La Policía Ambiental de Antioquia logró hallar y destruir diferentes maquinas usadas por la Subestructura Géner Morales del Clan del Golfo para extraer oro en un afluente del municipio de Santo Domingo. Las acciones de registro y control fueron realizadas en la vereda Los Naranjos, en donde se logró evidenciar el uso ilícito de la maquinaria.El reporte entregado por las autoridades evidenció que el material destruido se trata de dos dragas tipo buzo, avaluadas en 30 millones de pesos, y cuatro motores, avaluados en 20 millones de pesos. Además, indicaron desde la Policía Ambiental que esta maquinaria tenía la particularidad de poder ser trasladada a otras partes.Por su parte, se estableció que este operativo representa un golpe a las finanzas del Clan del Golfo en el Nordeste del departamento, ya que el grupo delincuencial obtenía rentas por 40 millones de pesos mensuales. Es decir, solamente por la extracción ilícita en el municipio de Santo Domingo se podían obtener ganancias anuales por más de 1.200 millones de pesos.En este sentido y según revelaron las autoridades, los integrantes de la subestructura antes mencionada tenían la capacidad, mediante las dos dragas destruidas, de sacar cerca de 400 gramos de oro al mes.Finalmente, destacaron desde la región que con el desarrollo de esta operación se logra mitigar el impacto ambiental que generan las actividades de explotación ilícitas de yacimientos mineros sobre los afluentes, en este caso, del municipio de Santo Domingo.
Tropas del grupo de Caballería No. 4 Juan del corral, en coordinación con la seccional de carabineros y protección ambiental, realizaron la ubicación y destrucción de equipos utilizados para la extracción ilícita de yacimientos mineros que estaban operando en el río Negro, exactamente en la vereda Salto Abajo del municipio de Marinilla.Entre el material se encontraban, 2 dragas tipo Buzo avaluadas en 24 millones de pesos cada una, 2 clasificadoras de mineral y 3 motobombas Diésel, con un valor comercial de 5 millones de pesos. El mayor Ricardo Pantoja, comandante del grupo de Caballería No. 4 Juan del Corral, le explicó a Blu Radio que estos operativos permiten frenar el grave daño ambiental causado por la minería ilegal en los afluentes."Nosotros hemos destruido bastantes dragas, es la producción que ellos hacen y el daño ambiental que ellos hacen con respecto al sitio donde se encuentran, ya sea en los ríos, ya sea por socavones o en las montañas. Ese daño es el flagelo más grande que tiene sobre la población civil y el medio ambiente", aseguró el uniformado.Vale la pena recalcar, que este año, se han destruido alrededor de 20 dragas ilegales avaluadas entre 300 y 400 millones de pesos, además de laboratorios de clorhidrato, de pasta a base de coca y laboratorios de procesamiento de estupefacientes.También el presidente Gustavo Petro destacó estas acciones como un "golpe" a esta estructura ilegal que delinque en diferentes subregiones de Antioquia.
En el marco de la Operación Sostenida Agamenón, las autoridades desmantelaron estos tres frentes de minería ilegal que generaban la extracción ilícita de 3.000 gramos de oro mensuales, un valor aproximado de más de 1.000 millones de pesos.Los elementos destruidos durante la operación incluyen tres retroexcavadoras, una clasificadora de minerales, dos motobombas y un motor diésel, que tenían un valor cercano a los 1.339 millones de pesos. El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante del departamento de Policía Antioquia, explicó la importancia de esta operación para el departamento."Estas acciones no solo frenan el daño ambiental, sino que también golpean las finanzas criminales del Clan del Golfo, quienes se lucran con la explotación ilícita de yacimientos mineros", expresó el uniformado.Estas acciones buscan frenar el daño ambiental y mitigar los altos niveles de contaminación causados por el vertimiento de sustancias tóxicas, como cianuro y mercurio, en fuentes hídricas que abastecen el cauce del río Samaná y la reserva natural Las Camelias en San Carlos. Estas zonas son reconocidas por su riqueza ecológica y están catalogadas como ecosistemas protegidos en Antioquia.En esta operación participaron unidades especializadas de la Policía Nacional, incluyendo la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, la Seccional de Investigación Criminal SIJIN DICAR, el Grupo de Operaciones Especiales Rurales y Protección Ambiental, UNIMIL, y Comandos Jungla.
