Claudia Aguilera, viuda del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, presentó una carta dirigida a la Fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, en la que solicitó una reunión virtual para abordar los avances en la investigación del asesinato de su esposo.Esta solicitud surge tras el reciente homicidio de Francisco Luis Correa Galeano, un testigo clave que había contribuido a identificar y condenar a otros implicados en el magnicidio.En la carta, Aguilera denunció que la muerte de Correa Galeano, ocurrida mientras se encontraba bajo custodia estatal, representa un grave obstáculo para esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Pecci, cometido en mayo de 2022 en Cartagena, Colombia.Por otro lado, la familia expresó preocupación por la falta de garantías de seguridad en Colombia, lo que imposibilita su traslado al país.Por ello, Aguilera solicitó que la reunión virtual incluya a su abogada Cecilia Pérez y a Francisco Pecci, hermano del fiscal asesinado.Además, destacó la confianza depositada en la Fiscalía General de Colombia, dado que en Paraguay no han obtenido avances significativos en el caso del asesinato de su esposo.Por medio de otra misiva dirigida expresamente a la Ministra de Justicia de, Ángela María Buitrago, Aguilera quien es representada legalmente por la abogada paraguaya Cecilia Pérez y el abogado colombiano Francisco Bernate, denunció haber recibido amenazas y enfrentar riesgos que complican su participación directa en la investigación.
El Ministerio de Justicia ya presentó un borrador sobre las zonas de restauración para las exFarc, un tema que despertó controversia. Según la ministra de esta cartera, Ángela María Buitrago, el documento busca reactivar una mesa de diálogo que había “estado paralizada” y también abordar las sanciones que cumplen los excombatientes bajo el acuerdo de paz.Aclaró que el borrador no es una política pública definitiva porque aún no se ha publicado, sino que es "un punto de partida" para discutir cómo se deben establecer las sanciones, así como los mecanismos de seguimiento necesarios.Y la polémica está en que los exintegrantes de las Farc han manifestado su descontento, argumentando que el documento se asemeja a la creación de zonas o colonias agrícolas y no se alinea con lo acordado en el acuerdo.En diálogo con Mañanas Blu, la ministra Buitrago explicó que el borrador contempla varias dimensiones, incluyendo la inclusión de las víctimas en el proceso. Según precisó, es crucial escuchar y considerar las opiniones de las víctimas al definir las sanciones y las zonas de restauración."Primero, hay que decir que no ha publicado nada el Ministerio de Justicia, es un documento borrador que se trabaja en una articulación que estaba completamente quieta hace ocho meses y que es un lugar de articulación muy importante, porque no solamente está compuesto por los firmantes, sino que hay una serie de competencias que también son parte del Ministerio de Justicia”, detalló.¿Cómo y qué son las zonas de restauración?“Dentro del borrador hay unas zonas que pueden servir para varios aspectos; uno para el tema también del diálogo con las víctimas y son las zonas que nosotros llamamos, de restauración, en el sentido de que las víctimas no tengan que desplazarse en ningún otro lugar, sino que en los territorios donde están, efectivamente las personas puedan establecerse diálogos para reconocer esa verdad”, explicó.En ese sentido, la ministra habló de un “mal entendido” sobre el mismo borrador, el cual, recalcó, no se ha publicado. Señaló que hay muchos elementos a considerar por su importancia en estos casos."¿Cuál es el malentendido? El malentendido, primero, es que alguien entregó un documento borrador que no es todavía una política pública asumida por el Ministerio, pero sí plantea elementos que consideramos importantes para tener en consideración sobre la base de las funciones que tiene el Ministerio de Justicia. Dos, quién impone la sanción, pues la JEP es la única competente para imponer la sanción, pero para poder hablar de esto, entonces también tenemos que mirar lo que está reglamentado", insistió.Además, confirmó que el ejecutivo tiene la competencia exclusiva para imponer sanciones, pero que estas deben desarrollarse en un marco de diálogo y entendimiento con todas las partes involucradas, incluidas las exFarc y la comunidad internacional.“Sobre todo porque, si el ejecutivo tiene que cumplir algunas, tiene que saber si son viables, cuánto le van a costar, cómo se van a implementar y, obviamente, en un desarrollo que hemos venido haciendo durante el último año, también de muchas de esas sanciones propias que la misma JEP ha pedido que trabajemos con cada uno de los magistrados y en cada uno de los casos", añadió.Así, la ministra subrayó la importancia de “clarificar las medidas” establecidas en la ley estatutaria de la JEP y cómo se llevarán a cabo las sanciones propias. La discusión también abarcó el seguimiento y monitoreo de estas normas, especialmente en un contexto donde la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un plazo definido para su operación.“Por esa razón, en esa articulación y en esa reunión, se presentó un borrador con el objeto, entre otras, de reactivar la mesa que estaba paralizada para realizar un diálogo con la JEP respecto de algunos de los posibles caminos que se puedan tomar para cumplir, incluso, la misma ley estatutaria de la Administración de Justicia de la JEP", aseveró.
