Los alcaldes del suroeste antioqueño se han unido en una voz de rechazo contra la reciente resolución del Ministerio de Agricultura que establece zonas de protección para la producción de alimentos. Durante una reunión celebrada en Ciudad Bolívar, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, junto a los alcaldes, expresaron su preocupación por lo que consideran una "intromisión del gobierno central en asuntos locales". Rendón habló del tema en Mañanas Blu con Camila Zuluaga refiriéndose a la demanda que instauraran por, supuestamente, el bloqueo del desarrollo de una región clave para la economía del departamento, que se caracteriza por su vocación cafetera, minera, agropecuaria y turística."Es una irresponsabilidad del Gobierno nacional tratar de definir lo que se puede hacer en nuestros territorios, ya que eso corresponde a nuestras administraciones locales. ¿Qué pasará con las empresas que representan la mayor fuente de empleo en nuestro municipio? ¿Qué pasará con los cafeteros?, añadió el gobernador Rendón, reafirmando su compromiso hacia la defensa de la autonomía regional. Impacto en Agricultura y MineríaLa controversia sobre la resolución también trae a la mesa el tema de la minería. Rentas importantes para el desarrollo del suroeste antioqueño podrían verse amenazadas, de acuerdo con el mandatario de los antioqueños."Estamos tratando de proteger, no solo nuestros cultivos, sino también las futuras oportunidades para los proyectos mineros que son vitales para nuestros municipios. La resolución que salió el 26 de diciembre del año pasado fue una resolución silenciosa, es darle a un burócrata en Bogotá el poder, como un planificador central, que es la más clara muestra de lo socialista que encarna este Gobierno, de definir qué se hacen en los territorios, además, con un desconocimiento realmente asombroso", explicó el mandatario.Sobre un diálogo con el Gobierno nacional Los alcaldes de varios municipios de Antioquia han expresado la necesidad de establecer un diálogo efectivo con el Gobierno nacional para abordar sus preocupaciones. Sin embargo, la relación entre el gobierno de Antioquia y las autoridades nacionales se presenta como "complicada", marcada por tensiones y desconfianzas. "Invitamos a los congresistas que aprobaron el Plan de Desarrollo a la reunión y varios de ellos estuvieron presentes. Ellos también deben entender que sus decisiones afectan profundamente nuestra autonomía", dijo Rendón. Escuche la entrevista completa aquí:
El reciente anuncio del Ministerio de Agricultura frente a la resolución que faculta las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos en el Suroeste de Antioquia, invitó a líderes de la región a cerrar filas contra esta iniciativa que busca delimitar hasta 250.000 hectáreas de los 23 municipios para desarrollar ciertas actividades agrícolas.Tras una reunión en el municipio de Ciudad Bolívar, en la que participaron directores de las provincias, gremios y congresistas de la bancada antioqueña, además de 16 mandatarios de la subregión, el gobernador Andrés Julián Rendón insistió en rechazar esta figura sobre la cual indicó que articularán esfuerzos desde diferentes frentes para demandarla ante la Corte Constitucional.Según Rendón, la resolución vulnera la autonomía territorial y es una muestra más del abuso del centralismo proveniente del Gobierno nacional."La resolución se pasa por la galleta la Constitución Política de Colombia y la Gobernación, conjuntamente con los alcaldes, con las provincias y con todos los actores que se quieran sumar, la demandamos. Pretenden desde el Gobierno nacional bloquear el progreso y el desarrollo de su región cafetera más trascendental de Antioquia", dijo.También, por las dudas que sigue generando este proceso, en especial porque se considera que le quita autonomía a los departamentos y municipios, congresistas antioqueños han anunciado diversas acciones en contra. El representante a la Cámara por Antioquia, Juan Espinal (Centro Democtrático), detalló que ya envió un derecho de petición al Ministerio de Agricultura."El pasado viernes presenté acción de tutela y ya he presentado cuatro acciones iguales ante el Ministerio de Ambiente y ante el Ministerio de Agricultura porque, desafortunadamente, el gobierno del presidente Gustavo Petro oculta la información y de manera especial como nos protege la ley al Congreso de la República", declaró Espinal.Ante esta resolución firmada por la ministra Martha Viviana Carvajalino argumentan, además de los impactos en la economía, una falta de socialización en los municipios, pese a que estudiosos del documento de más de 500 páginas señalan que solo es una hoja de ruta o la mitad del camino para declarar estas zonas. El senador antioqueño (partido Conservador) Nicolás Echeverry anunció que citará a la ministra a un debate de control político."Un debate de control político, la demanda de ese acto administrativo y el respaldo total al gobernador de Antioquia y a los alcaldes para que reclamemos ante el Gobierno nacional el archivo inmediato de ese acto administrativo", señaló Echeverry.Finalmente, los mencionados congresistas y el gobernador de Antioquia anunciaron que presentarán una acción de nulidad simple contra esta resolución. A la par, el gobernador Andrés Julián Rendón se reunió con los 23 alcaldes del Suroeste, directores de las provincias, gremios y congresistas de la bancada antioqueña este martes para abordar los impactos que tendría esta resolución, por lo que se espera que en las próximas horas hagan un pronunciamiento conjunto.
