El exconcejal del municipio de Inírida, Juan Esteban Barrera Veloza, fue judicializado por los delitos de concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental e invasión de área de especial importancia ecológica. Esto después de que un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Ambientales y el Medio Ambiente revisara los materiales probatorios.Según las investigaciones el exconcejal (2020-2023) habría trabajado junto a su madre Carmen Julia Veloza Pesquera y Juan Camilo Aguado Hernández, dotándolos de información y permitiendo que la extracción ilícita de oro se llevara a cabo con alrededor de 10 dragas que eran ubicadas a lo largo del ríoLa Fiscalía determinó que, Carmen Veloza se habría encargado de contactar a los buzos que descendían al momento de usar las dragas, además de coordinar el traslado de la maquinaria de extracción.El otro implicado es Juan Camilo Aguado Hernández, quien, según la entidad, habría sido el encargado de adquirir los insumos, repuestos y también hacer parte de la explotación en el río Atabapo.Minería ilegal en GuainíaLa explotación de recursos como el oro en el departamento es algo que existe hace bastante tiempo. Situación que ve envuelta en un debate dado que, por el uso de elementos químicos, como el mercurio, genera afectaciones en el medio ambiente. Pero que también es el sustento de varios residentes de la zona.“El conflicto socioambiental que se genera alrededor de la minería aluvial de oro en Inírida se relaciona con varios factores, como las restricciones a los usos del suelo por la vocación de los mismos, debido a las guras de ordenamiento territorial y conservación presentes en el territorio; la informalidad de la minería; así como la falta de oportunidades de otras actividades laborales”, dijo el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.La fuerza pública se ha hecho presente en la zona y por medio de operativos militares se han realizado controles para evitar la minería ilegal y dar con grupos al margen de la ley que operan por la frontera entre Colombia y Venezuela
Con más de 300.000 dólares, embajada de Estados Unidos apoya la recuperación de suelos contaminados por mercurio en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.Desde 2019, el gobierno de Estados Unidos ha financiado esta iniciativa desarrollada por biólogos y expertos de la Universidad de Córdoba, y liderada por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de Caucasia. Hasta el momento se ha logrado la restauración de 30 hectáreas de suelos impactados por la minería ilícita, un proceso en el que ya se han vinculado cerca de 50 familias del Bajo Cauca antioqueño, quienes han recibido entrenamiento sobre esta metodología que también se está implementando en otros corregimientos con áreas afectadas.Este proyecto utiliza la técnica de fitorremediación, una tecnología de bajo costo y fácil implementación, que utiliza plantas con capacidad para absorber, estabilizar o transformar contaminantes presentes en terrenos, aguas o sedimentos, eliminando de esta manera el mercurio, el arsénico, el plomo y el cadmio, usados en la minería aurífera en los suelos, permitiendo que estos sean restaurados para llevar a cabo actividades agrícolas. Kevin Murakami, director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la embajada de Estados Unidos en Colombia, mencionó que el camino ha sido largo, pues el estado inicial de los suelos con metales como el mercurio excedían los valores de referencia internacionales y nacionales.“Al momento de iniciar el proyecto, los suelos se encontraban severamente degradados y erosionados; mostraban una baja fertilidad y una limitada capacidad productiva, como resultado de las malas prácticas y el uso de mercurio en actividades de minería de oro. Además, presentaban altos niveles de mercurio, que excedían los valores de referencia internacionales y nacionales, representando un riesgo para la salud humana y el medio ambiente", explicó el director."Ahora, la DICAR está llevando a cabo un proyecto maravilloso, pues está capacitando a la comunidad para poder convertir zonas completamente áridas y desérticas en terrenos aptos para generar modelos y alternativas productivas, con enfoque de desarrollo económico y social”, completó.En el marco de esta alianza entre Estados Unidos y Colombia, se ha experimentado con plantas como el piñón y el guarumo, que han demostrado su capacidad para estabilizar el mercurio en suelos contaminados.Es importante mencionar que a pesar de los grandes beneficios de esta técnica y de que no es muy costosa, la implementación de esta implica recursos, y la cooperación de las comunidades que en muchas ocasiones desconfían de estos procesos por la presencia de los grupos armados que operan en el territorio. Esta regeneración es un proceso lento, que puede llevar décadas, sin embargo, el avance en la rehabilitación de estos suelos ha permitido trabajar en el proceso para llevar a cabo este proyecto en el departamento del Chocó.
