Este lunes, 30 de septiembre, se conoció que la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al general (r) Mauricio Santoyo Velasco por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada en el caso de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, defensores de derechos humanos desaparecidos en Medellín, el 6 de octubre del año 2000.El caso investiga esta y otras desapariciones forzadas y homicidios sistemáticos ejecutados por paramilitares y miembros del Gaula Medellín, al mando o bajo influencia de Santoyo a finales de los 90 y principios de los 2000.Santoyo fue vinculado a este proceso por su rol de mando en el Gaula; según testigos, el colaboró estrechamente con las AUC para perpetrar crímenes contra civiles. La Fiscalía concluyó que estos hechos deben ser investigados como crímenes de sistema, o de contexto, dado el grado de organización y el apoyo estatal que recibieron los perpetradores.“Las desapariciones fueron sistemáticas e hicieron parte de un patrón de violencia estatal en colaboración con grupos paramilitares. Varios exintegrantes de las AUC admitieron la participación de Santoyo en estos crímenes”, dice la Comisión Colombiana de Juristas que hace seguimiento al caso.Actualmente, la JEP estudia la libertad transitoria de Santoyo, sin embargo, la reciente decisión de la Fiscalía corrobora que este caso es crucial para entender los nexos entre el Estado y los grupos armados ilegales en Colombia.
Recientemente, se conoció una decisión de la JEP en la que se le niega la libertad condicional al general en retiro Mauricio Santoyo, quien cumplió varios roles en la Policía Nacional, pues fue subdirector antisecuestro y antiextorsión entre diciembre de 1999 y mayo de 2001, comandante del cuerpo de élite antiterrorista de la ciudad de Medellín desde mayo 2001 hasta diciembre del mismo año y jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2005.La decisión de negarle su libertad se tomó porque los magistrados consideraron que no aportó verdad plena en la audiencia a la cual fue citado. Santoyo también ha sido vinculado a los casos de desaparición forzada de Claudia Patricia Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, el 6 de diciembre de 2001 en Medellín, pero el general en retiro señaló que esta vinculación era equivocada.Blu Radio conoció un documento que fue radicado en las últimas horas por la Comisión Colombiana de Juristas, quienes llevan la representación de las víctimas ante la JEP. En 9 páginas, las víctimas aseguran que Santoyo ha sido evasivo con la justicia colombiana y que no está cumpliendo con los requerimientos que le han hecho las víctimas y la misma jurisdicción."El negacionismo no solo está dictado por lo que ya se probó en justicia ordinaria, sino, también en la forma en la que el compareciente asume su relato. Por eso, de cara a una parte principal y necesaria del régimen de condicionalidad y las obligaciones que de él se desprenden, corresponde al aporte a los derechos de las víctimas. Existen elementos probatorios con nivel de certeza como el proceso penal internacional donde el compareciente aceptó la relación con el paramilitarismo y proveer apoyo material y técnico a los planes paramilitares, hoy este compareciente pese a esa aceptación y confesión de su responsabilidad niega lo ya probado", se lee en el documento.Los representantes de víctimas aseguran que hay pruebas en la justicia ordinaria de que Santoyo se encontraba en la nómina de los miembros de los grupos paramilitares y que hay relatos de sus subalternos que han hecho referencia a los presuntos nexos con el paramilitarismo.Cuestionan además que Santoyo haya dicho que el hecho de haber aceptado responsabilidad ante la justicia de Estados Unidos se dio, en parte, por una estrategia jurídica."El nivel de convencimiento que tiene esta representación con la condena y pruebas obrantes nos indican de manera más que fehaciente su alianza con grupos paramilitares que dio origen a la autoría en un concierto para delinquir, la autoría en la interceptación de las líneas y acciones de inteligencia ilegal, así como la coautoría en la desaparición forzada!, aseguran las víctimas.Para ellos Santoyo no entrega pruebas de su inocencia ni datos sobre modo, tiempo y lugar en el que se presentaron los hechos por los cuales ha sido señalado y por eso le hacen algunas solicitudes a la JEP."Mauricio Santoyo por ahora no merece beneficio transicional, pues está mintiendo, ello queda demostrado en los siguientes elementos: inició un proceso de investigación criminal,aceptó jurídicamente unos cargos con su respectiva consecuencia y de acuerdo a documentos internos del proceso en Estados Unidos colaboró con la justicia para obtener las respectivas rebajas de pena que lo llevó a una condena inferior", señala el documento.Entre algunas de las solicitudes está también que se valore la expulsión de Santoyo."Solicitamos con la dignidad que acompaña este memorial para los derechos de las víctimas que se valore la expulsión del sistema a Mauricio Santoyo, quien le ha hecho perder a la JEP cuatro años de trabajo, recursos y ha sacrificado la expectativa y derechos de las víctimas por mantener el aparente buen nombre que parcialmente cree que le acompaña su situación jurídica. Esta solicitud va acompañada del desarrollo jurisprudencial ya relatado previamente, también debe señalarse que hasta el momento los hechos por los cuales se encuentra investigado no se encuentran seleccionados como hechos representativos en los macro caos que ha priorizado la investigación de los distintos patrones abordados por la JEP.La expulsión está relacionada con los tres incumplimientos del régimen de condicionalidad, la entrega de un CCCP adecuado, la falta de entrega del complemento a los vacíos del compromiso, la ausencia de aporte coherente de verdad a las preguntas de la magistratura y la falta de elementos otorgados en la audiencia de aporte a la verdad", finaliza el texto.
La Procuraduría General de la Nación le hizo la petición a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para que deje en libertad al general (r) Mauricio Santoyo, porque según el Ministerio Público cumplió con los cinco años mínimo privado de la libertad que ordena la ley en el caso de los integrantes de la Fuerza Pública.La JEP abordó el caso de Santoyo para determinar si cumple los requisitos necesarios para recibir beneficios de libertad transitoria, condicionada y anticipada, sin embargo, la JEP ha señalado que Santoyo no ha aportado suficiente verdad sobre su participación en los hechos por los cuales se le investiga, lo que ha complicado su situación legal en el país.“El problema jurídico que abordó la resolución apelada se redujo a determinar si el compareciente reúne los requisitos para otorgarle el beneficio de LTCA. Con tal propósito, expuso los requisitos legales que deben acreditarse para gozar el citado beneficio. Indicó que otorgar la LTCA constituye una “medida de confianza, sin que ello implique definir la situación jurídica del compareciente”, señala el documento emitido por la Procuraduría.En este documento, también se afirma que durante una audiencia de aporte de verdad realizada el 21 de marzo de 2024, Santoyo mantuvo su postura de negar cualquier responsabilidad en los delitos investigados, afirmando que no recuerda los hechos o que no participó en ellos, actitud criticada por la JEP, que considera necesario que el compareciente contribuya de manera significativa a la construcción de la verdad y la memoria histórica del conflicto armado en Colombia.
La JEP le negó al general en retiro Mauricio Santoyo la libertad condicional, lo anterior, al considerar que el exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe no ha aportado una verdad plena para poder acceder a este beneficio.Santoyo fue aceptado por esta jurisdicción por las desapariciones forzadas de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa y por un proceso de enriquecimiento ilícito que, según su abogado, tiene relación con el conflicto.Sin embargo, al no haber aportado verdad, según la JEP, durante una audiencia a la cual fue citado, los magistrados decidieron negarle la libertad.“Santoyo Velasco no realizó aportes de verdad que puedan siquiera de manera preliminar, contribuir a los fines del sistema, a la construcción de memoria y a la garantía de los derechos de las víctimas. El compareciente mantuvo la postura sobre su ausencia de responsabilidad en las investigaciones penales por las cuales se encuentra sometido a esta jurisdicción, derecho que en principio le asiste en razón a su situación jurídica dentro de la justicia ordinaria; sin embargo, omitió realizar cualquier tipo de aporte de verdad y señaló en repetidas ocasiones que no recuerda los hechos, o que los hechos por los cuales se le investiga no tuvieron su participación, o se fundamentaron en denuncias o versiones falsas”, señala la JEP.En el mismo sentido, la JEP le hace un llamado para que aporte verdad plena recordándole que, de no ser así, podría ser expulsado de la jurisdicción. Es importante recordar que Santoyo ya fue condenado en Estados Unidos por presuntas alianzas con el paramilitarismo; sin embargo, ante la JEP dijo que se declaró culpable como una estrategia de su defensa.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia advirtió al general retirado de la Policía Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), que podría ser expulsado de esa instancia judicial si no contribuye con la verdad.La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Reconocimiento de Verdad escucharon de manera reservada al general retirado Santoyo, en lo que constituyó su última oportunidad para aportar la verdad y mantener su sometimiento a la JEP, así como acceder a los beneficios transicionales, informó el sábado dicho tribunal.Durante la diligencia, llevada a cabo el jueves pasado, los magistrados presentaron un cuestionario a Santoyo sobre sus vínculos con grupos paramilitares durante su tiempo como comandante del Gaula (grupo antisecuestro) en Medellín entre 1997 y 2001.La información añadió que "de persistir una actitud renuente a realizar aportes de verdad suficientes, las dos salas -la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Reconocimiento de Verdad- podrían iniciar un incidente de incumplimiento, lo que, en última instancia, podría implicar su expulsión de esta justicia especial.Santoyo comparece ante la JEP en casos que investigan la victimización de miembros de la Unión Patriótica y los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles, durante el conflicto armado.El alto oficial enfrenta dos procesos penales suspendidos parcialmente mientras permanezca sometido a la JEP. Uno por concierto para delinquir agravado y desaparición forzada, y otro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Por estos últimos delitos, Santoyo fue condenado en Estados Unidos y cumplió una pena de 85 meses de prisión en extradición.En septiembre de 2021, Santoyo fue aceptado en la JEP por los dos procesos mencionados anteriormente. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a su vez, le otorgó el beneficio transitorio de privación de la libertad en una unidad policial.En caso de que Santoyo sea expulsado de la JEP, las investigaciones en su contra serán remitidas a la justicia ordinaria y seguirá privado de la libertad.
Sebastián Escobar Uribe, abogado de víctimas en algunos procesos que implican al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, habló sobre la decisión de la Justicia Especial de Paz (JEP) de aceptar su sometimiento. "Puede ayudar a esclarecer varios de los hechos puntuales por lo que se aceptó su sometimiento, pero sobre todo para establecer este patrón de relacionamiento y connivencia entre la fuerza pública, el Estado y grupos paramilitares. Es algo que se ha abordado, pero de alguna manera también requiere ser esclarecido a mayor profundidad", opinó el jurista. El oficial en retiro, en diciembre de 2012, fue condenado por la justicia de Estados Unidos a 13 años de prisión por nexos con paramilitares y narcotraficantes. No obstante, negoció para obtener una rebaja en su condena, por lo que volvió al país en 2019. "Esta apertura de este canal para participar (en la JEP) implica unas condiciones y obviamente de no cumplirse con ellas, pues pueden ser revocados sus beneficios y estímulos", declaró Escobar Uribe. "Yo lo que veo por ahora es que la jurisdicción se la ha jugado por abrir este espacio. Nos parece una figura importante que puede contribuir con el esclarecimiento", complementó. Escuche al abogado Sebastián Escobar Uribe en entrevista con Mañanas BLU: Escuche las noticias del día en BLU Radio:
Este viernes 17 de septiembre, la sala de definición de situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, aceptó el sometimiento del general (r) Mauricio Alfonso Santoyo. La JEP le concedió al general (r) el beneficio de la privación de la libertad en “unidad policial, en relación con los procesos penales por los que es investigado”. Cuando Santoyo regresó al país después de pagar cárcel en EEUU, por vínculos con paramilitares, fue recapturado por su presunta participación en desapariciones forzadas y por concierto para delinquir agravado.Escuche La Intérprete en Spotify:
La Fiscalía impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra el general (r) Mauricio Santoyo Velasco por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Santoyo se desempeñó como exjefe de seguridad de la Presidencia durante la administración de Álvaro Uribe Vélez.Vea aquí: JEP juzgará proceso de general (r) Santoyo por desaparición de dos defensores de DDHHSegún la Fiscalía, “el exoficial constituyó un patrimonio de $ 6.193.415.576 que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmolizados grupos de autodefensa, mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional entre 1999 y 2009.De acuerdo con el ente investigador, Santoyo habría recibido más de 1.700 millones de pesos por parte de sectores de paramilitares. Santoyo regresó a Colombia en abril de 2019 tras cumplir sentencia en Estados Unidos por narcotráfico. Actualmente está privado de la libertad por disposición de un fiscal de Derechos Humanos por su presunta relación con la desaparición de dos defensores de derechos humanos cuando fue comandante del Gaula en Medellín.Conozca el comunicado de la Fiscalía:
El general (r) de la Policía Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe, rindió indagatoria este jueves y viernes en el búnker de la Fiscalía ante los investigadores que llevan su proceso por la desaparición forzada de dos activistas de derechos humanos, en un caso registrado el 6 de octubre de 2006. Se trata de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, miembros de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).Al parecer, cuando Santoyo fue comandante del Gaula Medellín tenía interceptadas más de 1.800 líneas telefónicas en el Valle de Aburrá, entre ellas las de los activistas.En tres meses se definirá su situación jurídica, es decir, si lo acusan por los hechos o lo absuelven y archivan el caso. Mientras tanto deberá continuar en prisión.Por otro lado, los fiscales del caso decidieron citarlo a declaración juramentada por dos procesos que también investigan y por los cuáles deberá explicar su presunta participación en los mismos.El primero es debido a una compulsa de copias que llegó a la Fiscalía en el año 2015 para que investigara a 10 exfuncionarios del DAS que conocieron el proceso por el crimen del periodista Jaime Garzón Forero y que habrían participado en un plan para desviarla.Al parecer, en 1999, cuando Santoyo era comandante del Gaula en Medellín, recibió órdenes del exjefe paramilitar Carlos Castaño y habría coordinado la estrategia para desviar la investigación.El segundo es el asesinato del presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en Medellín en febrero de 1998.Valle fue asesinado por sicarios al mando de Carlos Castaño debido a las denuncias que hacía en su contra, específicamente, después de las masacres de La Granja y El Aro.
Este lunes aterrizó en Colombia un avión proveniente de Estados Unidos con más de 100 ciudadanos que estaban extraditados en ese país y que ahora fueron deportados tras su cumplir su condena en Norteamérica.Le puede interesar: ¿Por qué será capturado el general (r) Mauricio Santoyo? En ese vuelo de deportados viene el general (r) Mauricio Santoyo, quien fue jefe de seguridad de la Presidencia de la República en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. A su llegada a Colombia, el general Santoyo será capturado por la desaparición de dos defensores de derechos humanos cuando fue comandante del Gaula en Medellín. Migración Colombia reportó que el Santoyo quedó a disposición de la Fiscalía. "Registra una orden de captura en su contra por los delitos de concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada, emanada por la Fiscalía 56 de Derechos Humanos", registraron las autoridades. Estas fueron las declaraciones del oficial en retiro, quien se desempeñó como jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe: Otro de los extraditados que regresa a Colombia es Leonardo Luis Pinilla, alias ‘Porcino’, quien estuvo poco tiempo en Estados Unidos por ser exsocio del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, procesado el cartel de la toga. Pinilla fue entregado por las autoridades de Migración a la Policía. La entidad reveló que 'Porcino' tiene una orden de captura vigente en su contra por el delito de concusión.A esta lista de deportados se suma Juan Carlos Ramírez Taborda, conocido en el mundo de la mafia como alias 'Manicomio', señalado de ser el cabecilla de una flota aérea que llevó toneladas de cocaina de Daniel 'El Loco' Barrera. Migración Colombia dio a conocer que será la entidad encargada de trasladar a los 101 deportados que llegaron de EE.UU. hacia la zona donde se realizarán las diligencias para la llegada a Colombia de cada uno. Quienes presenten órdenes de captura vigentes serán trasladados a un área de verificación donde se validará identidad y los requerimientos su contra. En caso de que las ordenes de captura estén vigentes, estas personas quedarán a disposición de las autoridades competentes para que respondan por los delitos que les imputan.]
Un juzgado especializado condenó este viernes a Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha por el delito de terrorismo agravado, tras comprobarse su responsabilidad en el ataque al CAI del barrio La Aurora, sur de Bogotá, durante el estallido social, la noche del 4 de mayo de 2021. En el lugar se encontraban refugiados 15 policías, y los agresores emplearon piedras, palos y bombas incendiarias para llevar a cabo el ataque.La sentencia se basó en pruebas contundentes presentadas durante el juicio. Los videos de las cámaras de seguridad, el reconocimiento fotográfico y los testimonios de las víctimas señalaron a Murcia Rodríguez y Hernández Socha como los responsables del ataque. Además, se encontró que los artefactos explosivos incautados en la vivienda de Murcia Rodríguez coincidían con las sustancias empleadas contra las instalaciones policiales.El juez desestimó las pruebas presentadas por la defensa, y las calificó de inconsistentes y contradictorias. En su fallo, afirmó que quedó demostrado “más allá de toda duda razonable” que los acusados actuaron con dolo y que las conductas punibles fueron ejecutadas con premeditación y violencia.El Ministerio Público también respaldó la condena. El procurador enfatizó que no se trató de una protesta social, como argumentaba la defensa, sino de un acto deliberado de terrorismo destinado a intimidar y generar temor. “Se comprobó la materialidad de las conductas y la responsabilidad penal de los procesados”, afirmó, añadiendo que el allanamiento realizado en la vivienda de Murcia Rodríguez cumplió con todos los protocolos legales.
La Superintendencia Nacional de Salud encabezada por Giovanni Rubiano, ha decidido adelantar la toma de posesión de la EPS Coosalud en Cartagena tras ordenar su intervención forzosa para la administración. Esta medida se fundamenta en una serie de hallazgos que según la entidad evidencian serias falencias, esta EPS tiene a más de 3.3 millones de afiliados.La intervención llega en el momento en el que Coosalud se encuentra dentro de las cuatro EPS que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación, a raíz de las denuncias presentadas por Luis Carlos Leal, el anterior superintendente por presunta corrupción.En un contexto de grandes reformas al sistema de salud, el presidente Gustavo Petro había declarado con firmeza durante la posesión de Giovanni Rubiano como nuevo superintendente, que la vigilancia de las EPS es una de las tareas cruciales en el marco de la reforma al sector. "Antes de la aprobación del proyecto de reforma a la salud, la Superintendencia debe vigilar las EPS" había dicho el mandatarioY es que recordemos que durante esta posesión el mandatario solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a fondo nuevas denuncias sobre corrupción en EPS. Al respecto, se refirió a la EPS Coosalud "Esta EPS no responde a las intervenidas, hoy por hoy es privada, aunque en mi opinión debería ser intervenida", señaló PetroLa intervención de Coosalud es la octava de este tipo y es la primera intervención ordenada por Rubiano desde su nombramiento. Durante la intervención el superintendente posiciono como agente interventor a Mauricio Camaro Fuentes. Coosalud es una de las EPS más grandes del país, ocupando la quinta posición en número de afiliados, con un total de 3.369.583 personas cubiertas bajo su servicio.
Un accidente de tránsito dejó tres personas lesionadas, dos de ellas de consideración grave, en un choque múltiple que involucró tres motocicletas y un bus. El incidente ocurrió en el kilómetro 14+180 de la vía Medellín-Bogotá, en el sector conocido como Peñolsito.De acuerdo con las primeras versiones y un video difundido en redes sociales, el accidente se presentó en condiciones de baja visibilidad debido a la niebla. En el siguiente video se observa cómo un bus se detiene en la vía, momento en el que uno de los motociclistas no logra frenar a tiempo y choca contra la parte trasera del vehículo. Tras el impacto, el motociclista cae sobre la calzada, provocando que las otras dos motocicletas que venían detrás también se estrellaran y terminaran en el suelo.Las autoridades de tránsito acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia y coordinar el traslado de los heridos a centros asistenciales cercanos. Se informó que dos de los lesionados presentan heridas de consideración y están bajo observación médica, mientras que el tercero sufrió lesiones menores.El tráfico en el sector se vio afectado durante varias horas mientras se realizaban las labores de atención y limpieza de la vía. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para extremar las precauciones, especialmente en condiciones de baja visibilidad, y recordaron la importancia de mantener distancias seguras y respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de accidentes.
La Sección de Apelación de la JEP decidió declarar improcedente la solicitud de nulidad que presentó el general en retiro Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, quien fue imputado por su responsabilidad en casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia mientras él comandó la Brigada Cuarta.“La Subsala consideró que tenía bases suficientes para señalar, entre otros, al compareciente MONTOYA URIBE como máximo responsable en calidad de autor por crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y desaparición forzada y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, en su calidad de comandante de la Brigada IV del Ejército Nacional, dada su posición de garante por competencia institucional y en atención al ejercicio de tal calidad en la configuración de los patrones macrocriminales analizados por la SRVR en el ADHC”, explicó la JEP.Montoya pidió anular dicha imputación y en una primera medida esa solicitud fue negada, por lo que su abogado volvió a apelar.“Mediante escritos del 17 y 24 de mayo de 2024, el representante judicial del compareciente interpuso de forma oportuna el recurso de apelación contra el auto 024 del 6 de mayo de 202445. Fundamentó su inconformidad en cuatro ejes temáticos: (i) Sobre la imputación como autor por instigación a título de dolo, cuestionó la decisión de la SRVR pues en su criterio los títulos de “autor” e “Instigador” usados por la Sala de justicia implican una mixtura de figuras legales, en tanto el primer vocablo alude al dominio del hecho y el segundo no. Situación que resulta confusa, incoherente e incomprensible para el compareciente y deviene en un vicio del consentimiento de cara a una posible aceptación46. (ii) La falta de enunciación de los hechos” explica la JEP.La defensa aseguraba que algunos hechos imputados se encuentran fuera del rango temporal en el que Montoya ejerció la comandancia en dicha Brigada y que habría violaciones a los derechos en el proceso.“ninguno de los disensos que elevó el representante judicial del señor MONTOYA URIBE configura una violación a sus garantías y derechos fundamentales, pues de lo conocido por la SA en el trámite, no es posible acreditar los principios, reglas y subreglas que regulan las nulidades ante la JEP. Por un lado, esta Sección referirá que lo alegado respecto al ADHC son aspectos sustanciales que no pueden ser objeto de nulidad pues hacen parte de la esfera valorativa de la SRVR, lo que deviene inevitablemente en una improcedencia de la solicitud de nulidad respecto a la controversia tanto en la imputación realizada por la Sala de Justicia como por la forma en que relacionó los hechos jurídicamente relevantes en el ADHC. Luego de analizar los argumentos de disenso, el a quo consideró que el procedimiento dialógico adelantado cumplió con las garantías procesales que le asisten al compareciente y que, contrario a lo sostenido por el recurrente, no hubo afectación de los derechos fundamentales al debido proceso. Como quedó reseñado, en la solicitud de nulidad se realizó una amplia serie de reproches, por lo que cabe aclarar que la SA sólo se ocupará de verificar el cumplimiento de los requisitos para la procedibilidad de los cargos de nulidad, en los que se insiste en la vulneración de garantías procesales por la indebida valoración de ciertos elementos materiales probatorios y por otra parte, debido a la ausencia de traslado de algunas versiones voluntarias que lo incriminan”, resolvió la JEP.Ante esta situación la Sección de Apelación declaró desierta la solicitud de Montoya.“REVOCAR el numeral CUARTO del auto SUB-D SUBCASO ANTIOQUIA- 024 del 6 de mayo de 2024 y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad presentada por el representante judicial del compareciente señor Mario MONTOYA URIBE, frente a los cargos de formulación de imputación, determinación de los hechos y conductas y valoración probatoria, por las razones anotadas en la parte motiva de este proveído.Segundo.- DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el abogado del compareciente MONTOYA URIBE en relación con la vulneración del debido proceso por la ausencia de traslado probatorio deprecado, al no cumplirse por parte del apelante la carga argumentativa conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.Tercero.- En firme esta providencia, DEVOLVER las diligencias a la Subsala D de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, para lo de su competencia”, dice el auto.De esta manera el general en retiro Mario Montoya deberá enfrentar un juicio adversarial, de ser vencido podría pagar 20 años de prisión.
