Mucho se había especulado sobre el decreto de aplazamiento que tenía en vilo a la Procuraduría por un recorte en el presupuesto del Ministerio Público, sin embargo, el procurador Gregorio Eljach se reunió con el ministro de Hacienda Diego Guevara y la conclusión fue que el Gobierno no le quitará dinero a la Procuraduría General de la Nación."Entendemos las angustias fiscales, pero también defendemos la autonomía e independencia de la Procuraduría. Hemos llegado a un acuerdo que nos permite estar tranquilos", dijo Eljach.Todo esto luego de que el mismo procurador Eljach ayer mostró inconformismo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, por el decreto aplazamiento que le quitaría al menos 85 mil millones de pesos a los organismos de control, entre esos, la Procuraduría, Contraloría y Registraduría.Tras esta conversación lo que asegura Eljach es que el Gobierno no tiene ni tendrá la intención de recortar los recursos de la Procuraduría, “la conclusión es que el Gobierno nacional no ha tenido la intención, y no la va a tener, de recortar ni aplazar recursos del presupuesto 2025 a la Procuraduría General de la Nación”.Eljach aseguró que, se va a establecer un calendario para que ese presupuesto vigente se vaya ejecutando en la medida de las necesidades.
El Ministerio de Igualdad inició la implementación de una red nacional de casas refugio, una iniciativa destinada a proteger y brindar atención integral a las mujeres víctimas de violencia en todas sus formas. Estas casas refugio, ubicadas en diferentes departamentos y municipios del país, ofrecen un espacio seguro y temporal para las mujeres sobrevivientes de violencia, así como para sus familiares de especial protección, incluyendo menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores dependientes de ellas.El objetivo de esta red es proporcionar un entorno digno, gratuito y seguro, donde las mujeres puedan recibir alojamiento, alimentación, vestido, y acompañamiento psicosocial y jurídico. Las casas refugio están diseñadas para ofrecer un apoyo integral, que va más allá de la simple protección física. Incluyen servicios de asesoría jurídica, orientación psicosocial y programas de reinserción laboral, empleo y emprendimiento, facilitando así la recuperación económica y emocional de las sobrevivientes.Los departamentos y municipios que forman parte de esta red reciben una serie de beneficios, como la priorización en la asignación de recursos del Ministerio de Salud, el acceso a inmuebles para la construcción de casas refugio, y la asistencia técnica para fortalecer las capacidades locales en la atención de las mujeres. Además, el Ministerio del Trabajo colabora en la socialización de rutas de empleabilidad y emprendimiento para las beneficiarias. Recientemente, los departamentos de Antioquia y Nariño se han sumado a esta iniciativa.¿Qué debe hacer una mujer para acceder a este beneficio?La viceministra Tamara Ospina Posse explicó el paso a paso que deberían realizar las mujeres que quieran acceder a esta atención "pueden activar la ruta ante cualquiera de las entidades correspondientes, tanto en las entidades territoriales, por ejemplo, en una comisaría de familia, en una estación de policía, en un hospital se activa la ruta también. Se puede activar en la línea 155, que es la línea de Salvia, nuestro Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género, y en cualquiera otra de las modalidades que existen y puede solicitar las medidas de atención. La idea es que la entidad territorial, como primer respondiente, es quien debe brindar las medidas, y las medidas incluyen apoyo para traslado, apoyo para vestuario, para alimentación, y todo lo que una mujer necesita para salvar su vida ante un riesgo inminente de feminicidio".Añade que la casa acogida, justamente la casa refugio, le brinda protección a ella y a su núcleo familiar, hijos, hijas, si tiene personas con discapacidad a su cargo, o adultos mayores. Además, la red invita a que las entidades territoriales accedan justamente a las medidas de atención que brinda el Ministerio de Salud y que todas las entidades que están entrando a nivel nacional a colaborar a las entidades territoriales para que puedan construir sus casas refugio."Si una mujer activa la ruta y se determina a través de las mediciones de riesgo que tenemos contempladas, que se encuentra en un alto riesgo de feminicidio, que su vida está en peligro, pues la medida entra inmediatamente a operar y se dispone para ella. Si no hay una casa refugio cerca, en el territorio donde ella se encuentra, las medidas contemplan el alojamiento en hoteles, para que ella pueda efectivamente trasladarse al lugar distinto a donde está el agresor, el potencial feminicida. Podrá ir con su familia o con la gente que está bajo su cuidado" dijo la funcionaria.