El Ministerio de Justicia firmó un decreto para ampliar la prima de riesgo al 30 % del salario para el cuerpo de custodia del Inpec, así como para los directores y subdirectores de cárceles, esto “en reconocimiento al riesgo que enfrentan en su labor”, según lo expuesto por la ministra de Justicia Ángela María Buitrago.La ministra Buitrago destacó que este aumento representa un paso significativo para mejorar las condiciones laborales del personal del Inpec y sus directivos, quienes enfrentan constantes riesgos debido a las complejidades del sistema carcelario en Colombia. “Este es un reconocimiento al compromiso y la valentía con la que cumplen su función en uno de los entornos más difíciles del país”, afirmó.El incremento de la prima de riesgo, que pasará al 30 % del salario, beneficiará a miles de trabajadores encargados de garantizar la seguridad y el funcionamiento adecuado de las cárceles. Esto incluye tanto a los custodios que enfrentan amenazas diarias como a los directores y subdirectores responsables de la administración de los centros penitenciarios.La decisión ha sido bien recibida por los sindicatos del Inpec, que desde hace años han solicitado una mejora en las condiciones salariales y laborales del personal, y es que según voceros sindicales, esta medida no solo reconoce el riesgo, sino que también podría servir como incentivo para fortalecer la moral y el desempeño del cuerpo de custodia.“Este decreto firmado por el Presidente de la República y su gabinete, en particular la Ministra de Justicia, significa que considerando que el personal de custodia y desde ese punto de vista generan también el derecho a la prima de riesgo, se resuelve y se decreta en la modificación de estos artículos para los directores, subdirectores de establecimiento carcelario y el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria que tendrán derecho a una prima de riesgo sin carácter salarial en los porcentajes que fije el Gobierno Nacional”, dijo Buitrago.Sin embargo, expertos en temas penitenciarios señalan que el aumento de la prima de riesgo debe complementarse con medidas estructurales para mejorar la seguridad en las cárceles y reducir la sobrepoblación, factores que agravan los riesgos para el personal.
Lo que expuso el exministro de Justicia del Gobierno de Iván Duque, Wilson Ruíz, es que actualmente, los ingresos de los municipios dependen de tributos como los de licores, tabaco y transferencias nacionales, lo que limita su capacidad para atender necesidades locales y ejecutar proyectos estratégicos.Frente a esta situación, el referendo propone que los departamentos administren directamente el 50 % de los impuestos de renta y patrimonio, disminuyendo su dependencia del Gobierno central.Además, el proyecto contempla la creación de un Fondo de Compensación Regional, diseñado para garantizar recursos mínimos a las regiones con menor capacidad fiscal. Este mecanismo busca equilibrar las desigualdades económicas entre los departamentos y fortalecer su desarrollo institucional.En Blu Radio hablamos con Wilson Ruiz, quien aseguró que el presidente Gustavo Petro ha “satanizado” las iniciativas en lo que tiene que ver con la autonomía fiscal, pero que finalmente es en pro de los habitantes de las pequeñas regiones del país.“Es un mensaje para el presidente y para el Ministro del Interior (Juan Fernando Cristo), que nosotros vamos a dar la discusión como tiene que ser”, dijo Ruiz en diálogo con Blu Radio.Así las cosas, esta iniciativa deberá pasar primero por el Congreso de la República y luego por la Corte Constitucional.
