Un fuerte debate de control político se llevó a cabo en la noche de este martes por cuenta de las cifras de ejecución del Ministerio de Igualdad, en cabeza de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. En ella, los senadores Carlos Motoa (Cambio Radical) y Jota Pe Hernández (Alianza Verde), presentaron varias denuncias que, según ellos, evidencian la poca ejecución o irregularidades en el manejo de la entidad creada hace cerca de dos años.“El Ministerio de Igualdad simboliza todo lo que está mal en este gobierno: la improvisación, la falta de rigor y la desarticulación”, señaló durante su intervención el senador Carlos Motoa, quien dejó claro que, según las cifras de ejecución entregadas por el propio ministerio, sólo se ha ejecutado el 1,6% en 2024, mientras que en 2023 sólo se ejecutó 0,4%.“Es una actividad engañosa al afirmar que, si bien es cierto que no han ejecutado ese presupuesto, los recursos están comprometidos. Pues debo advertirle, ministra, que para poder cumplir con esa población que anhela la equidad, que anhela la igualdad, se requieren los bienes y servicios que hoy no se han ejecutado. ¿Cuándo lo piensan hacer? ¿con recursos comprometidos?, ¿en qué fecha?, ¿en qué momento?’”, afirmó Motoa.Otro de los puntos claves de la denuncia de Motoa tiene que ver con la duplicidad de funciones entre ocho entidades del gobierno y el Ministerio de Igualdad, en el que pone, por ejemplo, la eliminación de la Alta Consejería para la Mujer de la Presidencia de la República, pero cuyos funcionarios no fueron trasladados al Ministerio de Igualdad, sino que fueron reubicados en el DAPRE.A su turno, el senador Jota Pe Hernández aseguró que de los más de 20 programas que tiene como prioridad el ministerio y entre los que están programas para enfrentar el hambre, problemas de dotación e infraestructura del agua y la atención de adultos mayores, están en 0% de ejecución, El proyecto que si está en un alto porcentaje de ejecución es el de “Jóvenes en Paz”.“Usted decidió priorizar a los criminales por encima de gente necesitada, gente que se muere de hambre y de sed. Hoy, con pruebas, con cifras, con datos que ustedes mismos me entregaron, luego de que un juez los obligó, le he demostrado que este Ministerio de la Igualdad ha sido la mayor decepción de este gobierno”, señaló Hernández.A su turno, la vicepresidenta Márquez aseguró que la realidad de su ministerio es que la ejecución está en un 25% a la fecha. “Cuando digo que el 25% del presupuesto está en ejecución es porque 400.000 millones de pesos están contratados. Esperamos que, con la naturaleza de cada contrato, se vaya mostrando la obligación. Tenemos 32% del presupuesto en proceso de contratación y hay 37% del presupuesto que está en un proceso de alistamiento precontractual. Tanto inversión como el fondo, tengo que decir que el 94% de ese presupuesto se está implementando en los programas de inversión del Ministerio de la Igualdad y la Equidad”, dijo.Según las cuentas del ministerio, en total son 10 programas que ya están en marcha y se lidera también la construcción de seis políticas públicas para el cierre de brechas de desigualdad e inequidad. Tres de estos procesos, que son proyectos de documentos Conpes, comenzaron a construirse desde la Vicepresidencia de la República en 2023: 1. Política Pública para la Erradicación del Racismo y la Discriminación Racial.2. Política Pública de Derecho Humano a la Alimentación.3. Política Pública de Juventudes.4. Política Nacional de Cuidado.5. Política Pública de Discapacidad.6. Política Pública LGBTIQ+.Por su parte, la directora del DAPRE, Laura Sarabia, negó que se estuviera dando duplicidad de funciones entre la Presidencia y el Ministerio de Igualdad, ya que se logró efectivamente la eliminación de las Altas Consejerías para la Juventud y Mujeres, para pasarlas al Ministerio.