¿Cuánto costará?Ospina habló del presupuesto asignado: "Nosotras ayudamos a gestionar y a facilitar recursos a través de esta articulación con el Ministerio del Interior, con el DNP a través de regalías, con la cooperación internacional, para también movilizar dotaciones de casas. Pero nuestra prioridad como gobierno nacional en el viceministerio de las Mujeres, nuestros tres programas priorizados es el programa de abordaje integral de las violencias".En este orden de ideas se tiene proyectado una inversión de 7.150 millones de pesos para dotaciones de casas refugio para este año.¿Cuándo entra a funcionar?Hay que hacer la claridad que dichas casas ya está en funcionamiento, pero lo que se está implementando ahora es la red nacional, que busca es que estas se multipliquen. "Es un incentivo para apoyar a las entidades territoriales a que creen sus casas de refugio y las puedan sostener. Entonces las mujeres, a partir de ya, cuentan con esas medidas de protección a las que tienen derecho y pueden activarlas, a través de cualquiera de las rutas que existen. Insisto muchísimo en invitar a las mujeres que nos estén escuchando y que estén siendo víctimas de violencias basadas en género a llamar a la línea 155, funciona 24/7", señaló Ospina.¿Se verán afectados por el recorte del Gobierno?"No, este proyecto no se vería afectado de ninguna manera. Nosotros tenemos un presupuesto importante asignado en el programa de abordaje integral de las violencias basadas en género, y en ese presupuesto tenemos, en ese programa tenemos un recurso para apoyar la dotación de las casas refugio, que es la parte que nos corresponde a nosotras dentro de este memorándum de entendimiento que tenemos con las demás entidades. Además de eso, nosotras ayudamos a gestionar y a facilitar recursos a través de esta articulación con el Ministerio del Interior, con el DNP a través de regalías, con la cooperación internacional para también movilizar dotaciones de casas", dijo la viceministra.Siendo así, la red de casas refugio continuará su expansión en 2025, con el objetivo de cubrir todo el territorio nacional, brindando a las mujeres víctimas de violencia una oportunidad real para sanar, reconstruir su vida y avanzar hacia una vida libre de agresiones.
Los firmantes de paz del año 2016 reciben una renta básica mensual correspondiente al 90 % de un salario mínimo. Sin embargo, el mes de diciembre no les llegó, generando dificultades para varios de los firmantes.La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, confirmó que el Gobierno pagará la renta en la primera semana de febrero.“Según le informó el Ministerio de Hacienda, los recursos estarán garantizados para esta fecha y para toda la vigencia del 2025, lo que permitirá asegurar este ingreso básico para los más de 11.000 firmantes que avanzan con su proceso de reincorporación”, señalan desde la ARN.>>> Lea también: Corrupción UNGRD: Fiscalía interrogará a Jaime Ramírez Cobo y a exasesora de MinHaciendaEn diciembre, cuando los firmantes denunciaron que aún no les habían girado sus recursos, desde el Gobierno aseguraron que no se había podido hacer el giro debido a la situación fiscal que se presentaba en el país.Desde la ARN también confirmaron que el presupuesto de esta entidad no tendrá recortes.“Tal como lo ha afirmado el presidente Gustavo Petro, los recursos destinados a la paz están garantizados, y la implementación del Acuerdo de Paz continuará su curso. Las dificultades y retrasos que hemos enfrentado no implican, de ninguna manera, un incumplimiento del Acuerdo”, señaló Alejandra Miller, directora de la ARN.
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia realizó una ampliación de interrogatorio al exsubdirector de manejo de desastres de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, quien entregó información clave y nuevos elementos materiales probatorios.Estos fueron remitidos a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que determine si el testimonio puede ser integrado a la investigación contra la representante a la Cámara por Arauca, Karen Astrith Manrique Olarte, por posibles irregularidades en procesos de contratación en la UNGRD.Adicionalmente, la Fiscalía investigará la posible implicación de Gustavo González Ruiz, esposo de la congresista Manrique Olarte, en las irregularidades detectadas, como parte de su compromiso de esclarecer la red de corrupción en esta entidad.Por otro lado, la Fiscalía anunció que en los próximos días continuará adelantando interrogatorios a otros actores vinculados a casos de presunta corrupción, será el 21 de enero cuando será escuchada la exasesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Andrea Ramírez, mientras que el 22 de enero se presentará el asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Jaime Ramírez Cobo, quien fungía como enlace entre el Ejecutivo y el Congreso.