La polémica en Antioquia por una resolución del Ministerio de Agricultura que busca establecer Áreas de Protección para la Producción de Alimentos en el Suroeste del departamento ha generado todo tipo de negativas en la región, ya que varios sectores aseguran se está delimitando la producción en el suelo antioqueño.De momento se ha conocido que lo que pretende el Ministerio de Agricultura es crear unos polígonos para fines de producción alimentaria, no obstante y como se ha denunciado desde la subregión, esta decisión de la Nación le pondría un cerco a diferentes actividades económicas que tienen los municipios de la zona. Asimismo, se aduce que hay una falta de socialización del proyecto con las comunidades que se verían salpicadas por la resolución.Con este panorama se pronunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien confirmó que la autoridad departamental va a demandar la controversial resolución."El Gobierno nacional por querer oponerse a todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la minería a las autoridades locales. Los consejos municipales, los consejos municipales son los únicos competentes en la constitución y la ley de Colombia para definir los usos del suelo", detalló el mandatario.Además, Rendón afirmó que es una usurpación del Gobierno nacional a las autoridades locales, en su lucha ideológica por oponerse al desarrollo de la minería.Quien apoya al gobernador, es el representante a la Cámara por Antioquia Hernán Cadavid, es uno de los que da un no rotundo a este proyecto, señalando que no se tuvieron en cuenta las objeciones hechas al proyecto de resolución y cuestionó por qué no se decretaron zonas como La Mojana, la Altillanura, que son aptas para alimentos. Por ello, anunció que demandará."¿Qué sigue allí? Nosotros hacer un estudio para proceder a demandar esa resolución del artículo del Plan Nacional de Desarrollo, en el que el gobierno se sustenta para ese tipo de decisión, también está demandado. No hay decisión de la Corte Constitucional todavía. Es el gobierno nacional diciendo a los entes territoriales cómo es la utilización del uso del suelo, que es una competencia constitucional de los municipios", detalló el congresista.Por ahora se espera que la demanda anunciada por Rendón avance mientras que se pide que las autoridades nacionales involucradas en la resolución hagan presencia en la subregión para que le puedan dar a entender a las comunidades cómo van a funcionar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos.
Una reciente resolución del Ministerio de Agricultura, firmada el 26 de diciembre, ha encendido el debate en Colombia, especialmente en el suroeste antioqueño. La medida, que busca establecer Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APA), ha generado incertidumbre y preocupación en diversos sectores económicos, incluyendo floricultores, ganaderos y empresarios del turismo. ¿Qué implicaciones reales tiene esta resolución? ¿Cómo afectará a las diferentes actividades económicas? A esta y otras preguntas respondió la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en Mañanas Blu.El corazón del debate: las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APA)La iniciativa del Gobierno, según la ministra Carvajalino, busca "garantizar áreas para la producción de alimentos y contribuir a la lucha contra el hambre". Sin embargo, la resolución ha sido objeto de fuertes críticas, llegando a ser calificada por algunos como una "expropiación agraria". Esta percepción ha generado reacciones tanto en el Congreso como en la opinión pública, intensificando la controversia.La resolución abarca inicialmente 250,000 hectáreas en 23 municipios del suroeste antioqueño. Pero la ambición del gobierno va más allá, con planes de extender las APA a otras regiones del país, incluyendo la Sabana de Bogotá, La Guajira, Tolima, Cauca, Putumayo, Llanos Orientales, Córdoba y Santander.La ministra Carvajalino aclaró que, si bien la firma se realizó el 26 de diciembre, la resolución se publicó para comentarios el 4 de noviembre, recibiendo y respondiendo a 51 comentarios: "Es una resolución que en efecto se firmó el 26 de diciembre, pero la resolución fue publicada para comentarios el 4 de noviembre. Nosotros recibimos cerca de 51 comentarios, fueron respondidos".¿Restricciones a la ganadería, la minería y el turismo?Una de las mayores preocupaciones se centra en las posibles restricciones que la resolución podría imponer a otras actividades económicas en las áreas designadas como APA. En el suroeste antioqueño, la ganadería, la minería y el turismo representan un porcentaje significativo de la economía regional (39.3%).Sobre la ganadería, la ministra fue enfática: "No, todo lo contrario. Esto protege la actividad ganadera, la actividad de producción de alimentos se derivan de todas las actividades agrícolas que, como lo definimos en el año 93 en la ley 101, son todas las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales".Sin embargo, la ambigüedad en la redacción de la resolución ha dado pie a diversas interpretaciones. En cuanto a la minería, la ministra aclaró que no es competencia del Ministerio de Agricultura regular esta actividad: "¿Quién puede realmente generar una exclusión de la actividad minera? Es el sector ambiente, a partir de las determinantes ambientales".El caso particular de la floricultura en la Sabana de BogotáLa posible implementación de APA en la Sabana de Bogotá ha generado especial inquietud en el sector floricultor, una actividad que genera miles de empleos y representa un importante renglón de exportación para Colombia.La ministra aseguró que se están llevando a cabo mesas de trabajo con los floricultores para encontrar soluciones que no afecten su producción. "Hemos venido hablando con los floricultores, estamos en mesas técnicas ya casi por un año y yo creo que la sabana de Bogotá va a ser el mejor ejemplo de cómo construir estas áreas de especial producción para la producción". Ante la pregunta directa sobre si se acabarían los cultivos de rosas, respondió: "No, y por eso hemos venido trabajando con estos".Argumentos del Ministerio: Protección del suelo y seguridad alimentariaLa ministra Carvajalino defendió la resolución argumentando la necesidad de proteger el suelo rural agropecuario, un recurso limitado y fundamental para la producción de alimentos. "Nosotros tenemos una protección del suelo rural agropecuario desde el año 74 en el Código de Recursos Naturales. Este es un recurso que debe protegerse".Además, explicó el concepto de "determinantes del ordenamiento": "Los determinantes son esas normas del ordenamiento que están establecidas en el artículo 10 de la ley 388, nuestra ley orgánica de Ordenamiento Territorial, que deben todos los usuarios del sistema, en particular aquellos que son los que están facultados constitucionalmente para ordenar del suelo".La ministra insistió en que no se busca imponer qué sembrar: "Nosotros no vamos a decir qué sembrar y qué no sembrar en las áreas de especial protección para la producción de alimentos". Lo que se busca, según sus palabras, es "identificar dónde se está produciendo toda la actividad agrícola, toda la actividad pecuaria… para poder decir vamos a proteger esas zonas".Puntos que generan dudas y requieren mayor claridadA pesar de las explicaciones de la ministra, persisten algunas dudas:Criterios de selección de las zonas: si bien se mencionó la importancia de las condiciones agrológicas, no se detalló el proceso específico para seleccionar las 250,000 hectáreas en Antioquia, ni las de las otras regiones.Consecuencias para quienes no cumplan la resolución: no se especificaron las posibles sanciones o consecuencias para los propietarios que no deseen dedicar sus tierras a la producción de alimentos.Base legal para priorizar la producción de alimentos sobre otras actividades: si bien se citaron leyes anteriores, no se profundizó en la justificación legal específica para priorizar la producción de alimentos sobre otras actividades económicas en suelos de alta vocación agrícola.
Los contratistas en varias entidades del Estado están viviendo una amarga Navidad por cuenta de la falta de recursos del Gobierno nacional y severo control de caja que está haciendo el Ministerio de Hacienda.En la Agencia Nacional de Tierras por ejemplo, enviaron una carta al director de crédito público, José Roberto Acosta, quejándose porque necesitan unos 50.000 millones de pesos para pagar a sus contratistas y hoy los pagos están frenados. La lista de afectados incluye a 68 mujeres embarazadas a quienes no hay cómo pagarles.Por otro lado, en el Congreso el panorama es crítico y hay 500 contratistas que se verán afectados. El Congreso pidió al Gobierno unos 27.000 millones de pesos para cumplir los compromisos de diciembre y les giraron apenas unos 5.000 millones de pesos.En el Ministerio de Agricultura la situación era similar. La entidad tuvo frenados los pagos a sus contratistas y hasta ahora le giraron los recursos del Plan Anual de Caja, con lo cual se espera que puedan ponerse al día con los contratistas antes de que acabe el año.Las noticias para 2025 no son mucho mejores y en medio de los recortes al presupuesto nacional varias entidades están dándole malas noticias a sus contratistas.En el IGAC, por ejemplo, se van a reducir considerablemente el número de contratos por prestación de servicios y más de la tercera parte no se va a renovar en 2025.Por su parte, en el Departamento Nacional de Planeación ya se está haciendo el anuncio, a varias áreas, que los contratos no tendrán aumentos en su valor. Por el contrario, varios contratos tendrán valores más bajos.
Desde Cartagena, el ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que recorte presupuestal se da al déficit del recaudo del impuesto de renta y que no hubo volumen de anticipos como se obtuvo en el 2023, y así mismo que no tendrá ninguna implicación ni expectativa para el 2025. También afirmó que el recorte presupuesto, en lo que queda del 2024, se dará en sectores que tienen el recorte, están directamente relacionados con la magnitud de recursos asignados, pero que no están destinados para ejecutarse completamente como en el caso del Ministerio de Transporte, Agricultura e Inclusión Social.La cifra del recorte pertenece al 5,6 % del Presupuesto General de la Nación y están definidos en dos partes; 18,2 billones en funcionamiento y 10,1 billones en inversión.FuncionamientoDentro del recorte funcionamiento, el Ministerio de Hacienda confirmó que se hará una recorte de 18,2 billones de pesos y las áreas de donde saldrá el dinero son las siguientes; Ministerio de Hacienda con 118, billones; Ministerio de Trabajo con 3,9 billones; Ministerio de Defensa con 606.000 millones; la rama judicial con 452.000 millones y Fiscalía con 347.000 millones.InversiónDentro de los recortes confirmados para la inversión, el Ministerio de Hacienda confirmó que será de 10,1 billones de pesos que se hará de las siguientes áreas: Inclusión Social y Reconciliación con 1,8 billones; Ministerio de Hacienda con 1,7 billones; Ministerio de Transporte con 1,4 billones, Ministerio de Agricultura con 1,2 billones y Ministerio de Vivienda con 647.000 millones.Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostuvo que aunque las Confían sugirieron un recorte de 33 billones, la cifra final de 28,4 billones corresponde a la necesidad del traslado económico para las emergencias presentes en el país, como lo es en el departamento de Chocó, en el Alta Guajira y por el desabastecimiento de agua en Bogotá. Concluye además que los sectores que no se tocarán son salud y educación.
En medio de la posible venta de acciones por parte de la empresa Monómeros colombo- venezolana, el pasado 15 de noviembre fue modificada la junta directiva que, aunque se mantiene liderada por funcionarios del gobierno venezolano, oficializa la salida del único representante de Colombia en esta compañía. Se trata del registro de certificado de existencia y representación legal inscrito ante la Cámara de Comercio de Barranquilla, en la que se evidencia el aterrizaje de importantes líderes de PDVSA y Petroquímica de Venezuela a la junta directiva de una empresa dedicada a la producción de químicos para el sector agropecuario. Por esto, se dio el ingreso de Mauricio Cervando Herrera Torres, presidente de Petroquímica de Venezuela S.A., quien ahora es miembro principal, igual que Heifred Jhoselin Segovia Marrero, vicepresidenta de la misma empresa. También están en la lista Marco Magallanes Grillet, vicepresidente Ejecutivo de PDVSA; Torino Jose Manzulli Escarra, quien llega por primera vez a la junta directiva y es un reconocido abogado en Venezuela. Continúa en la lista Ninoska Del Valle Rodríguez Yoris, quien ya era parte de la junta directiva desde 2022. Le sigue Eduardo Fernández Anaya, miembro principal de la junta de Pequiven y quien ingresó en 2022 a la junta directiva de Monómeros asignada por Maduro como suplente. Le sigue Esteban Rafael Guilarte Cisneros, quien también repite como suplente; a igual que Ricardo Luis Sánchez. En la lista de suplentes también llegan los nombres de José Javier Hernández Castillo y Edgar Gustavo Corales Díaz. Pese a que a inicios de noviembre el presidente Gustavo Petro se quejó, a través de una carta, de que no estaba de acuerdo con el interés de venta que había sobre las acciones de la compañía, a partir de una supuesta instrucción entregada por el ministro de Industria Alex Saab, esta junta directiva sigue dejando el manejo de esta compañía por funcionarios del gobierno venezolano.
En el marco de la estrategia para apoyar a familias productoras de leche en Antioquia, Cundinamarca, Córdoba, Cesar, Caldas y Nariño, El Ministerio de Agricultura destinó 2.000 millones de pesos para dar incentivos a las personas que almacenan leche en polvo, leche entera y quesos madurados de origen nacional, dirigido a compradores y procesadores en los últimos meses del año.Lo anterior, por los bajos niveles de inventario que tiene el sector lácteo de producto nacional, por esto se estima que la iniciativa impactará cerca del 10% del volumen total actual de inventarios del sector.Además, se busca almacenar un volumen de hasta 3.440 toneladas de leche en polvo, 90 toneladas de quesos madurados y 3.310 toneladas de leche entera.Este incentivo se entregará el próximo 15 de diciembre del presente año o hasta agotar los recursos. Los interesados podrán inscribirse en la página web de la bolsa mercantil hasta el próximo 8 de noviembre.
Luego de 6 días de diálogo y 2 días de más de 16 horas de concertación, el Gobierno nacional junto a los campesinos llegaron a acuerdos para levantar las protestas en Santander y Boyacá, entre los acuerdos logrados, se suspende delimitación del páramo del Almorzadero y comenzará el estudio para analizar delimitación de los páramos de Santurbán y Cucuy.Así lo confirmó la viceministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Tatiana Roa, quien enfatizó en que fue logrado un acuerdo social entre campesinos y Gobierno nacional: “Es importante reconocer el papel que jugaron los gobernadores que estuvieron estos 6 días. Se lograron articular 2 asuntos relevantes: el reconocimiento del campesino como un sujeto de derechos y el segundo ordenar el territorio alrededor del agua”.Los acuerdos acordados fueron los siguientes:Páramo del AlmorzaderoEl Gobierno nacional se comprometió a derogar el acuerdo en tal sentido que el Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible emitirá un acto administrativo que revoque la fuerza ejecutoria de la resolución 0152 de 2018 por medio de la cual "se delimita el páramo del Almorzadero y se dictan otras disposiciones”, a su vez se espera la sentencia del Juzgado Promiscuo de Málaga. Además, se mantiene la prohibición de la minería en el área y se incluirá una nueva delimitación que no afecte las actividades agropecuarias.Se construye una reserva temporal en el páramo del Almorzadero.Páramo de SanturbánDerogatoria de la resolución 2090 de 2014, donde se delimita Santurbán y Berlín, será instalada una mesa jurídica el 26 de noviembre de 2024 en el corregimiento de Berlín con el Ministerio de Ambiente, Agricultura, SNR e IGAC como representantes del Gobierno nacional, y a su vez tendrá la participación de líderes campesinos que velen por los intereses de sus comunidades.Durante la última semana de febrero de 2025 se instalará una segunda mesa jurídica, haciendo una revisión integral del marco normativo sobre la delimitación de las fronteras agropecuarias.El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se comprometió a presentar la caracterización socioambiental de productores agropecuarios del corregimiento de Berlín.La autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), a su vez se compromete a actualizar su información en los ETESA, de acuerdo al acta 001 del 27 de marzo de 2022.Área de páramo Sierra Nevada del CocuyFue derogada la resolución 1405 de 2018, donde se instalarán mesas jurídicas en el municipio de Güicán de la Sierra, los días 10 y 11 de diciembre de 2024, para debatir la resolución abordando las inquietudes y solicitudes de las comunidades campesinas de la región.A su vez fue derogado el artículo 5 de las resoluciones 1468 y 7067 establecidas en los parámetros del ICA que establece prohibiciones mineras y agropecuarias, exceptuando a estas últimas de la prohibición.Así mismo se levantan los delitos ambientales establecidos en la ley 2111 de 2019 que afectan a los campesinos de alta montaña y quedan sin efectos los comparendos emitidos a la fecha por estos delitos. La oficina de instrumentos públicos realizará las inscripciones en los folios de matrículas de predios en zonas de páramo.Será emitida una circular conjunta del Banco agrario a nivel nacional y a la Superintendencia de Notariado y Registro, para permitir prestamos a campesinos para la reactivación de cultivos haciendo claridad sobre las actividades permitidas en el área de páramo, resaltando que no aplican las mismas restricciones para las áreas protegidas.Se construirán unas mesas técnicas y jurídicas buscando formas administrativas que permitan al campesino garantizarles sus derechos. Empiezan a formalizarse los acuerdos se realizarán las primeras reuniones en el mes de noviembre dando respuestas a la protección del páramo y a los campesinos.La ley de páramos nunca prohibió la actividad agrícola y el acuerdo busca las alternativas frente a las situaciones que ellos han demostrado les genera preocupaciones a campesinos. El páramo es apto para la agricultura, verificando cuál es la de alto impacto y la de menor impacto.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, afirmó que pese a un inicio de mesa poco acertada “logramos que el Gobierno nacional escuchara a los campesinos del páramo. Era una inquietud que venía desde hace mucho tiempo, pedimos que viniera alguien que pudiera tomar decisiones posterior al primer día de diálogo y vino la Viceministra”, por esa razón como garante seguiré siendo el interlocutor para que los Santandereanos sean escuchados en las diferentes inquietudes que tengan.Ferney Villamizar, alcalde el municipio de guaca, aseguró que como garante en el proceso y habitante de la zona de páramo “hoy hay expectativas porque esperamos que con estos acuerdos se mejoren las condiciones agropecuarias del municipio y de todo el almorzadero el 70% de nuestra región está dentro del páramo”.
Ivonne González, representante de Pequeños Mineros de Santander, aseguró que el Gobierno Nacional ha venido dilatando este punto con diferentes excusas “tratando de hacerle conejo a los mineros y no lo vamos a permitir yo ya voy a Caucasia con el ministro que ha exigido mi presencia” ratifico.El Decreto 044, es el que delimita las zonas de reserva natural, el cual ha confirmado en varias ocasiones la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que es el decreto por el cual el gobierno nacional busca proteger ciertas zonas, sin embargo, ha sido objeto de rechazo por diversas organizaciones, incluyendo la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y Fenalcarbón.Según las diferentes asociaciones de Minería en Santander, si se implementa, este decreto podría paralizar proyectos mineros por hasta cinco años, afectando tanto a operaciones en curso como a aquellas en proceso de licenciamiento.La Asociación de Pequeños y Medianos Mineros de Santander denunció que en las mesas de dialogó que se han venido concertando en Caucasia (Antioquia) y Bucaramanga (Santander), tanto el ministro de Minas, Andrés Camacho, y la viceministra de Ordenamiento del Territorio, Tatiana Roa Avendaño, no han querido tocar el tema lo que ha generado indignación en el sector.Para González esta “administración justifica exclusión alegando que las protestas son predominantemente campesinas, pero les recordamos que más de 2,000 pequeños y medianos mineros nos manifestamos el pasado 16 de octubre frente al Ministerio de Ambiente”.“Nos quieren hacer conejo, a las comunidades mineras y no lo vamos a permitir, ha dicho, pero no está Ivonne y le manifiesto que ya voy para allá ministro”, confirmó González, quien aseveró que cualquier delegado está apto para tomar decisiones en representación de los mineros de Santander, Córdoba, Chocó y Risaralda.Los mineros, mediante un comunicado, cuestionaron la defensa del Gobierno sobre el decreto: “Argumenta que las zonas de reserva no afectarían la producción agrícola. La implementación arbitraria de estas áreas, sin concertación ni estudios técnicos adecuados, podría tener consecuencias devastadoras para las comunidades afectadas”.Afirman que los derechos como mineros y campesinos están siendo vulnerados y envían una pregunta al Gobierno Nacional. “¿Cuántas movilizaciones quieren para que respeten nuestros derechos? No queremos el desplazamiento a miles de familias que dependen de la minería”, aseguró González.