Las recientes respuestas de la vicepresidenta Francia Márquez, al ser cuestionada sobre su gestión, han desatado polémica, pues muchos consideran que no corresponden al cargo que hoy desempeña. A esto se suma que la sesión programa en la Cámara de Representantes para discutir, en parte, sobre el presupuesto del Ministerio de la Igualdad, del que ella fue nombrada ministra, no se pudo adelantar en la porque no se enviaron los datos y documentos requeridos.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la representante Catherine Juvinao se refirió a esto y, siendo muy enfática, aseguró que las cifras del Ministerio de la Igualdad “son muy preocupantes”, pues tan solo en el 2023 tuvo una ejecución del 0.4 %. Por eso, hizo un llamado a la vicepresidenta para que acepte las críticas y tenga más humildad.De activista a vicepresidenta, qué fallóEstas con las cifras en rojo del Ministerio de Igualdad“Las cifras del Ministerio de la Igualdad son muy preocupantes. En 2023 nosotros le asignamos un presupuesto, solamente de funcionamiento, no de inversión, porque era el primer año, de 500.000 millones de pesos y tuvieron una ejecución del 0.4 y en 2024 le dimos 1.4 billones para funcionamiento; a hoy solo llevan una ejecución de 1.8 % y les dimos 400.000 millones en inversión y adivinen cuánto llevan en ejecución, cero. Entonces, MinIgualdad está absolutamente rajado. Era muy importante que nosotros tuviéramos la información, que debatimos ayer y bueno, eso ya no se pudo y la sesión será la próxima semana”, explicó.La representa también se refirió a la respuesta que dio Francia Márquez sobre por qué no enviaron los datos que se pedían para la sesión de presupuesto de los ministerios, en este caso, el de Igualdad. Cabe recordar que se excusó diciendo que el correo rebotó y eso, según dijo, no era su culpa. Juvinao calificó esto como “absolutamente ególatra”. Agregó que eso solo le hace daño a la vicepresidenta y al Gobierno.“La vicepresidenta nos reclamó por cuestionarle el no haberle allegado la información a la comisión y básicamente nos dijo que la estábamos cuestionando porque estábamos buscando reditos políticos, o sea, como si estuviéramos simplemente haciendo politiquería en la comisión. La vicepresidenta tiene que entender que los cuestionamientos del Gobierno no se hacen desde un lugar de la politiquería, sino que es la misión de los congresistas. Es la misión constitucional”, sostuvo.Incluso, Juvinao reconoció que ella fue una de las que más apoyó la creación del MinIgualdad por el proyecto que prometía ser y basados en otros países que han tenido éxito, pero que, ahora, es “decepcionante” ver cómo no se ha ejecutado ni se ha materializado lo que estaba proyectado.
La vicepresidenta Francia Márquez y a la vez ministra de la Igualdad, aseguró que las respuestas al cuestionario que realizaron los congresistas sobre el presupuesto de este Ministerio no llegaron a tiempo debido a una “falla con el internet”.En medio de la polémica que incluye al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por no girar los recursos de distintos órganos a tiempo, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se llevó un debate al que estaban citados varios funcionarios del Gobierno con el fin de hablar del presupuesto de sus carteras.Sin embargo, solo se presentó la ministra de Justicia, Ángela maría Buitrago, y la ministra de la igualdad, Francia Márquez, la cual generó críticas por no enviar el cuestionario con las preguntas de los congresistas a tiempo y aseguró que esto fue por un problema con el internet.“Está la constancia de que esta respuesta se envió ayer a las 9:20, pero esta rebotó, dos veces lo mandé, eso ya no es problema mío ni del Ministerio”, señaló Márquez.Por su parte, la representante Catherine Juvinao calificó esta respuesta como irresponsable.“Lamento que la vicepresidenta nos haya respondido aquí en la Comisión Primera que no es problema de ella asegurarse que lleguen las respuestas de proyección presupuestal para esta cartera, la misma que está bastante comprometida, que en este momento tiene que retramitarse en el Congreso por orden de la Corte Constitucional y que no ha tenido la ejecución esperada. De hecho, es una de las carteras con menos ejecución”, indicó Juvinao.Finalmente, por decisión de la comisión se aprobó una proposición para aplazar este debate debido a la ausencia de la mayoría de ministros, entre ellos el de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien era uno de los más esperados en la sesión.
La representante Carolina Arbeláez denunció que el Gobierno ha iniciado el pago de un millón de pesos mensuales a "jóvenes delincuentes". Además, mencionó que han identificado transferencias a personas con edades de hasta 125 años.Estos datos, según Arbeláez, se encuentran en una lista de Excel enviada por el Ministerio de Igualdad, luego de que ella presentara un derecho de petición solicitando información sobre las personas que han recibido estos recursos.La representante también hizo un llamado a la Contraloría General de la Nación para que revise este caso.>>> Lea también: Por error, Ministerio de la Igualdad consignó millonarios bonos a funcionarios"Este programa debe ser objeto de especial vigilancia por parte de los organismos de control. Señores de la Contraloría, les pido auditar estas cuestionadas transferencias", dijo la representante.En los documentos se menciona que una gran parte de los beneficiarios con esa fecha de nacimiento estarían registrados en Buenaventura y Quibdó.Ante esto, el Ministerio aseguró que se encuentran en un proceso de migración de datos, lo que ha generado aún más polémica, ya que la congresista sostiene que no han logrado explicar los errores en las fechas de nacimiento.A esto se suma la controversia sobre los subsidios destinados a jóvenes que habrían cometido delitos."Ya se solicitó la auditoría y vigilancia a los organismos de control. Se equivocaron 460 veces. También hemos demandado el decreto. No es justo pagar un millón a jóvenes delincuentes destinando 1.5 billones, cuando los jóvenes deportistas reclaman la falta de recursos y apoyo", afirmó Arbeláez.
Colombia llevará a cabo la primera Asamblea Nacional de Juventudes, un evento histórico que permitirá la participación de tres mil jóvenes de todo el país. Este espacio de consulta, que se enmarca en la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, que busca construir la Agenda Nacional de Juventud y brindar a los jóvenes la oportunidad de hacer demandas y exigencias en cada uno de los territorios. La convocatoria de la Asamblea Nacional de Juventudes se realiza a través de los consejos nacionales de juventud, que cuentan con representantes de diferentes corrientes políticas y organizaciones juveniles. La idea es que todos los territorios del país cuenten con asambleas municipales y departamentales, para luego culminar en la Asamblea Nacional que se llevará a cabo en noviembre. La metodología para la selección de los participantes en la Asamblea Nacional de Juventudes aún se está definiendo, pero se espera que brinde autonomía a los jóvenes y garantice una representación diversa y plural. De acuerdo con Gareth Sella, viceministro de las Juventudes, la asamblea busca que sea un espacio inclusivo, en el que se escuchen todas las voces y se aborden temas de interés para los jóvenes, como educación, salud, deportes y conectividad. "Somos 3.000 jóvenes que queremos transformar este país. Las juventudes podremos ir a todos los territorios y queremos que los jóvenes tengan injerencia en cada decisión que se toma", dijo. Además, la Asamblea Nacional de Juventudes no será un evento aislado, sino el inicio de un proceso que continuará con las comisiones de concertación y decisiones a nivel local. Asegura que esto permitirá que las demandas y propuestas de los jóvenes sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones en los territorios. "Cuando estábamos en las calles queríamos ser escuchados y es lo que estamos garantizando ahora como Gobierno nacional. Yo creo que las juventudes podemos gobernar este país más allá de los partidos políticos", agregó. Reconoció que uno de los principales desafíos de la Asamblea Nacional de Juventudes es la participación de los jóvenes de zonas rurales y su protección frente a los grupos armados. En ese sentido, el Ministerio de la Igualdad, a través del Programa Nacional Jóvenes en Paz, busca llegar a estos jóvenes y ofrecerles oportunidades para superar las brechas de desigualdad e inequidad. Escuche aquí la entrevista:
Luego de varias semanas de discusión, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que oficialmente aplaza 20 billones de pesos del presupuesto general de la nación para el año 2024, en medio del desplome del recaudo de impuestos.La decisión busca que el país logre cumplir con las metas de déficit planteadas en el marco fiscal de mediano plazo, un documento del Ministerio de Hacienda en el que se proyecta el desempeño de las finanzas de la nación.“El aplazamiento presupuestal contempla principalmente partidas de funcionamiento y cubre algunas asignaciones de inversión aún no comprometidas. Con ello se busca minimizar su impacto sobre la ejecución de programas de Gobierno estratégicos, asociados con el impulso de la actividad económica y la transformación productiva, con justicia social y justicia ambiental con la cual está comprometido este Gobierno. En consecuencia, este aplazamiento presupuestal no afecta proyectos de inversión previamente contratados, que se encuentran en fase de ejecución. Tampoco tiene efectos sobre los sectores de Educación, Salud ni Defensa”, dijo el Ministerio de Hacienda en un comunicado.El decreto habla de un aplazamiento y no de un recorte, lo que implica que si aumenta el recaudo de impuestos o los ingresos del Gobierno, algunos proyectos podrían reactivarse (una cosa que no está prevista por ningún analista).¿A quién le quitaron plata en el recorte al presupuesto?Como había sido anunciado previamente, el principal damnificado del recorte es el propio Ministerio de Hacienda, que pierde 9.9 billones de pesos de inversión.Año a año el Congreso deja unas reservas en esa entidad que se van entregando a otras a lo largo del año para la ejecución de iniciativas de Gobierno o de proyectos específicos de inversión en las regiones.El segundo que más aporta al aplazamiento es el Ministerio del Trabajo, con un recorte de 2.06 billones de pesos, la mayoría correspondiente a reservas para el pago de mesadas en distintos esquemas pensionales especiales que todavía tienen pensionados, como es el caso de Cajanal.En tercer lugar, están los recortes a la Agencia Nacional de Infraestructura, 1.1 billones, que se concentran especialmente en la red concesionada de carreteras. Sin embargo, el mismo decreto, en un artículo posterior, asegura que el recorte no afectará el pago de vigencias futuras, que es algo que interesa mucho a los concesionarios de las vías 4G.En cuarto lugar, se recortan 1.06 billones de pesos a la Dian en su mayoría en el rubro de planta de personal. La Dian está incorporando a su planta de forma gradual a unos 10 mil nuevos profesionales de carrera.Estos son otros recortes relevantes:Ministerio de Minas: 477.997 millonesRama Judicial 451.584 millonesMinvivienda 399.587 millonesFiscalía 331.066 millonesMinisterio del Deporte 204.651Ministerio de la Igualdad 202.000 millonesFondo Nacional de Vivienda ll9.017 millonesSena 184.438 millonesInvías 111.258 milloneEl 67 % de esta medida recae sobre gastos de funcionamiento ($13,4 billones) y el restante 33 % sobre el presupuesto de inversión ($6,4 billones).Gobierno recorta presupuesto para el deporte de élite ad portas de los Juegos OlímpicosEl Ministerio del Deporte tendrá un recorte global de 204.651 millones. De ese valor, $40.930 millones corresponden a la partida “Desarrollo del deporte olímpico, paralímpico y nivel mundial para el posicionamiento y liderazgo deportivo nacional". Es decir, al financiamiento entregado a los deportistas de élite.La noticia se produce semanas antes del inicio de los Juegos Olímpicos París 2024, que se disputarán desde agosto.Así son los ‘pequeños’ recortes a las Fuerzas MilitaresAunque el grueso del recorte presupuestal no pasó por el sector de Defensa, el decreto muestra que sí hay ajustes a las asignaciones que recibe la fuerza pública para este año. El detalle es el siguienteEjército: 104.925 millonesArmada: 77.000 millonesFuerza Aérea: 76.690 millonesPolicía Nacional: 77.617 millones.¿Le quitaron plata al Ministerio de la Igualdad?En el decreto se aplazan 202.000 millones de pesos en inversiones que tenía previstas el Ministerio de la Igualdad, encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez.¿Le quitaron plata a la reforma agraria?¨El presidente Gustavo Petro le dijo ‘mamola’ a la propuesta de “los técnicos” de recortarle a la compra de tierras de la reforma agraria, que es una de sus promesas de campaña.Sin embargo, en el decreto de aplazamiento se afectan 165 mil millones de pesos que estaban destinados a la reforma dentro del presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras.Menos dinero para subsidios de energía y gas El recorte del presupuesto implica menores asignaciones también para los subsidios de energía y de gas. En el caso del gas natural, el aplazamiento es de $285.000 millones, un 23.6 % de la apropiación inicial, mientras que para las tarifas de energía eléctrica la reducción es de $172.000 millones.
No es la primera vez que un ministerio se equivoca en el pago a sus funcionarios. Está vez, el Ministerio de Igualdad y Equidad consignó una prima técnica que en algunos casos alcanzó hasta los 46 millones de pesos. Entre los funcionarios que recibieron el pago estuvo el viceministro de juventud, Gareth Sella.A través de un derecho de petición enviado al representante a la Cámara, Andrés Forero, el ministerio explicó que se trata de pagos a 19 funcionarios.“Al momento de registrar en el sistema los conceptos de devengo de cada uno de los servidores públicos del nivel directivo, se parametrizó la prima técnica automática para todos, es decir, se incluyó a subdirectores, directores técnicos y jefes de oficina, a quienes no les aplica esta prima de forma automática, lo cual derivó en el pago de este emolumento a los servidores que desempeñan dichos empleos. No obstante, esta situación se evidenció al momento de aplicar el control preventivo al sistema de nómina por parte del equipo técnico de la Secretaría General en el mes de febrero del presente año, y de forma inmediata se procedió a ajustar la parametrización en el sistema con impacto seguido en la nómina del mes de febrero”, se lee en el documento.Por ello se notificó a los empleados a través de una nota de dos párrafos que debían devolver el dinero. Por el momento, informó la cartera, se han recuperado 78 millones y restan 100 por recaudar.A través de un comunicado, el ministerio se pronunció al respecto. Aseguran que no fueron pagos voluntarios y que están en proceso de recuperarlos. “Producto de la debida gestión administrativa por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad, fueron requeridos Subdirectores, Directores Técnicos, Jefes de Oficina y asesores que recibieron los recursos, estos reconocieron su obligación y manifestaron realizar el reintegro total de lo girado, así las cosas, los recursos que recibieron por concepto de prima técnica automática están siendo retornados”, informó la cartera.
La senadora Paloma Valencia fue quien interpuso la demanda que finalmente falló la Corte Constitucional, que tumbó la ley con la que había sido creado el Ministerio de la Igualdad, liderado hoy por la vicepresidenta Francia Márquez. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la militante del Centro Democrático criticó la decisión de declarar inconstitucional al Ministerio, pero aun así mantenerlo vigente hasta el año 2026; dijo que eso no resuelve los problemas de fondo.La senadora aseguró que el Ministerio de la Igualdad contaba con un presupuesto astronómico de un billón trescientos mil millones de pesos, de los cuales una parte era destinada “a burocracia”. Además, mencionó que, para su funcionamiento, tenía más de 30 direcciones y 700 cargos, lo que lo convertía en uno de los más grandes de Colombia; sin embargo, su ejecución fiscal ha sido baja, con menos del 2 % en lo que va de su creación, según dijo.“Es una decisión, en mi opinión, muy extraña porque como uno puede decir que es inconstitucional y al mismo tiempo que puede subsistir, no un par de meses, sino dos años. Me parece que es una decisión muy extraña, sobre todo porque si hubiera analizado el desempeño del Ministerio de la Igualdad se habría concluido que eso no tenía problema, porque es que este es un ministerio que se creó, se le asignó un presupuesto de un billón trescientos mil millones de pesos, de los cuales, esto es lo que es increíble, novecientos mil eran para burocracia”, comentó Valencia.Añadió que, de ese presupuesto, se estaría dejando apenas cuatrocientos mil millones cuando lo que se pensaba era que, para superar los problemas de iniquidad que tiene el país, “se necesitaba era recursos para salir a construir las viviendas, acueductos o parques”. En general, recalcó, lo que se “necesita en las regiones apartadas de Colombia que han estado tan olvidadas”.En cuanto al trámite de la ley que creó el Ministerio de la Igualdad, la senadora Valencia aseveró que no hubo estudios de impacto fiscal ni de otros aspectos importantes, lo que demuestra la “irresponsabilidad” del Gobierno al aprobar leyes sin considerar las posibles consecuencias.Sobre la posibilidad de que se presente otra ley y que se tramite de forma correcta y sustentada la creación del Ministerio de Equidad y de Igualdad, la senadora respondió que esa sería una solución, pero primero el Gobierno tendría que presentar de nuevo y, “la pregunta inmediata es si el Congreso se los va a aprobar porque se siente que el ambiente ha ido cambiando con respecto al Gobierno”.“A mí me sorprendió, por ejemplo, que en Cámara ya no se estén votando los proyectos del Gobierno y pues el Senado también. La verdad, uno siente unos ritmos muy lentos; ahora, esto también lo hemos tenido y después terminan pasándose nuevamente todos hacia allá y votando eso de manera muy expedita cuando ya llegan los tiempos”, precisó.
La Corte Constitucional tumbó la Ley 2281 de 2023, a través del cual se creó el Ministerio de la Igualdad y Equidad, uno de los principales proyectos del Gobierno Petro.Esto se da luego de estudiar una demanda por vicios de trámite que, además, pedía claridad sobre las facultades extraordinarias que esa ley le otorgó al presidente Gustavo Petro.Lea también: La vicepresidenta Francia Márquez dice que corruptos ponen al Gobierno contra la paredSin embargo, la decisión no tiene un efecto inmediato, pues, en su decisión, difirió el impacto en dos legislaturas contadas a partir del 20 de julio de 2024, es decir que el ministerio tendrá vigencia hasta 2026.La Corte Constitucional explicó que la medida no comienza a regir desde este miércoles, ya que serían más los riesgos para el sector administrativo.“Esto causaría una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el legislador y el ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad. Lo anterior, podría, a su vez, comprometer la vigencia del principio de igualdad y, en concreto, el mandato previsto en el artículo 13.3 de la Carta Política”, detalló la Sala Plena de la Corte Constitucional.¿Qué puede hacer el Gobierno?En esa medida le da dos opciones al Gobierno nacional: por un lado, mientras termina la vigencia, podrán subsanar los errores de trámite y presentar la documentación, en especial sobre el concepto de viabilidad fiscal, ante el Congreso de la República. La otra opción sería reasignar las funciones que tenía este ministerio en otras dependencias del orden nacional.La decisión de la corte llega un día después de que la vicepresidenta y cabeza de este ministerio, Francia Márquez, enfrentara un debate de control político por la baja ejecución, que no supera el 1 %, y las demoras en nombramientos en propiedad.El debate lo citó la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, y desde allí Márquez aseguró que no era fácil crear una entidad desde cero.
La Corte Constitucional tumbó la creación del Ministerio de la Igualdad en cabeza de la vicepresidente Francia Márquez tras encontrar que no hubo un análisis del impacto fiscal en el trámite en el Congreso de la República. Así las cosas, a partir del año 2026 esta cartera dejará de existir."Diferir los efectos de la presente decisión, por el término de dos (2) legislaturas, contadas a partir del 20 de julio 2024. Una vez culmine la legislatura 2025-2026, la Ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico", añade la decisión de la Corte Constitucional.De acuerdo con el alto tribunal, hubo un vicio de trámite al no presentarse el análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad. Vale recordar que el proyecto para crear esta cartera fue presentado en el 2023.La UNGRD no tiene la información completa del contrato de los carrotanques¿Por qué seguirá hasta el 2026?De acuerdo con la Corte Constitucional, se tomó la decisión de que este ministerio deje de existir desde el 2026 para no afectar todos los procesos administrativos que se han adelantado y, por ende, que podrían afectar la política pública que se ha diseñado."En criterio de la Sala Plena, esto causaría una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el legislador y el ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad", añade el alto tribunal.Con el tiempo otorgado por la Corte Constitucional, de dos legislaturas, se espera que el Gobierno pueda redireccionar las funciones que se habían creado en el Ministerio de la Igualdad y así no afectar "los derechos de los sujetos de especial protección constitucional que son beneficiarios de la política pública" de esta cartera.
En las últimas horas, la Policía logró capturar a uno de los sicarios más peligrosos del sur de Bogotá junto con cinco de sus cómplices, entre ellos dos mujeres, quienes se dedicaban al tráfico de armas, drogas y asesinatos en la localidad de Ciudad Bolivar, sur de Bogotá. Se trata de alias ‘La Máquina’, líder de ‘La Catorce’, una banda que delinque en ese punto de la capital del país.Según indicó el coronel Germán Gómez, comandante de la estación de Policía en Ciudad Bolívar, esta peligrosa banda controlaba la venta de drogas en esa zona de la ciudad y sostenía una violenta guerra con otra banda delincuencial.“Tenía una disputa por control territorial con el delito de inseguridad denominado Las Marraneras y Bellaflor. Es así como se logra la captura en una de estas invasiones del sector de Paraíso. Al igual, posteriormente en otra intervención a este mismo grupo delincuencial, se logra evidenciar que en un taxi están transportando estupefacientes y armas de fuego”, agregó el coronel.Alias ‘La Máquina’, agregó el coronel Gómez, es una persona reconocida en este sector y está relacionado con varios homicidios en los que es no solo es autor material, sino también actor intelectual de los hechos que se le atribuyen.“Vamos a seguir actuando de manera contundente con esta estrategia de los microterritorios de contención frente al homicidio y a su vez con el fin de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Se tiene evidenciado que ha hecho parte de ocho homicidios”, finalizó el coronel.
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
Este jueves, 21 de noviembre, se registró un grave accidente en la capital. Al parecer, fue entre un ciclista y un camión a la altura de la calle 80 con transversal 77, generando un trancón de varios kilómetros en el noroccidente de Bogotá.La Policía, así como unidades de criminalística, llegaron al lugar tras el fatal accidente. El CTI realiza el procedimiento del levantamiento del cuerpo que quedó debajo de las llantas de la mula.En desarrollo...
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