La Fiscalía confirmó la captura de ocho personas aparentemente responsables de la explotación y comercialización ilegal de oro en Antioquía y Sur de Bolívar que posteriormente fue exportada hacia Emiratos Árabes y Estados Unidos. De acuerdo con la investigación, se dió el golpe en contra de la estructura ilegal tras el seguimiento de la ruta ilícita de otro extraído en varios yacimientos a cielo abierto en el Bajo Cauca que dejaba en evidencia el actual de las empresas dedicadas a la extracción del material.Los ocho involucrados en las actividades ilegales son; Edgar Harvey Vergara Díaz, Hoffman Leandro Vergara Díaz Y Janeth Cecilia Díaz Correa, señalados de ser los articuladores principales. Así mismo, se identificó como colaboradores a Yerson James Zúñiga Mejía, Liseth Johana Patiño Muñóz, Rosa Katherine Monsalve Cano, Diana Maria Rios Zapata y Leidy Johana Patiño Muñoz, señaladas por Complur roles como contadores, administradores y revisores fiscales.Dentro de la investigación, también se determinó que el oro ilegal se obtenía con el uso de maquinaria pesada y elementos químicos no registrados generando daños ambientales. Así mismo, el material extraído era comercializado en Medellín y Santa Rosa (Bolívar) para ser alistado para enviar como exportación a Medio riente y Estados Unidos. El material revisado pudo determinar que hay ganancias avaladas por más de 80,000 millones de pesos, dinero que no corresponde a las cantidades de oro enviadas al extranjero por lo cual se declaró como incremento de patrimonio no justificado.Por su parte, un fiscal de la dirección de delitos contra los recursos naturales imputó delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de activo, explotación ilícita de yacimiento y fraude procesal.
En la escarpa occidental de Bucaramanga, en medio de un recorrido que realizaban la Policía, funcionarios de la secretaría del Interior municipal y de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, fueron capturados dos hombres que se encontraban realizando minería ilegal.En el sitio las autoridades hallaron palas, picas y mangueras, elementos usados para la actividad ilegal.“Nos encontrábamos en un recorrido en la escarpa occidental desde el Barrio Santander hasta la salida de la vía a Chimitá, unos 5 kilómetros, verificando la grave afectación al medio ambiente, la ocupación ilegal de predios y la afectación de fuentes hídricas, flora y fauna por cuenta de la minería ilegal, cuando sorprendimos a los dos hombres ocasionando daños ambientales sobre la quebrada La Cuyanita”, señaló Gerardo Hernández, funcionario del equipo de seguridad de la Secretaría del Interior de Bucaramanga.El operativo lo realizaron los funcionarios por varias denuncian que recibieron en la Alcaldía de Bucaramanga sobre daños que particulares estaban haciendo al medio ambiente.“Quienes participaron del operativo constataron la grave afectación que están causando quienes llevan a cabo estas prácticas ilegales. Lastimosamente, están afectando fuertemente nuestras cuencas hídricas y sus alrededores, con destrucción de flora y fauna”, manifestó el funcionario.La Alcaldía de Bucaramanga informó que continuará con las actividades de control en las distintas cañadas que bordean la meseta, y que causan problemas gravísimos de erosión con daños a viviendas.
La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía Nacional, confirmó que 19 bienes que pertenecerían a un grupo delincuencial dedicado a la extracción y explotación ilícita de carbón en la modalidad de socavón, en Norte de Santander, fueron incautados en un procedimientio judicial de extinción de dominio. Las propiedades están representadas en dos inmuebles urbanos, ubicados en Cúcuta; dos fincas en Chinácota y Chitagá; una retroexcavadora, un establecimiento de comercio, dos sociedades comerciales, y 11 vehículos, entre volquetas, camionetas, camiones, camperos y automóviles, señalaron las autoridades que participaron en el procedimiento judicial. "Los cálculos preliminares indican que los activos superarían en valor los 3.100 millones de pesos. Al parecer, fueron adquiridos con dineros producto de la extracción ilegal de carbón, mediante el uso de maquinaria industrial, en una mina localizada en la vereda Burgua, en Chitagá, Norte de Santander", aseveró en un comunicado la Fiscalía General de la Nación. Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso sobre los 19 bienes medidas cautelares de secuestro, toma de posesión, embargo y suspensión del poder dispositivo, ante las evidencias del presunto origen ilícito de los recursos. Dicen las autoridades que en el año 2022, en un operativo realizado en Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander, fueron capturadas nueve personas señaladas de integrar una organización ilegal involucrada en actividades de minería ilegal."En su momento, se constató la manipulación de explosivos, martillos neumáticos y otros sistemas mecanizados para obtener carbón a gran escala. Estas labores generaron graves afectaciones a las fuentes hídricas, como quebradas que abastecen de agua a los municipios de Chitagá y Tibú, Norte de Santander. Igualmente se evidenció un deterioro de la vegetación, el suelo y los ecosistemas nativos de la región, donde realizaban las actividades mineras ilegales", señaló la Fiscalía. A los nueve capturados por mineria ilegal la Fiscalía los acusó ante un juez por los delitos de concierto para delinquir agravado; explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales; daño en los recursos naturales; y fabricación, tráfico y porte de armas municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.En próximos meses se conocerá la sentencia. Boletín Fiscalía:
En videos y fotos quedó la evidencia de una supuesta donación por parte de delincuentes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, entregando maquinaria para, supuestamente, emplearla para el arreglo y mantenimiento de vías terciarias en el departamento del Cauca.Sin embargo, información de inteligencia militar con drones dejó al descubierto que las máquinas, un total de 15 retroexcavadoras, 10 dragones, 8 clasificadoras y por lo menos 30 motores, están siendo empleados para adelantar labores de explotación ilícita de yacimientos mineros sobre el río Micay.Se estima que mensualmente los delincuentes estarían extrayendo de esta zona al menos 7.000 gramos de oro, lo que le estaría generando ganancias criminales de por lo menos $4.000 millones a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.“Estas labores de minería ilegal ya comienzan a dejar una dolorosa huella, ya que han afectado no solo el agua del afluente, sino que también la flora, fauna y la vegetación. Con estas maniobras depredadoras han afectado varias hectáreas cercanas al río”, destacan las autoridades.Otro grave problema, de acuerdo con inteligencia, es que del agua del río Micay, de la cual se surten acueductos de poblaciones como El Plateado, San Juan de Mechengue y Honduras entre otros, está resultando gravemente afectada por los químicos que emplean para la minería ilegal, también perjudica la salud de por lo menos 15.000 personas.También las autoridades descubrieron que los delincuentes emplean, de manera indiscriminada y sin ninguna clase de control, insumos químicos como el mercurio y el cianuro, que son altamente tóxicos, causando graves daños en la salud de la población y en afluentes que son hábitats de peces y otras especies hidrobiológicas que conforman la cadena alimenticia humana.Los enfrentamientos entre criminales al mando de alias ‘Iván Mordisco’ y la Segunda Marquetalia son justamente por el control de rentas ilegales como la explotación ilícita de yacimientos mineros, cultivos ilícitos y producción de droga, además de tener un corredor de movilidad con salida hacia el Océano Pacífico.
Autoridades del Bajo Cauca y Norte de Antioquia permanecen en alerta frente a un eventual paro minero tras inconformidades del gremio con recientes decisiones adoptadas por el Gobierno nacional.A través del decreto 1035 del 14 de agosto, la fuerza pública destruya maquinaria amarilla destinada a la minería irregular, lo que motivó a que organizaciones del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Bolívar declararan el cese de actividades que ya completa tres días.Según Liseth Osorio, vocera del Comité por la Vida y la Formalización Minera, aunque descartan vías de hecho, bajo el mecanismo de asamblea permanente esperan realizar encuentros que cuenten con el acompañamiento de expertos para avanzar en procesos de formalización."El llamado que hicimos fue al gremio a decirle paren sus actividades para ayudarles a organizar las asociaciones y podamos ser reconocidos y participar en el distrito minero, para esto planteamos la asamblea permanente que no es otra cosa, sino una dinámica de cómo ayudar a la gente", indicó Osorio.Por su parte, Alejandro Suárez, alcalde encargado de Caucasia, expresó que hay una importante voluntad de localidades de la región como Nechí, Cáceres, Tarazá, entre otros, para suministrar el acompañamiento que requiera este gremio que tendrá como punto central de encuentro durante estas jornadas el coliseo municipal de Caucasia."Por parte de la Alcaldía de Nechí se brindará un apoyo con un equipo de profesionales, igualmente por la Alcaldía de Cáceres y la Alcaldía de tarazá. Es decirle a todos que estén tranquilos, es más un tema formativo es más un tema de formalización. No hay paro minero", detalló Suárez.Tras un consejo de seguridad con promotores de la iniciativa y diferentes autoridades de la subregión, la Defensoría del Pueblo destacó que seguirán muy de cerca los compromisos del Gobierno nacional con estas comunidades con los que se han evitado situaciones similares en los últimos meses y que al parecer no se estarían cumpliendo.
La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional adelantó un golpe contra el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. En operativos desarrollados en el municipio de Villarica, departamento del Cauca, las autoridades destruyeron maquinaria amarilla que servía para la extracción de oro de manera ilegal.De acuerdo con el reporte, la Policía logró intervenir cinco unidades de producción minera aluvial, además de que se destruyeron 14 motores industriales y nueve dragas tipo buzo. Estos dos últimos artefactos, que contaban con un valor de 200 millones de pesos, eran usados por las disidencias para la extracción ilegal de minerales y tenían la capacidad de producir cerca de 2.160 gramos de oro al mes, generando ganancias de 134 millones de pesos durante el mismo periodo.“Esta operación se desarrolló en la zona rural del municipio de Villa Rica, sector Aventura, impactando directamente las finanzas criminales de esta estructura, que obtenía beneficios económicos mediante el cobro ilegal del 20 % del valor comercial del mineral extraído”, dijo el brigadier general William Castaño Ramos, director de Carabineros y Protección Ambiental.Desde Carabineros aseguraron que el operativo también “permitió mitigar el vertimiento de mercurio en el río Cauca, contribuyendo a la protección de la capa vegetal, componente hídrico y biodiversidad de esta zona de la región”. En últimas, las autoridades afirmaron que continuarán comprometidas con la implementación de acciones para contrarrestar la explotación ilícita de minerales.
El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 1035 que faculta a las Fuerzas Militares, en especial a la Armada y al Ejército Nacional, para la destrucción de maquinaria amarilla de los delincuentes en todo el país. Hasta la aprobación de este decreto, según indica la norma, el único facultado para hacerlo era la Policía Nacional.“Aproximadamente 1.000 hombres estaban encargados de la destrucción de la maquinaria amarilla, las dragas y los dragones dedicadas a la extracción ilícita de minerales. Hemos tenido en este último año y medio una crisis de la coca, y eso ha hecho que los grupos armados organizados migren también por los altos precios del oro a la economía ilícita del oro, que además es más fácil traficarla”, dijo la viceministra de Defensa, Ana Catalina Cano.En caso de flagrancia la Policía, el Ejército y la Armada procederán con la medida de incautación de la maquinaria pesada y sus partes que estén siendo utilizadas en actividades de exploración o explotación de minerales, y, al corroborar que no se cuenta con el correspondiente título minero y licencia ambiental debidamente otorgado por la autoridad competente, se procederá a ejecutar la medida de destrucción en caso de ser procedente.“Es por esto que nos vimos en la necesidad de apalancar este decreto y esto nos permite triplicar las capacidades que tenemos destinadas para luchar contra la extracción ilícita de minerales, entendiendo la redundancia que va a tener además en el medioambiente”, agregó la viceministra Cano.
En un operativo desplegado por la Policía en el Magdalena Medio, se logró un contundente golpe a la minería ilegal, con la intervención de seis minas de oro en los municipios de Simití y Santa Rosa, en el sur del departamento de Bolívar. La operación resultó en la destrucción de seis retroexcavadoras que eran utilizadas para la explotación ilícita del preciado metal. Se estima que estas actividades ilegales generaban rentas anuales por más de 15.000 millones de pesos.La coronel Adriana Gisela Paz, comandante de la Policía del Magdalena Medio, informó que este operativo, coordinado con la Región de Policía 6, permitió desarticular cuatro unidades de producción ilegal de oro. Estas minas tenían una capacidad mensual de producción de hasta 6 kilogramos de oro, valorados en más de 1.100 millones de pesos."La minería ilegal no solo genera rentas criminales, sino que también tiene graves consecuencias medioambientales y para la salud pública", explicó la coronel Paz."El uso indiscriminado de mercurio en el proceso de extracción del oro contamina gravemente los recursos hídricos, afectando la flora, la fauna y las comunidades cercanas. La exposición directa a esta sustancia tóxica puede ocasionar problemas graves de salud en quienes la manipulan y en aquellos que consumen pescado contaminado, afectando órganos vitales como los riñones, los pulmones y el sistema nervioso".Las seis retroexcavadoras inutilizadas durante la operación tenían un valor comercial aproximado de 2.400 millones de pesos."Con su destrucción, se evitó la continuación de las actividades mineras ilegales, sino que también el daño ambiental generado por la explotación descontrolada de oro en la región", agegó.
Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera para la Regiones, la Fiscalía General de la Nación presentó una serie de pruebas que acreditan que la exfuncionaria cometió los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.Según el ente acusador, teniendo como punto de partida los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, la Fiscalía obtuvo los videos de cámaras de seguridad de la Casa de Nariño que evidencian cómo el 21 de septiembre de 2021 se reunieron en una de las salas del Palacio.Ortiz y López habrían discutido, según la Fiscalía, cómo se daría la entrega de dineros al expresidente del Senado Iván Name. En recientes audiencias, el ente investigador presentó pruebas señalando que la orden de entregar dineros al expresidente del Senado vino del exdirector del Dapre Carlos Ramón González.En el video se aprecia cómo Ortiz habla durante varios minutos en uno de los pasillos del Palacio.Posteriormente, el 12 y 13 de octubre, Olmedo López y Sneyder Pinilla coordinan el traslado de 3000 mil millones de pesos hacia el norte de Bogotá.
Previo a la temporada de vacaciones, en la que se espera que la capital quede prácticamente vacía, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y la concesión vía Sumapaz entregaron el balance de ejecución de la vía Bogotá - Girardot, corredor vial que ha estado en boca de conductores y turistas por la poca visibilidad en las obras y las adecuaciones que llevan más de 7 años en procesos. El presidente de la ANI, Francisco Ospina, aseguró que para el mes de noviembre del 2023 se había recibido la obra con una ejecución baja del 40 %. Sin embargo, aseguró que durante su gestión la cifra se pudo duplicar, por lo cual esperan cerrar el 2024 con un nivel de obra cercano al 80 %.Desde el 2019, la concesión, que inicia desde Soacha hasta Girardot, en el departamento del Cundinamarca, se ha entregado alrededor de dos fases. La última, que aún está en ejecución, hasta octubre de 2024, se registró un avance del 65 % con la entrega de 6,5 km. Entre las 8 fases, la concesión y la ANI, aseguran que se han finalizado alrededor de 81,26 km. Durante las obras, se han construido 140 km de taludes estabilizados, que son las obras en las montañas para la reducción de los derrumbes. Entre tanto, se han entregado 20 puentes vehiculares y 25 puentes peatonales. Asimismo, desde la concesión, afirman que para el 2024 se entregará el tercer carril con el fin de evitar congestiones vehiculares en la entrada y salida de Bogotá por el sur.¿Qué hace falta para finalizar la vía?Para diciembre del 2024, la concesión espera entregar la Unidad Funciona (UF3), que es desde el túnel Sumapaz por la vía Chinauta, y la UF 7, que es casi llegando a Bogotá, en la que todavía falta la señalización, apertura del tercer carril y la recolección de material de obra como cojines naranjas delimitación. Estas dos UF, representan 32 km faltantes para la entrega total del proyecto. Sin embargo, para abril del 2025, la UF6 a que una a Silvania y Granada, en la que la comunidad denuncia que las obras han debilitado la actividad económica en el sector. La concesión asegura, que con la finalización de ese sector, ya no habrá disturbios en la movilidad.Entre tanto, la concesión asegura que ha adelantado el trabajo con los habitantes del sector, de los cuales 900 se han visto beneficiados y las ventas en la zona han superado los 170.000 millones de pesos.“Hasta ahora hemos dado buenas noticias. Hemos comentado que son 120 km para los usuarios, lo que significa que ya no va a haber construcción. Todos estos elementos de control de tráfico que hemos visto hasta ahora, van a mejorar la movilidad”, aseguró José Daniel Fernández, gerente técnico de vía Sumapaz.Por su parte, para el mes de diciembre, se espera que la velocidad promedio en el corredor sea de 40 Km a 45 Km. Sin embargo, hacen la precisión de que para los viajes de fin de año, existan aproximadamente 50 frentes de obra. Se espera que más de un millón de vehículos recorran la carretera para el fin de año.
Un juez penal especializado de Cúcuta condenó a los dos integrantes del denominado Frente de Guerra Nororiental del ELN a 17 años y 11 meses de prisión, por el homicidio del teniente coronel de la Policía Nacional, Edison Andrés González Huertas, ocurrido el 11 de mayo de 2023, en El Tarra, Norte de Santander.La Fiscalía les imputó a los hoy condenados los delitos de homicidio agravado, rebelión, utilización de uniformes e insignias; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.Según las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, Ever Antonio Durán Carrascal, alias ‘Ever’ y Daniel Ortiz Figueroa, alias ‘Camilo’, aceptaron mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen del uniformado“Varios policías salieron a realizar un patrullaje de rigor por el municipio y fueron atacados por un francotirador. Para concretar la acción criminal alias ‘Ever’ y ‘Mugre’ realizaron las labores de vigilancia y de seguimiento a la víctima, y se comunicaron con el hombre que disparó para indicarle el momento exacto en el que debía hacerlo”, señaló la Fiscalía.Por estos hechos, la Fiscalía avanza en juicio oral contra Leonardo Galvis Quintero, alias ‘Zarco’, presunto francotirador que le causó la muerte al oficial. Adicionalmente, fue sentenciado Hover Ramírez Ruíz, alias ‘Cachaco’, el encargado de escoltar y ayudar a escapar al atacante del policía.
A un año de ejercer como secretaria de Educación de Santander, María Paola Suárez Morales, renunció a su cargo en esta dependencia de la Gobernación para asumir como parte del equipo de empalme del recién elegido procurador, Gregorio Eljach.Durante los 11 meses en la administración del gobernador Juvenal Díaz, Suárez Morales, abogada de profesión y especialista en derecho penal con estudios en gerencia pública, alta gerencia y contratación estatal, lideró procesos para implementar programas de bilingüismo y lograr el envío de estudiantes y docentes para una experiencia de inmersión en Inglaterra.También la implementación de un proyecto de apoyo a jóvenes que se formalizó a través de una ordenanza que designará un recurso con destinación específica para transporte y alimentación a estudiantes de carreras profesionales, técnicas o tecnológicas de los estratos 1,2 y 3.El subsidio, que oscilará entre $400.000 y $600.000, se entregará con base en las necesidades específicas de los estudiantes que deben cumplir que un requisito adicional y es que residan en zonas lejanas a la institución educativa.Como parte de las funciones naturales de su cargo como secretaria de Educación, garantizó el funcionamiento del PAE, el transporte escolar, el cubrimiento de las faltantes docentes en las instituciones educativas y la resolución de problemas estructurales en colegios de la región, entre otras.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se refirió a la renuncia de la secretaria de Educación le agradeció por su trabajo. "Primero felicitarla por su ascenso profesional, y agradecerle por los buenos resultados que tuvieron los estudiantes en las pruebas del Icfes pues se subieron 4 puestos este año. Esperamos continuar con el trabajo de bilingüismo en el departamento. Nos deja la vara muy alta", dijo el mandatario.
El Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá anunció el cierre definitivo de su servicio de atención al parto, a través de un comunicado dirigido al director de la unidad de salud de Compensar, Andrés Barragán Tovar. La medida, que entrará en vigencia en 20 días, afecta un servicio de alta complejidad que hasta ahora ha atendido una importante demanda en la capital. Según el hospital o la decisión, se basa en una revisión interna de los procesos del hospital, con el fin de garantizar la atención en áreas críticas como urgencias y hospitalización, que enfrentan una sobreocupación creciente.“Por medio de la presente y acogiendo los lineamientos establecidos en el capítulo III, artículo 13 de la resolución 3100 de 2019, me permito informar la novedad de cierre definitivo del servicio de atención del parto, habilitado con el código 1101 bajo modalidad intramural de alta complejidad, en la sede del Hospital Universitario San Ignacio, con código de prestador 110001-09456-01. Dicha novedad será efectiva 20 días calendario contados a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación”, señala la carta del hospital.El cierre del servicio de ginecobstetricia no solo afectará a las madres que requieren atención en partos de alta complejidad, sino que también pondrá en riesgo la atención en la unidad de neonatología crítica, ya que los neonatos dependen directamente de estos servicios.El exsecretario de Salud de Bogota Alejandro Gómez, advirtió que "Mi preocupación es que el cierre de las camas de ginecobstetricia va a traer consigo el cierre de las camas de neonatología crítica, hoy hay un problema urgente y es un problema de liquidez, es un problema de caja, las clínicas y los hospitales van a seguir cerrando servicios, por una razón u otra que se van a exponer desde el punto de vista público, pero en realidad lo que esconden es una razón fundamental y es que la plata de caja no alcanza”, afirmóLa situación financiera de las instituciones de salud es crítica, según Gómez, ha resultado ser un "tiro en el pie" para las clínicas y hospitales, al no proporcionar los recursos necesarios para cubrir sus necesidades operativas. Además, el exfuncionario destacó que el problema de fondo no es solo una cuestión de modelo de aseguramiento o de atención primaria en salud, sino de una profunda crisis de liquidez que amenaza con desmantelar aún más los servicios esenciales para los pacientes.El cierre del servicio de ginecobstetricia en el Hospital San Ignacio, uno de los centros de salud más importantes de Bogotá, refleja una grave deficiencia en la gestión del sistema de salud y pone en evidencia la urgente necesidad de medidas que garanticen la estabilidad financiera de las instituciones de salud. La situación exige una respuesta inmediata, pues no solo se trata de una crisis financiera, sino de una crisis de atención que podría tener consecuencias.
