En el 2020 la JEP decretó medidas cautelares en el cementerio de El Salado, en Bolívar, con el fin de proteger la zona de inhumación del cementerio y las bóvedas que allí se encuentran, debido a que algunas de ellas habían sido alteradas. También se buscaba investigar posible vandalismo a las bóvedas y si la exposición de los cuerpos que evidenció la JEP podría tener alguna relación con una alteración de algún grupo armado presente en la zona.Es importante recordar que entre el 16 y el 20 de febrero del año 2000, en el corregimiento de El Salado, las AUC perpetraron una masacre presuntamente con la aquiescencia de la fuerza pública en la zona, dejando 66 víctimas de las cuales se presume algunas podrían estar en dicho cementerio, por lo que la orden decidió buscar su protección.“Las medidas cautelares decretadas en su momento se han dirigido a la protección del cementerio El Salado de Carmen de Bolívar, con ocasión de la existencia de bóvedas abiertas con exhibición de estructuras óseas, de quienes, en su momento, consideraron los peticionarios podrían corresponder a víctimas de la masacre, en condición de no identificadas”, se lee en la decisión.Sin embargo, la JEP analizó la orden y consideró que se realizaron acciones para lograr el sellamiento y reparación de las bóvedas que presentaban daños y exhibición de estructuras óseas. También se hizo un mantenimiento y la Alcaldía ha cumplido las órdenes con el fin de proteger el cementerio y los cuerpos, por lo que se tomó la decisión de levantar las medidas cautelares, no sin antes advertir que podría reabrirse este trámite si se considera que hay riesgo para los cuerpos.“El Salado era un hecho de absoluta gravedad, en tanto la posible pérdida de estructuras óseas, que podrían ser de víctimas de la masacre, generaría un impacto en el desarrollo o resultados del proceso transicional, luego se conjuró el riesgo con la reparación de las bóvedas, y se estableció que los restos corresponden al cuerpo de una persona que a la postre resultó ser pariente del alcalde de El Carmen de Bolívar. Asimismo, se consideró que era urgente intervenir por la inminencia del riesgo y en ese orden la finalidad de la medida cautelar se agotó de tiempo atrás”, puntualizó la JEP.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
La JEP decidió expulsar a el exsenador del departamento de Sucre Álvaro Alfonso García Romero, más conocido como ‘El Gordo García’, quien había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, en el Carmen de Bolívar, perpetrada el 14 de octubre del año 2000 por las autodefensas.Lo que ha determinado la JEP, que había aceptado su sometimiento el pasado 25 de febrero de 2021, es que García Romero no hizo un aporte suficiente de verdad y que incluso negó algunos de los crímenes por los que fue condenado.La JEP había aceptado su sometimiento esperando que el compareciente explicara cómo fue la colaboración y nexos que tuvieron algunos políticos con grupos paramilitares, pues él se había comprometido a aportar información sobre reuniones en las que se había planeado la creación del Bloque Montes de María de las AUC, la reunión de Ralito y asimismo se comprometió a aportar información sobre su participación en la masacre de Macayepo, entre otros hechos.La decisión la tomó la sección de apelación de la JEP y no da posibilidad a García Romero de presentar un recurso, por lo que su proceso volverá a la justicia ordinaria, recordemos que el exsenador se encuentra recluido en La Picota.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Yirley Velazco, lideresa, vocera y defensora de las mujeres de El Salado, cofundadora de Mujer y Vida, aseguró en Mañanas BLU 10:30 que en la pandemia lo único que no se ha detenido son las amenazas. "Las amenazas a pesar de este tema de la pandemia nos han atacado muy fuerte", sostuvo. "En este momento somos asociación 'Mujeres sembrando vida'. Le brindamos acompañamiento a las mujeres cuando son víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Montes de María", contó. Según la lideresa, las víctimas siguen en la lucha, resisten y alzan la voz. "El Salado se caracteriza por ser una población resistente, resiliente, seguimos en la lucha. La mujeres en este momento siguen siendo muy sumisas, pero también hay un liderazgo positivo, seguimos alzando la voz", declaró. Escuche a Yirley Velazco en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
Mediante un fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar ratificó una sentencia en contra del Estado a título de omisión por parte del Ministerio de Defensa, la Armada Nacional y la Policía en los hechos donde murieron más de 100 personas a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la conocida masacre de el corregimiento de El Salado, Bolívar, ocurrida en febrero del 2000.Vea aquí: Condenan al Estado a indemnizar a víctimas de la masacre de El SaladoDe acuerdo con la sentencia, ni la Policía ni el Ejército tuvieron en cuenta la cercanía de unos 100 hombres armados que se movilizaron por esa región previo a la masacre, la cual, se supone, era de control de las autoridades estatales.Tras el hecho que ocurrió entre el 16 y 22 de febrero del año 2000, en principio 30 personas recibirán la suma de 120 salarios mínimos legales vigentes como reparación a las faltas del Estado. Sin embargo, se deja abierta la posibilidad a que sean más reclamantes.Estos 120 salarios serán vigentes al año 2014 a título de perjuicio de orden moral.De igual manera, el fallo ordena a la parte demandada a que se publique la sentencia en distintos medios de comunicación que los interesados y afectados por estos hechos se presenten a la justicia dentro de los 20 días siguientes a la publicación para reclamar la indemnización.
Luego de 19 años, el Tribunal Administrativo de San Andrés declaró responsable patrimonialmente al Estado colombiano por la masacre de 33 personas en el corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar, y ordenó una indemnización que sobrepasaría los 22 mil millones de pesos. La sentencia señala que se trataron de homicidios que contravinieron el Derecho Internacional Humanitario ya que las personas fueron golpeadas, amenazadas y sometidas de manera degradante y arbitraria, delante de familiares, vecinos y amigos, para luego ser separados de ellos, retenidos en contra de su voluntad y asesinados cruelmente. El fallo obedece a una acción de reparación directa interpuesta por Alfonso Alvis Badel en representación de las familias de las víctimas. Lea también: Corte Suprema pide declarar como delito de lesa humanidad la masacre de El Salado La sentencia es clara al señalar que en ningún momento se evidenció que los hoy fallecidos hubiesen participado en el conflicto armado y, por el contrario, se probó que fueron puestos en estado de indefensión para ser asesinados. El hecho ocurrió en febrero de 2000 por parte de un grupo paramilitar que permaneció tres días en esa zona de los Montes de María, sin ser detectado por los oficiales y suboficiales de la Armada y Policía Nacional, pese a ser alertados sobre este ataque.
La Corte Suprema pidió declarar delito de lesa humanidad la masacre de El Salado perpetrada entre los departamentos de Sucre y Bolívar en febrero del año 2000 con el objetivo de que no prescriban las investigaciones que tiene la justicia contra militares que estuvieron implicados en estos hechos. Además, el alto tribunal dejó en firme la condena de 13 años de prisión contra el capitán Héctor Martín Pita Vásquez por su responsabilidad en estos hechos. Vea también:No incluyen a víctimas de violencia sexual de El Salado en programas de reparaciónSegún la Corte Suprema, el capitán Pita y otros oficiales de la marina permitieron que grupos paramilitares llevaran a cabo el asesinato de un grupo de personas durante varios días en esa región del país. También señaló que no existen elementos para controvertir que el oficial al mando de la Primera Brigada de Infantería de Marina incumplió sus actividades para proteger a la comunidad “prestando de manera omisiva su concurso para ese cometido criminal”.De igual forma, resaltó varios testimonios en el proceso que indicaron que la tropa bajo el mando del capitán después de salir del corregimiento de El Salado “se encontraron con los efectivos paramilitares y en lugar de atacarlos y reducirlos, como era la consigna y su deber, departieron con ellos y discutieron sobre la coordinación de sus acciones”.La Sala Penal tomó la decisión de ratificar las sentencias que fueron emitidas por el Tribunal Superior y el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena de imponer 13 años de prisión contra el oficial como cómplice de homicidio agravado.
La Corte Constitucional le ordenó a la Unidad de Víctimas que en un mes incluya en el plan de reparación colectiva a las mujeres y niñas que sufrieron violencia sexual durante la masacre de El Salado, perpetrada por grupos paramilitares en el año 2000.La decisión se da luego de que la Corte resolviera una tutela presentada por seis mujeres que no fueron incluidas en el plan piloto que se inició en el 2008 para reparar a las víctimas de El Salado, pues este no incluía un enfoque de género.El plan piloto únicamente hacía mención de los vejámenes de los que fueron víctimas las mujeres, lo cual para la Corte no es suficiente “para acreditar que el programa tuvo un enfoque diferencial”.También se le ordenó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo hacer seguimiento a la reparación de estas mujeres.
Llevaba tres días huyendo de la muerte por el monte y entrando al casco urbano del Carmen de Bolívar, Jorge Tapia, entonces un joven de 24 años, se acercó a un rancho donde un viejo tenía encendido un pequeño radio. Allí se enteró por las noticias que su papá, su mamá y un tío habían sido asesinados en El Salado por los paramilitares. Cuenta que los asesinos al mando de alias ‘Jorge 40’ llegaron el 16 de febrero del año 2000 a eso de las 7 de la mañana y se apoderaron de la plaza principal del pueblo, que tenía cuatro salidas por donde muchos de sus habitantes huyeron. "Cuando entraron a El Salado yo me encontraba de un lado del pueblo y mis papás del otro y no podía cruzar, ellos (los paramilitares) estaban allí. Muchos corrimos y tres días después de estar huyendo pensé que me los iba a encontrar, pero ellos (sus papás) se escondieron dentro de una casa donde los encontraron", narra Jorge 18 años después de la matanza.-“Mis papás fueron enterrados en una fosa común”:Al escuchar por la radio los nombres de Néstor Aníbal Tapia (papá), Judit Margot Fernández (mamá) y José Manuel Tapia (tío), Jorge quiso regresar al pueblo, pero otro familiar que observó la masacre le recomendó que no volviera y le contó la historia, que se prolongó por casi una semana. Vea aquí: Víctimas de El Nogal se reunieron con exparamilitares y Farc"Un tío nos contó que mi mamá tenía signos de tortura y a mi papá le encontraron un impacto de bala en el cráneo (...) debió enterrarlos junto a otro tío en una fosa porque estaban en estado de descomposición, mi mamá estaba torturada", cuenta. -“Por cada muerto tocaban la gaita”:Quienes se quedaron en el pueblo y sobrevivieron a la masacre observaron cómo los paramilitares, desde la plaza principal de El Salado, hicieron de la vida y la muerte un sorteo acompañado de gaita y otros instrumentos. "Por cada muerto tocaban la gaita (...) preguntaban por un número. Si decían dos o 24 o el que fuera, los mataban", añade con dolor. La comunidad tuvo que enterrar inicialmente 12 cadáveres, incluidos los de sus padres y tío, por el avanzado estado de descomposición, según le narró a Jorge su tío sobreviviente. -“Regresé 10 años después de la masacre”:Cuenta Jorge Tapia que después de 10 años no había por dónde entrar a El Salado. Debieron emplear dos días para cortar el monte que permitiera el ingreso de los vehículos. "Tenía ansias de ir y al mismo tiempo me quería regresar al ver que ya no tenía a nadie quien ver. Mis seres queridos perdidos y la casa destruida. Fui con mi hermano, fue un impacto terrible, esa misma tarde nos devolvimos", recuerda. -No estoy preparado para un perdón:Sobre la responsabilidad de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ y de Salavatore Mancuso, ambos exjefes paramilitares y determinantes en la masacre en la que murieron un indeterminado número de personas, Jorge pide que hablen con la verdad para saber por qué lo hicieron."Los abogados que nos representan viajaron a Estados Unidos para hablar con Mancuso, y él dijo que tiene miedo de hablar porque no hay garantías, porque teme por su familia", cuenta. -“Más beneficios para los victimarios y menos para las víctimas”:Aunque reconoce que el Estado colombiano ha construido y reparado casas en El Salado, Jorge dice que en temas como educación y empleos quienes más se benefician son los victimarios. “Uno escucha que los victimarios se graduaron, que consiguieron trabajo, y uno se pregunta: ¿Las víctimas qué?”, cuestiona. También asegura que varias víctimas de El Salado, que están desplazadas en las grandes ciudades, las tienen olvidadas y no son sujetas de reparación. -“Un viejo y lindo recuerdo”:Después de 18 años de la masacre, Jorge evoca aquellos años en familia en el campo con su mamá y su papá, felices. "Recuerdo a mi mamá lo pendiente que estaba de uno, entregada a su hogar y mi papá siempre en la agricultura", y agrega: "Éramos cinco hermanos y mis padres muy unidos".-“No hay reparación ni verdad absoluta”:Según Davis Flórez, abogado de las víctimas de la masacre de El Salado, perpetrada por el Bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que comandaba Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, sus defendidos no han podido conocer la verdad total y tampoco han gozado de una reparación integra por esos hechos ocurridos entre el 16 y 22 de febrero del año 2000, que dejaron un indeterminado número de muertos, mujeres violadas y desplazados.“Cuáles fueron los motivos reales del por qué los paramilitares llegaron a esa zona, y muchos militares que participaron de ese hecho no han sido procesados. Hay total impunidad frente a las denuncias contra los militares que facilitaron la entrada de los paramilitares. (…) no habido reparación total a las víctimas ni tampoco una reconstrucción del pueblo y no han podido recuperar sus tierras”, explicó el abogado en diálogo con Blu Radio. Flórez precisa que ha sido difícil avanzar porque en un principio la Fiscalía no tenía identificaba la totalidad de las víctimas. Además, agregó que “se están imputando más de 3 mil hechos entre desplazamiento y homicidios”.Cuenta que se están imputando otras 11 masacres más en los mismos incidentes de reparación, “masacres que ocurrieron antes que los paramilitares llegaran al Salado”. Dentro de los casos de violaciones que se dejaron por fuera los hechos, explica el abogado Flórez que por “violencia sexual en algunos casos las víctimas no lo denunciaron por temor y en otras la Fiscalía no le dieron la relevancia”. -“Hay víctimas de El Salado que no han sido acreditadas ante la Unidad de Víctimas”:Según Flórez, hay víctimas deambulando por el país porque no ha tenido acceso a los bienes y servicios que ofrece la Unidad de Víctimas por este hecho que dejó cientos víctimas. “El Estado no ha podido identificar a la totalidad de las víctimas”. El jurista afirma que se está a la espera a una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre todos esos temas que quedaron por fuera de los escenarios en Colombia “como el sexual y las verdaderas intenciones para tomarse el pueblo”. -“‘Jorge 40’ se reusó a contar la verdad”:Sobre el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, después de su extradición a los Estados Unidos, dice el jurista que se rehusó a colaborar en el marco de Justicia y Paz sobre los hechos de El Salado y fue excluido de la Ley. “Básicamente él colaboró en algo antes de ser extraditado, pero después se rehusó y eso quedó en la impunidad”, añade.Dentro del proceso de Justicia y Paz solo ha habido una sentencia sobre los hechos que reconoció el extraditado paramilitar, Salvatore Mancuso. “En la sentencia no se identifican la totalidad de las víctimas que se registraron en la masacre de El Salado”, explicó el abogado Flórez.