Una mujer parqueó su vehículo en el estacionamiento de un centro comercial para ir a comer. Al regresar, encontró que el parabrisas estaba roto y algunos objetos de valor que había dejado en el interior habían desaparecido. Ante esta situación, surgieron varias preguntas: ¿quién responde por los daños?, ¿qué pasos debe seguir para obtener una compensación?¿Qué hago si roban el carro en un parqueadero?De acuerdo con el Ministerio de Justicia, los establecimientos que prestan servicios de custodia, como los parqueaderos, tienen responsabilidades específicas cuando se producen daños o robos. Estos son los pasos que un usuario puede seguir en estos casos:Presentar una reclamación formalEl primer paso es informar lo ocurrido al administrador del parqueadero o del establecimiento, lo que debe hacerse por escrito, detallando los hechos y describiendo el estado en el que se entregó el vehículo y cómo se encontró al momento de retirarlo.El establecimiento tiene la obligación de responder a la reclamación en un plazo máximo de 15 días hábiles, tiempo que permite evaluar los hechos y determinar si asumirán o no la responsabilidad.Buscar una conciliaciónSi el establecimiento no responde de manera favorable o el usuario no está de acuerdo con la solución ofrecida, se recomienda optar por la conciliación, mecanismo que busca una solución amigable entre las partes antes de recurrir a instancias legales.Acudir a instancias legales si no hay acuerdoCuando no se llega a un acuerdo, el usuario puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, o a un juzgado civil, entidades que tienen la potestad de ordenar la reparación de los daños y perjuicios causados.¿Qué tener en cuenta si le pasa algo a mi carro en un parqueadero?Contrato de depósito: el servicio de parqueadero se considera un contrato de depósito, donde el establecimiento asume la custodia del bien a cambio de un pago o de forma gratuita.Recibo del parqueadero: es fundamental conservar el recibo entregado por el parqueadero, el cual debe incluir el nombre del establecimiento, su NIT, dirección, fecha y hora de ingreso, valor del servicio, y el estado del vehículo al momento de ser entregado.Depósitos gratuitos: si el servicio es gratuito, el establecimiento solo será responsable en casos de dolo o culpa grave, como negligencia evidente o mala fe.¿Cuánto puedo demorarme en presentar una demanda a un parqueadero?En caso de conflicto, el usuario tiene un plazo de un (1) año para presentar una demanda ante la SIC. Además, esta entidad puede imponer multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) al establecimiento que incumpla con sus responsabilidades.Recomendaciones para prevenir problemasReportar cualquier objeto de valor que se deje dentro del vehículo al momento de ingresarlo al parqueadero.Revisar cuidadosamente el estado del vehículo antes de retirarlo.Conservar siempre el recibo original y hacerle una copia en caso de requerirla para futuros trámites.
