregados por parte de las EPS y los datos que encontraron en los estados financieros auditados.“Hemos encontrado reportes de cerca de 23.000 pacientes fallecidos, por los cuales las realizaron cobros por servicios que estarían afectando las finanzas del sistema de salud”, expresó.Destacó además que los aumentos de años anteriores a la UPC habían sido los más altos en los últimos años y criticó la forma de cálculo de la UPC porque toma en cuenta datos de casi dos años atrás y no del año inmediatamente anterior.
Disputa entre dos hermanos terminó en balacera a las afueras de un hospital en el municipio de La Unión. Uno de los hermanos terminó gravemente herido y tuvo que recibir atención urgenteEste grave hecho de intolerancia entre hermanos ocurrió a las afueras del Hospital San Roque, hasta donde ambos hombres se trasladaron en un vehículo Mazda, porque, al parecer, en medio de una fiesta familiar, una de las mujeres que se encontraba ahí, y que sería la esposa de uno de los hermanos, se empezó a sentir mal, presentando graves quebrantos de salud, teniendo que ser trasladada hasta ese centro asistencial.Al parecer, mientras esperaban en urgencias a que la mujer saliera, ambos hermanos iniciaron una fuerte discusión que terminó con uno de ellos disparándole al otro con un arma traumática en repetidas ocasiones, dejando como resultando al hombre de 42 años gravemente herido.Según la Policía de Antioquia, la víctima fue remitida al Hospital de La CejaLa Ceja para recibir atención médica. Por el momento, las autoridades se encuentran investigando lo sucedido para determinar las acciones correspondientes.
Al menos cuatro sindicatos del Hospital Francisco Valderrama de Turbo se encuentran protestando y en cese de actividades porque no solo se les adeuda el salario, sino que presuntamente, y según informa el personal de planta, también se les debe la prima, las vacaciones y al menos tres meses de salud.Según explicó, Tomás Herrera, presidente de SintraEstado, uno de los sindicatos, la situación viene presentándose desde el año pasado, pero solo fue a partir de inicio de este año, que se agudizó, pues al parecer, se le adeuda al personal, al menos 8 mil millones de pesos."En el momento al personal de planta, nos deben 4 meses de salario, tenemos 3 meses sin salud, nos deben prima, vacaciones. Al personal tercerizado también se le debe, prácticamente, alrededor de 8.000 millones de pesos, de todo lo que le decía, pues del personal de planta, de tercerizado asciende más", explicó el presidente.Asimismo, desde el sindicato realizaron una petición al Ministerio de Salud para que se ponga al frente de la situación, pues indican, que el panorama se ha vuelto critico porque algunas EPS no ha efectuado pagos al hospital, lo que también ha desencadenado, según estos, en que se afecte la atención de pacientes."Las EPS que también, si es verdad que nos deben mucho dinero al hospital, entonces eso también hace que la crisis sea más grande. La que más nos debe es la Nueva EPS, nos debe alrededor de 12.000 millones de pesos. Carecemos de insumos, no tenemos reactivos, entonces está afectando mucho en la atención a los usuarios", indicó Herrera.Por el momento, el sindicato mencionó que seguirá en cese de actividades hasta una pronta solución, además indicaron, al parecer, que van aproximadamente 18 personas que han renunciado producto de la situación.Blu Radio, se intentó comunicar con el Hospital Francisco Valderrama de Turbo, y por el momento, no ha recibido su versión sobre los hechos.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, solicitó la contratación de una auditoría internacional para investigar las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados al sistema de salud por parte de las EPS. Según el jefe de esta cartera, los organismos nacionales, como la Contraloría, no han encontrado pruebas suficientes, a pesar de que existen recursos cuyo paradero es incierto.“Los organismos de control, como la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, no han logrado esclarecer este asunto. Recordemos que, en la investigación del año pasado, la Contraloría no pudo verificar que las EPS demostraran con claridad qué ocurrió con 6 billones de pesos en el año 2020. Por esta razón, el doctor Rubiano, el presidente y el Ministerio hemos decidido solicitar la contratación de una auditoría internacional, en este caso una auditoría forense, para determinar el destino de muchos de los recursos del sector salud”, explicó Jaramillo.Es importante señalar que los cuestionamientos en torno al aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) continúan siendo un tema central en el sector. Al respecto, el ministro presentó los datos que respaldan el incremento del 5,36 % y afirmó que las EPS no entregaron información suficiente para justificar un aumento mayor.Por otro lado, el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado recientemente sobre el tema, denunciando que varias EPS están cometiendo un “robo continuado” de los recursos públicos destinados a la salud. Además, el mandatario pidió a la Fiscalía General de la Nación realizar una investigación exhaustiva a través de auditorías forenses.