La ministra de Ambiente, Susana Muhamad González, informó que en próximos días la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) expedirá la resolución para el cierre de las minas que hace una década la multinacional Eco Oro abandonó en el municipio de California, Santander. "La Anla va a expedir la medida preventiva por el cierre de los antiguos túneles de Eco Oro, que son precisamente los túneles que son hoy fuente de la minería ilícita en Santander. Se espera que con esto, con la investigación que va en camino se pueda lograr la articulación conjunta del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales, para lograr el cierre de los túneles más adelante”, aseguró la ministra. Susana Muhamad, señaló que la minería ilegal también fue combatida en el páramo de Santurbán. "Donde se desmantelaron instalaciones utilizadas para procesar material acuífero. Estas operaciones simulaban legalidad mediante documentación falsa y generaban ingresos de más de 2.000 millones de pesos mensuales".Minambiente informó que en operativos se incautaron materiales contaminantes como mercurio y explosivos en la zona minera de Soto Norte en Santander. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad , anunció la extensión del plazo para participar en la consulta pública del proyecto de resolución que definirá la zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en el Macizo de Santurbán. La nueva fecha límite para la participación ciudadana será el 10 de febrero de 2025.La decisión responde a un acuerdo logrado durante las visitas realizadas por el Ministerio de Ambiente a los municipios de Surata, California y Vetas, donde se dialogó con alcaldes, concejales y actores clave de la región, como titulares mineros, para mejorar la comunicación y facilitar un proceso de consulta transparente sobre las implicaciones de la creación de la reserva temporal.Entre las actividades programadas, se incluyen reuniones con la Secretaría de Ambiente de Bucaramanga, el comité de defensa del páramo de Santurbán y sesiones híbridas abiertas al público. También se realizarán webinars de divulgación y visitas a los municipios de Tona, Charta y Matanza. En paralelo, se acordó con la Corporación Autónoma de Bucaramanga mejorar la comunicación sobre el tema en el Consejo Directivo.
Más de 21,5 millones de metros cúbicos de agua de diferentes ríos y quebradas en el piedemonte costero y pacífico nariñense estuvieron a punto de ser contaminadas luego de que la Policía de Carabineros y Protección Ambiental, tras una paciente labor de inteligencia, frustraron la entrega de un cargamento de mercurio que iba a ser utilizado en minería ilegal por parte de grupos armados ilegales y bandas que delinquen en diferentes municipios de Nariño.Esta sustancia había sido enviada a través de una empresa de encomiendas. Las autoridades investigan la procedencia de la misma.Según dijo a Blu Radio el comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, coronel Hernando Calderón: “La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional tenía información de que se estaba movilizando en una encomienda esta sustancia, y es así como fueron alertadas nuestras unidades de la Seccional de Carabineros aquí en la ciudad de Pasto, donde se logra hacer un control y la incautación de 34,5 kilos de mercurio”, sostuvo el oficial.Aseguró Calderón que, al momento de realizar la verificación a un carro de transporte de mercancías por parte del personal de la Policía de Tránsito y Transportes, en coordinación con la División de Carabineros de Nariño, se instaló un puesto de control en la vía Panamericana, donde se encontró la sustancia, la cual iba mimetizada entre mercancías cuyo destino serían las minas ilegales del piedemonte y la costa del Pacífico nariñense.Estas sustancias pretendían ser llevadas a sitios donde se utilizarían para minería ilegal. “Lo importante es que nuestra Policía del Agua de la Dirección de Carabineros continúa trabajando por nuestro patrimonio ambiental, el cuidado del agua y de nuestros recursos naturales”, indicó Calderón.Advirtió que estas sustancias son utilizadas para realizar trabajos de extracción de minería ilegal y cuyo uso y transporte se encuentran reglamentados por la Ley 1658 del 15 de julio de 2013.Dijo el oficial que este metal líquido es altamente tóxico y contaminante, el cual es utilizado de manera indiscriminada en la práctica de minería ilegal en suelos y ríos, y es el causante de grandes estragos en la reproducción de los peces. Al ser consumido por la población, puede causar graves e irreversibles daños a la salud.El mercurio fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
