La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratificó la orden de arresto en contra del director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda, quien incumplió una orden de la JEP relacionada con suspender la exhumación y el traslado de cuerpos que se encontrasen en el cementerio de los Pobres, ubicado en Aguachica (Cesar).La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP había ordenado al Ministerio del Interior la creación de una mesa interinstitucional para formular una política pública para la intervención de cementerios en el país, que contempla un plan de acción integral para el abordaje de cuerpos de personas no identificadas.Por ello, ordenó que se conformara dicha mesa interinstitucional con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), varios ministerios, la Fiscalía, Medicina Legal y la JEP, entre otros.Tras varios llamados para hacerlo, en los que Castañeda indicó que ya la había convocado, la JEP le pidió un cronograma concreto de actividades y el documento final de la política pública de búsqueda de desaparecidos, pero, al no haber respuesta, el 3 de noviembre decidió "abrir incidente de medidas correccionales" contra el funcionario.Luego de esta sanción, la JEP mantendrá el incidente de incumplimiento abierto hasta el 30 de abril de 2024, plazo que tendrá para entregar todo lo pendiente.Por otra parte, el tribunal decidió imponer arresto por dos días a German Bernardo Carlosama, director de Asuntos Indígenas, Rom, y Minorías del Ministerio del Interior, y multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes.El arresto lo deberán cumplir en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de la ciudad de Bogotá. La razón de la medida cautelar contra Carlosama es por incumplir con la elaboración y entrega de un protocolo intercultural que permita la localización e identificación de personas desaparecidas.Vea también
Ante los casos presentados en los últimos días de dos menores africanos que fueron abandonados por sus padres en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, lamentó el hecho, señalando que una de las prioridades del Gobierno Nacional es enfrentar la explotación de personas y la entrada irregular al país, pero que hay que reconocer la realidad de que el país está siendo usado como zona de tránsito de migrantes ilegales.“Hay una realidad que no podemos desconocer: Colombia se ha convertido en un punto de paso de los inmigrantes que quieren llegar a Centroamérica y de ahí a los Estados Unidos. Cuando uno va al Golfo de Urabá lo estamos sintiendo, uno ve a personas de Asia, África y hasta Sudamérica tratando de cruzar el Tapón del Darién”, aseguró Velasco.El ministro también señaló que desde el Gobierno Nacional ya se han activado las acciones pertinentes para garantizar el restablecimiento de derechos de los menores y poder contactar a sus familiares en su país de origen: “Aquí hay un triple drama: el del niño, el de la familia que lo abandona y el del país que debe atenderlo porque tenemos una responsabilidad como seres humanos”.A su vez, concluyó que no importa el origen de los menores. Si se encuentran en estado de abandono, el Estado colombiano tiene una responsabilidad de atenderlos, darles unas mínimas condiciones de calidad de vida y poder regresar con quienes sí quieran cuidarlo.Hallan otro niño en El DoradoLas autoridades localizaron a un segundo niño guineano de 13 años abandonado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el principal del país. Este es el segundo menor de esa nacionalidad encontrado en menos de 24 horas en dicha terminal aérea.La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, anunció en Blu Radio que ambos menores hablan francés y tienen contactos y pertenencias que podrían facilitar la ubicación de sus familias en África."El niño fue sometido a un chequeo de salud, pero no se encontraron documentos en su posesión. Al parecer, él formaba parte de un grupo de migrantes de Guinea que logró pasar, mientras que él se quedó atrás. Fue descubierto por Migración Colombia", afirmó la funcionaria.El menor de 13 años fue hallado escondido en uno de los baños de El Dorado.
Avanza en la Escuela de Ingenieros Militares del Ejército, ubicada en el occidente de Bogotá, la reunión de dos días convocada por el presidente Gustavo Petro con todos los integrantes de su gabinete. Uno a uno, los 18 ministros, los directores de los departamentos administrativos y altos consejeros, están presentando ante el primer mandatario la ejecución de cada uno de los sectores que encabezan, los principales cuellos de botella que enfrentan y su propuesta de solución.El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, entregó detalles de lo que ha sido este encuentro,en el que asegura, ha habido un diálogo ‘sincero’ entre el presidente y sus ministros frente a los logros y fallas que tiene el Ejecutivo, reconociendo incluso que hubo llamados de atención.Frente a la posibilidad de que de los resultados de este encuentro se lleve a cabo un nuevo revolcón ministerial, Velasco reiteró que eso no debe sorprender, ya que es disposición del presidente de la República determinar cuáles son los perfiles más adecuados para integrar su equipo y así lograr el cumplimiento del programa de Gobierno.“Los ministros tenemos un contrato que se renueva cada 24 horas. El señor presidente será el que defina si continúa con este gabinete o si hace cambios”, indicó.Le puede interesar:
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respaldó este jueves al canciller Álvaro Leyva, quien compareció ante la Comisión Segunda del Senado para responder por el escándalo del proceso de licitación para la fabricación de pasaportes.En entrevista con Mañanas Blu, Velasco señaló que tiene “un profundo respeto” por Leyva, a quien considera un “hombre de buena fe” que está en la política “por el servicio público”.“Yo creo que él actúa de buena fe, creo que él está en la política porque cree en la política como un acto del servicio público y no porque tenga intereses escondidos y menos intereses económicos”, afirmó el ministro.Velasco también indicó que acompañó a Leyva durante parte de su comparecencia ante el Congreso, y que le recomendó “ser prudente” en algunas respuestas.“Estamos hablando de un negocio de trescientos ochenta mil millones de pesos que tenía un solo oferente y ese solo oferente, que evidentemente está permitido, pero cuando uno ve cómo se hizo los pliegos de esa licitación, pues generan algunas dudas”, explicó Velasco.El ministro agregó que Leyva explicó algunas cosas en su comparecencia, y que otras las llevará a las autoridades competentes.“El doctor Leyva explicó algunas cosas, otras él mismo señaló que llevará los documentos que tiene y las informaciones que tiene a las autoridades que deban profundizar sobre la historia de ese contrato”, dijo el ministro.El canciller Álvaro Leyva compareció ante la Comisión Segunda del Senado este miércoles y allí, incluso, pidió que se investigue a su hijo por este caso.“Vamos a referirnos a todos los temas, pero a mi manera. ¿Al hijo del canciller vincularlo al tema de los pasaportes? ¡Pregúntenle a mi niño, denúncienlo, llévenlo a la Fiscalía!". El que nada debe, nada teme", dijo el canciller luego de un choque con el presidente de la comisión, Lidio García.
La Federación Colombiana de Municipios, en nombre de los alcaldes y alcaldesas del país, expresó su preocupación por la derogación del decreto 1844 de 2018 que reglamentaba parcialmente el Código de Policía y que hacía referencia a la actuación de la Policía en el momento de registrarse una infracción a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas.Es por eso que la organización le pidió al Gobierno nacional modificar el decreto expedido el pasado 7 de diciembre y mantener las facultades policivas de prevención en aras de mantener el bienestar de las comunidades locales y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes.“Según lo expresado por el ministro de Justicia, el decreto 2114 de 2023 busca derogar la sanción administrativa a quien porte la dosis personal de estupefacientes; por lo tanto, solicitamos que se modifique el decreto expedido el pasado 7 de diciembre para que el propósito del Gobierno nacional quede más claro”, aseguró Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de Fedemunicipios.Además, Fedemuncipios le solicitó al Gobierno nacional claridad ante los vacíos que ellos evidencian en este decreto que anula una directriz del expresidente Iván Duque.Cabe mencionar que en medio de la polémica por el decreto 2114 de 2023, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reiteró que con este decreto buscan alinearse con las sentencias de la Corte Constitucional sobre la dosis mínima y así “atacar a los comercializadores de drogas” y no a las personas que consumen sustancias psicoactivas.Puede ver:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el arresto por dos días del director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Colombia, Franklin Castañeda Villacob, por incumplir las peticiones que se le han hecho para que informe sobre la política pública de intervención en cementerios para la búsqueda de desaparecidos.Este tribunal, creado por el acuerdo de paz con las Farc para juzgar crímenes de guerra, considera que Castañeda incumplió las órdenes dadas en el marco de las medidas cautelares adoptadas sobre el Cementerio de los Pobres situado en Aguachica (Cesar), en donde de presume que están enterradas víctimas de desaparición forzada.La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP había ordenado al Ministerio del Interior la creación de una mesa interinstitucional para formular una política pública para la intervención de cementerios en el país, que contemplara un plan de acción integral para el abordaje de cuerpos de personas no identificadas.Con ese fin, a principios de año hizo una audiencia donde se constató "la ausencia de coordinación interinstitucional, inexistencia de políticas públicas pertinentes para la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada e insuficiencia presupuestal".Por ello ordenó que se conformara dicha mesa interinstitucional con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), varios ministerios, la Fiscalía, Medicina Legal y la JEP, entre otros.Tras varios llamados para hacerlo, en los que Castañeda indicó que ya la había convocado, la JEP le pidió un cronograma concreto de actividades y el documento final de la política pública de búsqueda de desaparecidos, pero al no haber respuesta el 3 de noviembre decidió "abrir incidente de medidas correccionales" contra el funcionario.La JEP considera que "transcurrieron más de 3 meses para que iniciaran las labores tendientes al acatamiento de lo dispuesto en la diligencia judicial" y que solo se realizó por obligación.Además de la "sanción de arresto inconmutable por el término de dos días" que se hará efectiva dentro de tres días, la JEP le ha dado de plazo al Ministerio de Interior hasta el 30 de abril de 2024 para que "entregue de manera definitiva la política pública de intervención de cementerios". Puede ver:
Blu Radio ha hecho seguimiento a lo que ocurre en la Dirección Nacional de Bomberos donde le fue solicitada la renuncia, tras llevar solo dos meses en el cargo, al actual director Arbey Hernán Trujillo, que efectivamente la presentó ante el ministro del Interior el pasado 10 de noviembre.Sin embargo, la renuncia no fue aceptada por el ministro Velasco argumentando que la competencia para la designación y remoción de ese cargo corresponde exclusivamente al presidente Gustavo Petro, por lo que el director seguirá, por ahora, en su cargo.Blu Radio también reveló que a pesar que Trujillo ya había presentado su renuncia, la cual, según su carta, fue solicitada por el ministro, el capitán firmó la resolución 497 autorizando la contratación directa para la “adquisición de compresores de aire respirable de alta presión multifuncional”, que, según la plataforma de contratación pública, es por un valor 2.185 millones de pesos.Pero no es el único, el pasado 21 de noviembre cuando el director Arbey Hernán Trujillo no había sido notificado todavía que no se le aceptaba la renuncia, firmó otro contrato de forma directa por 851 millones de pesos con la firma Infotic para actualizar el software para el sistema Orfeo y adquirir una solución de backup.¿Por qué se hizo de forma directa? La resolución señala textual que la razón es que “teniendo en cuenta lo antes expuesto y una vez identificadas las necesidades tecnológicas de la Entidad se establece que con el fin de seleccionar la oferta más favorable y atendiendo lo señalado en el literal C del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la Entidad solicitó propuesta de servicios a las diferentes entidades del sector, recibiendo dos respuestas siendo la de INFOTIC S.A las más favorable para la DNBC”.Desde hace varias semanas, Blu Radio ha intentado contactar al capitán Trujillo, pero ha declinado atender las preguntas.Le puede interesar:
El ministro Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a la carta del expresidente Cesar Gaviria, quien planteó la posibilidad de que el Partido Liberal se declare en independencia frente al Gobierno nacional, vale la pena recordar que hoy esa colectividad hace parte de la coalición de Gobierno del presidente, Gustavo Petro.Velasco aseguró que, según declaraciones de la bancada liberal, esa sería una posición personal del expresidente Gaviria y señaló que lo liberales discuten y no hacen caso a las órdenes de una sola persona, por lo que espera que sea una decisión que se debata en la convención del partido.“Nosotros los liberales porque yo soy liberal, debatimos no recibimos órdenes, y muy seguramente esa propuesta será debatida en la bancada de senadores y representantes o aún mejor debatida en la convención que muchos liberales de Colombia están esperando”, dijo Velasco.Sin embargo, no cerró la puerta a una reunión con el expresidente: “ha habido algunos desencuentros pero yo estoy listo en la medida en que nos reunamos para tratar de construir algo, y hombre es un dirigente importante del país ni más faltaba que yo fuera a desechar una eventual reunión con él”.También se refirió a la reunión de los directivos del Partido Alianza Verde, colectividad en donde se está dando un debate interno similar al del liberal.“Esta tarde tomarán la decisión, los verdes nos ayudaron a hacer Gobierno, espera el Gobierno que nos sigan ayudando, no sólo a sacar las reformas sociales, sino a seguir gobernando”, sostuvo.Le puede interesar:
El presidente Gustavo Petro, vía X, autorizó pagar recompensas a quienes denuncien compra de votos en las elecciones regionales de este domingo, 29 de octubre. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó de qué trata esta inusual estrategia que busca transparencia en los comicios.Según detalló, ese pago que hará el Gobierno superará lo que le ofrezcan a la persona por votar por uno u otro candidato: “Le sale más barato al Gobierno invertir unos recursos en recompensas para capturar a los compradores de voto, que lo que le puede salir a la sociedad dejar que unos bandidos compren votos”, sentenció.Esta medida, de acuerdo con el ministro, es una respuesta a las llamadas que han recibido alertando de “prácticas feas” y “movimientos” en algunas ciudades del país que “afectan la democracia”.“Lo que tienes que saber los grupos de compradores de votos es que, si ellos ofrecen, el Gobierno ofrecerá más para descubrirlos y ponerlos ante la justica (…) Pensaría que un poco más (de $200.000). Esto es para denunciar al que está cometiendo un delito”, indicó.Recompensa “que valga la pena”Aunque el presidente Petro anunció las recompensas, el ministro Velasco aclaró que hasta este martes tendrán una respuesta de si jurídicamente es viable y lo pueden hacer. Según recalcó, la suma a quien denuncie “valdrá la pena”. “Estamos haciendo un estudio, hoy (martes) lo entregan, para ver si jurídicamente podemos hacerlo y, al parecer, tenemos la viabilidad jurídica para hacerlo; buscamos los recursos y el ciudadano que sea abordado, que le ofrezcan $100.000 o $200.000 por un voto, pues tenga una mejor opción y es avisarles a las autoridades para que podamos actuar y podamos tener una recompensa realmente importante”, señaló.Sobre otros delitos electorales, como suplantación de identidad o duplicado de cédulas, el funcionario recalcó que la personas que lo intenten “puede tener un problema muy grave”.“Si eso ocurre lo vamos a detectar y por qué lo vamos a detectar, porque en muchos lugares de Colombia usted presenta la cédula, pero le hacen inmediatamente la prueba biométrica. Con esa prueba, si se señala que usted no es la misma persona que está presentando la cédula, está en una alta probabilidad de un fraude electoral; puede tener un problema muy grave si intenta suplantar a otro elector”, subrayó.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
El próximo domingo 29 octubre se llevarán a cabo las elecciones regionales en el país y una de las medidas que han surgido a propósito de la jornada para evitar corrupción y compra de votos es el pago de recompensas por parte del Gobierno Nacional para quienes denuncien dichas malas prácticas.Así lo había anticipado el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, luego de una reunión con la Comisión de Seguimiento Electoral en la que, además, participaron partidos, organismos electorales para hacerle frente a los diferentes riesgos de la jornada.“Es posible anunciar incentivos económicos a las personas que nos ayuden a identificar quién compra votos”, dijo el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco.Más tarde, el presidente Gustavo Petro anunció por medio de su cuenta de X, antes Twitter, la autorización que dio para hacer le pago de recompensas a quienes den información efectiva sobre la compra de votos en los comicios que se llevarán a cabo el próximo domingo."He dado autorización para pagar las informaciones efectivas sobre compradores de votos en todo el territorio nacional. Comprar votos es un delito", escribió.Hay que recordar que a estos riesgos de corrupción se suman las alertas que ha emitido la Defensoría del Pueblo sobre las acciones violentas que afectan a las comunidades de cara a las elecciones.En agosto, cuando la Defensoría del Pueblo presentó la Alerta Temprana 030 en el contexto electoral, indicó que 113 municipios estaban en riesgo extremo y 286 en riesgo alto, lo cual quiere decir que hay altas probabilidades de que ocurran hechos que vulneran los derechos humanos.Los departamentos con el mayor número de vulneraciones registradas entre agosto y septiembre en municipios con riesgo extremo son: Norte de Santander con 20, Arauca 15, Nariño 12 y Bolívar 9. Le siguen Cauca 3, Antioquia 3, Guaviare 3, Huila 3, Valle del Cauca 3, Chocó 2 y Putumayo 1.Le podría interesar:
