El cuerpo del teniente Jorge Humberto Muñoz Gómez, asesinado durante un enfrentamiento con el ELN en el sur de Bolívar, fue trasladado en avioneta desde Barrancabermeja hacia su tierra natal, en Mutatá, Antioquia.La Policía Nacional rindió homenaje al oficial, quien falleció tras resultar gravemente herido durante una operación en la que se buscaba capturar a alias ‘Soldado’, cabecilla del ELN."El teniente Muñoz Gómez llevaba nueve años al servicio de la Policía Nacional. Era un destacado oficial de las fuerzas especiales, participó en múltiples operativos que resultaron en la captura de guerrilleros y delincuentes que representaban una amenaza para la seguridad de los colombianos", resaltó el brigadier general José James Roa, quien destacó el compromiso y profesionalismo del teniente a lo largo de su carrera.Las honras fúnebres se llevarán a cabo en su natal Mutatá, Antioquia, donde el cuerpo será recibido por su familia. La misa de despedida se celebrará en la iglesia San Ignacio de Loyola, ubicada en el barrio Parnaso de Barrancabermeja.Los enfrentamientos ocurrieron durante un operativo en el sur de Bolívar, en el cual también participaron miembros de la subestructura Édgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo, lo que evidenció la complejidad de la situación de seguridad en la región.El brigadier general Roa también resaltó el historial sobresaliente del teniente Muñoz Gómez, quien contaba con seis condecoraciones y 41 felicitaciones a lo largo de su carrera.La Policía Nacional expresó su solidaridad con la familia del oficial y destacó su valentía y dedicación.Durante el mismo operativo, tres policías más resultaron heridos. El intendente jefe Orlando Suárez González fue trasladado al Hospital Universitario de Santander para su recuperación. El intendente Julián Andrés Ortiz Martínez se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional del Magdalena Medio, en Barrancabermeja, mientras que el subintendente César Augusto Chilito Samboní ya ha sido dado de alta tras recibir atención médica.
La acción tuvo lugar contra el frente de guerra "Darío Ramírez Castro" del ELN, una estructura criminal dedicada al cobro de extorsiones a mineros, comerciantes y campesinos de los municipios de Remedios y Segovia, en Antioquia, y San Pablo y Santa Rosa del Sur, en Bolívar.El comandante de la Región 5 de la Policía Nacional, general José James Roa, desde Barrancabermeja, señaló que siguen los operativos contra el ELN en el sur de Bolívar. "Son siete guerrilleros muertos en combates. Se decomisaron 12 fusiles y abundante munición. Lamentamos el fallecimiento de un teniente; otros tres uniformados están heridos".Roa aseguró que el ELN "continúa reclutando menores de edad de manera ilegal para incorporarlos a sus filas", lo que constituye una grave violación de los derechos humanos.Además, subrayó que "las operaciones de la Policía Nacional no solo están dirigidas contra esta estructura guerrillera, sino contra todos los grupos ilegales que atentan contra la seguridad de los habitantes de la región, afectando la tranquilidad de los comerciantes y la comunidad en general".El ELN también es señalado de realizar ataques armados mediante el uso de artefactos explosivos contra instalaciones petroleras en Barrancabermeja, Santander, así como de ser responsable de homicidios de líderes sociales en la región.Durante la operación 'Escudo', el teniente Jorge Humberto Muñoz Gómez, oriundo de Mutatá, Antioquia, perdió la vida en combate. El oficial llevaba más de nueve años de servicio en la Policía Nacional y había sido condecorado en seis ocasiones."Su labor fue fundamental en diversas operaciones que resultaron en la captura y neutralización de objetivos de alto valor en todo el país", aseguró Roa. Además, tres uniformados resultaron heridos en el enfrentamiento y están siendo atendidos en centros médicos de la región.Con esta operación, la Policía Nacional afirma que se logra afectar la estructura del frente "Darío Ramírez Castro", responsable de diversas acciones armadas contra la población civil, el reclutamiento de menores y ataques contra la fuerza pública en las zonas limítrofes de los departamentos de Bolívar y Antioquia.A su vez, las autoridades informaron que las operaciones contra el ELN y otros grupos armados ilegales continúan en la región, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.
