El Ministerio de Defensa de Venezuela emitió un comunicado reafirmando que no permitirá la presencia de grupos armados al margen de la ley en su frontera con Colombia. Según el documento, el país mantendrá un despliegue militar permanente en el eje fronterizo colombo-venezolano para garantizar la seguridad en la región y combatir diversas formas de criminalidad transnacional.El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, se reunió el pasado 24 de enero con su homólogo colombiano, Iván Velásquez Gómez, en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, para abordar la situación fronteriza, especialmente en el sector de Catatumbo, en el departamento colombiano del Norte de Santander. Esta área ha sido afectada por conflictos armados y desplazamientos forzados que han generado una compleja crisis humanitaria.En el comunicado oficial, Padrino López enfatizó que Venezuela no servirá como plataforma para grupos armados ilegales, independientemente de su naturaleza, ideología o nacionalidad. Además, destacó los esfuerzos del Gobierno venezolano en la lucha contra el narcotráfico, el paramilitarismo, la minería ilegal, el contrabando y otros delitos transnacionales.Despliegue militar y colaboración regionalEl ministro señaló que las Fuerzas Armadas de Venezuela mantienen un despliegue constante en el territorio nacional, especialmente en la frontera con Colombia, para evitar el accionar de organizaciones armadas y criminales. Asimismo, reiteró que cualquier intento por vincular a Venezuela con estas facciones constituye una campaña de desinformación promovida por actores con intereses oscuros.Durante el encuentro bilateral, Venezuela propuso un plan de tres meses para apoyar el proceso de diálogo de paz en Colombia, basado en las experiencias internas de mediación desarrolladas en territorio venezolano. "Históricamente, el Estado venezolano, con su vocación pacifista, solo ha intervenido como mediador en el conflicto armado de Colombia, siempre a solicitud de su gobierno y en el marco del respeto al principio de autodeterminación de los pueblos", afirmó el funcionario en el comunicado.Asistencia humanitaria a desplazadosEl documento también subraya el compromiso de Venezuela de continuar prestando asistencia humanitaria a los ciudadanos colombianos afectados por el conflicto en Catatumbo, quienes han sido forzados a cruzar la frontera hacia territorio venezolano. "En virtud de los principios de solidaridad y fraternidad que caracterizan la Diplomacia Bolivariana de Paz, seguimos apoyando a quienes se han visto afectados por los enfrentamientos en la región", declaró Padrino López.Compromiso con la paz regionalEl ministro destacó que, bajo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, el Gobierno venezolano mantendrá una comunicación constante con las autoridades colombianas para colaborar en la búsqueda de soluciones que contribuyan a la estabilidad en la zona fronteriza. Este esfuerzo, según el comunicado, forma parte del compromiso irreductible de Venezuela con la paz en Colombia, nación hermana que atraviesa un proceso de reconciliación tras décadas de conflicto armado.En el mensaje final, Padrino López reiteró que la paz es el objetivo central de las acciones de Venezuela y ratificó que las Fuerzas Armadas continuarán trabajando para garantizar la seguridad del país y la región. "Nuestra mayor victoria siempre será la paz", concluyó el ministro.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, admitió este lunes deficiencias operativas y de inteligencia por parte de las Fuerzas Militares (FFMM) frente a la crisis que azota al Catatumbo, en Norte de Santander.En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el jefe de la cartera de Defensa señaló que, a pesar de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo desde noviembre del año pasado, las acciones preventivas no fueron suficientes para contener la violencia en esta región, donde el ELN ha intensificado sus ataques contra firmantes del acuerdo de paz, líderes sociales y comunidades.Fallas en la respuesta militar y de inteligenciaEl ministro Velásquez reconoció que las advertencias de posibles confrontaciones entre grupos armados en el Catatumbo, detalladas en un informe de la Defensoría del Pueblo de noviembre pasado, no fueron atendidas de manera efectiva.“Ni la inteligencia ni las acciones que se desarrollaron por parte del Ejército tuvieron la eficacia necesaria para impedir los hechos que estamos viendo hoy. Eso es algo que naturalmente tenemos que reconocer”, declaró.Según el reporte oficial, al menos cinco firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados por el ELN en los últimos días, mientras que otros seis permanecen desaparecidos. En respuesta a la situación, el Gobierno ha desplegado 5.000 uniformados en la región, incluidos 400 efectivos de fuerzas especiales. Velásquez aseguró que se continúa evaluando el envío de más tropas para garantizar el control territorial.“La presencia militar se ha incrementado en la zona con el objetivo de proteger a la población desplazada y mitigar la violencia. Sin embargo, debemos aceptar que las medidas previas no lograron anticiparse al impacto de esta cacería infame desatada por el ELN”, añadió el ministro.Conflicto entre el ELN y disidencias: un nuevo escenario de violenciaEl deterioro de la seguridad en el Catatumbo está relacionado con la ruptura de alianzas entre el ELN y las disidencias de las FARC, que hasta octubre del año pasado mantenían relaciones de cooperación en la región. Velásquez explicó que el conflicto podría estar motivado por disputas por el control territorial y la economía ilícita en la zona.“El ELN, bajo el supuesto de que algunos firmantes de paz están relacionados con las bases sociales de las disidencias, ha dirigido acciones violentas contra estas personas. Aunque no tengo una afirmación contundente al respecto, es probable que la ruptura entre estas organizaciones haya escalado las tensiones”, puntualizó.La situación también ha provocado un desplazamiento masivo de civiles, quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares en medio de los enfrentamientos. Hasta el momento, el gobierno ha evacuado 14 firmantes del acuerdo de paz por vía aérea y 10 más permanecen bajo protección en unidades militares.¿Estado de conmoción interior en el Catatumbo?Ante la magnitud de la crisis, el Gobierno evalúa la posibilidad de declarar un estado de excepción en el Catatumbo. Velásquez confirmó que la medida sería discutida en un consejo de ministros convocado para este lunes, donde se analizarán alternativas como la declaratoria de conmoción interior o emergencia económica.“La decisión es urgente. Un estado de conmoción permitiría al gobierno adoptar medidas extraordinarias, como la limitación de la movilidad en ciertas zonas y la destinación inmediata de recursos para la atención humanitaria y la recuperación del control territorial”, explicó el ministro.Aunque la medida estaría focalizada en el Catatumbo, no se descarta que pueda extenderse a otras regiones del país afectadas por la violencia, como el Cauca y el suroccidente colombiano.Crisis en Guaviare: un conflicto paraleloEn paralelo a la crisis del Catatumbo, el ministro también se refirió a los recientes enfrentamientos entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ en Guaviare, que han dejado un saldo de al menos 20 muertos. Velásquez explicó que la ruptura de relaciones entre estas facciones se originó tras el cese al fuego decretado en el Cauca el año pasado, lo que desató una disputa por el control territorial y de las economías ilegales.“La confrontación en Guaviare, al igual que en el Catatumbo, tiene como trasfondo la lucha por la hegemonía en territorios estratégicos. Esto evidencia la complejidad del panorama de seguridad en el país y la necesidad de adoptar medidas contundentes”, señaló.Un panorama que recuerda épocas pasadasVelásquez reconoció que la situación actual evoca imágenes de la violencia que Colombia vivió hace dos décadas. Sin embargo, enfatizó en los avances logrados por las Fuerzas Militares en el control territorial, aunque admitió que aún persisten grandes desafíos.“Sí, hay eventos que nos recuerdan épocas pasadas, pero también hay avances significativos. Lo importante es fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares para proteger a las comunidades y garantizar la paz en los territorios”, concluyó.
Es crítica la situación de orden pública en Norte de Santander por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc que han dejado más 60 muertos y 8.000 personas desalojadas de sus viviendas hacia resguardos en ciudades como Cúcuta (2.700), Ocaña (2.600), Acarí (229) y Tibú (2.500). De acuerdo con las declaraciones del ministro de defensa, Iván Velazquez, el puesto de mando unificado (PMU) instalado en la zona, seguirá en monitoreo constante para garantizar los derechos de la población afectada.“Con esto pretendemos hacer el seguimiento directo a las acciones que tienen que desarrollarse, de manera que se garantice, efectivamente, que la población afectada tenga garantía de vida", afirmó el ministro Iván Velásquez.Entre tanto, el ministro de Defensa confirmó que en medio del consejo de seguridad no se determinó si el país entra en estado de excepción, ya que esa decisión depende de la acción de respuesta y los recursos asignados. Es por esto que el próximo lunes, 20 de enero, en el Consejo de Ministros se definirá si se determina o no esta medida.Por otro lado, expresó preocupación por la llegada de varios militantes del ELN desde varias regiones del país, especialmente de Arauca, hacia el Catatumbo. Dice el ministro que es una acción que debilita las estructuras regionales de las que se han enviado uniformados. Es por esto que confirmó un despliegue masivo sobre las áreas en las que haya presencia de grupos ilegales para contrarrestar el ataque a más regiones.“Cuando hay un incremento en el número, como se ha producido precisamente con ese traslado, pues hay un fortalecimiento que esperamos sea también por la acción de las fuerzas militares, un fortalecimiento transitorio. Pero esto implicaría igualmente un debilitamiento en la otra región de donde han traído para esta expedición de muerte", concluyó.Muertos por enfrentamientos en el CatatumboEntre tanto, habló de las cifras de personas muertas. Para el Ministerio de Defensa se confirma que hay cerca de 60 fallecidos, pero afirma que ha sido complicado determinar una cifra exacta, como la entregó la Defensoría del Pueblo, ya que las fuerza militares y cuerpos de inspección no han podido ingresar a la zona en la que hay muertos, pero así mismo, personas resguardadas por miedo a resultar heridos.Dentro de las declaraciones después del consejo, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, aseguró que la operación militar en el Catatumbo se hará por fases. Así mismo, confirmó que la fase 1 será priorizada para salvar y resguardar a las firmantes de paz y a sus familias que están amenazados en el conflictos. Entre tanto, aseguró que la fase 2, una vez se rescaten a los habitantes de la zona de guerra, se hará control en puntos críticos para evitar más enfrentamiento con un grupo determinado de uniformados que llegarán al sitio en las próximas horas.“Allí nos hemos concentrado en la extracción de esas personas, especialmente firmantes de paz que están amenazados, familias de esos firmantes de paz, defensores de derechos humanos y demás… De igual manera estamos en este momento ingresando y trayendo tropas y unidades especiales para que en la segunda fase de esta operación lo que corresponde es ya entrar a ocupar zonas críticas del terreno, áreas y puntos nodales donde podamos llevar esa seguridad a esos corregimientos y esas veredas donde sabemos que hay población atemorizada, confinada, que no se atreve a moverse de allí porque le da miedo coger una trocha, coger un camino, coger una vereda”, afirmó el general Cardozo.Entre tanto, se espera que el número de refugiados incremente, por lo que el gobierno aseguró que habrá un trabajo mancomunado con la gobernación de Norte de Santander para entregar más ayudas sobre los corredores humanitarios que las fuerza militares ha podido abrir en zonas en las que no hay presencia del ELN o disidencias de las Farc.
El Ministerio de Defensa incorporará a sus sistemas de defensa tecnología 'antidrones' para detectar y neutralizar estos dispositivos que los grupos armados han usado en 2024 en un total de 115 ataques o incidentes.El Ministerio de Defensa hizo el anuncio apuntando a que la medida busca proteger a los colombianos y fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas de defensa.“El sistema antidrones es una muestra del compromiso del Gobierno Nacional con la innovación tecnológica y la defensa de la soberanía. Esta inversión no solo refuerza nuestra seguridad nacional, sino que posiciona a Colombia como referente regional en la lucha contra amenazas emergentes", destacó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, citado en un comunicado.Los grupos armados, sobre todo las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC), empezaron este año a usar drones en sus ataques a objetivos militares o instalaciones estratégicas, pero también son usados los dispositivos para espionaje o contrabando.El Gobierno ha invertido 20.000 millones de pesos en estos sistemas, "una inversión significativa que refuerza su compromiso con la seguridad de los colombianos", apuntó el Ministerio en un comunicado."Estos recursos, gestionados como parte de una estrategia de modernización tecnológica, representan un esfuerzo decidido por fortalecer los sistemas de defensa para proteger a los habitantes, el territorio y los bienes de la nación", añadió el Ministerio de Defensa.
En la mañana este sábado 28 de diciembre, el Ministro de Defensa Iván Velásquez, mediante su cuenta de X, salió a desmentir a la representante Katherine Miranda sobre el aumento salarial a los soldados regulares del país, con la ley 2384 de 2024 los jóvenes recibirían 996.000 pesos mensuales a partir de enero del próximo año, es decir en pocos días, y en julio del 2026 alcanzaría el umbral del salario mínimo.Al anuncio del Ministerio de Defensa reaccionó el Presidente Gustavo Petro, y rápidamente Katherine Miranda le respondió al primer mandatario “Sacando indulgencias con avemarías ajenas, dígale que también al país que la autora de la ley soy yo”.Incluso, el Ministro de Defensa, Iván Velázquez, trinó una foto del proyecto de ley diciendo que: “Este es el texto del proyecto de ley 054 de 2023 presentado por la representante Katherine Miranda, ni una palabra sobre incremento de la bonificación a los soldados regulares”.Por último, el jefe de esta cartera aseguró que, Miranda presentó una iniciativa sobre la regulación del servicio militar para las personas transgénero.
A través de la resolución 5756 del 24 de diciembre de 2024, el Ministerio de Defensa oficializó la salida de varios miembros de la Policía Nacional que se encontraban al interior de la institución. De acuerdo con el documento, estos uniformados renunciaron a sus cargos tras años de servicio.La resolución resuelve “retirar del servicio activo de la Policía Nacional, ‘por solicitud propia’, al personal de oficiales que se relaciona a continuación, a partir de la comunicación del presidente acto administrativo”.Entre los uniformados que se retiran se encuentran los coroneles Gustavo Adolfo Martínez y Ever Yovanni Gómez; los tenientes coronel Carlos Andrés Rojas, Carlos Arturo Robayo, Mauricio Vega, Abdón Enrique Melo, Jorge Iván Velásquez, Carlos Antonio Ardila, Carlos Andrés Manzano, Edgar Gonzalez Botero, Fabián Andrés Pérez y Juan David Páez; y el capitán Diego Fernando Guativa.Según se pudo conocer, en medio de una sesión ordinaria del pasado 12 de octubre de 2024, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional anunció el retiro por voluntad propia de los oficiales. Fue hasta el 29 de octubre de este mismo año que se aceptó dicha medida por parte del Gobierno Nacional.“Según certificación del 23 de agosto de 2024, suscrita por el Jefe Grupo Retiros y Reintegros de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, los oficiales superiores relacionados cuentan con un tiempo de servicio superior a 21 años. Por lo tanto, continuarán dados de alta, en los términos del artículo 145 del Decreto Ley 1212 de 1990”, afirma la resolución del Ministerio de Defensa.Siendo así, los uniformados, a excepción del capitán, serán dados de alta en una pagaduría de 3 meses a partir de esta fecha. Es decir, continuarán recibiendo la totalidad de lo que les corresponda durante ese periodo.
Este domingo, 15 de diciembre, se confirmó la salida de la viceministra del Ministerio de Defensa, Daniela Gómez Rivas, de su cargo en el ministerio, al parecer por motivos personales. Daniela Gómez permanecerá en el cargo hasta finales de diciembre. Se esperan más detalles sobre la salida de Daniela Gómez del Ministerio de Defensa en las próximas horas.Gómez Rivas es politóloga de la Universidad Javeriana y actualmente cursa una maestría en Resolución de Conflictos e Investigación para la Paz. Según su hoja de vida, disponible en la página web del Ministerio, cuenta con más de 9 años de experiencia profesional en áreas como la investigación sobre el conflicto armado, la construcción de paz, el diseño de modelos de datos para sistemas de información, así como en la evaluación y formulación de políticas públicas en temas de seguridad, derechos humanos y democracia.
La Procuraduría General de la Nación adelantará una visita de inspección a la empresa Imdumil en la ciudad de Bogotá, precisamente para obtener información sobre el proceso de contratación para el mantenimiento y reparación de las aeronaves MI-17 del Ejército Nacional de Colombia.El objetivo de esta visita es evaluar la documentación técnica y administrativa de este proceso para poder identificar posibles riesgos y formular recomendaciones para prevenir irregularidades y además, reforzar los principios de legalidad y transparencia en un contrato de alto impacto que involucra recursos significativos para la defensa nacional.Durante la revisión, el Ministerio Público va a analizar los mecanismos utilizados para asegurar la eficiencia en la contratación, incluyendo los criterios de selección de proveedores y el cumplimiento de las normativas vigentes.Cabe recordar que, el representante Julio César Triana del Partido Cambio Radical denunció precisamente el incumplimiento en el mantenimiento de estos helicópteros, y fue a través de una respuesta a un derecho de petición dirigido al Ministerio de Defensa, se pudo conocer que las aeronaves siguen sin recibir mantenimiento y se encuentran, en su mayoría, estacionadas en la base militar de Tolemaida.La Procuraduría asegura que este tipo de acciones son esenciales para garantizar el buen uso de los recursos públicos para evitar irregularidades en la utilización del dinero del Estado.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió al mantenimiento de los helicópteros MI 17, en total son 19 aeronaves, pero en este momento no todos están operando.“Todo lo que ya ocurrió con lo conocido en diferentes oportunidades sobre el mantenimiento de empresas rusas es que en virtud de la inclusión de esas empresas en la lista popularmente conocida como clinton de restricciones comerciales en el mundo dieron lugar a que tuviéramos que buscar empresas que no tuvieran sanciones de esa naturaleza. Hicimos un proceso de revisión de empresas, particularmente en América, que tenían esa capacidad y prestaban servicios de mantenimiento, en ese proceso llegamos a la determinación de dos empresas para el mantenimiento”, dijo Velásquez.El ministro aseguró que en los últimos días se han ultimado detalles de la contratación con una de las empresas y que ya los recursos están disponibles, por eso el Gobierno espera suscribir el contrato de mantenimiento la próxima semana.“También en estos días se mencionaba que no existían recursos, en realidad los recursos que se habían apropiado inicialmente por cerca de 270.000 millones tal vez tuvieron, en el recorte general que se produjo entre los meses de junio y julio, también un recorte que llevó a disponer entonces nosotros como de 170.000 millones tal vez, sin embargo, con una adición que se establece vamos a tenerlos para llegar más o menos a la cifra que estaba dispuesta anteriormente”, agregó Velásquez.
A través de una respuesta a un derecho de petición dirigido al Ministerio de Defensa, se pudo conocer que las aeronaves siguen sin recibir mantenimiento y se encuentran, en su mayoría, estacionadas en la base militar de Tolemaida.Triana reveló que, lejos de la cifra anunciada, el monto real destinado para la reparación y conservación de los MI-17 fue de $152.578 millones, una diferencia significativa que cuestiona la transparencia del proceso. "Ni un solo peso ha sido ejecutado hasta la fecha para el mantenimiento de estos helicópteros. La situación es aún más grave, ya que dos aeronaves adicionales han sido puestas en estado de preservación, lo que eleva a 12 el total de helicópteros fuera de servicio", afirmó el congresista.El deterioro de estos helicópteros ha generado preocupación, ya que son fundamentales para el transporte de tropas, misiones humanitarias y de rescate en zonas de difícil acceso. En el contexto actual, donde el conflicto armado persiste en diversas regiones del país, la falta de operatividad de estas aeronaves podría comprometer la seguridad y eficacia de las operaciones militares y de rescate.Pero la denuncia no se detiene ahí. Según la respuesta del Ministerio de Defensa, también se registró una disminución en la flota de MI-17. De 20 aeronaves en estado operativo, se pasó a 19, sin que haya una explicación clara sobre la desaparición de uno de estos helicópteros. La inquietud crece al no conocerse el paradero del MI-17 que aparentemente "desapareció" de los registros oficiales."Es inaceptable que, en un país que enfrenta múltiples desafíos de seguridad, no se estén ejecutando los recursos para mantener en operación una flota vital para las Fuerzas Armadas", subrayó Triana. El congresista exigió explicaciones y la pronta ejecución de los recursos comprometidos, así como la transparencia en la gestión de estos fondos.“El Gobierno nacional tiene que aclararle al país cuál es la negligencia con el mantenimiento de los helicópteros MI-17. Hace seis meses, advirtieron que el contrato para el mantenimiento de estas aeronaves estaba suspendido por la guerra entre Rusia y Ucrania, versión que fue desmentida por la misma embajada rusa. Hoy, con los recursos disponibles, la realidad es que las aeronaves siguen sin operar, parqueadas, mientras nuestra fuerza pública continúa perdiendo capacidad operativa. Una mezcla de inoperancia y negligencia”, afirmó el Representante a la Cámara.