El Ministerio de Salud, a través de su secretario privado, Rodolfo Enrique Salas, recusó a la procuradora delegada para el sector salud, Diana Margarita Ojeda Visba, tras sus declaraciones sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según el Ministerio, la funcionaria emitió opiniones sin sustento técnico y con un claro tinte político, afectando la imparcialidad.El Ministerio asegura que las declaraciones de la procuradora son subjetivas y prejuzgan una crisis financiera del sistema de salud sin pruebas concluyentes. Esto, según el documento de recusación, atenta contra el correcto ejercicio de la función pública.>>> Lea también: ¿Qué es un estado de cosas institucionales? Procuraduría pide a Corte medidas por crisis en salud“Las afirmaciones de la dra. Ojeda atentan contra el correcto ejercicio de la función pública que con mucho honor, respeto y dedicación se ha venido realizando desde el Ministerio de Salud y Protección Social, en aras de garantizar el derecho fundamental a la salud en todo el territorio, en el marco de la prevalencia del interés general, soslayando el deber de respeto entre autoridades pública y el pluricitado principio de imparcialidad”, se lee en el documento.Rodolfo Enrique Salas solicita que la procuradora se abstenga de participar en temas relacionados con la UPC. El Ministerio argumenta que sus intervenciones dificultan un debate técnico y objetivo necesario para decisiones cruciales en el sector salud.La Procuraduría ya ha pedido al Gobierno reconsiderar los recursos asignados a las EPS para garantizar los servicios médicos. Esta es la tercera ocasión en que se hace un llamado similar.
La Procuraduría General de la Nación le insistió al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para citar a una mesa técnica con expertos, representantes de pacientes y EPS para discutir el cálculo del aumento de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, que para este año quedó en 5,36 %.La procuradora delegada para asuntos en salud, Diana Ojeda, pidió que se citen a esas mesas, pero que el ministro Jaramillo escuche las observaciones de los gremios para llegar a acuerdos que beneficien al sector de la salud."El llamado constructivo es que conforme una mesa de trabajo con todos los actores, con los gremios, con los expertos en salud, con todos quienes han hecho los estudios de insuficiencia de la UPC, los escuchen, no solamente los siente ahí y se vaya y diga, se mantiene el 5.36 %, los escucha y revise", señaló el ministro.Además, Ojeda se refirió a la petición de la Procuraduría a la Corte Constitucional de declarar el ECI por la crisis en la salud del país, aseguró que el aumento de la UPC no es una decisión técnica, sino política leyendo un trino del director del DPS Gustavo Bolívar donde critica el hundimiento de la Ley de Financiamiento“Gustavo Bolívar, dice, congresistas mandaderos de las EPS que sabotearon y negaron la ley de financiamiento, ahora salen a llorar porque la UPC quedó muy baja. Creyeron que su decisión equivocada de archivar la ley no tendría consecuencias. Dígame si eso es un fundamento técnico de que habla un funcionario del Estado respecto a que, por otro tipo de razones, no se aprobó la ley de financiamiento”, cuestionó la funcionaria.Existe gran preocupación desde diversos sectores por la crisis que afronta la salud el país actualmente.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que declare el estado de cosas inconstitucionales al sistema de salud, poniendo de manifiesto problemas estructurales graves en la atención y financiación.En diálogo con Mañanas Blu, Diana Ojeda, procuradora para temas de salud, argumenta que una declaración de este tipo garantizaría los derechos fundamentales de los 52 millones de colombianos afiliados al sistema de salud. "Esto significaría que se revise a fondo la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y se reconozcan los ajustes necesarios para que el presupuesto general de salud pueda atender las necesidades del país", explicó Ojeda. Crisis financieraA pesar de que el presupuesto destinado a la salud en Colombia ha aumentado de 92 billones en 2022 a 95 billones en 2023, la procuradora señala que estos fondos no llegan adecuadamente al aseguramiento. "Los recursos deben ser suficientes para garantizar la calidad de los servicios de salud, pero la realidad es que hemos visto un deterioro en la atención, especialmente para pacientes crónicos y de alto costo", añadió. La Procuraduría ha evidenciado un incremento en las tutelas relacionadas con la salud, alcanzando 245,000 el año pasado. Lo que señaló la Procuraduría es que, la decisión del Ministerio de Salud se sustentó en datos parciales y procedimientos alejados de las normas legales, refiriéndose al aumento de la UPC, y que el Ministerio de Salud habría utilizado fuentes de baja calidad y omitió validar datos financieros clave de entidades como la Nueva EPS, que representa al 23 % de los afiliados al sistema y que los argumentos del acto administrativo incluyen referencias desactualizadas, como sanciones de 2011, y no responden a los criterios técnicos establecidos en la Ley 100 de 1993.Impacto en los pacientesLos pacientes están sufriendo las consecuencias del desabastecimiento de medicamentos y la falta de recursos en los hospitales públicos. "Los pacientes con trasplantes y enfermedades crónicas son los más vulnerables", afirma Ojeda. Si la Corte acepta la solicitud de la Procuraduría, se espera que ordene medidas específicas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y el cumplimiento de la Ley Estatutaria de Salud. "Es fundamental que la Corte actúe. Este no es solo un tema ideológico, sino una necesidad urgente de garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos", concluyó. Informe de Así Vamos en SaludEl informe revela un preocupante aumento en las quejas de los ciudadanos sobre el sistema de salud colombiano, así como una alarmante desfinanciación que pone en riesgo la atención sanitaria en el año 2025. Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, dijo en Mañanas Blu que el déficit estimado en el sistema de salud alcanza los 9 billones de pesos. Este déficit es crítico y afecta directamente la capacidad del sistema para ofrecer atención de calidad. "La unidad de pago por cápita debe aumentar en un 16.5% para corregir el desfase de los últimos años", explicó.Galán criticó que el Gobierno no ha sido contundente en el reconocimiento de la desfinanciación y resaltó la importancia de la transparencia en la información financiera de las EPS, especialmente en un contexto donde muchas están bajo intervención. Escuche aquí la entrevista:
El sistema de salud colombiano enfrenta un momento tenso particularmente en lo que respecta a la Unidad de Pago por Captación (UPC). El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha defendido un incremento del 5,36% en la UPC para 2025, un ajuste que ha sido motivo de polémica y controversia en el entorno político y social. La percepción pública de esta decisión se agudiza al considerar las dificultades financieras que atravesaron las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Jaramillo argumenta que el EPSaumento fue impactado negativamente por el rechazo del Congreso a la Ley de Financiamiento el año anterior. "La cifra está sustentada, no me la saqué del sombrero", defendió el ministro sobre la UPC.Desafíos financieros en el sistema de saludDurante la discusión, Jaramillo resaltó que muchos EPS han reportado gastos por atención a personas fallecidas, lo que plantea serias interrogantes sobre la transparencia y eficiencia en la gestión de estos recursos. El ministro pidió claridad sobre cómo se están utilizando los recursos gubernamentales en el sector salud y cuestionó la necesidad de aumentar el financiamiento sin una rendición de cuentas concreta. En medio de declaraciones hecha por el ministro, reveló y calificó de "tráfuga" a un funcionario que había recomendado un aumento del 20% en la UPC, pues el funcionario a cargo fue despedido tras la revelación. Jaramillo menciona que esta situación evidencia que el ajuste actual de la UPC es suficiente, instando a la búsqueda de otros recursos si no lo es. "La UPC es suficiente. Si no es suficiente, pues miremos de ver de dónde vamos a sacar los recursos, porque al Gobierno nacional no se le puede pedir que le nieguen el financiamiento para el presupuesto. Como dijo ahora un una persona tráfuga de este gobierno que, dice que hay que aumentar el 20 % estuvo seis años aquí", dijo. El manejo de la UPC no solo afecta la viabilidad financiera de las EPS, sino que también tiene repercusiones directas sobre el acceso y la calidad de la atención médica en Colombia. La falta de consenso y claridad en las políticas de salud pública podría agravar los problemas que enfrenta esta vital sector. La población espera respuestas y soluciones concretas por parte del gobierno, destacando la necesidad urgente de una reforma estructural en el sistema de salud. "Es fundamental que revisemos hacia dónde van los recursos y que cada peso invertido en salud sea un peso bien gasto. No podemos seguir con un presupuesto que no justifica su existencia", enfatizó Jaramillo. Escuche aquí la información:
Mediante un requerimiento, la Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, le pidió a la Corte Constitucional estudiar la posibilidad de declarar un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.Lo que señaló la Procuraduría es que, la decisión del Ministerio de Salud se sustentó en datos parciales y procedimientos alejados de las normas legales, refiriéndose al aumento de la UPC, y que el Ministerio de Salud habría utilizado fuentes de baja calidad y omitió validar datos financieros clave de entidades como la Nueva EPS, que representa al 23 % de los afiliados al sistema y que los argumentos del acto administrativo incluyen referencias desactualizadas, como sanciones de 2011, y no responden a los criterios técnicos establecidos en la Ley 100 de 1993.“En tres ocasiones, entre junio de 2022 y diciembre de 2024, la Sala Especial de Seguimiento advirtió al Ministerio de Salud y Protección Social respecto del riesgo de incursión en conductas disciplinarias y penales por el desconocimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional”, señaló la Procuraduría.Por esta razón, la Procuraduría General de la Nación le pidió al alto tribunal adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de los principios de sostenibilidad y suficiencia financiera, asimismo, le pidió al Ministerio de Salud remitir los análisis técnicos utilizados en el cálculo y ajustar la metodología para incorporar factores como la inflación, los cambios demográficos y el costo real de los servicios de salud.