Los ministros y altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro llegaron al Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional para participar en la reunión de planeación de las estrategias para este 2025.Antes de la llegada del presidente Gustavo Petro, la escena en este centro era la de ministros junto a sus equipos y asesores organizando los informes que entregarían al mandatario sobre lo realizado en 2024. Hacia las 3:00 de la tarde, el presidente arribó para liderar una reunión que comenzó con un balance general. Posteriormente, intervinieron la ministra de Agricultura, el ministro de Hacienda, la ministra de Ambiente y el ministro de Transporte, quienes centraron sus presentaciones en el tema del agro. Por esta razón, también participaron el presidente del Banco Agrario y el actual director de la Agencia Nacional de Tierras.Durante la reunión, se discutieron, además, los recortes presupuestales que se avecinan debido al déficit fiscal. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, confirmó que, como parte de las medidas de austeridad, este año no habrá presencia del presidente Petro ni de delegados del Gobierno en el Foro Económico de Davos, en Suiza.Sin embargo, de lo que no se habló, según la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, fue de un posible remezón en el gabinete. Sarabia descartó que del cónclave salgan los nombres de los ministros que podrían abandonar sus cargos y aseguró que cualquier decisión al respecto será exclusivamente del presidente.Este martes continuarán las discusiones con el objetivo de definir las estrategias para 2025, ya que el presidente ha exigido a sus ministros resultados concretos para avanzar en los objetivos del Gobierno.
El apagón en Vichada es, para Andesco, una crónica de una muerte anunciada. Cuatro días antes del apagón, el 30 de diciembre, el gremio le había enviado una nueva alerta al ministro de Hacienda, Diego Guevara, sobre la crisis financiera en el sector, advirtiendo además sobre el riesgo de que algunas empresas dejaran de operar.“Reiteramos la urgencia de llevar a cabo las siguientes acciones: desembolsar cuanto antes los valores adeudados a las empresas, ya que se requiere flujo de caja inmediato para sostener la operación”, indica el documento conocido por Blu Radio.Según Andesco, el Gobierno debe a las empresas del sector más de 2,7 billones de pesos en subsidios a la factura de los estratos 1, 2 y 3. A esas deudas se suma el ‘hueco’ de la opción tarifaria, un déficit que el gobierno había prometido asumir en mayo pasado.En la carta a Guevara, Andesco relata cómo el no pago “ha generado grandes dificultades para que estas [empresas] puedan pagar a sus empleados, proveedores y demás acreedores, lo que pone en riesgo la prestación de los servicios de energía eléctrica y gas natural”.Por eso, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, cree que el apagón de Vichada puede ser apenas el inicio de una crisis colosal si no se actúa rápidamente.“Esto fue el 30 de diciembre, donde decíamos que no solamente era aquí en Puerto Carreño. También está en el Chocó, en el Huila, en el Putumayo, en todos estos sectores, y además en otros muchos importantes del país, donde el problema financiero se está convirtiendo en algo crítico. Son muchos recursos que no se han entregado; esto no es un favor, son subsidios ya entregados a los usuarios, y, en este momento, las empresas han quedado ilíquidas porque no pueden obtener mayores créditos ni recursos”, agregó Sánchez.
Antes de finalizar el 2024, el Gobierno nacional confirmó las nuevas alzas en los precios del galón de la gasolina y del ACPM.Desde este miércoles, 1 de enero, sube el precio del galón de gasolina en Colombia en $91 a $16.085 en promedio. Por su parte, el precio del galón de ACPM subirá $169 a $10.725 en promedio en todo el país.Precio de la gasolina y ACPM desde el 1 de enero:GasolinaLa ciudad que tendrá el galón de gasolina más costoso será Villavicencio en $16.185, mientras que la que tendrá el valor más bajo será Pasto en 13.773 pesos.ACPMCali será donde se venda más caro el galón de ACPM a $10.867. Entretanto, Cúcuta será la ciudad con el precio más bajo en 8.410 pesos.Los argumentos del Gobierno para las alzas en gasolina y ACPMA través de un comunicado, los ministerios de Hacienda y Minas y Energía señalaron que el aumento se debe a las indexaciones anuales de algunos componentes de la estructura de precios, incluyendo la sobretasa al ACPM, las tarifas de transporte de poliductos y de biocombustibles, por lo que "estos ajustes están reglamentados y no corresponden a una decisión del Gobierno nacional".Otro factor que contribuye al aumento es el incremento de la mezcla de biodiesel del 8 % al 10 %, luego de una disminución transitoria en el último trimestre de 2024. Este ajuste genera presión en el precio de venta, ya que el biodiesel se cotiza en $21.572, valor mayor al del IP fósil que es de $5.526.Para mitigar parcialmente el impacto de estos cambios sobre el precio al consumidor final, el Gobierno ha decidido reducir el Ingreso al Productor del Combustible Fósil en $179, pasando de $5.526/galón en diciembre de 2024 a $5.347 en enero de 2025. Esta medida tendrá un costo fiscal estimado en $387.000 millones y busca evitar incrementos sustanciales en el precio del ACPM."Durante el 2024, el Gobierno Nacional subsidió implícitamente, a través del FEPC, $4.615 por cada galón de ACPM, lo que generó un costo para la Nación de aproximadamente $10,6 billones. Con estas medidas, Colombia sigue siendo uno de los países con menor precio del ACPM, ubicándose 35,8% por debajo del precio promedio de los países de la región", concluye el comunidado.