El exconcejal del municipio de Inírida, Juan Esteban Barrera Veloza, fue judicializado por los delitos de concierto para delinquir, explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental e invasión de área de especial importancia ecológica. Esto después de que un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Ambientales y el Medio Ambiente revisara los materiales probatorios.Según las investigaciones el exconcejal (2020-2023) habría trabajado junto a su madre Carmen Julia Veloza Pesquera y Juan Camilo Aguado Hernández, dotándolos de información y permitiendo que la extracción ilícita de oro se llevara a cabo con alrededor de 10 dragas que eran ubicadas a lo largo del ríoLa Fiscalía determinó que, Carmen Veloza se habría encargado de contactar a los buzos que descendían al momento de usar las dragas, además de coordinar el traslado de la maquinaria de extracción.El otro implicado es Juan Camilo Aguado Hernández, quien, según la entidad, habría sido el encargado de adquirir los insumos, repuestos y también hacer parte de la explotación en el río Atabapo.Minería ilegal en GuainíaLa explotación de recursos como el oro en el departamento es algo que existe hace bastante tiempo. Situación que ve envuelta en un debate dado que, por el uso de elementos químicos, como el mercurio, genera afectaciones en el medio ambiente. Pero que también es el sustento de varios residentes de la zona.“El conflicto socioambiental que se genera alrededor de la minería aluvial de oro en Inírida se relaciona con varios factores, como las restricciones a los usos del suelo por la vocación de los mismos, debido a las guras de ordenamiento territorial y conservación presentes en el territorio; la informalidad de la minería; así como la falta de oportunidades de otras actividades laborales”, dijo el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.La fuerza pública se ha hecho presente en la zona y por medio de operativos militares se han realizado controles para evitar la minería ilegal y dar con grupos al margen de la ley que operan por la frontera entre Colombia y Venezuela
Con más de 300.000 dólares, embajada de Estados Unidos apoya la recuperación de suelos contaminados por mercurio en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.Desde 2019, el gobierno de Estados Unidos ha financiado esta iniciativa desarrollada por biólogos y expertos de la Universidad de Córdoba, y liderada por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de Caucasia. Hasta el momento se ha logrado la restauración de 30 hectáreas de suelos impactados por la minería ilícita, un proceso en el que ya se han vinculado cerca de 50 familias del Bajo Cauca antioqueño, quienes han recibido entrenamiento sobre esta metodología que también se está implementando en otros corregimientos con áreas afectadas.Este proyecto utiliza la técnica de fitorremediación, una tecnología de bajo costo y fácil implementación, que utiliza plantas con capacidad para absorber, estabilizar o transformar contaminantes presentes en terrenos, aguas o sedimentos, eliminando de esta manera el mercurio, el arsénico, el plomo y el cadmio, usados en la minería aurífera en los suelos, permitiendo que estos sean restaurados para llevar a cabo actividades agrícolas. Kevin Murakami, director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la embajada de Estados Unidos en Colombia, mencionó que el camino ha sido largo, pues el estado inicial de los suelos con metales como el mercurio excedían los valores de referencia internacionales y nacionales.“Al momento de iniciar el proyecto, los suelos se encontraban severamente degradados y erosionados; mostraban una baja fertilidad y una limitada capacidad productiva, como resultado de las malas prácticas y el uso de mercurio en actividades de minería de oro. Además, presentaban altos niveles de mercurio, que excedían los valores de referencia internacionales y nacionales, representando un riesgo para la salud humana y el medio ambiente", explicó el director."Ahora, la DICAR está llevando a cabo un proyecto maravilloso, pues está capacitando a la comunidad para poder convertir zonas completamente áridas y desérticas en terrenos aptos para generar modelos y alternativas productivas, con enfoque de desarrollo económico y social”, completó.En el marco de esta alianza entre Estados Unidos y Colombia, se ha experimentado con plantas como el piñón y el guarumo, que han demostrado su capacidad para estabilizar el mercurio en suelos contaminados.Es importante mencionar que a pesar de los grandes beneficios de esta técnica y de que no es muy costosa, la implementación de esta implica recursos, y la cooperación de las comunidades que en muchas ocasiones desconfían de estos procesos por la presencia de los grupos armados que operan en el territorio. Esta regeneración es un proceso lento, que puede llevar décadas, sin embargo, el avance en la rehabilitación de estos suelos ha permitido trabajar en el proceso para llevar a cabo este proyecto en el departamento del Chocó.
