La Justicia Especial para la Paz (JEP) le dio un plazo de cinco días hábiles al general (r) Mauricio Santoyo Velasco para que entregue un aporte detallado sobre la relación y apoyo entre agentes del Estado, como fuerza pública, y grupos paramilitares, que terminó en la violación de derechos humanos en Medellín, Antioquia, durante 2001.Esto se da en el marco de la investigación de los crímenes de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, asesinados el 6 de octubre de 2000 en la ciudad.>> Lea también: Procuraduría a JEP en caso Almario: "Existe una vulneración al principio de legalidad"La directriz dada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que a su vez responde a una orden de la Sección de Apelación de la JEP, busca determinar si los hechos en los que está involucrado el general serán priorizados en algunos de los macrocasos como el 08 y su subcaso Antioquia, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles.El pasado 10 de diciembre dicha Sección de Apelación había dejado en firme la decisión que le niega la libertad condicional a quien también fuera jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe.La decisión se toma ya que los magistrados consideran que Santoyo no ha aportado verdad ni ha reconocido responsabilidad alguna ante la JEP sobre sus alianzas con el paramilitarismo pese a ya tiene una condena en su contra proferida en Estados Unidos.
Este lunes, 30 de septiembre, se conoció que la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al general (r) Mauricio Santoyo Velasco por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada en el caso de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, defensores de derechos humanos desaparecidos en Medellín, el 6 de octubre del año 2000.El caso investiga esta y otras desapariciones forzadas y homicidios sistemáticos ejecutados por paramilitares y miembros del Gaula Medellín, al mando o bajo influencia de Santoyo a finales de los 90 y principios de los 2000.Santoyo fue vinculado a este proceso por su rol de mando en el Gaula; según testigos, el colaboró estrechamente con las AUC para perpetrar crímenes contra civiles. La Fiscalía concluyó que estos hechos deben ser investigados como crímenes de sistema, o de contexto, dado el grado de organización y el apoyo estatal que recibieron los perpetradores.“Las desapariciones fueron sistemáticas e hicieron parte de un patrón de violencia estatal en colaboración con grupos paramilitares. Varios exintegrantes de las AUC admitieron la participación de Santoyo en estos crímenes”, dice la Comisión Colombiana de Juristas que hace seguimiento al caso.Actualmente, la JEP estudia la libertad transitoria de Santoyo, sin embargo, la reciente decisión de la Fiscalía corrobora que este caso es crucial para entender los nexos entre el Estado y los grupos armados ilegales en Colombia.
Recientemente, se conoció una decisión de la JEP en la que se le niega la libertad condicional al general en retiro Mauricio Santoyo, quien cumplió varios roles en la Policía Nacional, pues fue subdirector antisecuestro y antiextorsión entre diciembre de 1999 y mayo de 2001, comandante del cuerpo de élite antiterrorista de la ciudad de Medellín desde mayo 2001 hasta diciembre del mismo año y jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005.La decisión de negarle su libertad se tomó porque los magistrados consideraron que no aportó verdad plena en la audiencia a la cual fue citado. Santoyo también ha sido vinculado a los casos de desaparición forzada de Claudia Patricia Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, el 6 de diciembre de 2001 en Medellín, pero el general en retiro señaló que esta vinculación era equivocada.Blu Radio conoció un documento que fue radicado en las últimas horas por la Comisión Colombiana de Juristas, quienes llevan la representación de las víctimas ante la JEP. En 9 páginas, las víctimas aseguran que Santoyo ha sido evasivo con la justicia colombiana y que no está cumpliendo con los requerimientos que le han hecho las víctimas y la misma jurisdicción."El negacionismo no solo está dictado por lo que ya se probó en justicia ordinaria, sino, también en la forma en la que el compareciente asume su relato. Por eso, de cara a una parte principal y necesaria del régimen de condicionalidad y las obligaciones que de él se desprenden, corresponde al aporte a los derechos de las víctimas. Existen elementos probatorios con nivel de certeza como el proceso penal internacional donde el compareciente aceptó la relación con el paramilitarismo y proveer apoyo material y técnico a los planes paramilitares, hoy este compareciente pese a esa aceptación y confesión de su responsabilidad niega lo ya probado", se lee en el documento.Los representantes de víctimas aseguran que hay pruebas en la justicia ordinaria de que Santoyo se encontraba en la nómina de los miembros de los grupos paramilitares y que hay relatos de sus subalternos que han hecho referencia a los presuntos nexos con el paramilitarismo.Cuestionan además que Santoyo haya dicho que el hecho de haber aceptado responsabilidad ante la justicia de Estados Unidos se dio, en parte, por una estrategia jurídica."El nivel de convencimiento que tiene esta representación con la condena y pruebas obrantes nos indican de manera más que fehaciente su alianza con grupos paramilitares que dio origen a la autoría en un concierto para delinquir, la autoría en la interceptación de las líneas y acciones de inteligencia ilegal, así como la coautoría en la desaparición forzada!, aseguran las víctimas.Para ellos Santoyo no entrega pruebas de su inocencia ni datos sobre modo, tiempo y lugar en el que se presentaron los hechos por los cuales ha sido señalado y por eso le hacen algunas solicitudes a la JEP."Mauricio Santoyo por ahora no merece beneficio transicional, pues está mintiendo, ello queda demostrado en los siguientes elementos: inició un proceso de investigación criminal,aceptó jurídicamente unos cargos con su respectiva consecuencia y de acuerdo a documentos internos del proceso en Estados Unidos colaboró con la justicia para obtener las respectivas rebajas de pena que lo llevó a una condena inferior", señala el documento.Entre algunas de las solicitudes está también que se valore la expulsión de Santoyo."Solicitamos con la dignidad que acompaña este memorial para los derechos de las víctimas que se valore la expulsión del sistema a Mauricio Santoyo, quien le ha hecho perder a la JEP cuatro años de trabajo, recursos y ha sacrificado la expectativa y derechos de las víctimas por mantener el aparente buen nombre que parcialmente cree que le acompaña su situación jurídica. Esta solicitud va acompañada del desarrollo jurisprudencial ya relatado previamente, también debe señalarse que hasta el momento los hechos por los cuales se encuentra investigado no se encuentran seleccionados como hechos representativos en los macro caos que ha priorizado la investigación de los distintos patrones abordados por la JEP.La expulsión está relacionada con los tres incumplimientos del régimen de condicionalidad, la entrega de un CCCP adecuado, la falta de entrega del complemento a los vacíos del compromiso, la ausencia de aporte coherente de verdad a las preguntas de la magistratura y la falta de elementos otorgados en la audiencia de aporte a la verdad", finaliza el texto.
La Procuraduría General de la Nación le hizo la petición a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para que deje en libertad al general (r) Mauricio Santoyo, porque según el Ministerio Público cumplió con los cinco años mínimo privado de la libertad que ordena la ley en el caso de los integrantes de la Fuerza Pública.La JEP abordó el caso de Santoyo para determinar si cumple los requisitos necesarios para recibir beneficios de libertad transitoria, condicionada y anticipada, sin embargo, la JEP ha señalado que Santoyo no ha aportado suficiente verdad sobre su participación en los hechos por los cuales se le investiga, lo que ha complicado su situación legal en el país.“El problema jurídico que abordó la resolución apelada se redujo a determinar si el compareciente reúne los requisitos para otorgarle el beneficio de LTCA. Con tal propósito, expuso los requisitos legales que deben acreditarse para gozar el citado beneficio. Indicó que otorgar la LTCA constituye una “medida de confianza, sin que ello implique definir la situación jurídica del compareciente”, señala el documento emitido por la Procuraduría.En este documento, también se afirma que durante una audiencia de aporte de verdad realizada el 21 de marzo de 2024, Santoyo mantuvo su postura de negar cualquier responsabilidad en los delitos investigados, afirmando que no recuerda los hechos o que no participó en ellos, actitud criticada por la JEP, que considera necesario que el compareciente contribuya de manera significativa a la construcción de la verdad y la memoria histórica del conflicto armado en Colombia.
La JEP le negó al general en retiro Mauricio Santoyo la libertad condicional, lo anterior, al considerar que el exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe no ha aportado una verdad plena para poder acceder a este beneficio.Santoyo fue aceptado por esta jurisdicción por las desapariciones forzadas de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa y por un proceso de enriquecimiento ilícito que, según su abogado, tiene relación con el conflicto.Sin embargo, al no haber aportado verdad, según la JEP, durante una audiencia a la cual fue citado, los magistrados decidieron negarle la libertad.“Santoyo Velasco no realizó aportes de verdad que puedan siquiera de manera preliminar, contribuir a los fines del sistema, a la construcción de memoria y a la garantía de los derechos de las víctimas. El compareciente mantuvo la postura sobre su ausencia de responsabilidad en las investigaciones penales por las cuales se encuentra sometido a esta jurisdicción, derecho que en principio le asiste en razón a su situación jurídica dentro de la justicia ordinaria; sin embargo, omitió realizar cualquier tipo de aporte de verdad y señaló en repetidas ocasiones que no recuerda los hechos, o que los hechos por los cuales se le investiga no tuvieron su participación, o se fundamentaron en denuncias o versiones falsas”, señala la JEP.En el mismo sentido, la JEP le hace un llamado para que aporte verdad plena recordándole que, de no ser así, podría ser expulsado de la jurisdicción. Es importante recordar que Santoyo ya fue condenado en Estados Unidos por presuntas alianzas con el paramilitarismo; sin embargo, ante la JEP dijo que se declaró culpable como una estrategia de su defensa.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia advirtió al general retirado de la Policía Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), que podría ser expulsado de esa instancia judicial si no contribuye con la verdad.La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Reconocimiento de Verdad escucharon de manera reservada al general retirado Santoyo, en lo que constituyó su última oportunidad para aportar la verdad y mantener su sometimiento a la JEP, así como acceder a los beneficios transicionales, informó el sábado dicho tribunal.Durante la diligencia, llevada a cabo el jueves pasado, los magistrados presentaron un cuestionario a Santoyo sobre sus vínculos con grupos paramilitares durante su tiempo como comandante del Gaula (grupo antisecuestro) en Medellín entre 1997 y 2001.La información añadió que "de persistir una actitud renuente a realizar aportes de verdad suficientes, las dos salas -la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Reconocimiento de Verdad- podrían iniciar un incidente de incumplimiento, lo que, en última instancia, podría implicar su expulsión de esta justicia especial.Santoyo comparece ante la JEP en casos que investigan la victimización de miembros de la Unión Patriótica y los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, durante el conflicto armado.El alto oficial enfrenta dos procesos penales suspendidos parcialmente mientras permanezca sometido a la JEP. Uno por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada, y otro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Por estos últimos delitos, Santoyo fue condenado en Estados Unidos y cumplió una pena de 85 meses de prisión en extradición.En septiembre de 2021, Santoyo fue aceptado en la JEP por los dos procesos mencionados anteriormente. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a su vez, le otorgó el beneficio transitorio de privación de la libertad en una unidad policial.En caso de que Santoyo sea expulsado de la JEP, las investigaciones en su contra serán remitidas a la justicia ordinaria y seguirá privado de la libertad.
Sebastián Escobar Uribe, abogado de víctimas en algunos procesos que implican al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, habló sobre la decisión de la Justicia Especial de Paz (JEP) de aceptar su sometimiento. "Puede ayudar a esclarecer varios de los hechos puntuales por lo que se aceptó su sometimiento, pero sobre todo para establecer este patrón de relacionamiento y connivencia entre la fuerza pública, el Estado y grupos paramilitares. Es algo que se ha abordado, pero de alguna manera también requiere ser esclarecido a mayor profundidad", opinó el jurista. El oficial en retiro, en diciembre de 2012, fue condenado por la justicia de Estados Unidos a 13 años de prisión por nexos con paramilitares y narcotraficantes. No obstante, negoció para obtener una rebaja en su condena, por lo que volvió al país en 2019. "Esta apertura de este canal para participar (en la JEP) implica unas condiciones y obviamente de no cumplirse con ellas, pues pueden ser revocados sus beneficios y estímulos", declaró Escobar Uribe. "Yo lo que veo por ahora es que la jurisdicción se la ha jugado por abrir este espacio. Nos parece una figura importante que puede contribuir con el esclarecimiento", complementó. Escuche al abogado Sebastián Escobar Uribe en entrevista con Mañanas BLU: Escuche las noticias del día en BLU Radio:
Este viernes 17 de septiembre, la sala de definición de situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, aceptó el sometimiento del general (r) Mauricio Alfonso Santoyo. La JEP le concedió al general (r) el beneficio de la privación de la libertad en “unidad policial, en relación con los procesos penales por los que es investigado”. Cuando Santoyo regresó al país después de pagar cárcel en EEUU, por vínculos con paramilitares, fue recapturado por su presunta participación en desapariciones forzadas y por concierto para delinquir agravado.Escuche La Intérprete en Spotify:
La Fiscalía impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra el general (r) Mauricio Santoyo Velasco por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Santoyo se desempeñó como exjefe de seguridad de la Presidencia durante la administración de Álvaro Uribe Vélez.Vea aquí: JEP juzgará proceso de general (r) Santoyo por desaparición de dos defensores de DDHHSegún la Fiscalía, “el exoficial constituyó un patrimonio de $ 6.193.415.576 que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmolizados grupos de autodefensa, mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional entre 1999 y 2009.De acuerdo con el ente investigador, Santoyo habría recibido más de 1.700 millones de pesos por parte de sectores de paramilitares. Santoyo regresó a Colombia en abril de 2019 tras cumplir sentencia en Estados Unidos por narcotráfico. Actualmente está privado de la libertad por disposición de un fiscal de Derechos Humanos por su presunta relación con la desaparición de dos defensores de derechos humanos cuando fue comandante del Gaula en Medellín.Conozca el comunicado de la Fiscalía:
El general (r) de la Policía Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe, rindió indagatoria este jueves y viernes en el búnker de la Fiscalía ante los investigadores que llevan su proceso por la desaparición forzada de dos activistas de derechos humanos, en un caso registrado el 6 de octubre de 2006. Se trata de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, miembros de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).Al parecer, cuando Santoyo fue comandante del Gaula Medellín tenía interceptadas más de 1.800 líneas telefónicas en el Valle de Aburrá, entre ellas las de los activistas.En tres meses se definirá su situación jurídica, es decir, si lo acusan por los hechos o lo absuelven y archivan el caso. Mientras tanto deberá continuar en prisión.Por otro lado, los fiscales del caso decidieron citarlo a declaración juramentada por dos procesos que también investigan y por los cuáles deberá explicar su presunta participación en los mismos.El primero es debido a una compulsa de copias que llegó a la Fiscalía en el año 2015 para que investigara a 10 exfuncionarios del DAS que conocieron el proceso por el crimen del periodista Jaime Garzón Forero y que habrían participado en un plan para desviarla.Al parecer, en 1999, cuando Santoyo era comandante del Gaula en Medellín, recibió órdenes del exjefe paramilitar Carlos Castaño y habría coordinado la estrategia para desviar la investigación.El segundo es el asesinato del presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en Medellín en febrero de 1998.Valle fue asesinado por sicarios al mando de Carlos Castaño debido a las denuncias que hacía en su contra, específicamente, después de las masacres de La Granja y El Aro.
