En audiencia que se realizó en la sala penal del Tribunal de Bogotá, el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino, le imputo cargos por peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien no los aceptó, por convenios interadministrativos para publicidad y manejo de imagen con el canal Regional TRO.Según expuso el fiscal Ospino, los convenios superan los $8.598 millones firmados en 2020 y 2021, no habrían tenido en cuenta principios esenciales de la contratación pública como planeación, publicidad y economía.“Se evidencia que fue el canal TRO el que presentó la propuesta para el posicionamiento de la Gobernación de Santander cuando la norma establece que debe ser la entidad la que haga el requerimiento (…) No existe un sustento de la necesidad y la conveniencia del contrato”, sustentó el fiscal.El fiscal también expuso que de parte de la Gobernación de Santander no hubo una explicación ni justificación del por qué los convenios se celebraron de manera directa.Respecto al presupuesto dijo: “hay ausencia del estudio del mercado y las actividades que se realizaron en el término del convenio no permiten identificar la manera, horarios, impactos ni manejo de publicaciones”.También se habría omitido el principio de publicidad por cuando los documentos y actos de contratación no fueron publicados en el Secop, solo a través de la página web de Gobernación de Santander.El fiscal Julio Ospino igualmente reveló que la escogencia de las empresas de comunicaciones a través de las cuales se haría la publicidad de la imagen de la Gobernación de Santander quedó a libre decisión del canal TRO y entre ellas destaca a tres, cuyos dueños y representantes legales son los padrinos de matrimonio del exgobernador Mauricio Aguilar.“En el delito de interés indebido en la celebración de contratos se destaca que hubo un direccionamiento para dar contratos a empresas que guardan cercanía personal con el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y que incluso en el reporte de ingresos y gastos para la propaganda electoral en campaña aparecen como empresas aportantes, como es Sega y Mapa SAS cuyos representantes legales son Sergio Eduardo García Aragón y Martha Patricia Orejarena, padrinos de matrimonio del ex mandatario”, explicó el fiscal.También se habría cometido irregularidades en la contratación de medios sin experiencia y publicaciones que nunca se ejecutaron.
La Fiscalía General de la Nación imputará al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de tercero, por un controvertido contrato suscrito con el Canal Regional de Televisión, TRO, para el manejo de un plan de medios en 2021.La denuncia de este contrato fue realizada por Ferley Sierra, en ese momento diputado de Santander. A través de un debate de control político el dirigente del partido Verde reveló un presunto cartel de la contratación para pagarle a “falsos periodistas, periodistas, influencers y medios de comunicación fantasmas para hablar bien de la Gobernación”.“Ese convenio entre la Gobernación de Santander y el Canal TRO fue firmado el 11 de septiembre del 2020 por $2.750 millones y en el 2021 se renovó el contrato por un monto de $5.843 millones”, denunció en su momento el exdiputado Ferley Sierra.El exdiputado señaló a Blu Radio que algunos medios digitales de comunicación fueron contratados por el gobierno de Mauricio Aguilar “para atacarme en redes sociales y montar noticias falsas en mi contra”.Tras las graves denuncias interpuesta en el 2021, al Gobernación de Santander, afirmó que los convenios firmados con el Canal TRO para el manejo del plan de medios, divulgación y posicionamiento de la imagen institucional fueron legales.“Se mantuvo contacto con la persona designada por el Canal TRO para la designación y puesta en marcha de aquellos eventos y actos propios de la Gobernación de Santander que, en su momento, se determinaron de gran importancia para transmitir en los diferentes medios (…) En lo que respecta en el material compartido, también existió constante comunicación con el personal designado por el Canal TRO en los procesos de coordinación en lo que respecta a la aprobación de las piezas audiovisuales”, dijo en su momento Andrés Ardila, encargado de la Secretaría General de la Gobernación de Santander, en la época de Mauricio Aguilar.
La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos contra el exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, debido a posibles irregularidades en un contrato para una plataforma tecnológica destinada a brindar información durante la pandemia de covid-19. El valor del contrato superó los $1.000 millones.La decisión también incluye al exdirector técnico de la Dirección de Gestión del Riesgo del departamento, Cesar Augusto García Durán, y al entonces supervisor del contrato, Sergio Orlando Ferro Dávila.El contrato, cuyo objetivo era la atención a la comunidad en temas relacionados con el COVID-19 mediante un centro de atención telefónica, no se habría ejecutado conforme a la propuesta presentada por el contratista, la cual incluía el 100 % del personal ofertado. Sin embargo, la administración aparentemente pagó por un servicio que no fue prestado, a pesar de que los informes del supervisor del contrato reflejaban lo contrario a lo pactado. En este contexto, el órgano de control cuestionó la conducta del exgobernador Aguilar Hurtado, quien habría delegado en el director de Gestión del Riesgo la facultad contractual para el cumplimiento de la misión y funciones propias de su cargo. La Procuraduría también formuló cargos contra el mencionado exdirector de Gestión del Riesgo, quien firmó el contrato, y contra el supervisor del mismo, por haber suscrito y aprobado las actas de supervisión sin informar del incumplimiento del contratista.Las conductas investigadas fueron calificadas por el ente disciplinario como falta gravísima a título de culpa gravísima.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar por presuntas irregularidades en el contrato del call center (Centro de Atención Telefónica) instalado para atender emergencias por COVID-19.Por estas supuestas irregulares también deberán responder el exdirector de la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento, César Augusto García Durán y Sergio Orlando Ferro Dávila, supervisor del contrato 541 de 2020. “Habrían incumplido su deber de verificación del contrato”, dice el informe del Ministerio Público.Los tres implicados en este proceso disciplinario deberá responder por la presunta comisión de una falta gravísima a título de culpa gravísima, porque “ninguno de los involucrados cumplió con su deber de verificar el contrato”, señala la Procuraduía.El contrato inicial con la empresa Advance Technologies & Solutions Grupus S.A.S. fue de $742 millones y luego de dos adiciones presupuestales firmados desde la Oficina de Gestión de Riesgo terminó constando más de $2.000 millones, señaló el congresista santandereano Fabián Díaz.Pandemia de COVID-19 redujo esperanza de vida, ¿cuántos años?“Este contrato tuvo un costo de más de 2.000 millones de pesos, se realizó sin ninguna justificación aparente y se prorrogó innecesariamente hasta diciembre del 2020. El contrato, según la denuncia, tuvo un valor inicial de 742 millones de pesos. Sin embargo, contó con una primera adición de 495 millones y otra adición de 944 millones”, dijo el congresista.El represente a la Cámara por Santander, Fabián Díaz, afirmó en su momento que “la ejecución de nueve meses del contrato del call center durante la pandemia no tenía ninguna funcionalidad, es decir, estaba operando, pero nunca se llegó a comprobar que este call center brindara los servicios por los cuales había sido contratado, hubo unas irregularidades con esa expansión del contrato”.Blu radio buscó al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, para conocer su versión de la investigación de la Procuraduría por el contrato COVID, pero no obtuvo respuesta.Otras investigaciones por contratos COVID-19 en SantanderCabe recordar que en el Ministerio Público adelanta varias investigaciones por irregularidades en contratos durante la pandemia del COVID-19 en el departamento de Santander.“La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al jefe de la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, César Augusto García Durán (2021-2022), por posibles irregularidades en los contratos de obra e interventoría para rehabilitar y recuperar la infraestructura de baterías sanitarias, en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y mitigación del covid-19 en el sector educativo”, dice el comunicado del órgano de control.La Procuraduría reprochó al exfuncionario por celebrar los contratos de obra y de interventoría por fuera del término señalado en el plan de acción, con lo cual habría incumplido el objetivo del componente educación.“García Durán debió utilizar los procedimientos de selección del contratista legalmente establecidos, que para el caso del contrato de obra era la licitación pública, y para la interventoría el concurso de méritos, dado que el régimen excepcional solo podía aplicarse hasta el vencimiento del plan de acción, fecha en la cual la obra tenía un avance del 0 %”, agrega.El investigado pudo transgredir el principio de transparencia de la contratación estatal, por presuntamente eludir los procedimientos de selección objetiva, dice la Procuraduría.
La Contraloría General de Santander envió una carta al gobernador Juvenal Díaz donde le explica que en una auditoria halló presuntos daños fiscales por $3.727 millones durante 2023 en la administración del exgobernador Mauricio Aguilar Hurtado.El informe preliminar de auditoría financiera y de gestión de la Contraloría de Santander señala que se hallaron 86 presuntas irregularidades fiscales con alcance administrativo, disciplinario, financiero, sancionatorio y penal, durante el último año de gobierno del exgobernador Mauricio Aguilar.“Tengo tranquilidad”: Mauricio Aguilar tras investigación por presunta parapolítica“En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección fundamento de la opinión negativa, el presupuesto del departamento de Santander, nivel central, a diciembre 31 del 2023, no presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de presupuesto, y demás normas concordantes”, se lee en el informe.Entre los hallazgos fiscales se encuentra las irregularidades en la construcción de un puente peatonal sobre el río Chicamocha que colapsó cuatro meses después de ponerse al servicio de la comunidad. Esa obra fue entregada por la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo a la empresa Construcciones y Soldaduras y la Contraloría determinó que el hallazgo fiscal es de $1.255 millones.También se hallaron presuntas irregularidades en contratos firmados en la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Infraestructura. El ente de control fiscal denunció que la Gobernación de Santander, en la vigencia de 2023, destinó de manera irregular recursos de capital para financiar gastos de funcionamiento, hecho que fue aprobado por la Asamblea de Santander.Otro presunto hecho irregular hallado es que en la administración de Mauricio Aguilar no se realizó el cobro coactivo del impuesto vehicular en las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023, por valor $123 millones.La Contraloría Departamental advierte que en la inspección hay 50 hallazgos administrativos, 24 de carácter disciplinario, 1 sancionatorio, 3 penales y 8 de carácter fiscal.El exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, una vez sea notificado por la Contraloría Departamental tendrá cinco días para responder por los hallazgos fiscales encontrados en su administración.
Polémica ha generado en Santander la licitación que ordenó reabrir Mauricio Aguilar el 26 de diciembre de 2023, cinco días antes de entregar su cargo como gobernador del departamento.La licitación se cerró el 5 de enero de 2024, presentando oferta los consorcios Prenautica de Cartagena y Vial PGE 3 de Bucaramanga.Se conoció que el mayor accionista del consorcio Vial PGE 3, es la empresa santandereana Pavigas del excandidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Luis Roberto Ordoñez.Para el veedor y consultor en contratación pública, Rodrigo Fernández, lo hecho por el exgobernador Mauricio Aguilar, antes de dejar cargo con una millonaria licitación “exprés” es cuestionable.“El proceso contractual estaba parado desde el mes de mayo, pero a cinco días de terminar su mandato (Mauricio Aguilar) se reabrió la licitación que deja muchas inquietudes. El 5 de enero se conoció que solo dos proponentes se presentaron. Es un hecho que genera controversia y deja muchas dudas”, manifestó Rodrigo Fernández a Blu Radio.El consultor en contratación pública manifestó que era de esperarse que solo se presentaran pocas ofertas en la licitación. “Era obvio, ya que en diciembre nadie estaba pendiente de una licitación a pocos días determinar un mandato, es una jugadita”, manifestó a esta cadena radial.Ahora será el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien defina si se adjudica la controvertida licitación o la declara desierta y abre un nuevo proceso.El 11 de enero la Secretaría de Infraestructura de Santander deberá presentar el informe de evaluación de las dos ofertas y el 25 de enero se llevará a cabo la audiencia de adjudicación.
Para las 5:00 de la tarde de este viernes 29 de diciembre citó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, a sesión ordinaria a los miembros del Consejo Directivo de la autoridad ambiental de Santander, CAS, con el fin de elegir al nuevo director de esta entidad.Dice la comunicación que se trata de una citación excepcional con carácter de urgencia basada en un artículo de los estatutos de la CAS que habla de la autonomía de la entidad para citar a sesiones ordinarias o extraordinarias.Así las cosas, el punto 3 de la convocatoria tiene el siguiente propósito:"Análisis de la situación jurídica de la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, de cara a la finalización del periodo institucional 2020 – 2023, que obliga al Consejo Directivo de la entidad a tomar las decisiones que en derecho correspondan ante la manifiesta necesidad de evitar vacíos de poder a partir del 01 de enero de 2024”.Esta nueva convocatoria se da en medio de las críticas, decisiones judiciales y una advertencia de la Procuraduría que tienen suspendido el proceso de elección del nuevo director de la CAS.En la pasada citación, que se cumplió el 26 de diciembre, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, dio a conocer la lista de elegibles, hecho que, para la Procuraduría, sería avanzar en un proceso de designación del nuevo director de la CAS sin tener en cuenta decisiones judiciales.En su momento esto dijo el gobernador Aguilar a través de su cuenta en X.El nuevo director de la autoridad ambiental de Santander se elegirá para un período de cuatro años a partir del 1 de enero de 2024.Le puede interesar:
La elección del nuevo director de la CAS sigue dando de que hablar, lo último por cuenta del Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien realizó una reunión con el consejo directivo de la corporación para dar a conocer la lista de elegibles, como lo comunicó en su cuenta en X.Según la Procuraduría, este proceso no se debía surtir porque se encuentra suspendido y advirtió que dicha reunión no se podía realizar.“Se advierte que la convocatoria a la sesión extraordinaria que se pretende realizar el 26 de diciembre de 2023, no se podrá llevar a cabo, toda vez que se tiene contemplado continuar con el proceso de elección, y que como se advierte, este continúa suspendido hasta tanto no se resuelvan las recusaciones pendientes por parte del Consejo Directivo”, dice el oficio enviado por Gustavo Adolfo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, como presidente del Consejo Directivo de la CAS.A su vez se conoció una tutela en la que el juez Promiscuo Municipal de Valle de San José, concede medidas cautelares, solo para suspender la convocatoria programada para este miércoles 27 de diciembre en la que se pretende elegir al nuevo director de la CAS.Para el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, la CAS está poniendo obstáculos para no continuar con el proceso de elección del nuevo director.El proceso de elección del nuevo director de la autoridad ambiental de Santander ha sido tan polémico que ha tenido enfrentados al gobernador Aguilar con la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien el pasado mes de noviembre lanzó una alerta mencionando que se estaban realizando maniobras indebidas en la elección.“En la Corporación Autónoma de Santander, CAS, por segunda vez se intenta forzar la elección sin que se haya terminado de tramitar las recusaciones por parte de la Procuraduría y, además nuevamente se cita sin cumplir los tiempos de los estatutos, esto queda nuevamente suspendida, pero nuevamente un intento del Gobernador de avanzar en la elección”, dijo la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en un video publicado en su cuenta de X.En su momento, el gobernador Mauricio Aguilar le pidió a la ministra rectificar públicamente lo dicho.“Ministra por favor no mienta. Lamento que a la fecha desde su ministerio se sigan apoyando acciones dilatorias y difamatorias para postergar la elección del director de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. Le recuerdo que fue su delegado quien decidió adoptar la recusación de la persona suplantada con argumentos falsos, por eso le solicito que rectifique su pronunciamiento porque usted falta a la verdad al asegurar que quise forzar la elección del director de la CAS, cuando en la convocatoria citada para la sesión del 21 de noviembre, el punto de elección del director, no estaba contemplado dentro del orden del día", escribió el Gobernador de Santander en su cuenta de X en pasado mes de noviembre.Le puede interesar:
Ya se conocen algunos datos sobre el proceso de empalme entre los equipos del gobernador electo de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y de Mauricio Aguilar, mandatario saliente y, al parecer, la situación financiera del departamento en preocupante y en los próximos cuatro años habrá desafíos económicos significativos.Díaz Mateus destacó que, según el análisis fiscal, las necesidades de gasto e inversión en Santander superan las capacidades de ingreso, anunciando un ambicioso plan de austeridad. "Tenemos que reducir el gasto, si no lo hacemos, el departamento puede correr un grave riesgo", afirmó el mandatario electo.“Tenemos que reducir el gasto, si no lo hacemos el departamento puede correr un grave riesgo de ser degradado en la calificación o de no tener cómo invertir. En este momento lo que le queda anualmente al departamento para invertir son apenas $19 mil millones”, dijo Díaz Mateus.Una de las principales áreas de enfoque será la reducción de la nómina, calificada como “muy costosa”. Con un presupuesto proyectado de $42.600 millones de pesos para los cargos de planta y $29.391 millones para contratos de prestación de servicios en 2024, el gobernador electo planea revisar la estructura laboral para eliminar sobrecostos y mejorar la eficiencia.El gerente del proceso de empalme, Carlos Quintero, subrayó la necesidad de un agresivo plan de reducción del gasto, abordando áreas como la contratación por prestación de servicios y la revisión de la deuda, que asciende a $385.000 millones.“Si se mira la cantidad de contratos de prestación de servicios con periodos cortos y el modelo de estructura, se puede deducir que hay unos sobrecostos muy elevados respecto al ejercicio de contratación de prestación de servicios, este será un punto importante a revisar por parte de la nueva administración. Vamos a tener que ajustarnos en un periodo de austeridad que nos permita no gastar más de lo que podemos y endeudar menos al departamento”, aclaró el gerente del empalme.Otra preocupación mayúscula es la gestión de la defensa jurídica ante 2.773 demandas con pretensiones que superan el billón de pesos. La administración entrante enfrentará el desafío de manejar estas contingencias con una reserva presupuestal limitada.“Y tenemos otro problema en las demandas contra el departamento, y es que todos los prestadores de servicio se van en enero y los procesos quedan sueltos, entonces ahí hay una responsabilidad de los de planta y toca mirar como agilizamos eso porque si no nos van a quebrar a punta de demandas”, agregó el Gobernador electo de Santander.Para tratar de mejorar las finanzas de Santander Juvenal Díaz Mateus se comprometió a diversificar los ingresos del departamento, proponiendo estrategias para aumentar el recaudo de impuestos, especialmente a través del impuesto departamental de vehículos. Además, planea impulsar el turismo mediante la creación de una empresa de economía mixta, que no sólo permita recuperar el Parque Nacional del Chicamocha, Panachi, sino que muestre la gran oferta que hay tanto para turistas nacionales como para extranjeros.Le puede interesar:
Con una desaprobación alta terminaron su mandato de cuatro años el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, según los resultados estadísticos de la encuesta realizada por Invamer Poll.El mandatario departamental alcanzó un 64 % de desaprobación en su mandato. Es decir, a diferencia de la medición de octubre, bajó tres puntos porcentuales. Por otro lado, su aprobación subió al pasar del 23 % al 27 %.El alcalde Juan Carlos Cárdenas termina su gestión con una desaprobación del 64% y una aprobación del 30%, según los resultados entregados por Invamer."Los constantes escándalos por temas relacionados por presunta corrupción y malos manejos administrativos, así como las investigaciones golpearon fuertemente la gestión de Mauricio Aguilar y Juan Carlos Cárdenas. Además, Cárdenas nunca se conectó con la realidad de la ciudad. Dejó muchas obras inconclusas y eso a los ciudadanos no le gusta”, así lo señaló a Blu Radio el analista político Julio Acelas.Para Julio Acelas, analista político, en Santander, la "clase política es deslegitimada por escándalos de corrupción y componendas políticas. Hay que esperar como comienzan las nuevas administraciones".Encuesta Invamer:
Tradicionalmente, el salario mínimo se fija con inflación más productividad. Si esa ecuación se respeta para el 2025, el salario tendría que subir cerca de 7 % como mínimo porque la inflación estará por encima del 5 % al finalizar el año y, aunque no hay acuerdo sobre la cifra de productividad, el Dane presentó cuatro mediciones por encima del 1.7 %.En pesos, un incremento del 6.8 % equivale a unos 99.400 pesos (incluyendo el subsidio de transporte)."Estamos convocados para estudiarlas de 8 a 10 a.m con una profundización de las variables que nos entregará el Dane y ya allí cada una de las partes, tanto la empresarial como la parte de centrales, entregarán su propuesta y nosotros miraremos si se puede llevar concertada, recomendamos o simplemente presentamos todo el panorama", explicó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.Este miércoles 4 de diciembre se reúnen de nuevo empresarios y trabajadores buscando un acuerdo sobre ese punto de la negociación. Un momento en el que las centrales obreras estána la espera con optimismo."Yo creo que aquí los primeros derrotados son Ricardo Bonilla, que no sé de dónde sacó esos datos, y Bedoya, de la SAC, que dijo que ese era el techo de la negociación. El que decía Bonilla, nos satisface y estamos claramente sorprendidos con el desarrollo, con el que empieza la subcomisión de productividad en la Comisión Nacional de Concertación", dijo el presidente de la CUT, Fabio Arias.Arias insiste que las centrales reclamarán una deuda histórica de los trabajadores a raíz de las mediciones de productividadPor su parte, el presidente de Acopi, Rodolfo Correa, lamentó que al inicio de las negociaciones se esté usando un lenguaje de "los derrotados". Horas antes, Correa había propuesto un aumento salarial del 2.5 % (la mitad de la inflación).En Colombia, 10.1 millones de personas, el 45.2 % de los trabajadores del país, se están ganando menos de un salario mínimo y apenas 3.3 millones de personas se ganan exactamente el mínimo.El Gobierno debe firmar el decreto de incremento como máximo el 30 de diciembre.
El presidente Gustavo Petro volvió a defender al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegurando que las acusaciones en su contra por presuntamente direccionar contratos son injustas. El mandatario escribió en su cuenta de X:“Conozco al profesor Ricardo Bonilla y lo respeto muchísimo, por su profundidad intelectual como economista de verdad, comprometido con las necesidades de su pueblo. A veces lo intelectual se separa del pueblo, te hace veleidoso, te genera una especie de aristocracia falsa que te lleva a servir con ideas, también falsas, a los enemigos brutales de la gente”.Petro también se refirió a los cupos indicativos, argumentando que no son un invento reciente, sino parte del sistema político de Colombia.“No hay congresistas si no compra votos en las regiones, excepto los que apelan a la opinión libre de la ciudadanía; y sin congresistas no hay leyes”, señaló.Finalmente, el presidente afirmó que fue él mismo quien denunció esta práctica, que reconoce como corrupta.El ministro Ricardo Bonilla está siendo cuestionado tras la revelación de Noticias Caracol de la declaración de la exasesora del ministerio, Alejandra Benavides, quien aseguró que el jefe de la cartera estaba enterado de todos los movimientos que se hicieron para presuntamente direcciones contratos a cambio de votos en la comisión interparlamentaria de crédito público.
En medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, el exdirector de la entidad, Olmedo López, reveló un nuevo detalle durante su interrogatorio. Según López, los 3.000 millones de pesos que se habrían gestionado como parte de un esquema ilícito no eran directamente para el expresidente del Senado, Iván Name, sino para financiar la campaña de su hija, María Clara Name, al Concejo de Bogotá.La declaración de López se suma a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien enfrenta cargos por tráfico de influencias y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que Ortiz utilizó su cargo para favorecer a Name mediante gestiones indebidas, que incluyeron la entrega de los 3.000 millones de pesos y la adición de 11.000 millones de pesos a un contrato de la UNGRD en el Atlántico.Entre las evidencias se destacan videos y registros de una reunión en la Casa de Nariño, realizada el 21 de septiembre de 2021, donde Ortiz y López habrían discutido cómo canalizar los recursos hacia el senador Name. Según López, estas gestiones tenían como objetivo fortalecer la campaña política de María Clara Name.Además, chats obtenidos por la Fiscalía muestran que López y Sneyder Pinilla, también acusados, coordinaron el traslado del dinero hacia el norte de Bogotá los días 12 y 13 de octubre de ese año. Estas acciones, según la Fiscalía, se habrían llevado a cabo bajo las órdenes del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, implicado como presunto articulador de las operaciones.Las investigaciones avanzan mientras, López y Pinilla enfrentan cargos por concierto para delinquir y desvío de recursos públicos; ambos llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía.
La audiencia de imputación de cargos a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, sigue este martes, 3 de diciembre. La Fiscalía pidió formalmente que Sandra Ortiz sea enviada a prisión. Según el ente investigador, los chats, videos y testimonios acreditan que la exalta consejera para las regiones entregó 3 mil millones de pesos adquiridos de manera ilícita al expresidente del Senado, Iván Name.Siga EN VIVO la audiencia contra Sandra Ortiz aquí:¿Por qué acusan a Sandra Ortiz en el escándalo de la UNGRD?Según el ente acusador, teniendo como punto de partida los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, la Fiscalía obtuvo los videos de cámaras de seguridad de la Casa de Nariño que evidencian cómo el 21 de septiembre de 2021 se reunieron en una de las salas del Palacio.Ortiz y López habrían discutido, según la Fiscalía , cómo se daría la entrega de dineros al expresidente del Senado Iván Name. En recientes audiencias, el ente investigador presentó pruebas señalando que la orden de entregar dineros al expresidente del Senado vino del exdirector del Dapre Carlos Ramón González.Posteriormente, el 12 y 13 de octubre, Olmedo López y Sneyder Pinilla coordinan el traslado de 3000 mil millones de pesos hacia el norte de Bogotá.
En medio de la fuerte polémica por la jugada que definió el empate (1-1) entre Atlético Nacional y Millonarios, por la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana, y que tuvo como protagonista al delantero visitante Radamel Falcao García, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tomó una radical decisión.El ente, ante los duros señalamientos en contra del trabajo del juez central, Carlos Betancurt, y del VAR Nicolás Gallo, reveló en la mañana del martes 3 de diciembre los audios de la conversación que ambos silbatos sostuvieron durante la revisión de la acción que marcó el rumbo del partido.La jugada polémicaFue a los 84' que una falta cometida por el defensa Felipe Aguirre derribó al veterano atacante, la cual fue sancionada como Betancur como penal. Sin embargo, la polémica se centró en un aparente fuera de lugar previo, justo cuando Falcao bajó el balón en el área y se prestaba para definir.De acuerdo con las grabaciones que dio a conocer la comisión, fue una acción que generó una serie de análisis adicionales, pero en la que se concluyó que no había fuera de lugar, por lo que se decretó el penalti que 'El Tigre' transformó en gol, para el empate final en el máximo escenario deportivo de los antioqueños.Revisión del VAR"El VAR confirma la infracción e inicia de inmediato la revisión de la APP (acción de pelota parada)", fue lo primero que se aclaró en el video publicado, por parte de quien presenta a continuación la jugada.En el proceso se usó un trazado de líneas en triangulación para determinar si el atacante de Millonarios estaba o no adelantado.Una de las conclusiones, según el relato, es que el artillero azul se encuentra a la misma altura del penúltimo defensor de Nacional, es decir, William Tesillo.