La Fiscalía confirmó la captura de ocho personas aparentemente responsables de la explotación y comercialización ilegal de oro en Antioquía y Sur de Bolívar que posteriormente fue exportada hacia Emiratos Árabes y Estados Unidos. De acuerdo con la investigación, se dió el golpe en contra de la estructura ilegal tras el seguimiento de la ruta ilícita de otro extraído en varios yacimientos a cielo abierto en el Bajo Cauca que dejaba en evidencia el actual de las empresas dedicadas a la extracción del material.Los ocho involucrados en las actividades ilegales son; Edgar Harvey Vergara Díaz, Hoffman Leandro Vergara Díaz Y Janeth Cecilia Díaz Correa, señalados de ser los articuladores principales. Así mismo, se identificó como colaboradores a Yerson James Zúñiga Mejía, Liseth Johana Patiño Muñóz, Rosa Katherine Monsalve Cano, Diana Maria Rios Zapata y Leidy Johana Patiño Muñoz, señaladas por Complur roles como contadores, administradores y revisores fiscales.Dentro de la investigación, también se determinó que el oro ilegal se obtenía con el uso de maquinaria pesada y elementos químicos no registrados generando daños ambientales. Así mismo, el material extraído era comercializado en Medellín y Santa Rosa (Bolívar) para ser alistado para enviar como exportación a Medio riente y Estados Unidos. El material revisado pudo determinar que hay ganancias avaladas por más de 80,000 millones de pesos, dinero que no corresponde a las cantidades de oro enviadas al extranjero por lo cual se declaró como incremento de patrimonio no justificado.Por su parte, un fiscal de la dirección de delitos contra los recursos naturales imputó delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de activo, explotación ilícita de yacimiento y fraude procesal.
En la escarpa occidental de Bucaramanga, en medio de un recorrido que realizaban la Policía, funcionarios de la secretaría del Interior municipal y de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, fueron capturados dos hombres que se encontraban realizando minería ilegal.En el sitio las autoridades hallaron palas, picas y mangueras, elementos usados para la actividad ilegal.“Nos encontrábamos en un recorrido en la escarpa occidental desde el Barrio Santander hasta la salida de la vía a Chimitá, unos 5 kilómetros, verificando la grave afectación al medio ambiente, la ocupación ilegal de predios y la afectación de fuentes hídricas, flora y fauna por cuenta de la minería ilegal, cuando sorprendimos a los dos hombres ocasionando daños ambientales sobre la quebrada La Cuyanita”, señaló Gerardo Hernández, funcionario del equipo de seguridad de la Secretaría del Interior de Bucaramanga.El operativo lo realizaron los funcionarios por varias denuncian que recibieron en la Alcaldía de Bucaramanga sobre daños que particulares estaban haciendo al medio ambiente.“Quienes participaron del operativo constataron la grave afectación que están causando quienes llevan a cabo estas prácticas ilegales. Lastimosamente, están afectando fuertemente nuestras cuencas hídricas y sus alrededores, con destrucción de flora y fauna”, manifestó el funcionario.La Alcaldía de Bucaramanga informó que continuará con las actividades de control en las distintas cañadas que bordean la meseta, y que causan problemas gravísimos de erosión con daños a viviendas.
La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía Nacional, confirmó que 19 bienes que pertenecerían a un grupo delincuencial dedicado a la extracción y explotación ilícita de carbón en la modalidad de socavón, en Norte de Santander, fueron incautados en un procedimientio judicial de extinción de dominio. Las propiedades están representadas en dos inmuebles urbanos, ubicados en Cúcuta; dos fincas en Chinácota y Chitagá; una retroexcavadora, un establecimiento de comercio, dos sociedades comerciales, y 11 vehículos, entre volquetas, camionetas, camiones, camperos y automóviles, señalaron las autoridades que participaron en el procedimiento judicial. "Los cálculos preliminares indican que los activos superarían en valor los 3.100 millones de pesos. Al parecer, fueron adquiridos con dineros producto de la extracción ilegal de carbón, mediante el uso de maquinaria industrial, en una mina localizada en la vereda Burgua, en Chitagá, Norte de Santander", aseveró en un comunicado la Fiscalía General de la Nación. Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso sobre los 19 bienes medidas cautelares de secuestro, toma de posesión, embargo y suspensión del poder dispositivo, ante las evidencias del presunto origen ilícito de los recursos. Dicen las autoridades que en el año 2022, en un operativo realizado en Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander, fueron capturadas nueve personas señaladas de integrar una organización ilegal involucrada en actividades de minería ilegal."En su momento, se constató la manipulación de explosivos, martillos neumáticos y otros sistemas mecanizados para obtener carbón a gran escala. Estas labores generaron graves afectaciones a las fuentes hídricas, como quebradas que abastecen de agua a los municipios de Chitagá y Tibú, Norte de Santander. Igualmente se evidenció un deterioro de la vegetación, el suelo y los ecosistemas nativos de la región, donde realizaban las actividades mineras ilegales", señaló la Fiscalía. A los nueve capturados por mineria ilegal la Fiscalía los acusó ante un juez por los delitos de concierto para delinquir agravado; explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales; daño en los recursos naturales; y fabricación, tráfico y porte de armas municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.En próximos meses se conocerá la sentencia. Boletín Fiscalía: