La sorpresiva llegada de nueve cuerpos sin vida, durante la mañana de este viernes 17 de enero a las instalaciones de Medicina Legal en Montelíbano, Córdoba, ha requerido el desplazamiento de personal especializado del CTI de la Fiscalía para atender la investigación de lo que sería el resultado de un combate entre grupos armados en Nechí, Antioquia.Sin embargo, la falta de capacidad instalada en la morgue de este municipio, obligó al Cuerpo Técnico de Investigaciones a solicitar el traslado de los restos a Montería, donde se podrían realizar las respectivas identificaciones.De acuerdo con información que conoció Blu Radio, una empresa de funeraria fue la encargada de realizar el traslado de los cuerpos desde Nechí, en Antioquia, hasta Montelíbano, Córdoba.Los cuerpos estaban dentro de bolsas negras para que se les practicaran las respectivas necropsias, tal cual y como lo indica la ley cuando se trata de una muerte violenta.De igual manera, se supo que las circunstancias de muerte son materia de investigación para las autoridades competentes.Fuentes judiciales le aseguraron a este medio que aún no hay certezas que estructuras pudieron estar detrás de este enfrentamiento, aunque tampoco se descarta que haya sido un violento atentado. Por lo cual, grupos como el Clan del Golfo están siendo analizados en las pesquisas.
Luego de cinco días de angustia e incertidumbre, los cuerpos de las 10 personas que murieron luego de que una avioneta se estrellara en una zona rural de Urrao fueron recuperados y llevados a Medicina Legal. Cabe recordar que el trágico siniestro aéreo, que aún es materia de investigación, acabó con los sueños de ocho pasajeros y dos tripulantes que viajaban desde Juradó hasta Medellín.Aunque lo único que se sabe es que la aeronave habría colisionado a una velocidad de 350 kilómetros por hora, lo que hasta ahora era la prioridad era la extracción de los cuerpos del lugar donde ocurrió el accidente, un sitio inhóspito del Suroeste del departamento de Antioquia.“Ya pudimos hacer la extracción de todos los restos que estaban en el sitio, en el punto del siniestro. Pudimos ya desplazar todos los restos. Eso da tranquilidad para todas las familias. Le cumplimos a las familias, le cumplimos al departamento de Antioquia y le cumplimos al departamento de Chocó”, destacó el director del Dagran, Carlos Ríos.Por ahora, los restos de estas personas están en la sede de Medicina Legal de Medellín, donde los estudios serán exhaustivos con el objetivo de que sean identificados prontamente y, por consecuencia, sean entregados a sus seres queridos, quienes les darán el último adiós.Según destacaron las autoridades, se tuvo la oportunidad de contar con la presencia de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, hecho que agilizó significativamente el proceso, que en un principio iba a ser terrestre y que habría podido tardar varios días más.Ahora se espera que, con la ayuda de algunas entidades, los cuerpos de las 10 personas sean trasladados a su lugar de origen, muchos de ellos en Chocó, con el fin de rendirles los últimos homenajes. Adicionalmente, el departamento de Chocó declarará algunos días de luto por la muerte de ocho de sus habitantes en este siniestro.
Ramón Eduardo Palomino López, hermano del exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino, fue encontrado sin vida en su vivienda ubicada en la calle 5 del barrio Bellavista, en Barichara, Santander.La comunidad del municipio alertó a las autoridades tras percibir un fuerte olor proveniente de la vivienda y notar que el hombre no había sido visto desde el pasado 8 de enero. Al llegar al lugar, personal de la Policía encontró el cuerpo de Ramón Palomino, de 71 años, en avanzado estado de descomposición.Un médico del Hospital Integrado Juan de Dios certificó su fallecimiento, indicando que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio derivado de complicaciones respiratorias que Palomino había sufrido días antes. Según las autoridades, no se encontraron signos de violencia en el cuerpo.A través de su cuenta en X (antes Twitter), el general (r) Rodolfo Palomino lamentó profundamente la muerte de su hermano y publicó un mensaje en su memoria. "Ramón, a pesar de los desaciertos que se hayan podido cometer en vida, deseo que Dios te conceda el descanso eterno y la paz que trasciende nuestra condición de seres humanos", expresó.Cabe recordar que Ramón Eduardo Palomino había sido capturado el 20 de diciembre de 2020 en San Gil, Santander, por su presunta participación en la red criminal conocida como ‘Los Oportunistas’. En ese momento, Palomino aceptó cargos por varios delitos, incluidos concierto para delinquir, fraude procesal, estafa y usurpación de inmuebles.
A la sede de Medicina Legal en Bucaramanga arribaron los cuerpos del pastor Marlon Yamith Lora, su esposa Yurlay Rincón y su hija Ángela Natalia Lora, víctimas de una masacre que ha consternado al municipio de Aguachica, en el sur del departamento del Cesar. Este crimen, que enluta a una familia y deja al municipio en estado de choque, está siendo investigado por las autoridades para determinar los responsables.En las próximas horas, los familiares de las víctimas se presentarán ante Medicina Legal para llevar a cabo los trámites necesarios para la entrega de los cuerpos y su posterior sepultura.Por otro lado, se espera que Santiago Lora, el hijo menor de la familia, podría ser trasladado también a Bucaramanga. El joven, quien sobrevivió al ataque, se encuentra en delicado estado de salud y requeriría atención médica especializada.Desde las 6:00 de la mañana de este lunes, 30 de diciembre, está vigente el toque de queda de 10 horas decretado en Aguachica por la Alcaldía como una medida de seguridad y para avanzar más rápido en las investigaciones en torno a la vil masacre en Aguachica que fue víctima la familia cristiana Lora Rincón al mediodía del domingo.El crimen se produjo en un restaurante del centro de Aguachica, a una cuadra de la Estación de Policía, hasta donde llegó un hombre en motocicleta y abrió fuego contra el pastor Marlon Yamith Lora, su esposa Yurlay Rincón y sus hijos Ángela y Santiago, quienes compartían un almuerzo después de asistir al culto dominical."Mediante un atentado sicarial pierden la vida tres personas de una familia (...) el hijo, de 19 años, en este momento se encuentra en delicado estado de salud, con pronóstico reservado en centro asistencial", sostuvo el coronel Eduardo Chamorro, comandante de la Policía del Cesar.A raíz de esto, la alcaldesa Greisy Roqueme pidió urgente intervención del Gobierno, pues asegura que en este municipio del Cesar los han dejado "solos enfrentando una ola de terror".
El día 25 de diciembre el menor de 8 años ingresó a la Clínica San Luis de Bucaramanga, trasladado desde el Cesar, con un traumatismo en su pie izquierdo, y debido a su estado fue intervenido quirúrgicamente.El médico Cristian Ordóñez Ramírez señaló que el menor "se encontraba en la unidad de cuidados intensivos, sin embargo, no hubo evolución y el menor se agravó presentando síntomas de una bacteria en su cuerpo, por lo que fue intervenido por segunda vez" "El menor llegó con un compromiso respiratorio y neurológico grave, a primera vista, se evidenció que se trataba de un proceso infeccioso avanzado que culminó en un shock séptico", explicó el médico, quien señaló que la infección progresó rápidamente a un estadio crítico, sin respuesta al tratamiento.A pesar de los esfuerzos médicos el menor falleció, de acuerdo con la información proporcionada por los familiares del niño, antes de ser llevado a la clínica San Luis, el menor había sido atendido por un sobandero en el momento después de la caída, no un centro médico.Lo que talvez pudo demorar un tratamiento más efectivo un procedimiento que, según los médicos pediátricos, podría haber retrasado el acceso oportuno a atención médica adecuada.Situación que pudo demorar la atención oportuna del menor. A pesar de que se realizaron dos intervenciones quirúrgicas para intentar salvar la vida al niño, los esfuerzos fueron en vano. Ahora el Instituto Colombiano de Medicina Legal será el encargado de realizar un estudio especializado para determinar las causas exactas que llevaron al fallecimiento del menor.Las autoridades investigarán las circunstancias del caso, incluyendo el posible impacto del retraso en la atención médica, si se registró la bacteria u otras situaciones desencadenaron el lamentable hecho.
Los hallazgos en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín no solo ha reavivado la esperanza de las familias de las víctimas de desaparición forzada por saber qué pasó y darles un último adiós digno, también las solicitudes a las entidades estatales por más medidas que permitan hallar a las 502 personas que desaparecieron en el contexto de la violencia en la zona.Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, explicó que una de esas exigencias que han hecho las víctimas, desde una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz en 2019 es que se revoque la licencia de explotación a la empresa El Cóndor, renovada por el Ministerio de Minas en el 2019 durante 20 años más."No puede seguir siendo un lugar para enriquecer a una empresa cuando detrás están cientos de víctimas y de familiares esperando verdad y justicia, y eso implica que la gobernación de Antioquia asuma de verdad el compromiso con los derechos humanos y derogue el permiso que le fue otorgado en el 2019 por 20 años más a la empresa", mencionó.Para Luz Elena Galeano, vocera de Mujeres Caminando por la Verdad, es revictimizante que en el sitio se sigan escuchando volquetas, que se continúe extrayendo materiales del sitio, cuando justamente ellas acompañan esta búsqueda que ya lleva más de 20 años."Hoy las víctimas exigimos que les quiten todo ese tiempo de que cesen las actividades en La Escombrera mientras hay estos hallazgos, porque esto es revictimizante para nosotras sentir las volquetas subiendo y bajando mientras estamos haciendo la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos", aseguró Galeano.Margarita Restrepo reiteró otra de las solicitudes que han hecho los colectivos de víctimas, que esta empresa sea investigada."Nosotros hemos insistido mucho, hemos tocado muchas puertas. Yo creo que esto también debe entrar y quedar claro que El Cóndor debe de ser investigado porque hace muchos años se le hizo seguimiento para una investigación y no", dijo.Y es que la cantera operada actualmente por la empresa Construcciones El Cóndor S.A., por años también fue un depósito de desechos de demoliciones y desde el año 2002 tras la Operación Orión, quienes buscan a sus desaparecidos han denunciado que los cuerpos fueron inhumados justamente en la zona destinada a los desechos de las construcciones.Finalmente, las víctimas piden que el sitio sea decretado como un lugar de memoria, pues el derecho a la verdad y justicia debe estar por encima al derecho a la propiedad privada o el derecho a enriquecerse de una empresa. De otro lado, solicitan que se amplíen las investigaciones, por ser crímenes de lesa humanidad y ampliar el polígono de búsqueda inicial.
La violencia contra la mujer sigue siendo un problema alarmante en la región Caribe de Colombia, según los registros del Sistema Médico Legal Colombiano. Durante el 2022, se documentaron 4.999 casos de violencia de pareja en mujeres en los departamentos de Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, La Guajira y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estas cifras exponen un panorama preocupante sobre una realidad persistente.El Atlántico lidera el listado con el 37,17 % de los casos registrados, lo que equivale a 1.858 víctimas. Magdalena y Bolívar le siguen con el 20,78 % (1.039 casos) y el 22,32 % (1.116 casos), respectivamente. Por su parte, Sucre reportó el 11,28 % de los casos (564), mientras que La Guajira alcanzó el 6,7 % (87 casos). El Archipiélago de San Andrés y Providencia, aunque con una incidencia menor, reportó 1,74 % de los casos, también con 87 mujeres afectadas.En el Atlántico, Barranquilla se destacó como el municipio con más víctimas, con 1.101 casos que representan el 59,26 % del total departamental. Le siguen Soledad con 450 casos (24,22 %), Malambo con 83 (4,47 %), Baranoa con 63 (3,39 %) y Sabanalarga con 33 (1,78 %).Estos datos evidencian no solo la magnitud del problema, sino también las dinámicas específicas en los municipios más afectados. Abordar esta problemática requiere acciones integrales que incluyan prevención, protección y justicia para las víctimas, así como una transformación cultural para erradicar la violencia de género en la región.
Un turista antioqueño, identificado como Daniel Alejandro Valencia, falleció en el Páramos de Santurbán, en Santander, a donde había llegado durante el pasado fin de semana con un grupo de amigos para hacer senderismo.Fue a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, a donde, junto con siete amigos, llegó Valencia para acampar en la zona de la laguna El Tutal. Sin embargo, después de pasar un día en el área, comenzó a sufrir graves complicaciones respiratorias y sufrió un desmayo el domingo tras el cual sus compañeros de excursión pidieron ayuda urgente al cuerpo de bomberos de Vetas."El turista presentó al parecer, un edema pulmonar, y debido a las difíciles condiciones de acceso a la zona, ubicada a más de cuatro horas a pie del casco urbano, se intentó realizar el rescate por tierra, el cuerpo de bomberos llegó hasta el sitio, le brindaron los primeros auxilios y empezaron su descenso, al ver la complicación pidieron ayuda a la Gobernación de Santander mediante un helicóptero que alcanzó a sobrevolar pero había complicaciones climáticas", informó la alcaldesa de Vetas, Angélica María García Rodríguez.Esa situación llevó a que las unidades del Cuerpo de Bomberos continuaran realizando su descenso e intentaran la evacuación por tierra, mientras médicos se prepararon y con equipo, empezaron a subir la montaña para encontrarlos y brindar los primeros auxilios pertinentes.García afirmó que, “a pesar de las maniobras de reanimación realizadas por los paramédicos que llegaron a la zona, el turista no respondió a los esfuerzos de los médicos" por lo que terminó falleciendo, pues la localidad, no cuenta con un centro asistencial cercano.La mandataria de Vetas envío un mensaje a los deportistas extremos y les recordó la importancia de que los montañistas, se realicen chequeos médicos previos antes de realizar actividades en áreas de alta montaña, dado que las condiciones de altura y el clima cambiante pueden poner en riesgo la salud."Es fundamental que quienes practican montañismo y acampan en lugares tan elevados, como el Páramo de Santurbán, se sometan a un examen médico previo, nuestro municipio es de gran altitud, y las condiciones climáticas pueden variar drásticamente en diferentes épocas del año, lo que representa un riesgo para personas con afecciones preexistentes como hipertensión o problemas respiratorios", afirmó García.El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinará las causas exactas del fallecimiento del turista y las situaciones adversas que pudieron haber influido en su deceso.
Aún hay muchas dudas sin responder alrededor del crimen ocurrido el pasado 29 de octubre, en zona rural de Montería, capital del departamento de Córdoba, cuando se dio el hallazgo de cuatro personas completamente calcinadas en el interior de una lujosa camioneta.Los cuerpos fueron sometidos a numerosos estudios forenses por parte del Instituto de Medicina Legal y, de acuerdo a lo que supo Blu Radio, fueron entregados a sus familiares la semana anterior.Tres de ellos habrían sido identificados como Yoneth Polo Collazos, Martín Ríos Figueroa y Harold García Agudelo, mientras que nunca hubo un reporte sobre el nombre de la cuarta víctima fatal. Con las tres primeras ayudó que habrían sido reportadas como desaparecidas desde Barranquilla.Allegados de Yoneth no entregaron muchos detalles de lo sucedido, pero sí mencionaron que el episodio está en manos de las autoridades.“Todo sigue en manos de las autoridades para que se esclarezca el caso. De resto, no tenemos más información. Estamos rogando a Dios para que se aclaren las cosas”, declararon a Blu.La mujer, quien pidió reserva de su identidad por seguridad, manifestó que el fallecido solo había salido a trabajar, pues en su tiempo se difundió que estaba al servicio de una empresa de seguridad en Barranquilla.“Queremos que todo quede claro o, por lo menos, lo más claro posible. Yoneth no era una persona mala, él solamente se estaba ganando el pan de sus hijos”, finalizó.Un grupo élite de la Dijin está a cargo de las investigaciones para determinar con exactitud qué sucedió, no obstante hasta el momento no se han conocido nuevos avances.Lo que se supo en la fecha es que las cuatro personas habrían sido asesinadas con arma blanca antes de ser incineradas, pues dos sujetos fueron vistos en inmediaciones de la zona El Cerrito, a pocos metros del lugar de los hechos.
La Procuraduría General de la Nación aclaró este jueves que no encontró restos humanos en los hangares del aeropuerto El Dorado de Bogotá, desmintiendo la alarmante denuncia del Comité de la ONU para la Desaparición Forzada que señalaba la supuesta existencia de 20.000 cuerpos no identificados en ese lugar.Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos, lideró la inspección junto a un equipo especializado. "Recorrimos durante más de cuatro horas los 27 hangares concesionados a Opaín y verificamos que son espacios dedicados exclusivamente a actividades aeroportuarias como mantenimiento de aeronaves, bodegas y talleres. No se encontró evidencia alguna que respalde la afirmación del Comité", declaró Sarmiento en entrevista con Mañanas Blu.La denuncia que encendió las alarmasEl Comité de la ONU, en el cierre de su visita a Colombia, expresó preocupación sobre el manejo de restos humanos en el país. Según su informe preliminar, basado en información de fuentes no reveladas, habría aproximadamente 20.000 cuerpos no identificados en uno de los hangares del principal aeropuerto de la capital. Esta declaración generó indignación y alarma nacional.Sarmiento explicó que las aseveraciones de la ONU citan como fuente a Medicina Legal, entidad que posteriormente desmintió dicha información. "No hay concordancia de esa cifra con ninguna fuente oficial o registro de víctimas. Una cifra de 20.000 es absolutamente desproporcionada, casi la mitad del estadio El Campín", dijo en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor MoralesProcuraduría, en búsqueda de la verdadAnte la gravedad de la acusación, la Procuraduría requirió información a entidades como la Fiscalía, la Dijín y Medicina Legal para corroborar cualquier dato relacionado con esta denuncia. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado evidencia que respalde la existencia de los cuerpos.El equipo de la Procuraduría destacó que la inspección fue de observación, sin excavaciones, y que el acceso fue facilitado por Opaín, la empresa que administra el aeropuerto. "En principio, no se hizo ningún tipo de intervención en el subsuelo. Fue un recorrido documentado que no arrojó hallazgos", señaló Sarmiento.El impacto diplomático de la denunciaLa posibilidad de que este dato preliminar sea presentado ante la ONU en Ginebra preocupa a las autoridades colombianas. “Es altamente probable que el informe incluya esta cifra errónea. Por eso, hemos solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores que gestione aclaraciones diplomáticas para evitar que quede en el aire una afirmación tan alarmante como esta", puntualizó Sarmiento.Además, el procurador instó a Naciones Unidas a revelar la fuente que proporcionó esta información, calificándola de "altamente inverosímil". En sus palabras: "20.000 cadáveres ni siquiera podrían encontrarse en escenarios de guerra como Ucrania o Siria".Reacción ante la falta de rigorLa denuncia de la ONU ha generado cuestionamientos sobre la rigurosidad de las investigaciones realizadas por el Comité de Desaparición Forzada. "Uno no puede lanzar una acusación de esta magnitud sin pruebas contundentes. Esto parece más una fosa común ficticia que una realidad fundamentada", comentó Sarmiento.