Luis Fernando Llano se ha convertido en una de las voces que ha denunciado a lo largo de los años al sacerdote Darío Chavarriaga. Públicamente, Llano, de 62 años, lo acusó de abuso sexual, delito que, aseguró, se repitió en varias ocasiones y que también cometió contra sus siete hermanas, cuando eran todos menores de edad.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Llano contó su historia. Según recordó, los abusos por parte de Darío Chavarriaga, quien falleció en 2015, ocurrieron cuando tan solo tenía 14 años y era estudiante en el Colegio San Bartolomé de Bogotá en 1976.En ese entonces, el sacerdote, que era el segundo al mando, le otorgó una beca por su rendimiento académico y, de a poco, se ganó su confianza y la de su familia al punto de que Llano se llegó a quedar a dormir en los aposentos de Chavarriaga varias noches, donde ocurrieron parte de los abusos.Cadena de complicidadHoy, años después, Llano se pregunta cómo fue posible que en ese momento nadie, incluyendo sacerdotes, preguntara por las conductas inapropiadas que tenía Chavarriaga con él. Por eso, dijo que eso lo hace pensar en que, tal vez, se dieron cuenta, pero “guardaron silencio”.“Hubo gente alrededor, porque es muy raro que llegue un niño al colegio a las 11:00 de la noche a dormir, es algo muy raro. De esto puedo dar fe, que cuando bajábamos en la mañana, que yo bajo con el pelo mojado y mis libros, me siento en la mesa donde estaban sacerdotes y gente de la comunidad, cómo es posible que ninguno de ellos se haya levantado a preguntarle: ¿usted qué hace en el cuarto con este niño?”, comentó Llano.El día que se reencontró con su abusador: un hecho que lo animó a denunciar públicamenteLlano contó que fue en el 2014, en un evento al que asistió con parte de su familia, que se reencontró por casualidad al sacerdote Darío Chavarriaga. Cuando lo vio solo tuvo el impulso de irse contra él para enfrentarlo e, incluso, golpearlo por todo lo que le había hecho en la infancia, pero uno de sus sobrinos lo detuvo y lo calmó, pese a que nadie entendía qué pasaba.“No tenía previsto ese encuentro. Era un capítulo en mi vida que tenía sepultado, tapado con cerrojo, pero las circunstancias de la vida me llevaron a reaccionar de esa manera (…) Él me vio y vio mi reacción, se dio vuelta y subió a sus aposentos”, detalló.Denuncia al padre Francisco De RouxLuego de eso, Llano decidió denunciarlo y no seguir guardando silencio con su caso. Ese mismo año, lo acusó ante el padre Francisco De Roux, quien en ese entonces era el jefe de la comunidad en Colombia. Unos años más tarde lo hizo también ante el sacerdote alemán Hans Zollner, profesor en la Universidad Gregoriana de Roma y muy cercano al papa Francisco.“Él (De Roux) tomó unas medidas canónicas. Dijo que iba a obtener toda la información posible para una máxima sanción, pero, como lo dice en nuestra carta, la solicitud de llevarlo a la Fiscalía pues no se habló; era presentarlo a las autoridades, pensamos que con eso ya quedaba resuelta la solicitud”, agregó.Insistió que por la gravedad de los delitos denunciados, era suficiente para que Chavarriaga fuer apuesto en manos de la justicia ordinaria.“Yo pienso que él ha de ir más lejos porque los delitos que se estaban denunciando no eran simples faltas disciplinarias o una cuestión muy leve. Así como pedimos que llevara esto a las autoridades, esperábamos que fuera un paso más adelante. No lo juzgo, pero las cosas pudieron hacerse de otra manera en ese momento”, recalcó.Otros abusos: un recuerdo dolorosoFue año después de ese incidente que su hermana Sofia, en una conversación mientras conducía, le preguntó qué había pasado esa vez. Luis Fernando decidió contarle que había sido abusado por el cura.En ese momento, según recordó, su hermana “se tacó a llorar” y le reveló que ella también había sido abusada por él.Cuatro de los hermanos Llano, a partir de ahí, dijeron: “A mí también me pasó” y luego los demás. “Es muy difícil decirlo”, añadió sobre su lucha todos estos años.