El Fondo Colombia en Paz, a través de un comunicado firmado por Wilmer Leal Pérez, director ejecutivo, informó a sus empleados que no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones de pago, incluyendo aquellas correspondientes a septiembre de este año.La situación está directamente vinculada a la falta de transferencias de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el comunicado se explica que los retrasos obedecen al bajo recaudo estatal y a la consecuente falta de disponibilidad de caja, lo que ha impedido los desembolsos correspondientes.El documento señala: “El retraso en la realización de los pagos que se ha presentado en estos momentos obedece exclusivamente a la falta de recursos de caja para poder hacer los correspondientes desembolsos (…). Una vez sean allegados los recursos mencionados, se priorizarán los pagos, lo cual esperamos sea lo antes posible.”Desde el Fondo reiteran que están trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda para gestionar los recursos necesarios y dar solución a esta situación que afecta a contratistas en esta temporada de fin de año.
En el marco de planeación para la gestión de pagos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, confirmó que son 340 cuentas de cobro de contratistas en La Guajira las que deberían ser saldadas antes de finalizar el mes de diciembre, junto con las adicionales que cumplan con los plazos establecidos.Sin embargo, de estas cuentas de cobro solo se han desembolsado 254, dejando un saldo de 86 cuentas sin pagar. Esto porque, según la entidad, los recursos asignados fueron inferiores a los solicitados ante el Ministerio de Hacienda.Además, el Instituto precisó que los pagos a las cuentas de cobro a las que ya se les desembolsó el dinero solo se verá reflejado hasta este martes 31 de diciembre.El Bienestar Familiar reiteró que estos pagos dependen de la disponibilidad de los recursos asignados en el Presupuesto de Apropiaciones por Compromisos, PAC, por el Ministerio de Hacienda. Por esto, la Dirección Regional del ICBF dice no comprometerse a fechas específicas de pago para las cuentas de cobro a los contratistas faltantes.
El Programa de Alimentación Escolar Alim Aprender, a través de un comunicado emitido el 26 de diciembre, informó a las alcaldías y gobernaciones del país sobre las dificultades actuales en la asignación de recursos provenientes del Ministerio de Hacienda. En el mensaje, se detallan los retrasos en los giros correspondientes a la vigencia 2024, lo que pone en riesgo tanto los pagos de diciembre como el inicio de las actividades en 2025.Según el comunicado, las entidades territoriales certificadas han enfrentado complicaciones en el cierre financiero de este año, especialmente debido a los problemas con el quinto giro de recursos, que debía realizarse en enero de 2024. Asimismo, se mencionan los giros adicionales realizados entre junio y noviembre de 2024, los cuales, aunque esperados, dependen ahora de la disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda.Ante esta situación, Alim Aprender instó a las entidades territoriales a realizar gestiones administrativas, contables y presupuestales para establecer reservas y cuentas por pagar. Esto con el fin de mitigar los efectos de la falta de liquidez y garantizar la continuidad del programa. En tanto, se espera que el Ministerio de Hacienda apruebe los recursos para que la Unidad pueda proceder con los giros correspondientes a las entidades territoriales.“Nos permitimos indicar que los mismos se encuentran sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo cual esta Unidad continuará reiterando la solicitud durante la vigencia 2025 para que se cumplan con los compromisos adquiridos frente a las transferencias de recursos”, se lee en el comunicadoEl Ministerio de Educación le indicó a Blu Radio que se han venido realizando algunos giros para irse poniendo al día. Esto en los departamentos de Bolivar (Cartagena), Cundinamarca (Fusagasugá), Bolívar (Magangé), Atlantico (Malambo), Boyacá (Tunja).Así mismo afirmaron que este año 2024 los niños ya contaron con su alimentación escolar, incluso la que se les da en vacaciones.
