La sala penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó a ocho años y cuatro meses de prisión a Lucy Luna Albarracín, esposa del exsenador Iván Moreno, como responsable del delito de concusión por constreñir a Miguel Nule para que le entregara dos áreas de la vía Bogotá-Girardot para construir dos estaciones de servicio.Según las investigaciones, la esposa de Moreno visitó la sede de la Concesión Autopista Bogotá Girardot S. A., donde presionó a Miguel Eduardo Nule Velilla para que le entregara, a la empresa que ella designara, las dos áreas de libre disposición.La petición se conoció dentro de las investigaciones del carrusel de la contratación en Bogotá, que se hizo bajo amenazas de no favorecer al grupo Nule en futuros proyectos urbanísticos en Bogotá y, según la Fiscalía, también fue coaccionada por el exsenador Iván Moreno Rojas.A pesar de que el Tribunal dictó orden de captura contra Luna Albarracín, no irá a la cárcel hasta que la Corte Suprema de Justicia defina el recurso de impugnación especial, teniendo en cuenta que un juez de primera instancia la había absuelto y resultó condenada en segunda instancia.Escuche la noticia en Mañanas BLU:Entérese de los hechos deportivos más importantes del momento:
Guido, Manuel Francisco y Miguel Nule le deben unos 30.000 millones de pesos en multas a la Superintendencia de Industria y Comercio.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.Así se desprende de las consultas que hizo Blu Radio en la base de datos que la entidad habilitó para agilizar el cobro de 390.000 millones de pesos que le deben por concepto de multas.Cada uno de los hermanos, tiene cuatro multas sin pagar, algunas de ellas desde el año 2013. Por su parte, Mauricio Galofre le debe a la entidad unos 500 millones de pesos.Pero no es el único caso. Algunas de las multas de la entidad por el esquema de basuras en Bogotá tampoco se han pagado. Es el caso de Gustavo Petro, que le debe a la SIC 410 millones de pesos, mientras que María Mercedes Maldonado debe $65 millones.Otro caso llamativo es el de BCI Empresas S.A.S que operaba la marca Anticipos Express. La empresa fue multada en 2015 por 1.200 millones de pesos por cobrar intereses de usura a sus clientes pero hoy está en liquidación y aparece entre los deudores.La Superindustria aseguró que iniciará procesos de embargo contra más de 6.000 empresas y personas deudoras. Si usted quiere saber si está en esa lista puede consultarlo en https://sicmultaext.sic.gov.co
Por única vez, la periodista Camila Zuluaga, de Mañanas BLU, se refirió públicamente a la polémica sobre la supuesta entrega de dineros por parte de Miguel Nule, una información injuriosa que ha circulado desde hace algunos años en redes sociales."Yo jamás he recibido un solo peso de un delincuente ni de nadie, para ejercer mi oficio", señaló la periodista.A continuación, reveló los audios de una llamada que le hizo el hoy condenado por corrupción Miguel Nule, en donde afirma: "Si yo dije que te di plata a ti es una mentira. Yo a ti no te he dado plata". En otro apartado, Nule reconoce que nunca ha visto un video de él diciendo ello.A continuación, BLU Radio publica textualmente la única declaración pública que la periodista Camila Zuluaga hará sobre este tema, así como los audios de la llamada que le hizo Miguel Nule, y que hasta hoy, revela ante la publicación de dicha información falsa.Lo que va a pasar a continuación para mí es un punto final y es la única vez que haré una mención pública sobre este tema.Empecé mi carrera periodística cuándo tenía 21 años y uno de los primeros escándalos de corrupción que investigué, y que me siento orgullosa de haber ayudado a destapar, fue precisamente el carrusel de la contratación en Bogotá.Desde ese entonces, empezó a rodar un video donde Miguel Nule asegura que me envió 35 millones de pesos para un carro.Muchos criticaron que yo no saliera a desmentirlo, probablemente tengan razón, pero soy de las que piensa que no debo salir a probar que soy inocente, frente a acusaciones sin fundamento y lo más importante, sin pruebas, porque no existen.Yo jamás he recibido un solo peso de un delincuente ni de nadie para ejercer mi oficio.Habría preferido no tener que usar estos micrófonos para referirme al respecto, pues no creo que esta tribuna se deba utilizar para casos personales de los periodistas, pero estamos ante una coyuntura global en la que predomina el “fake news” y los ataques contra la libertad de prensa.Por esto, hoy me veo en la obligación de hacer pública una grabación que tengo guardada desde el pasado 29 de enero, cuando recibí una sorpresiva comunicación del señor Miguel Nule desde su detención domiciliaria en Sincelejo. No había querido hacerla pública, pero la entrevista que le dio ayer a mis colegas de la W Radio y el video sistemáticamente utilizado por quienes buscan desprestigiarme por razones que desconozco, sumado a los apartes estratégicamente editados de su entrevista que comenzaron a rodar ayer, me obligan a hacerlo.Con lo que van a escuchar a continuación, pongo punto final públicamente a este tema.En esa llamada el señor Nule me dice lo siguiente:Más adelante añade…Luego el señor Nule agrega…Pero no solo culpa al también condenado abogado por el carrusel de la contratación de Bogotá Álvaro Dávila, sino que asegura que la Fiscalía tiene responsabilidad frente a lo que él dijo en ese video.Quiero que vuelvan a oír esta parte que me dice el señor Nule...Me disculpan haber repetido esa parte, pero me parece importante hacer énfasis en que el mismo Miguel Nule dice que el no me entregó a mí ninguna plata. La explicación del señor Nule siguió así.En esa llamada Miguel Nule me expresa su preocupación frente a la insistencia de un periodista que lo ha buscado para mover una vez más el tema del video.Más adelante le insistí que me dijera quién lo llamaba para mover ese video después de tanto tiempo y escuchen lo que me dice el señor Nule...Durante toda su llamada, Miguel Nule me asegura que su interés es aclarar este tema de una vez por todas.Debo confesarles que jamás entendí por qué después de 10 años de intentos para desprestigiarme, le dio al señor Miguel Nule por contactarme a decirme todo esto, pero me quedo con esta frase con la quiero dejar cerrado este tema.Quiero repetir esa frase del señor Nule, que es con la que insisto, quiero cerrar de una vez por todas este capitulo y proceder jurídicamente para buscar resarcir el daño que las calumnias de este señor y de otros me han causado.El periodismo es un trabajo difícil. Muchos nos ven como su enemigo y emprenden campañas sistemáticas a través de redes sociales utilizando “trolles” para censurarnos a través del desprestigio.En todo el mundo, quienes abusan del poder para enriquecerse indebidamente o para debilitar la democracia y perpetuarse en los gobiernos, enfocan sus esfuerzos en deslegitimar la justicia independiente y el periodismo libre.Cuando escogí este oficio, y especialmente la manera de ejercerlo, asumí estos riesgos. No será la última vez que quieran debilitar mi carácter para evitar que cuestione y opine de acuerdo a mis convicciones y de acuerdo a mis principios y valores.Mi intención es no volver a tratar este tema públicamente por respeto a mis audiencias y por no hacerle el juego a quienes tienen claro que hacen daño cada vez que se repite una mentira.Confío en que la justicia castigue a los responsables del daño injustificado del que he sido objeto y que sepan las maquinarias de la corrupción que nunca lograran callar el periodismo libre.Escuche el audio completo aquí: Vea el video aquí:
“Eso es un negocio donde había fiscales generales. Eso está ahí robado porque aquí la gran corrupción está en la justicia”, este es el argumento de Miguel Nule, cerebro del desfalco por $2,4 billones en el llamado ‘carrusel de la contratación’, para reclamarle a la capital del país el pago de $24 mil millones.“Nos cobraron directamente a nosotros 68 mil millones de pesos y se los entregaron al contratista para beneficiar un enriquecimiento a favor del contratista”, añade.La deuda de la que habla, según su denuncia, se erigió con el pago del anticipado de una póliza del contrato 137 para la construcción de la fase tres de Transmilenio.Vea también: Juez que otorgó libertad a Guido Nule también dio permiso en Navidad a su primo Manuel Según Nule, el dinero fue pagado a Conalvías, dirigida entonces por el también contratista Andrés Jaramillo López. “Hay 24 mil millones de pesos que quedaron faltando”, resalta.Para Miguel Nule, que llamó ladrona a la justicia, no solo se ha perjudicado al grupo Nule, sino a los condenados por el carrusel de los contratos.“No pueden robar medio billón de pesos a unas personas que no somos nosotros. Le están robando a dos señores que son acreedores”, finaliza.Mientras el polémico empresario reclama este millonario pago del Distrito, en 19 procesos la administración de Bogotá le reclama a los Nule, entre otros, más de $360 mil millones, cuyo pago lo decidirá un juez el 1 de febrero.
Un juez especializado en extinción de dominio de la capital legalizó las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía a bienes vinculados a los hermanos Miguel Eduardo Nule Velilla, Manuel Francisco Nule Velilla, y su primo Guido Alberto Nule Marino, ubicados en el estado de Florida (Estados Unidos).Se trata de dos apartamentos ubicados en el condado de Miami- Dale cada uno por un valor de 1 millón de dólares. Es decir, cada uno por un valor superior a 2.800 millones de pesos. Ambos estaban a nombre Rina Cecilia Mendoza, quien sería la cónyuge de Miguel Eduardo Nule y de propiedad de los esposos Guido Alberto Nule y Adriana Mancini Posada.El juez aseguro que ya que los miembros de la familia Nule ejecutaron actividades ilícitas y que, al parecer, se apropiaron de recursos públicos que les permitieron adquirir bienes que por lo tanto tienen un origen ilícito, o que representan un valor equivalente a bienes producto directo o indirecto de esa actividad ilícita”, señala la decisión.Vea aquí: IDU pidió más de 94 mil millones a primos Nule para reparar víctimas del ‘carrusel’Los Nule fueron condenados a 19 años y cinco meses de prisión por el delito de peculado por apropiación, además de una condena de 8 años y 6 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento privado y fraude procesal.Por otro lado, la Fiscalía incautó varios bienes de Inocencio Meléndez, exdirector jurídico del IDU, condenado a 7 años y 6 meses de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.Se trata de dos apartamentos en el sector La Calleja, en el norte de Bogotá, una volqueta y una casa ubicada en Sucre. Todos los bienes sumarían 2.604 millones de pesos.
El Instituto de desarrollo Urbano, IDU, pidió dentro del proceso que se adelanta contra los empresarios Manuel, Miguel y Guido Nule, como de su socio Mauricio Galofre, la suma de 94 mil millones de pesos como incidente de reparación por los daños y perjuicios causados en los contratos 137 del año 2007, 071 y 072 de 2008 correspondientes a los anticipos de dinero entregados para ejecutar los arreglos de la malla vial en Bogotá.Vea también Vendedor’ ofrece audífonos tipo los Nule en Fiscalía, cada vez más enredadosEn su momento, por este proceso, los Nule habían aceptado el cargo de peculado dentro del llamado ‘carrusel de la contratación’.De acuerdo con la Fiscalía, las autoridades realizan una búsqueda selectiva de propiedades de los empresarios en las ciudades de Bogotá, Cartagena y Sincelejo con el objetivo de incautar los bienes y poder disponer de ellos para la reparación a las víctimas de este proceso.La audiencia de reparación por daños y perjuicios económicos será en el mes de octubre.
La Procuraduría negó las pretensiones de Miguel Nule, condenado por el 'carrusel de la contratación’ de Bogotá, de demandar a la Nación y reclamar $1,5 billones de pesos como reparación por los supuestos perjuicios derivados de una "persecución mediática" y los "incumplimiento de los preacuerdos pactados con la Fiscalía". La Procuraduría determinó inviable la solicitud, pues el Código Civil establece que quienes actúan con dolo no pueden en ningún caso solicitar reparaciones o perjuicios, tal como lo prevé el artículo 1525 del Código Civil. Le podría interesar: Gobierno califica de insensato que los Nule demanden al Estado Además, al momento de presentar la solicitud los términos ya habían caducado. La conciliación fue presentada como parte del procedimiento establecido en la ley, requisito previo para entablar una demanda contra el Estado. Esta figura le ha permitido a la Nación ahorrar tiempo y recursos en el estudio de reclamaciones jurídicamente inviables.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, calificó como insensata la demanda que Miguel Nule instauró contra la nación por 1,5 billones de pesos argumentando que ha sufrido una persecución mediática y judicial a lo largo del proceso por el carrusel de la contratación, en el que se comprobó que se robó miles de millones de pesos del erario.“Pretender demandar al Estado colombiano por parte de personas que tienen un reproche de carácter penal nos parece una insensatez”, dijo a su salida del Palacio de Nariño tras una reunión con el presidente Juan Manuel Santos sobre temas electorales.Rivera agregó que “los Nule tienen que responderles a los colombianos y al Estado colombiano por todos sus actos contrarios a la ley”.Lea también: Miguel Nule demandó a la Nación por $1.5 billones
Este lunes, se conoció que Miguel Nule instauró una insólita demanda contra la Nación por 1,5 billones de pesos argumentando que ha sufrido una persecución mediática y judicial a lo largo del proceso por el carrusel de la contratación, donde se comprobó que se robó miles de millones de pesos del erario.Según el documento, con ese monto se repararían los daños morales y materiales de los que, a su juicio, fue víctima en el manejo de la investigación en su contra que lo dejó pagando una condena de 19 años en prisión domiciliaria.Uno de los puntos que se pone sobre la mesa es que el exfiscal Guillermo Mendoza Diago los contactó en el 2010 para que firmaran un principio de oportunidad y se comprometieran a desenredar el mayor descalabro de corrupción que hasta ahora se ha conocido en Bogotá. Sin embargo, asegura, dos años después, el fiscal Eduardo Montealegre revocó dicho beneficio y usó la información revelada para la acusación en su contra.Jorge Iván Acuña, abogado de Miguel Nule, habló en Mañanas BLU sobre la demanda que defendido instauró contra el Estado por 1,5 billones de pesos.Acuña explicó que los Nule tenían unas empresas particulares que no están asociadas directamente a la contratación y “todos esos bienes fueron removidos sin consideración”.Agregó que los Nule volvieron a Colombia con una serie de promesas que “luego les cambiaron y se usaron temas en su contra”.Dijo que a su defendido y sus familiares les “achacaron toda la responsabilidad de la 26 y no era así pues había otras empresas involucradas en el tema”.Escuche la entrevista completa con el abogado:
Este proceso se originó por sobrecostos en el contrato que tenía por objeto adelantar “la ejecución de las obras de construcción y adecuación de la calle 26 al sistema TransMilenio”, las cuales se iniciaron sin contar con la totalidad de los estudios y diseños. El fallo con responsabilidad fiscal por $174.996 millones es contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, exdirectores y funcionarios del IDU, las firmas contratistas, así como los integrantes del llamado Grupo Nule por los sobrecostos que se dieron en la ejecución de las obras de la Fase III de TransMilenio en la calle 26 contrato del 2007. La decisión cobija también, en forma solidaria, a los exdirectores del IDU, Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez, a los integrantes del llamado Grupo Nule y a algunos contratistas como la firma Conalvías.Cabe señalar que en el fallo se declaró sin responsabilidad fiscal al exalcalde Luis Eduardo Garzón.
La solicitud por parte de la Procuraduría se da tras advertencias del Icetex sobre la insuficiencia de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, lo que amenaza la renovación de créditos y las matrículas para el segundo semestre de 2024 y el año próximo año.En respuesta, la Procuraduría, por medio de su Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, demandó un reporte detallado de las tres entidades involucradas.Por un lado, le están pidiendo al Ministerio de Hacienda que informe sobre el presupuesto total asignado al sector educación en 2024, además, el desglose mensual de los desembolsos realizados y pendientes y el presupuesto para el 2025.Por otro, al Ministerio de Educación en cabeza de Daniel Rojas para que entregue información del presupuesto asignado al icetex en 2024 y el monto transferido a la fecha.Incluso, la Procuraduría también requirió al Icetex para que entregue el reporte de los recursos programados para renovaciones y matrículas de 2024, así como los desembolsos realizados.La Procuraduría advirtió que cualquier retraso en la entrega de recursos compromete el derecho fundamental a la educación y afecta directamente el futuro de miles de jóvenes colombianos. También instó a las entidades responsables a actuar con diligencia para evitar un impacto negativo en las universidades y en el desarrollo del país.Todos los requerimientos hechos por parte de la Procuraduría al Ministerio de Hacienda, Educación y al Icetex deberán ser remitidos al Ministerio Público hasta el próximo lunes 25 de noviembre.
Desde el miércoles 20 de noviembre, estudiantes del movimiento estudiantil se tomaron la sede de investigación de la Universidad de Antioquia (UdeA), exigiendo, al parecer, que la administración convoque a una mesa de negociación para este viernes 22 de noviembre, con el fin de dar respuesta lo más pronto posible a la crisis financiera.A pesar de que se encuentran arraigados en la sede desde el miércoles, solo fue hasta el jueves, 21 de noviembre, que decidieron impedir el paso del personal administrativo para llevar a cabo labores tales como la alimentación de especies de animales que dependen de la mano humana o la entrada de muestras de pacientes de Alzheimer y enfermedades infecciosas.Blu Radio habló con Marcela Vélez, vicerrectora de investigaciones de la Universidad de Antioquia y la directora en funciones de la sede de investigaciones universitarias, quien mencionó que la situación es critica, pues los estudiantes han manifestado que tal mecanismo de presión se prolongará hasta encontrar una solución, dificultando varios procesos de investigación de la institución.“Desde el día miércoles en la tarde están en el bloqueo del edificio de la sede de investigaciones universitarias, lo que a estas alturas ha significado unas afectaciones gravísimas porque la sede de investigaciones se encarga, digamos, de tener en su cuidado animales para experimentación que requieren que personas vayan y los alimenten, los cuiden, los cambien, despierten a los que están naciendo, que se procesen muestras de pacientes que nos requieren definir su diagnóstico y su tratamiento en los hospitales. Nosotros atendemos pacientes de proyectos de Alzheimer, de Leishmaniasis, de Chagas, de diferentes enfermedades infecciosas y pues con el bloqueo está implicado que se ha tenido que parar todas estas actividades”, explicó la vicerrectora.Además, a pesar de que en un inicio los estudiante habían permitido el paso a un reducido personal para procedimientos urgentes, tales como la alimentación de los animales, de los cultivos, de los tejidos y microorganismos, a eso de las 10:00 de la noche del jueves decidieron, según informó la vicerrectora, unilateralmente, no permitir el ingreso de nadie, retrasando varios procedimientos, entre esos la entrega de muestras de pacientes con enfermedades.“En la madrugada cuando hubo la posibilidad de dos riñones para trasplante que necesitan procesar en uno de los laboratorios para estudios inmunológicos no permitieron el ingreso y pues esto ha afectado gravemente la posibilidad de que una persona que está en lista de trasplante pudiera beneficiarse”, indicó la directiva.“Por supuesto, digamos que nosotros como profesores somos respetuosos del derecho que tienen a la protesta. La situación se complica, es en el momento donde se cierra la posibilidad de un corredor humanitario para poder hacer esas actividades que se requieren hacer en la CIU, de la que depende la vida de personas y la vida de animales. ”, añadió.A pesar de que no ha habido disturbios, la situación, según informan, no esta cerca de solucionarse: “Hasta horas de la noche estuvo la delegación que está en el campamento en conversaciones con la dirección de la Universidad de Antioquia, con el Vicerrector General. Y entiendo que se había llegado como a algunos acuerdos para el día de hoy, pero luego de que se terminara esa conversación fue donde se cambió radicalmente, drásticamente, la posición o los acuerdos que se habían tenido con los estudiantes”, puntualizó la vicerrectora.“De hecho, desde el miércoles que sabíamos que se iban a tomar la sede, habíamos dicho, restrinjan el ingreso de pacientes porque no sabemos en qué momento y no sabemos en qué condiciones se va a dar el bloqueo. No queremos poner como la integridad de las personas en riesgo. Además, como en la sede se procesan muestras de pacientes, algunos que están hospitalizados, otros que están ambulatorios, incluso pacientes que vienen del contexto nacional, no solamente pacientes de Medellín”, completó la directiva.Por otra parte, Juan Manuel Muñoz, integrante del movimiento estudiantil, le mencionó a Blu Radio, que a pesar de que sí están arraigados en la sede, estarían dejando entrar a cierto personal."Desde el día de miércoles estamos aquí en la toma del edificio y no hay ingreso por el momento. Esperando a que la administración convoque una mesa de negociación para hoy mismo para poder darle salida a esta situación que nadie quiere que se alargue. Desde el campamento se ha establecido un protocolo de ingreso para los procesos y asuntos vitales a partir de un listado de personas u proyectos que requieren atención permanente. Dicho listado fue proporcionado directamente por la vicerrectoría de investigación", indicó el estudiante.Por el momento, se está a la espera del comunicado oficial de la institución mientras los estudiantes, al parecer, se mantendrán en la sede hasta que se entable la mesa de negociaciones.
En el legendario helicóptero de la Operación Jaque en el que el Ejército logró el rescate de 15 secuestrados de las extintas Farc, se entrenan los futuros comandantes de unidades para llevar a cabo operaciones ofensivas contra los criminales que hacen presencia en el país como las disidencias de las Farc o el ELN. Por eso, tienen que poner a prueba sus habilidades tácticas y capacidad de liderazgo en situaciones de combate que llevan a cabo en Tolemaida.En este entrenamiento, que corresponde a la fase final de la preparación, los militares desarrollan todas las técnicas propias del pelotón, desde la planeación hasta la ejecución de las operaciones a las que se enfrentarán una vez asuman como comandantes de unidades. “Este tipo de ejercicio pone a prueba tanto su conocimiento doctrinal como su capacidad para hacer frente a situaciones complejas y dinámicas, simular las dificultades reales que podrían enfrentar durante sus misiones”, dijo el coronel Carlos Andrés Carvajal Rojas, comandante del Batallón de Cadetes Nº 3.Estos militares deben tener la capacidad de maniobra en una situación de combate real y es por eso que los ponen a prueba con el ejercicio de embarque y desembarque, en el cual tienen los segundos contados para subir y bajar de un helicóptero para ejecutar las operaciones en terrero, todo esto para que tengan claridad sobre cómo ejecutar operaciones con precisión, garantizando la seguridad y eficacia en el cumplimiento de las misiones que les asignan.“Es importante desarrollar estos ejercicios operacionales de embarque y desembarque de las tropas con el fin de que ellos puedan establecer y tener claridad cómo es el desarrollo de la misma dentro de este ejercicio, en protección de sus propias vidas para evitar accidentes y obviamente en el desarrollo de la maniobra”, dijo el coronel César Adolfo Gamboa, oficial de Operaciones de la Escuela Militar de Cadetes del Ejército.Carvajal agregó que esta preparación es vital para asegurar que los futuros oficiales tengan las capacidades necesarias para comandar unidades desplegadas en todo el país, enfrentando no solo a grupos insurgentes, sino también a bandas criminales dedicadas al narcotráfico y el secuestro, entre otros. “Debemos asegurarnos de que estén listos para liderar bajo cualquier circunstancia, desde situaciones de combate directo hasta intervenciones en territorios donde las dinámicas de seguridad sean muy complejas”, afirmó.
Las fuertes y más recientes lluvias han dejado graves emergencias en el Cesar, donde más de un kilómetro de la vía que comunica a los municipios de La Gloria y La Mata se encuentra totalmente inundado producto del desbordamiento del río San Alberto.En videos aficionados compartidos a través de redes sociales, quedó registrado el momento en el que la fuerza del agua rompió una especie de muralla que, tiempo atrás, había sido instalada para evitar emergencias por desbordamientos.“Nos encontramos en el río San Alberto y Caño Oscuro, mire como rompió la muralla, toda esa agua se nos metió”, se escucha en el video.Por otra parte, un fuerte aguacero que se extendió por más de cuatro horas generó graves inundaciones en diferentes zonas de Valledupar, entre las que se encuentran la Terminal de Transportes, la carrera cuarta con el barrio Los Mayales y el sector conocido como Cola de Caballo.Y es que, dada la crisis invernal que se registra desde hace varias semanas en en este departamento, las autoridades mantienen las alertas encendidas por riesgo de avalanchas en por lo menos 11 municipios, seis de ellos bajo alerta roja. Petrona Romero, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cesar, confirmó que en el departamento sigue activa la Sala de Crisis (PMU) y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo por emergencias.“Desde el pasado viernes se activó la Sala de Crisis, que es como un PMU, contando con la participación de las autoridades locales, departamentales y militares. Desde ese día mantenemos también los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo activos bajo coordinación permanente por las emergencias”, manifestó Romero.Además, en el río Cesar tuvo que ser declarada la alerta roja ante el riesgo por posibles desbordamientos, lo que también mantiene bajo especial atención al río Guatapurí que, a su vez, ha generado alertas en los asentamientos Nueve de Marzo, San Juan, Pescaito, Zapato en Mano, entre otros.
Un juzgado especializado condenó este viernes a Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha por el delito de terrorismo agravado, tras comprobarse su responsabilidad en el ataque al CAI del barrio La Aurora, sur de Bogotá, durante el estallido social, la noche del 4 de mayo de 2021. En el lugar se encontraban refugiados 15 policías y los agresores emplearon piedras, palos y bombas incendiarias para llevar a cabo el ataque.La sentencia se basó en pruebas contundentes presentadas durante el juicio. Los videos de las cámaras de seguridad, el reconocimiento fotográfico y los testimonios de las víctimas señalaron a Murcia Rodríguez y Hernández Socha como los responsables del ataque. Además, se encontró que los artefactos explosivos incautados en la vivienda de Murcia Rodríguez coincidían con las sustancias empleadas contra las instalaciones policiales.El juez desestimó las pruebas presentadas por la defensa y las calificó de inconsistentes y, contradictorias. En su fallo, afirmó que quedó demostrado “más allá de toda duda razonable” que los acusados actuaron con dolo y que las conductas punibles fueron ejecutadas con premeditación y violencia.El Ministerio Público también respaldó la condena. El procurador enfatizó que no se trató de una protesta social, como argumentaba la defensa, sino de un acto deliberado de terrorismo destinado a intimidar y generar temor. “Se comprobó la materialidad de las conductas y la responsabilidad penal de los procesados”, afirmó, añadiendo que el allanamiento realizado en la vivienda de Murcia Rodríguez cumplió con todos los protocolos legales.