El Gobierno nacional, a través del decreto 1456 de 2024, entregará este jueves, 12 de diciembre, la condecoración ‘José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial’ a funcionarios del sector por su contribución al fortalecimiento de la justicia en el país. Este reconocimiento, que se entrega cada año, busca exaltar las virtudes y servicios de los empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público, promoviendo la excelencia y el compromiso en la administración de justicia.La condecoración se otorga en tres categorías: oro, plata y bronce, las cuales funcionan de la siguiente manera: en la categoría oro fue reconocido el magistrado Gerson Chaverra Castro, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Alfonso Cajiao Cabrera, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.La categoría plata destaca los servicios eminentes de magistrados y jueces en diversas jurisdicciones del país, mientras que la categoría bronce a servidores judiciales cuya “dedicación y devoción diaria representan un ejemplo de compromiso y excelencia”.Este reconocimiento llega luego de la polémica generada por la condecoración que quería entregar el Gobierno a la Corte Suprema, pero que fue rechazada por los magistrados argumentando el cuidado de su autonomía e independencia.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se refirió a la recaptura de Óscar Camargo Ríos, alias 'Pichi', la jefe de esta cartera aseguró que debe hacer una nueva imputación en su contra y que no debería otorgársele la detención domiciliaria.”Ya no solamente demostró que no puede estar cumpliendo la figura, sino que además, violó todas las reglas de la detención domiciliaria”, indicó la ministra de Justicia.Al momento de su recaptura, alias 'Pichi' portaba una pistola calibre 9 milímetros, cuatro proveedores y 99 cartuchos, por lo que también se le atribuye de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego.Tras dos meses de su fuga del apartamento en el sector de El Poblado en Medellín, Antioquia, donde cumplía una detención domiciliaria, Óscar Camargo Ríos, conocido como alias ‘Pichi’, uno de los delincuentes más peligrosos de Bucaramanga, fue recapturado en un operativo conjunto entre Policía y Fiscalía, en el municipio de Copacabana, Antioquia.Fue en octubre de 2015, alias ‘Pichi’ fue capturado por primera vez, luego de que su banda criminal expandiera su presencia en Bucaramanga. Sin embargo, su tiempo tras las rejas fue corto. Apenas 56 días después, en un acto audaz, logró escapar del segundo piso de una clínica en la que se encontraba bajo custodia, burlando a los guardias del Inpec y poniendo en evidencia su peligrosidad.
En días pasados hubo una fuerte polémica por esta misma petición de José Joaquín Urbano, el nuevo magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia período 2024-2032, respecto a que el presidente Gustavo Petro no lo posesionara, sino que fuera el mismo presidente de la Corporación.El presidente del alto tribunal, Gerson Chaverra, aseguró que las relaciones con el Gobierno son armónicas y que solo se siguió un mandato de la Corte Constitucional respecto a las posesiones de los magistrados de las altas cortes.“Ni rebeldía ni desunión por cuanto lo que se hace con el acto de hoy es aplicación de un mandato de la ley estatutaria que la corte constitucional lo consideró exequible y condicionado generando también una oportunidad para que la posesión se realice en el seno de la propia corte”, dijo Chaverra.Además, el presidente de la Corte aseguró que la rama judicial del poder público por mandato de la constitución política debe colaborarse con los demás poderes para alcanzar los fines institucionales y “ese principio de colaboración armónica nosotros como rama judicial siempre lo vamos a mantener en tanto el mismo haga realidad la realización de altos fines del Estado”, expresó.Y es que hubo gran escepticismo porque a la ceremonia no fue invitada la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, lo que enrareció el ambiente. Sin embargo, el magistrado Chaverra aseguró que no hay una mala relación entre el presidente Gustavo Petro y la Corte Suprema de Justicia.”La Corte Constitucional entendió que ese enunciado examinado puede llegar a menoscabar la independencia judicial en su dimensión negativa externa, pues permite que sea otra rama del poder público la que determine el momento exacto de la posesión de los magistrados de las altas cortes”, dijo Chaverra durante la posesión.
Un convenio entre la Universidad Industrial de Santander y el Ministerio de Justicia permitió que este año a 576 estudiantes y docentes de colegios públicos de 15 municipios, afectados por el conflicto armado, se formaran como mediadores escolares.Esta iniciativa forma parte de un proyecto más amplio de fortalecimiento de los Sistemas Locales de Justicia, con el fin de promover la resolución pacífica de conflictos y mejorar la convivencia en las instituciones educativas.Patricia Mendoza, docente de la UIS, explicó que la mediación escolar es un método alternativo de resolución de conflictos que permite a los estudiantes y docentes gestionar y transformar las situaciones conflictivas dentro de sus entornos educativos.Destacó que la estrategia, basada en la Ley 1620 de 2013, busca promover una cultura de paz y convivencia pacífica en las escuelas, al tiempo que ofrece una oportunidad pedagógica para que los jóvenes comprendan y valoren la resolución de diferencias de manera respetuosa.El proceso de mediación escolar, según Mendoza, se ha materializado en 15 municipios priorizados por el Gobierno Nacional en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que incluyen regiones de departamentos como Cauca, Catatumbo, Tolima, Meta, Norte de Santander, entre otros.“A través de este programa, se ha capacitado a 409 estudiantes y 167 docentes, quienes han recibido formación especializada para implementar la mediación en sus comunidades educativas. Lo que busca esta estrategia es dotar tanto a los docentes como a los estudiantes de las herramientas necesarias para resolver conflictos de manera pacífica”, dijo la docente.Y agrego que: “a través de la mediación, se les enseña a transformar los desacuerdos y tensiones, que, aunque sean esporádicos y no generen daños físicos o psicológicos graves, sí afectan la convivencia escolar”, explicó Mendoza.Para profundizar en este proceso, hoy, 4 de diciembre, se llevará a cabo un seminario web titulado “Mediación Escolar: Una Oportunidad para la Paz”, que se transmitirá a través de la página de Facebook de la Escuela de Derecho de la UIS, a partir de las 4:00 de la tarde. Durante el seminario, expertos y docentes compartirán experiencias sobre la implementación de la mediación escolar y su impacto positivo en la resolución de conflictos dentro de las aulas y en las comunidades educativas.
La Universidad Industrial de Santander (UIS), completa seis meses trabajando con comunidades en la implementación de Sistemas Locales de Justicia, una metodología del Ministerio de Justicia en 15 municipios de seis departamentos de Colombia, priorizados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Este sistema busca fortalecer la justicia local y promover la resolución de conflictos mediante la participación de las comunidades.Los Sistemas Locales de Justicia se basa en la creación de un Comité Local de Justicia en cada municipio, formado por representantes de diversas instituciones y miembros de la comunidad.Según Ariel Fernando Rincón, docente de la UIS y profesional en acceso a la justicia, "lo que se busca es que la misma comunidad, a través de este comité, establezca sus prioridades en materia de conflictos y cómo solucionarlos". Esto implica que, en lugar de depender exclusivamente de instituciones externas, la comunidad sea la principal gestora de sus propios conflictos.El docente también explicó que uno de los aspectos clave de este sistema es su capacidad para articular las diferentes entidades locales, de manera que los ciudadanos no tengan que ser enviados de oficina en oficina buscando solución a sus problemas."Lo que queremos evitar es ese ping-pong administrativo, donde una persona va a una oficina y le dicen que tiene que ir a otra. El sistema local de justicia debe permitir que todos los actores del municipio, tanto en el ámbito judicial como en el social, conozcan cómo es la situación de justicia en su comunidad y sepan exactamente cómo se atenderá una solicitud", afirmó.Los municipios PDET, nacidos del acuerdo de paz con las FARC, son territorios que históricamente han enfrentado retos de acceso a la justicia debido a la violencia y la falta de presencia estatal.Los municipios a donde está llegando la UIS son: Bueno Aires en el Cauca; Curillo, El Doncello, Morelia y Solita en Caquetá; Fortul y Saravena en Arauca; Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco en el Tolima; Sardinata en Norte de Santander; y Mesetas, Puerto Lleras y Uribe en el Meta.Este martes 3 de diciembre a partir de las 4:00 p.m. la Universidad Industrial de Santander realizará el seminario web sobre “Sistemas Locales de Justicia: Una Oportunidad para la Paz” con las ponencias de Ariel Fernando Rincón y Edgar Ardila Amaya.
