Falleció el sacerdote Oscar Ortiz, condenado por tener nexos con el paramilitarismo en el corregimiento San Antonio de Prado en Medellín. El hombre señalaba hasta durante las eucaristías a personas de ser guerrillerosÓscar Albeiro Ortiz Henao, quien fue párroco del sector de El Limonar en el corregimiento de San Antonio de Prado falleció en Bogotá, tras someterse a una cirugía por las afecciones de salud que sufría mientras pagaba una condena de 19 años de prisión por sus nexos con grupos al margen de la ley.El religioso fue capturado en 2010 en medio de un operativo contra una banda delincuencial conocida como “los Desmovilizados del Limonar”, cuyos integrantes eran reinsertados del bloque Cacique Nutibara de las extintas AUC.Fernando Quijano, analista del conflicto, rememoró el revuelo que generó en su momento el rol del sacerdote, cuya condena fue ratificada en 2026 por la Corte Suprema de Justicia: "Fue una persona muy vinculada con actividades del paramilitarismo urbano. Tercero, el que, obviamente, dejó una idea negativa de lo que debe ser la labor de pastores o sacerdotes. Se hablaba y le probaron de que azotaba gente. Y parece ser que le decía a los grupos quién no era deseable o deseable en el barrio. Había gente que lo quería, pero definitivamente sí estaba confirmado que tenían actuaciones que podían haber provocado que gente muriera y demás", detalló el experto.Ortiz Henao fue señalado incluso de liderar esta banda integrada por reinsertados de las AUC, que cometió múltiples asesinatos, extorsionaba y desplazó forzosamente a habitantes de la zona entre abril de 2003 y abril de 2010. Uno de los testimonios de las víctimas aseguró que “en el barrio todos ‘le copiaban’ al padre”.Incluso, la sentencia en su contra dice que hubo “afirmaciones del propio acusado en las homilías, señalando a personas como guerrilleros, quienes posteriormente fueron asesinadas; manifestaciones públicas del procesado diciendo que había ordenado la ejecución de algunas ‘pelas’; actos de violencia sexual presenciados por el padre; agresiones físicas y verbales propinadas por aquél en contra de habitantes del sector; ‘palizas’ llevadas a cabo en la casa del acusado; entregas de dinero a integrantes de las bandas por concepto de extorsiones, que tenían lugar en presencia del padre Ortiz Henao”.
A las críticas que se han hecho por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre la paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, ahora se suma el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.Y es que el mandatario Gutiérrez, aseguró en concordancia con el gobernador Rendón, que esos diálogos fueron una farsa, que hubo incumplimientos y faltó verdaderos gestos de paz, por parte de la guerrilla del ELN, que el Gobierno nacional, decidió suspender los diálogos.“Los únicos que han ganado luego de unos “diálogos” son ellos, el ELN. Se han fortalecido financiera y militarmente. El camino correcto es combatir todo tipo de estructura criminal”, escribió Gutiérrez en su cuenta de XAdemás, insistió que el único camino para afrontar a los ilegales es fortalecer a las fuerzas armadas.Por su parte, el mandatario seccional celebró que se suspendan los diálogos con el ELN tras lo sucedido en el Catatumbo. Según Andrés Julián Rendón, esto “sólo sirvió para engañar a la ciudadanía y fortalecer a los criminales”.El mandatario regional, crítico de las negociaciones con el ELN y también del cese al fuego cuando ha tenido vigencia, calificó como una farsa estos diálogos y aseguró que solo sirvieron para “engañar a la ciudadanía y fortalecer a los criminales”."Yo no sé cuántas cosas más tienen que acontecer en Antioquia, en el resto del país para que el gobierno comprenda que la mal llamada paz total es un fracaso y que lo único que se necesita para imponer la paz es soltarle las manos a la fuerza pública, dotarla, equiparla bien, liderarla para que produzcan resultados contundentes en contra del crimen cualquier bandido de cualquier pelambre y en favor de la protección de los antioqueños y de los colombianos", dijo el gobernador en su momento.Hasta noviembre del 2024, la Gobernación de Antioquia había denunciado ante los organismos de verificación 20 violaciones al cese al fuego por parte de grupos armados como las disidencias de alias 'Calarcá', y el ELN, por lo que Rendón ha sido reiterativo en atacar la apuesta de Paz Total, señalando que no ha tenido los resultados esperados y que por el contrario, estas estructuras ganan terreno.
Tras polémico mural de ‘Las cuchas tienen razón’, artistas y colectivos del grafiti acordaron, junto a la administración de Medellín, intervenir en los próximos tres años más de 30.000 metros cuadrados con arte urbano. El grafiti en el deprimido de la Terminal del Norte, el de la controversia, se mantendrá pintado por, al menos, los próximos seis meses.Sobre los acuerdos Tras la controversia generada en los últimos días por el mural ‘Las cuchas tienen razón’ a propósito de presuntos casos de desaparición forzada ejecutados en La Escombrera de la Comuna 13, colectivos artísticos de la capital antioqueña integrados en Mesagraff anunciaron acuerdos con la administración distrital para seguir llevando a cabo este tipo de intervenciones.Luego de una reunión, que se extendió por cerca de tres horas, las partes llegaron a conclusiones como la disposición de al menos 30.000 metros cuadrados en los próximos tres años para ejecutar este tipo de intervenciones respetando la libertad creativa de los artistas, pero, además, acogiendo las disposiciones del Acuerdo 010 de 2020.Además, se acordó la realización de un inventario de muros y caracterización de los diferentes sectores de la ciudad, para proteger, visibilizar y fortalecer el arte urbano como una apuesta cultural legítima.Frente al reciente mural en el deprimido de la Terminal del Norte, que nuevamente fue pintado con los respectivos permisos, en consideración al mismo Acuerdo 010 de 2020, este podría permanecer por al menos los próximos seis meses. Pasado este tiempo, otros ciudadanos podrían solicitar este espacio para una intervención distinta, pero previo al cumplimiento de requisitos.Wílmar Martínez, gestor social y cultural experto en procesos y proyectos de arte urbano gráfico, destacó los espacios de diálogo como relevantes para la protección de las manifestaciones artísticas en el territorio.“Si bien el graffiti o el muralismo no necesita un acuerdo municipal, una mesa de trabajo ni ninguna institución que lo legitime, porque tiene fuerza propia claramente la construcción de acuerdos entre los artistas y la administración, siempre será un punto clave para proteger el trabajo de estos”, afirmó.Tras estos los acuerdos alcanzados se espera que el próximo 31 de enero se lleve a cabo una asamblea del sector del arte urbano gráfico en la ciudad para continuar socializando lo alcanzado y construyendo nuevas propuestas que permitan seguir desarrollando este tipo de manifestaciones.
Hay inquietud en diferentes sectores sindicales y empresariales del departamento de Antioquia por el rumbo que podría tomar Comfenalco, una de las cajas de compensación familiar más importantes con cerca de 400.000 trabajadores afiliados.Esas dudas se materializaron en una reciente carta que la Unión Sindical de Trabajadores y Empleados de las Cajas de Compensación Familiar de Colombia dirigió a Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia frente al posible aterrizaje que en la institución podría tener equipo un político del departamento relacionado con los conservadores y relacionado con el cuestionado senador Carlos Andrés Trujillo.Según el documento, esta llegada se daría en medio de cambios al interior de la Superintendencia del Subsidio Familiar, donde recientemente fue nombrada Sandra Viviana Cadena al frente de la entidad y que sería cercana a Trujillo, cuando fue “nombrada secretaria general de la Superintendencia de Transporte y respondía al exministro Guillermo Reyes, quién a su vez hace parte del equipo de dicho senador”, se lee en la carta de la organización sindical.Ante esta alerta, también se pronunció el Comité Intergremial de Antioquia, desde donde su presidente ejecutivo, Nicolás Posada, mostró su preocupación ante los antecedentes de presunta corrupción que tiene el senador Trujillo como el de los carrotanques de La Guajira en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo durante la administración de Olmedo López"Nuestra preocupación crece cuando vemos que nuevamente intereses políticos como los que se denuncian en este caso de nuevamente el senador Trujillo buscan en apoderarse de instituciones para continuar con ese carrusel político contratista que ha desangrado varias instituciones", destacó el directivo gremial.En la reciente comunicación, el sindicato también advirtió que, pese a la mejoría en tres de los cuatro ítems que llevaron a la intervención de Comfenalco por parte del Gobierno nacional desde 2023, esta se extendió más del año anunciado inicialmente y se teme que las injerencias políticas denunciadas puedan darse antes del mes de abril, cuando recobrarían su autonomía.“Nos asalta la duda, que la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, puede ser entregada a la politiquería, incluso, ser devuelta a las mismas manos, en cuerpo ajeno, que propiciaron las irregularidades administrativas y financieras que dieron lugar a su intervención. Si esto sucede, se habrá perdido todo el trabajo desarrollado”, indicaron en la carta.
Lo que era un viaje para conocer la capital antioqueña se convirtió en un suplicio para Cristina Colón, madre del puertorriqueño Gabriel del Pilar Colón, un hombre de 30 años que resultó gravemente herido, con fracturas en sus piernas en un tour realizado para conocer la Comuna 13 de Medellín. Al parecer, Gabriel se encontraba en uno de los chorros o deslizaderos de la comuna, cuando sufrió la grave caída que lo dejó, desde el sábado 11 de enero, en el Hospital Pablo Tobón Uribe.Según relata la madre, Cristina Colón, a pesar de haber pagado a la agencia Way Colombian Tours el seguro médico que cubría accidentes durante el recorrido, la empresa al parecer, no respondió, ocasionando que la madre tuviera que pagar altas sumas de dinero durante el tratamiento de su hijo, pues solo el fin de semana tuvo que pagar al hospital 10 millones de pesos para cubrir los procedimientos médicos que se habían realizado, como lo fue la platina provisional que se le puso al hombre en el hueso fracturado."¿Sabes por cuánto yo voy? Por 35.000 dólares americanos, pero él dice que él no tiene dinero, que eso es mucho dinero. Yo tampoco lo tengo, yo estoy haciendo aquí malabares para pagar esto. Esto es una fortuna", expresó la madre.Asimismo, la madre indicó que no solamente son gastos médicos, pues la estadía, el transporte y la alimentación también han salido de su bolsillo. Cristina relata que se encuentra preocupada, pues, hasta el momento no ha recibido ayuda de nadie para cubrir los gastos que, con el pasar de los días, van en incremento, pues ahora, la madre tendrá que pagar una costosa cirugía de más de 28 millones de pesos para la recuperación de su hijo."Hoy tengo que pagar la cirugía, que es un montón de dinero, porque si no lo pago, no me lo operan. No sé cuánto tiempo más yo me tenga que quedar aquí. La cirugía son 28.881.639, esa cantidad yo la tengo que pagar hoy", explicó la progenitora.Por el momento, José Miguel Nanclares, representante de la agencia Way Colombian Tours, le declaró en uno de los audios a uno de los acompañantes del hombre que la situación se debió a un error y confusión a la hora de poner los datos de Gabriel en el seguro."Fue un accidente, un error humano con el tema del seguro, como te mostré el seguro, ustedes estaban todos asegurados. Una confusión con el tema del nombre", indicó el representante.La madre indica que sigue a la espera de que la agencia o las autoridades de la ciudad de Medellín le ayuden ante tan difícil situación con los costos médicos de su hijo, pues se encuentra sola en un país que no conoce, esperando poder retornar a Puerto Rico lo más pronto posible. De igual manera, la madre indicó que el representante de la agencia quedó de visitarla para ver con cuánto podría ayudarle para el pago de los gastos médicos.
Un vagón de la estación de San Antonio vivió angustiantes momentos cuando una usuaria, que portaba un gas pimienta, accidentalmente lo accionó, dejando como resultado a varias personas afectadas por el olor del compuesto químico, el cual puede generar visión borrosa e inflamación de las mucosas.De acuerdo con el metro de Medellín, la pasajera que se movilizaba, sin querer, activó el gas, ocasionando que alguien más presionara el botón de emergencia, por lo cual el personal del Metro, junto a agentes de la Policía Nacional, atendieron la situaciónEn el video se puede ver como un montón de personas salen del vagón tosiendo en busca de aire y con los ojos irritados limpiándose el rostro con la ropa.A pesar de que el Metro mencionó que no hubo heridos ni se requirió atención médica de parte de algún usuario y negó que el personal tuviera que ser evacuado, si explicó que el vagón que se desplaza por la ruta de la línea A, desde Bello con dirección hacia La Estrella, si tuvo que ser detenido por 1 minuto y 10 segundos para continuar su recorrido con normalidad.Desde la entidad, recordaron que, según el reglamento del usuario, está prohibido ingresar a la red Metro con sustancias químicas que puedan afectar la seguridad de las personas, infraestructura o la operación.
Enviaron a la cárcel a un hombre que secuestró en Medellín a un bebé de 19 meses para presionar a su expareja sentimental, madre del niño, para que continuaran la relación. El menor de edad fue rescatado en una vivienda del nororiente de la ciudad. Presuntos casos de violencia intrafamiliar y de género también estarían afectando a menores de edad en Medellín como quedó evidenciado en una reciente situación donde ya la Fiscalía anunció avances en el proceso de judicialización de un hombre.Los hechos que han generado rechazo ocurrieron el pasado 14 de enero en una vivienda del barrio Manrique en donde el procesado irrumpió en medio de una discusión con su expareja sentimental.El hombre entró para llevarse con rumbo desconocido al hijo de 19 meses de la mujer luego de que esta se negara a retomar la relación sentimental que sostenían.Tras el rapto y en medio de actos de intimidación, esta persona se comunicó a través de mensajes de audio con la mamá del bebé y le indicó que no lo retornaría a su hogar.Al reportar el caso ante las autoridades, estas lograron que el hombre acordara un encuentro con la mamá del menor de edad para dialogar y fue capturado en ese momento por parte de efectivo del Gaula de la Policía.Luego de estar en poder de las autoridades el hombre reveló la ubicación del bebé en una vivienda del mismo barrio hasta donde llegaron para devolverlo a su núcleo familiar.El señalado victimario fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por un juez de control de garantías y deberá responder por el delito de secuestro simple agravado y atenuado.
Tras enviarle una carta en la que le pedía al alcalde Federico Gutiérrez apoyo con personal en los Puntos de Atención a las Víctimas (PAV), la directora de este dependencia en Antioquia aclaró que en ningún momento han dejado de atender esta población en Medellín, ni que tampoco se registren cierres de las sedes por la falta de orientadores y documentadores contratados.Esto luego de que el mandatario aseverara que el Gobierno nacional dejó sin apoyo a las víctimas en Medellín y que no dejaron presupuesto, lo que calificó también como una incoherencia a propósito de que por estos días el presidente Gustavo Petro defendió la memoria de las víctimas de La Escombrera de la comuna 13, en medio de la polémica por los murales que fueron pintados en la ciudad.Al respecto, Claudia Patricia Vallejo, la autora de la carta, señaló que si bien sí existen procesos administrativos naturales al inicio del año que ha tenido dificultades, relacionados con la contratación del operador que gestionará los equipos de trabajo que no están contratados todavía, esto no quiere decir que no haya atención, e incluso recordó que las Alcaldías por ley también les compete adelantar estas atenciones."Lamentablemente se presentó por el proceso de contratación, pero en ningún momento la Unidad para las Víctimas ha dejado de atender a las víctimas. Hemos trabajado durante todo el año, donde el 24 fue el comienzo de este año. La sede de la unidad nunca ha estado cerrada, en el horario habitual. Estamos pendientes también, obviamente, de las situaciones de emergencia que se están presentando también en el resto del departamento de Antioquia para poder prestar ese servicio", detalló la directora. Al ser una responsabilidad compartida, señaló la funcionaria, “la Alcaldía de Medellín, al igual que otras entidades locales, tiene un papel fundamental en la sostenibilidad de los PAV, no sólo en términos de recursos, sino también en la infraestructura necesaria para garantizar que las víctimas reciban una atención digna y de calidad”.Finalmente, apuntó que la Unidad para la Atención a las Víctimas cuenta con canales de atención como Unidad en Línea, a través de los cuales las víctimas pueden seguir recibiendo orientación y soporte en tiempo real.Recordemos que el secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, también había opinado que mientras el presidente se mostraba preocupado por la dignidad de las víctimas en Medellín "hoy deja sin atención a 356,411 víctimas del conflicto armado por retrasos en la contratación de la Unidad Nacional para las Víctimas".
El ciudadano canadiense Raymond Arthur JR Cornish enfrenta un proceso judicial en Medellín, pues estaría involucrado en el secuestro y los actos de tortura en contra de una mujer que cumplía servicios generales en un apartamento arrendado mediante una plataforma virtual, en hechos ocurridos el 23 de noviembre de 2023, en el sector El Poblado.Según la investigación de la Fiscalía, la víctima habría sido retenida en contra de su voluntad por el extranjero, quien se hospedaba en el inmueble; golpeada para que entregara información sobre la ubicación de un anillo y un dinero en efectivo, que supuestamente se perdieron en el lugar; y finalmente despojada del teléfono celular. Producto de la agresión, la mujer, de 42 años, recibió una incapacidad médico legal de 15 días.Durante las audiencias concentradas, el fiscal del caso reveló cómo sucedieron los hechos en los que la mujer fue brutalmente golpeada, cuando desempeñaba su rol de asear los apartamentos cuando son desocupados por los huéspedes."Llegan los que se habían hospedado y de allí entonces empiezan a agarrarla del cuello, la tiran encima de una cama, empieza a gritar, le pega un puño en la boca, varios puños en el abdomen, empieza a decirle que él tenía un dinero en una mesa de noche en una de esas habitaciones y Raymond Arthur Jr. le decía que ella tenía un anillo", detalló el fiscal.Un video que muestra la retención es una de las piezas claves que tienen las autoridades, que además muestra la participación de otro hombre."Le es limitada la libertad de locomoción. ¿Por quién? Por Raymond Arthur Junior Cornish. En ese video su señoría de tan pocos segundos se logra ver precisamente la fuerza y mire su señoría nada más el aspecto físico que tiene el señor Raymond en contra de una mujer, de cómo adecuar esa situación de ponerla en inferioridad, dos hombres", señaló el fiscal.Por todo lo anterior, un fiscal Gaula Militar de la Seccional Medellín imputó al extranjero los delitos de secuestro simple agravado, tortura, y hurto calificado y agravado, pero este no aceptó su responsabilidad y, por decisión de un juez de control de garantías, recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.Raymond Arthur JR Cornish fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Ejército Nacional, en un restaurante del exclusivo sector de El Poblado.
En medio de los diálogos que avanzan en la cárcel de Itagüí con la paz urbana impulsada por el Gobierno nacional, la Alcaldía de Medellín reconoció disputas internas entre una banda delincuencial en el Occidente de la ciudad. En esta zona de la capital antioqueña las autoridades decidieron reforzar la presencia policial.La situación de orden público en Medellín sigue preocupando a diferentes autoridades de la ciudad que advierten sobre la disputa interna entre ilegales en las comunas Altavista y Belén, misma que ha generado preocupación y temor entre las comunidades de estos sectores. Precisamente, y aunque las bandas delincuenciales que dialogan con el Gobierno nacional en Itagüí celebran reducciones en la criminalidad, en el Occidente de la capital antioqueña la presencia de grupos al margen de la ley sigue generando miedo y temor.Lo que destacaron las autoridades es que en las comunas Altavista y Belén se han venido registrando algunas denuncias ciudadanas que evidenciaría el actuar criminal en la zona, mismo accionar que ocasionó la irrupción de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín se indicó que la situación, aunque es de normalidad, ha necesitado de una atención especial.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reconoció que la función de la Policía y la Fiscalía General de la Nación se centrará en combatir a estas bandas que atemorizan a los habitantes de Altavista y Belén.“Todavía hay cosas por resolver y esas bandas tienen el mensaje muy claro, dejen de joder en la vida a la gente, vamos a seguirlos persiguiendo y la van a pasar muy mal, porque aquí estamos articulados y vamos a continuar con el combate”, afirmó.Sobre los operativos que se realizan en la zona occidental de Medellín, destacaron las autoridades que se ha reforzado la presencia policial en el territorio para tratar de llevar tranquilidad a la ciudadanía y garantizar que se mantenga la seguridad de la población que ha sufrido los flagelos de las bandas delincuenciales.Por último y en consonancia con lo dicho por el mandatario, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, insistió en su cuenta de X, "dejarle claro también a las estructuras que independientemente de si tienen conflictos internos o no, vamos detrás de ellas hasta que entiendan que aquí no toleramos a los criminales".
La Alcaldía de Medellín denunció que la Unidad Nacional para las Víctimas le envió una carta asegurando que por temas presupuestales no pueden contratar el personal para prestar la atención en la capital de Antioquia. En medio de toda la controversia que se ha generado en el país por la situación de los hallazgos realizados en La Escombrera y los murales hechos en Medellín en alusión a ese tema, la Unidad Nacional para las Víctimas le envió una carta al Distrito asegurando que por temas presupuestales no pueden contratar el personal para prestar la atención en la ciudad.En la carta referida al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se lee, "teniendo en cuenta el contexto fiscal actual del Gobierno nacional, estamos presentando retrasos en la contratación del operador que a su vez contrata al equipo de orientadores y documentadores que realizan la atención en los puntos de atención a víctimas".Desde la Unidad Nacional para las Víctimas expresaron que hasta que no se cuente con el equipo contratado, le solicitan a la Administración Local, "todo el apoyo y disposición para que el equipo de atención a víctimas dispuesto por su entidad pueda realizar la atención y orientación a la ciudadanía".Ante esta compleja situación presupuestal, Gutiérrez expresó su preocupación por la decisión que se tomó a la vez que criticó fuertemente que el Gobierno nacional haya hablado del tema de víctimas, en relación a los hallazgos en La Escombrera, pero que ahora no haya recursos para Medellín.El Gobierno Nacional dejó sin apoyo a las víctimas en Medellín, no dejaron presupuesto, nosotros atendemos a las víctimas desde la Secretaría de paz y derechos humanos desde la Unidad de Víctimas. Y mira la incoherencia mientras el Gobierno Nacional habla de las víctimas las deja tiradas, por qué no llega la plata Medellín, por qué no llega la plata a Antioquia”, aseveró.En la carta enviada al mandatario también se ve que la Unidad Nacional para las Víctimas se ofrece a apoyar con orientaciones, capacitaciones y acceso a las herramientas requeridas para facilitar la atención a las víctimas del conflicto armado en Medellín. Sin embargo, Gutiérrez fue enfático en decir que esto se suma a varias deudas que tiene la Nación con la ciudad y el departamento, asegurando que, "hay bloqueo del presidente Petro y su gobierno con Antioquia".Finalmente, la Unidad para la Atención a las Víctimas explicó que está revisando la posibilidad de vincular personal de planta para apoyar algunos días en la semana con el suministro de información a las víctimas, no obstante reconocieron que se requiere el concurso de la Administración Distrital, por lo que el proceso podría tardar dependiendo de cómo avance el proceso de contratación.
Entidades judiciales siguen avanzando en las investigaciones de presuntos casos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero en la ciudad de Medellín, pues Blu Radio conoció que en recientemente fueron imputadas dos exfuncionarias.Se trata de Laura Mejía Higuita, exlíder del Programa de Unidad Logística del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de Viviana del Valle Velásquez, quien se desempeñaba entre 2021 y 2022 como jefe de la Unidad de Compras de Metroparques.Valle Velásquez deberá responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros, mientras que Mejía Higuita solo fue imputada por este último cargo.Los hechos juzgados corresponden a la suscripción de 12 contratos interadministrativos por 1.465 millones de pesos que habrían favorecido a las empresas JPino SAS, Estructuras Zafiro y Soluciones SAS, en procesos relacionados con la adquisición de insumos y el mantenimiento para el Parque de las Aguas en el municipio de Barbosa.Por esto también fue imputada Lilibeth Lorena Pino Jaramillo, integrante de Soluciones SAS y quien no solo habría retirado los dineros depositados por Metroparques por bienes que nunca se suministraron, sino que además es señalada de haber creado la sociedad con la finalidad exclusiva de contratar con esta entidad descentralizada del distrito de Medellín.En la diligencia a cargo de la Fiscalía 170 Seccional de Administración Pública de Medellín, se dejó en evidencia que “en los 12 trámites contractuales cuestionados se pretendió para dar la apariencia de competencia y pluralidad de ofertas cuando en la realidad se invitó en algunos trámites a empresas y/o personas naturales no idóneas para suministrar los bienes y servicios requeridos o sin ningún interés real de presentar oferta. En otros se omitieron invitaciones al número de oferentes requeridos y en otras las invitaciones se rotaban a las empresas del mismo grupo familiar”.Vale la pena mencionar que la investigación de todos estos hechos la está llevando a cabo la investigación la hace también la Unidad Anticorrupción de la Dijín de la Policía. ¿Cartel de contratación?Este tipo de conductas precisamente llevó a que en su momento la veeduría ciudadana Todos X Medellín, quien denunció estos hechos, se refiriera al caso que involucra a otros procesos y entidades como un ‘cartel de la contratación’. Así lo explicó en su momento la vocera de la veeduría, Piedad Restrepo."Encontramos una alianza, un acuerdo tácito entre servidores públicos de estas entidades y empresas contratistas para rotarse la contratación, para eliminar la competencia, fingir que compiten cuando en realidad no lo hacen", indicó Restrepo.Con esta nueva imputación ya son nueve personas las vinculadas formalmente al proceso, de las cuales cinco son exservidores públicos y cuatro particulares. Además, se conoce a un año exactamente de que la Fiscalía imputara a Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, y Mauricio Jaramillo Botero, representante legal de Cyan Eventos, por hechos similares en relación con contratos que desde esa entidad descentralizada del Distrito se habrían usando recursos del Presupuesto Participativo.