Las cifras de hacinamiento en las cárceles del país sigue siendo una preocupación, sobre todo, porque los privados de la libertad siguen delinquiendo desde los centros privativos de la libertad.Uno de los delitos que más llama la atención, es el de los “call center extorsivos, ante esto, la ministra de Justicia Ángela María Buitrago, respondió ante los cuestionamientos y reveló una serie de estrategias para encontrarle una solución a la crisis carcelaria en Colombia.“Podemos seguir empujando desde el gobierno para lograr mejores condiciones, más dignidad y mejor manejo en el tema también de resocialización y de personas que egresan del sistema. Eso significa entender que a pesar de los esfuerzos, en este año se ha incrementado muchísimo el tema de mejorar las condiciones en los centros carcelarios”, aseguró la ministra Buitrago.Sin embargo, en una visita reciente a la Cárcel la Modelo, la jefe de esta cartera aseguró qué las condiciones, aunque se ha reducido significativamente el hacinamiento, no son las condiciones ideales.“La idea es que por lo menos ya tenemos algunos, como lo pudieron ver, detenidos que tienen celda única, otros están solamente con cuatro, mientras que antes en la modelo teníamos un hacinamiento entre nueve y catorce personas por celda”, dijo la ministra.¿Qué ordenó la Corte Constitucional?La Sala Especial de Seguimiento de este alto tribunal, ordenó la creación de mesas técnicas de trabajo y un Comité de Expertos Voluntarios, junto con la consolidación de una red de apoyo integrada por la sociedad civil y la academia.La decisión surge en respuesta a la reiterada vulneración de derechos en las prisiones, una situación que la Corte ha calificado como un “Estado de Cosas Inconstitucionales” (ECI). Desde 1998, la Corte ha declarado en varias ocasiones este estado en las prisiones debido a problemas de hacinamiento, falta de atención médica y condiciones de detención degradantes, entre otros.“A través de estas nuevas mesas técnicas, se busca un diagnóstico detallado del sistema actual para identificar obstáculos y mejorar su eficacia”, expresa la Corte.
En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, expresó su preocupación sobre la metodología utilizada por las Naciones Unidas para la medición de cultivos ilícitos en el país. Según dijo, el enfoque prospectivo que se aplica para estimar la producción de cocaína no refleja con precisión la realidad de la situación en Colombia.La ministra Buitrago explicó que el método actual genera un conjunto de hipótesis a partir de un análisis territorial, pero no aborda las acciones efectivas que realiza la Policía Nacional y la Fiscalía, que incluyen la incautación y destrucción de narcóticos."Es un método que nosotros llamamos prospectivo y lo que hace es generar una hipótesis a través de un análisis de un territorio. Y esto nos lleva a dos condiciones particulares, la primera, que cuando nosotros hablamos de qué es lo que realmente ha salido como cocaína o como producto fabricado, no se puede medir, tampoco se hace utilización de las incautaciones y la destrucción de laboratorios para trabajar la cifra final y sobre esos supuestos generamos algo que ha insistido también la directora de ONU que significa que ellos lo que hacen es una proyección y un potencial", detalló.Además, mencionó que hay regiones donde el cultivo de coca ha disminuido y que esto se relaciona con factores como la caída del precio de la coca. Detalló que, en algunos lugares, la producción dejó de ser rentable, alrededor de 5.000 pesos la tonelada, lo que contribuyó a la reducción de cultivos.“Entonces, cuál es la discusión que tenemos de fondo y la tenemos desde el Ministerio de Justicia y el presidente ha hecho énfasis en varios elementos, que cuando yo hablo de potencial no hay posibilidad de medir lo real y desde ese punto de vista no se está dando un dato con una evidencia que pueda decir: eso fue lo que pasó. Lo segundo, que al no descontar las múltiples acciones que hace la Policía Nacional y la Fiscalía, como son incautaciones de destrucción de laboratorios, destrucción de clorhidrato, pues resulta que tampoco se está contando que ese material no ha salido del país porque fue objeto de incautación, destrucción o, desde ese punto de vista, de inhibición, de que salga esa cocaína o realmente tenga algún resultado”, recalcó.En un contexto donde las mediciones de cultivos ilícitos son cruciales para definir la política antidrogas, Buitrago subrayó la necesidad de revisar y ajustar la metodología utilizada para generar un entendimiento más claro de la situación real en Colombia. Esto es esencial, especialmente en un momento en que el país busca crear un nuevo enfoque en su lucha contra el narcotráfico, dijo.Así, la ministra también se refirió a un proyecto que puede permitir al Estado adquirir cultivos de coca para usos científicos o medicinales. Aclaró que esto se mantendría dentro del marco legal existente y no permitirá que el cultivo se amplíe más allá de lo permitido por las convenciones internacionales.
La ministra de justicia, Ángela María Buitrago, se suma a la tesis del presidente Gustavo Petro sobre los vacíos que tendría el informe de la ONU sobre cultivos y producción de coca en el país. Dice la ministra que las cifras no son coherentes con la realidad de lo que se incautó y por ende se evitó que saliera del territorio, menciona también que faltan explicaciones y contexto y por eso aseguró que en 2 reuniones que se ha tenido con la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito el Gobierno presentó 21 preguntas para que se especifiquen varios temas de dicho informe.“El informe de la UNDOC no tiene en cuenta ni incautaciones ni destrucciones de laboratorios, ni destrucciones de base, ni destrucciones de clorhidrato. ¿Qué significa que haya un nivel tan alto en incautaciones y destrucciones? Que ese material nunca salió. Para poder llegar a esa conclusión del potencial, que vuelvo y digo no es real porque no hubo ninguna verificación en ese tema, tendrían que haber descontado lo que realmente incautó, destruyó y generó”.Este pronunciamiento se da luego de conocerse el reporte anual de la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito que reveló que la producción de cocaína en Colombia se disparó 53 % en 2023, pero además también se disparó la productividad. El presidente Gustavo Petro ya había asegurado que tenía dudas sobre dicho informe asegurando que no ha observado ningún cultivo en el mundo que duplique su productividad en un año.“Es decir que la misma área sembrada produce el doble en el 2022 que en el 2023. Solo dejo que son dudas”, puntualizó el mandatario.
El senador Mauricio Gómez Amín se sumó a las voces de rechazo contra el borrador de decreto con el que el Ministerio de Justicia busca flexibilizar el proceso para cambiar el género en los documentos de identidad tanto de adultos como de menores de edad de Colombia."La ministra de Justicia busca establecer un mecanismo legal para que niños y niñas y adolescentes puedan solicitar cambiar el componente sexual de su tarjeta de identidad, incluso sin la presencia de un acudiente, ¿en qué están pensando? Mi hijo de 8 años puede ir a una Notaría sin acudiente y pedir que lo cambien de sexo, esa ya es la tapa ", cuestionó Gómez durante la plenaria del Senado.La crítica se suma a la postura de otros sectores, como el del notario y expresidente de la Unión Colegiada de Notarios Álvaro Rojas, que esta propuesta, si se llega a avalar iría en contra del principio de la representación legal, es decir las decisiones de los familiares o acudientes del menor.El borrador de decreto presentado por el Ministerio de Justicia establece, por ejemplo, que las personas podrán solicitar la corrección del sexo ante un notario y este a su vez emitirá la debida Escritura Pública antes de cinco días hábiles, documento que luego será presentado a cualquier sede de la Registraduría.El documento establece que el trámite no necesitará pruebas o documentos adicionales, será gratuito y será confidencial para garantizar el derecho a la intimidad.Entre las opciones está la de Femenino (F), Masculino (M), No Binario (NB) y Trans o Travesti (T).Sin embargo, la polémica llegó por cuenta de artículo 2, que permite el cambio de sexo de menores entre los 7 y 17 años sin aval o autoridad del padre de familia, tutor o acudiente, solo con el acompañamiento de la Defensoría de Familia.
El Gobierno prepara un borrador de decreto en el cual se establece que los menores de edad, a partir de los siete años, pueden cambiar o elegir su género en el documento de identidad, es decir, masculino o femenino según el caso. Este proyecto de ley ha generado polémica por las implicaciones que tendría, pues, cabe recordar, el cambio es para una vez y es definitivo.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicó a detalle los puntos de este decreto. En primer lugar, aclaró que esto sería para aquellos con tarjeta de identidad en el país, lo que acoge a personas entre los siete y los 17 años.Esto abre un debate por la capacidad de decisión de los niños y niñas a tan temprana edad. Al respecto, la ministra señaló que este decreto surge como respuesta a una demanda de los derechos humanos estipulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en consonancia con la Corte Constitucional de Colombia.Según la funcionaria, el derecho a la identidad y el auto reconocimiento son fundamentales y, el lo que busca es garantizar que todos los ciudadanos, incluidos los menores de edad, tengan la posibilidad de reconocerse según su identidad de género."Dos antecedentes que son fundamentales. Esto surge con fundamento en un bloque de derechos que desde la Corte Interamericana de Derechos se ha determinado como obligatorio, pero, además, que significa trabajar en esencia sobre la adecuación del reconocimiento de un derecho humano como es el derecho a la identidad y al auto reconocimiento", puntualizó. A pesar de la buena intención detrás de esta normativa, su implementación genera controversias, sobre todo respecto a si los niños realmente tienen la madurez suficiente para tomar decisiones tan significativas acerca de su identidad. En ese sentido, dijo que los niños poseen una capacidad suficiente para autodefinirse en cuanto a su identidad y que la solicitud de cambio deberá ser presentada ante un notario, garantizando un trámite gratuito."Y eso, digamos, ya marca un límite de edad, pero, cuál es la importancia de esto, es que el auto reconocimiento de cada uno de nosotros surge desde el primer momento y no puede negarse; la tarjeta de identidad constituye un elemento fundamental de demostración de su situación de género y al solamente reconocer el tema binario, se está generando una exclusión y una discriminación", añadió la ministra.
El exministro de Justicia Yesid Reyes analiza la reforma a la justicia que propone rebaja de penas para delitos como abuso sexual, secuestro u homicidio contra menores. Esto dijo el exfuncionario.El reciente caso del asesinato y desmembramiento de Sofía Delgado, una niña de doce años, ha encendido la indignación en Colombia y avivado el debate sobre la reforma a la justicia. Yesid Reyes, exministro de Justicia, abordó este tema en una reciente entrevista, donde expuso la necesidad de examinar el sistema penal en relación con los delitos contra menores.La indignación nacional y la respuesta del CongresoLuego de la tragedia de Sofía Delgado, la opinión pública se ha mostrado inflexible ante cualquier insinuación de beneficios a los criminales que cometen actos atroces contra niños. Las críticas se centraron particularmente en las declaraciones de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sobre una propuesta que permite reducir penas si los delincuentes colaboran o confiesan. La respuesta de Yesid Reyes fue clara: "No debería haber privilegios para quienes cometen crímenes contra niños".El dilema de la celeridad en los procesos judicialesReyes argumentó que es vital encontrar un balance entre la severidad de las penas y la celeridad de los procesos judiciales. Señaló que la prohibición de los preacuerdos ha llevado a un aumento en la duración de los procesos y una disminución en el porcentaje de condenas. "Desde que se prohibieron las rebajas, hemos visto que los casos se prolongan y son pocos los que llegan a condena".Un punto de debate relevante es si realmente los criminales de delitos contra menores estarían dispuestos a confesar a cambio de una rebaja de pena. Reyes aseguró que existen estadísticas que demuestran que antes de la prohibición de preacuerdos, los niveles de condena eran más altos. Este fenómeno tiende a hacer que los delincuentes opten por arriesgarse en juicio, especialmente ante la falta de incentivos para aceptar la culpabilidad.La dilación y su contextoA pesar de que las reducciones de penas fueron inicialmente diseñadas para desmantelar organizaciones criminales, Reyes defiende la idea de que deben también aplicarse al contexto de delitos individuales contra niños."El tema de la rebaja de penas puede ayudar a que se impongan sentencias más rápidamente, en lugar de tener casos que se alargan en el tiempo", mencionó.La propuesta de aumentar las penasFrente a la creciente presión por mayores castigos, Reyes propuso una solución intermedia: aumentar las penas de los delitos contra niños y al mismo tiempo permitir una reducción para quienes acepten su responsabilidad. Esto se presentaría como un equilibrio que podría mejorar las tasas de condena sin necesariamente rebajar las penas.Sin embargo, la posibilidad de implementar una cadena perpetua ha sido descartada por la Corte Constitucional, que ha establecido que dicha pena violaría derechos fundamentales. Aún así, el debate continúa, y muchos congresistas siguen presionando por un endurecimiento de las penas.El caso de Sofía Delgado y la posibilidad de una reforma efectiva a la justicia en Colombia está en la mesa. La discusión se centra no sólo en qué tan severas deben ser las penas, sino en cómo mejorar la celeridad en el sistema judicial para proteger a los niños. Jesse Reyes deja claro que el reto es encontrar un equilibrio que garantice justicia efectiva sin comprometer los derechos fundamentales de los acusados. En un contexto donde el clamor por justicia es intenso, el futuro del sistema penal colombiano depende del diálogo y la búsqueda de soluciones efectivas.Escuche la entrevista completa acá:
Un Consejo de Seguridad extraordinario se llevó a cabo a puerta cerrada en Bucaramanga en respuesta al atentado sufrido por el dragoneante Dyeezen Fernando Carrillo Sánchez del Inpec al llegar a su turno en la cárcel Modelo, y quién se encuentra en cuidados intensivos del Hospital Universitario de Santander. Durante el encuentro participaron funcionarios de la Gobernación de Santander, representantes de la Defensoría del Pueblo y líderes de los guardias de seguridad de las cárceles del departamento, Fiscalía, y representantes de Alcaldía de Girón y Bucaramanga.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, confirmó que "los líderes de los guardias expusieron las amenazas de las que son víctimas, en el contexto de un supuesto "plan dominó" orquestado por internos de cárceles a nivel nacional".Hernández anunció que solicitarán apoyo al Gobierno nacional para garantizar la protección de los funcionarios, quienes actualmente enfrentan más de 24 amenazas de muerte en las cárceles de Palogordo, en Girón, y la Modelo, en Bucaramanga. Además, se han recibido varias denuncias al respecto.El Consejo de Seguridad también incluyó a representantes de la Policía, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía, la Procuraduría Regional de Santander y la Defensoría del Pueblo, con ellos se buscaba generar compromisos de apoyo y respaldo a los guardias del Inpec, que son victimas de estas amenazas que están siendo efectivas y atentan contra sus vidas."Escuchar a todo el personal y desarrollar un plan de acción conjunto para mejorar las garantías de seguridad y control para los funcionarios, fue fundamental y por esa razón necesitamos aumentar nuestras capacidades para contrarrestar estos actos que atentan contra la vida de los guardias", afirmó Hernández.De igual manera fue enfático en resaltar la importancia de integrar a todos los alcaldes del departamento, quienes son responsables de los internos que persisten en las cárceles locales, para abordar de manera conjunta esta problemática.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, defendió y explicó la propuesta de reducción de pena a quienes reconozcan que cometieron delitos sexuales contra menores de edad, manifestando que buscan reducir la impunidad en casos donde no se logran presentar las pruebas necesarias y los acusados quedan en libertad.La propuesta, que está en la reforma a la justicia, ha generado polémica en algunos sectores que manifiestan que esto sería un retroceso en los avances que ha tenido el país frente a las penas que pagan las personas que cometen delitos sexuales contra menores de edad.La jefe de la cartera de Justicia informó que esto no significaría que los acusados no paguen penas, al contrario, sería una medida que ayude a dar celeridad a casos que no han tenido conclusión por falta de pruebas.Para concluir, destacó que después de condenados, bajo el amparo de la ley de protección del menor, los abusadores no podrán recibir nuevas reducciones de penas o alguna clase de beneficios
El Icetex atraviesa una situación crítica debido a la falta de recursos necesarios para continuar financiando los créditos educativos. La entidad esperaba recibir un total de 432.000 millones de pesos del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, hasta la fecha solo se han girado 30.000 millones de pesos, lo que pone en riesgo la financiación de matrículas para más de 200.000 estudiantes universitarios que dependen de estos créditos.El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, ha estado envuelto en una polémica después de que afirmara que la entidad “no pertenece a su sector”, pero el ministro de Educación es el presidente de la junta directiva.En diálogo con Mañanas Blu, el ministro le salió al paso a la polémica en la que se ha visto envuelto poro cuenta de sus declaraciones respecto al Icetex. El jefe de la cartera reitera que los estudiantes no deben ser vistos como sujetos de crédito, sino como personas para acceder a la educación superior.Al ser preguntado sobre la expresión marchitar el Icetex y que ha sido punto de polémica en la red social X, el ministro se refirió a sus palabras. Aseguró que su intención no es afectar la entidad financiera, "como voy a querer yo marchitar una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda (...) En ninguna se ha dicho que haya un plan para marchitar esta entidad. Así que corresponde esto a una a un improperio", reiteró.En ese sentido, señaló que buscan hacer "un tránsito de la garantía del derecho de la educación superior que es no ver a los jóvenes como sujetos de créditos o como clientes bancarios, sino como sujetos de derechos que pueden acceder a una educación gratuita de calidad y permanencia en la universidad pública". Y agregó, "Ese sí es, y lo digo abiertamente y nunca lo he negado. Ese sí es nuestro propósito, que no tiene que ver con marchitar ninguna entidad, sino con todo lo contrario evitar el marchitar en la universidad pública en los últimos treinta años". Escuche aquí la entrevista:
Este jueves, 21 de noviembre, a partir de las 7:00 de la noche, Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá, se convertirá en epicentro de la discusión sobre el denominado turismo musical con el lanzamiento de Green Coliving.Este evento contará con la presencia de líderes políticos, empresarios y artistas destacados y se espera que sirva como un aporte al desarrollo de la región.Durante la velada, expertos se reunirán para debatir temas clave sobre el impacto del turismo musical y su relación con el desarrollo económico, social y ambiental. En un primer conversatorio, moderado por la periodista Jessica de la Peña, se abordará cómo este ecosistema puede convertirse en un motor de transformación para la región, potenciando la empleabilidad y el bienestar. Posteriormente, la modelo y presentadora Carolina Cruz liderará una discusión centrada en el papel de la música como herramienta de crecimiento y cohesión en las comunidades.El evento no solo será un espacio para la reflexión, sino también para el disfrute del talento artístico, con presentaciones de Paulina B, Lucas Arnau -.quien celebrará sus 20 años de carrera musical- y el maestro Poncho Zuleta, leyenda del folclor colombiano, que será el encargado de cerrar la noche con su show.Juan Pablo Valencia, CEO del Grupo Privee, destacó la importancia de este proyecto como una fuente de oportunidades para Sabaneta y el Valle de Aburrá, proyectándolos como referentes nacionales e internacionales en turismo y entretenimiento.Se espera entonces que este sea el inicio de una nueva etapa para Sabaneta, consolidándola como un punto clave en el mapa del turismo musical en Colombia.
La Gobernación de Santander anunció el apoyo a jóvenes que se inscriban o continúen sus estudios en 2025 en carreras profesionales, técnicas o tecnológicas, mediante la entrega de subsidios destinados a transporte y alimentación. Este incentivo está dirigido a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, sin importar si la institución educativa es pública o privada, siempre y cuando los beneficiarios demuestren que están matriculados en un programa académico y residan lejos de su lugar de estudios.María Paola Suárez, secretaria de Educación de Santander, explicó que, la implementación de este proyecto se formalizó a través de una ordenanza que designará un recurso con destinación específica para este fin, con el objetivo de garantizar que los jóvenes puedan mantenerse en sus estudios sin la preocupación de los gastos relacionados con su educación superior.La ordenanza aprobada y sancionada es la No. 025 de 2024 por la cual se modifica el Fondo Departamental de Apoyo para la Permanencia en la Educación Superior que tendrá los siguientes recursos: “la suma de $1.000 millones provenientes de los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 2024; los recursos del balance de vigencias anteriores; el gobierno departamental asignará en el presupuesto de cada vigencia fiscal la partida presupuestal para la financiación del fondo; entre otros”, dice la ordenanza.La funcionaria detalló que, a través de un convenio con Icetex, la entidad administrativa encargada de manejar el recurso, se hará la identificación y el seguimiento de los estudiantes beneficiarios.El subsidio, que oscilará entre $400.000 y $600.000, se entregará con base en las necesidades específicas de los estudiantes, especialmente para cubrir los costos de transporte y alimentación. La secretaria de Educación aclaró que, aunque el monto inicial es de esa cantidad, se revisará la evolución del proyecto con el objetivo de aumentar los subsidios en el futuro, si se demuestra que realmente cubren las necesidades de los estudiantes.Este programa forma parte de la estrategia de la Gobernación de Santander para apoyar a los jóvenes dentro de la política nacional de gratuidad educativa. Sin embargo, Suárez resaltó que, aunque la gratuidad en las universidades públicas ha sido un avance importante, muchos estudiantes se enfrentan a dificultades adicionales, como la falta de recursos para el transporte y la alimentación.“Muchos de los jóvenes que se matriculan en universidades públicas no tienen ni para comer ni para el transporte. Con este programa, queremos garantizar que los estudiantes permanezcan en sus universidades y no abandonen sus estudios por razones económicas”, comentó la secretaria.En una primera etapa, 2.350 estudiantes podrán beneficiarse de este subsidio, una cifra que se espera crezca.
En un duro pronunciamiento, el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, cuestionó la voluntad de paz del ELN y aseguró que esta guerrilla le ha tomado el pelo a este y a todos los gobiernos.“Al ELN le importa más la mesa de negociaciones que la paz de Colombia, les fascina estar sentados en una mesa hablando de paz y haciendo la guerra y daño a la población civil y las fuerzas militares”, dijo el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, quien rechazó el reciente atentado de esta guerrilla que dejó cuatro soldados muertos en Anori, Antioquia.El Ministro Cristo reconoció que el ELN “le ha tomado el pelo” al Gobierno Petro y todos los gobiernos. “Es muy triste y decepcionante esa actitud del ELN, genera rabia e indignación a todos los colombianos y a mí como víctima”, dijo.Estas declaraciones se dan luego de que tres soldados profesionales y un suboficial del Ejército fueran asesinados en un ataque con explosivos perpetrado por el ELN en el municipio de Anorí, Antioquia.Según las autoridades, miembros de este grupo armado ilegal utilizaron plataformas para lanzar los artefactos contra las tropas.El ataque ha sido atribuido a los frentes Héroes y Mártires de Anorí del ELN, que operan en la región. Además, un oficial del Ejército, cinco soldados profesionales y un civil resultaron heridos en el incidente y están recibiendo atención médica en este momento.
Los hechos que fueron noticia en Colombia y el mundo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 21 de noviembre de 2024:Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, reveló detalles de la sanción contra el técnico Efraín Juárez, quien no podría entrar durante tres años a los estadios por su celebración en partido ante el DIM. Explicó, que, aún la sanción no está en firme, pues se apeló en segunda instancia y se encuentran a la espera de la respuesta de la Secretaría de Seguridad.Para hablar sobre las declaraciones del ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre el desfinanciamiento de Icetex para 2025, se conectó María José Castañeda, presidenta de Acrees, quien expresó las afectaciones a estudiantes. Reconoció los problemas de la entidad, y recalcó que la solución no es acabarlo.Diego López, alcalde de El Colegio, Cundinamarca, alertó de las inundaciones en el municipio, y la manera en que se está afrontando la emergencia. Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá, habló de los árboles que están en riesgo de caída en la capital. Bogotá tiene cerca de 2.200.000 árboles y de esos hay cerca de 1.400.000 que están en espacio público. Explicó que se desconoce por ahora la cifra exacta de árboles que están en riesgo. Escuche el programa completo aquí:
