En el 2020 la JEP decretó medidas cautelares en el cementerio de El Salado, en Bolívar, con el fin de proteger la zona de inhumación del cementerio y las bóvedas que allí se encuentran, debido a que algunas de ellas habían sido alteradas. También se buscaba investigar posible vandalismo a las bóvedas y si la exposición de los cuerpos que evidenció la JEP podría tener alguna relación con una alteración de algún grupo armado presente en la zona.Es importante recordar que entre el 16 y el 20 de febrero del año 2000, en el corregimiento de El Salado, las AUC perpetraron una masacre presuntamente con la aquiescencia de la fuerza pública en la zona, dejando 66 víctimas de las cuales se presume algunas podrían estar en dicho cementerio, por lo que la orden decidió buscar su protección.“Las medidas cautelares decretadas en su momento se han dirigido a la protección del cementerio El Salado de Carmen de Bolívar, con ocasión de la existencia de bóvedas abiertas con exhibición de estructuras óseas, de quienes, en su momento, consideraron los peticionarios podrían corresponder a víctimas de la masacre, en condición de no identificadas”, se lee en la decisión.Sin embargo, la JEP analizó la orden y consideró que se realizaron acciones para lograr el sellamiento y reparación de las bóvedas que presentaban daños y exhibición de estructuras óseas. También se hizo un mantenimiento y la Alcaldía ha cumplido las órdenes con el fin de proteger el cementerio y los cuerpos, por lo que se tomó la decisión de levantar las medidas cautelares, no sin antes advertir que podría reabrirse este trámite si se considera que hay riesgo para los cuerpos.“El Salado era un hecho de absoluta gravedad, en tanto la posible pérdida de estructuras óseas, que podrían ser de víctimas de la masacre, generaría un impacto en el desarrollo o resultados del proceso transicional, luego se conjuró el riesgo con la reparación de las bóvedas, y se estableció que los restos corresponden al cuerpo de una persona que a la postre resultó ser pariente del alcalde de El Carmen de Bolívar. Asimismo, se consideró que era urgente intervenir por la inminencia del riesgo y en ese orden la finalidad de la medida cautelar se agotó de tiempo atrás”, puntualizó la JEP.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
La JEP decidió expulsar a el exsenador del departamento de Sucre Álvaro Alfonso García Romero, más conocido como ‘El Gordo García’, quien había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, en el Carmen de Bolívar, perpetrada el 14 de octubre del año 2000 por las autodefensas.Lo que ha determinado la JEP, que había aceptado su sometimiento el pasado 25 de febrero de 2021, es que García Romero no hizo un aporte suficiente de verdad y que incluso negó algunos de los crímenes por los que fue condenado.La JEP había aceptado su sometimiento esperando que el compareciente explicara cómo fue la colaboración y nexos que tuvieron algunos políticos con grupos paramilitares, pues él se había comprometido a aportar información sobre reuniones en las que se había planeado la creación del Bloque Montes de María de las AUC, la reunión de Ralito y asimismo se comprometió a aportar información sobre su participación en la masacre de Macayepo, entre otros hechos.La decisión la tomó la sección de apelación de la JEP y no da posibilidad a García Romero de presentar un recurso, por lo que su proceso volverá a la justicia ordinaria, recordemos que el exsenador se encuentra recluido en La Picota.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Yirley Velazco, lideresa, vocera y defensora de las mujeres de El Salado, cofundadora de Mujer y Vida, aseguró en Mañanas BLU 10:30 que en la pandemia lo único que no se ha detenido son las amenazas. "Las amenazas a pesar de este tema de la pandemia nos han atacado muy fuerte", sostuvo. "En este momento somos asociación 'Mujeres sembrando vida'. Le brindamos acompañamiento a las mujeres cuando son víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Montes de María", contó. Según la lideresa, las víctimas siguen en la lucha, resisten y alzan la voz. "El Salado se caracteriza por ser una población resistente, resiliente, seguimos en la lucha. La mujeres en este momento siguen siendo muy sumisas, pero también hay un liderazgo positivo, seguimos alzando la voz", declaró. Escuche a Yirley Velazco en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
Mediante un fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar ratificó una sentencia en contra del Estado a título de omisión por parte del Ministerio de Defensa, la Armada Nacional y la Policía en los hechos donde murieron más de 100 personas a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la conocida masacre de el corregimiento de El Salado, Bolívar, ocurrida en febrero del 2000.Vea aquí: Condenan al Estado a indemnizar a víctimas de la masacre de El SaladoDe acuerdo con la sentencia, ni la Policía ni el Ejército tuvieron en cuenta la cercanía de unos 100 hombres armados que se movilizaron por esa región previo a la masacre, la cual, se supone, era de control de las autoridades estatales.Tras el hecho que ocurrió entre el 16 y 22 de febrero del año 2000, en principio 30 personas recibirán la suma de 120 salarios mínimos legales vigentes como reparación a las faltas del Estado. Sin embargo, se deja abierta la posibilidad a que sean más reclamantes.Estos 120 salarios serán vigentes al año 2014 a título de perjuicio de orden moral.De igual manera, el fallo ordena a la parte demandada a que se publique la sentencia en distintos medios de comunicación que los interesados y afectados por estos hechos se presenten a la justicia dentro de los 20 días siguientes a la publicación para reclamar la indemnización.
Luego de 19 años, el Tribunal Administrativo de San Andrés declaró responsable patrimonialmente al Estado colombiano por la masacre de 33 personas en el corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar, y ordenó una indemnización que sobrepasaría los 22 mil millones de pesos. La sentencia señala que se trataron de homicidios que contravinieron el Derecho Internacional Humanitario ya que las personas fueron golpeadas, amenazadas y sometidas de manera degradante y arbitraria, delante de familiares, vecinos y amigos, para luego ser separados de ellos, retenidos en contra de su voluntad y asesinados cruelmente. El fallo obedece a una acción de reparación directa interpuesta por Alfonso Alvis Badel en representación de las familias de las víctimas. Lea también: Corte Suprema pide declarar como delito de lesa humanidad la masacre de El Salado La sentencia es clara al señalar que en ningún momento se evidenció que los hoy fallecidos hubiesen participado en el conflicto armado y, por el contrario, se probó que fueron puestos en estado de indefensión para ser asesinados. El hecho ocurrió en febrero de 2000 por parte de un grupo paramilitar que permaneció tres días en esa zona de los Montes de María, sin ser detectado por los oficiales y suboficiales de la Armada y Policía Nacional, pese a ser alertados sobre este ataque.
La Corte Suprema pidió declarar delito de lesa humanidad la masacre de El Salado perpetrada entre los departamentos de Sucre y Bolívar en febrero del año 2000 con el objetivo de que no prescriban las investigaciones que tiene la justicia contra militares que estuvieron implicados en estos hechos. Además, el alto tribunal dejó en firme la condena de 13 años de prisión contra el capitán Héctor Martín Pita Vásquez por su responsabilidad en estos hechos. Vea también:No incluyen a víctimas de violencia sexual de El Salado en programas de reparaciónSegún la Corte Suprema, el capitán Pita y otros oficiales de la marina permitieron que grupos paramilitares llevaran a cabo el asesinato de un grupo de personas durante varios días en esa región del país. También señaló que no existen elementos para controvertir que el oficial al mando de la Primera Brigada de Infantería de Marina incumplió sus actividades para proteger a la comunidad “prestando de manera omisiva su concurso para ese cometido criminal”.De igual forma, resaltó varios testimonios en el proceso que indicaron que la tropa bajo el mando del capitán después de salir del corregimiento de El Salado “se encontraron con los efectivos paramilitares y en lugar de atacarlos y reducirlos, como era la consigna y su deber, departieron con ellos y discutieron sobre la coordinación de sus acciones”.La Sala Penal tomó la decisión de ratificar las sentencias que fueron emitidas por el Tribunal Superior y el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Cartagena de imponer 13 años de prisión contra el oficial como cómplice de homicidio agravado.
La Corte Constitucional le ordenó a la Unidad de Víctimas que en un mes incluya en el plan de reparación colectiva a las mujeres y niñas que sufrieron violencia sexual durante la masacre de El Salado, perpetrada por grupos paramilitares en el año 2000.La decisión se da luego de que la Corte resolviera una tutela presentada por seis mujeres que no fueron incluidas en el plan piloto que se inició en el 2008 para reparar a las víctimas de El Salado, pues este no incluía un enfoque de género.El plan piloto únicamente hacía mención de los vejámenes de los que fueron víctimas las mujeres, lo cual para la Corte no es suficiente “para acreditar que el programa tuvo un enfoque diferencial”.También se le ordenó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo hacer seguimiento a la reparación de estas mujeres.
Llevaba tres días huyendo de la muerte por el monte y entrando al casco urbano del Carmen de Bolívar, Jorge Tapia, entonces un joven de 24 años, se acercó a un rancho donde un viejo tenía encendido un pequeño radio. Allí se enteró por las noticias que su papá, su mamá y un tío habían sido asesinados en El Salado por los paramilitares. Cuenta que los asesinos al mando de alias ‘Jorge 40’ llegaron el 16 de febrero del año 2000 a eso de las 7 de la mañana y se apoderaron de la plaza principal del pueblo, que tenía cuatro salidas por donde muchos de sus habitantes huyeron. "Cuando entraron a El Salado yo me encontraba de un lado del pueblo y mis papás del otro y no podía cruzar, ellos (los paramilitares) estaban allí. Muchos corrimos y tres días después de estar huyendo pensé que me los iba a encontrar, pero ellos (sus papás) se escondieron dentro de una casa donde los encontraron", narra Jorge 18 años después de la matanza.-“Mis papás fueron enterrados en una fosa común”:Al escuchar por la radio los nombres de Néstor Aníbal Tapia (papá), Judit Margot Fernández (mamá) y José Manuel Tapia (tío), Jorge quiso regresar al pueblo, pero otro familiar que observó la masacre le recomendó que no volviera y le contó la historia, que se prolongó por casi una semana. Vea aquí: Víctimas de El Nogal se reunieron con exparamilitares y Farc"Un tío nos contó que mi mamá tenía signos de tortura y a mi papá le encontraron un impacto de bala en el cráneo (...) debió enterrarlos junto a otro tío en una fosa porque estaban en estado de descomposición, mi mamá estaba torturada", cuenta. -“Por cada muerto tocaban la gaita”:Quienes se quedaron en el pueblo y sobrevivieron a la masacre observaron cómo los paramilitares, desde la plaza principal de El Salado, hicieron de la vida y la muerte un sorteo acompañado de gaita y otros instrumentos. "Por cada muerto tocaban la gaita (...) preguntaban por un número. Si decían dos o 24 o el que fuera, los mataban", añade con dolor. La comunidad tuvo que enterrar inicialmente 12 cadáveres, incluidos los de sus padres y tío, por el avanzado estado de descomposición, según le narró a Jorge su tío sobreviviente. -“Regresé 10 años después de la masacre”:Cuenta Jorge Tapia que después de 10 años no había por dónde entrar a El Salado. Debieron emplear dos días para cortar el monte que permitiera el ingreso de los vehículos. "Tenía ansias de ir y al mismo tiempo me quería regresar al ver que ya no tenía a nadie quien ver. Mis seres queridos perdidos y la casa destruida. Fui con mi hermano, fue un impacto terrible, esa misma tarde nos devolvimos", recuerda. -No estoy preparado para un perdón:Sobre la responsabilidad de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’ y de Salavatore Mancuso, ambos exjefes paramilitares y determinantes en la masacre en la que murieron un indeterminado número de personas, Jorge pide que hablen con la verdad para saber por qué lo hicieron."Los abogados que nos representan viajaron a Estados Unidos para hablar con Mancuso, y él dijo que tiene miedo de hablar porque no hay garantías, porque teme por su familia", cuenta. -“Más beneficios para los victimarios y menos para las víctimas”:Aunque reconoce que el Estado colombiano ha construido y reparado casas en El Salado, Jorge dice que en temas como educación y empleos quienes más se benefician son los victimarios. “Uno escucha que los victimarios se graduaron, que consiguieron trabajo, y uno se pregunta: ¿Las víctimas qué?”, cuestiona. También asegura que varias víctimas de El Salado, que están desplazadas en las grandes ciudades, las tienen olvidadas y no son sujetas de reparación. -“Un viejo y lindo recuerdo”:Después de 18 años de la masacre, Jorge evoca aquellos años en familia en el campo con su mamá y su papá, felices. "Recuerdo a mi mamá lo pendiente que estaba de uno, entregada a su hogar y mi papá siempre en la agricultura", y agrega: "Éramos cinco hermanos y mis padres muy unidos".-“No hay reparación ni verdad absoluta”:Según Davis Flórez, abogado de las víctimas de la masacre de El Salado, perpetrada por el Bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que comandaba Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, sus defendidos no han podido conocer la verdad total y tampoco han gozado de una reparación integra por esos hechos ocurridos entre el 16 y 22 de febrero del año 2000, que dejaron un indeterminado número de muertos, mujeres violadas y desplazados.“Cuáles fueron los motivos reales del por qué los paramilitares llegaron a esa zona, y muchos militares que participaron de ese hecho no han sido procesados. Hay total impunidad frente a las denuncias contra los militares que facilitaron la entrada de los paramilitares. (…) no habido reparación total a las víctimas ni tampoco una reconstrucción del pueblo y no han podido recuperar sus tierras”, explicó el abogado en diálogo con Blu Radio. Flórez precisa que ha sido difícil avanzar porque en un principio la Fiscalía no tenía identificaba la totalidad de las víctimas. Además, agregó que “se están imputando más de 3 mil hechos entre desplazamiento y homicidios”.Cuenta que se están imputando otras 11 masacres más en los mismos incidentes de reparación, “masacres que ocurrieron antes que los paramilitares llegaran al Salado”. Dentro de los casos de violaciones que se dejaron por fuera los hechos, explica el abogado Flórez que por “violencia sexual en algunos casos las víctimas no lo denunciaron por temor y en otras la Fiscalía no le dieron la relevancia”. -“Hay víctimas de El Salado que no han sido acreditadas ante la Unidad de Víctimas”:Según Flórez, hay víctimas deambulando por el país porque no ha tenido acceso a los bienes y servicios que ofrece la Unidad de Víctimas por este hecho que dejó cientos víctimas. “El Estado no ha podido identificar a la totalidad de las víctimas”. El jurista afirma que se está a la espera a una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre todos esos temas que quedaron por fuera de los escenarios en Colombia “como el sexual y las verdaderas intenciones para tomarse el pueblo”. -“‘Jorge 40’ se reusó a contar la verdad”:Sobre el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, después de su extradición a los Estados Unidos, dice el jurista que se rehusó a colaborar en el marco de Justicia y Paz sobre los hechos de El Salado y fue excluido de la Ley. “Básicamente él colaboró en algo antes de ser extraditado, pero después se rehusó y eso quedó en la impunidad”, añade.Dentro del proceso de Justicia y Paz solo ha habido una sentencia sobre los hechos que reconoció el extraditado paramilitar, Salvatore Mancuso. “En la sentencia no se identifican la totalidad de las víctimas que se registraron en la masacre de El Salado”, explicó el abogado Flórez.
La solicitud por parte de la Procuraduría se da tras advertencias del Icetex sobre la insuficiencia de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, lo que amenaza la renovación de créditos y las matrículas para el segundo semestre de 2024 y el año próximo año.En respuesta, la Procuraduría, por medio de su Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, demandó un reporte detallado de las tres entidades involucradas.Por un lado, le están pidiendo al Ministerio de Hacienda que informe sobre el presupuesto total asignado al sector educación en 2024, además, el desglose mensual de los desembolsos realizados y pendientes y el presupuesto para el 2025.Por otro, al Ministerio de Educación en cabeza de Daniel Rojas para que entregue información del presupuesto asignado al icetex en 2024 y el monto transferido a la fecha.Incluso, la Procuraduría también requirió al Icetex para que entregue el reporte de los recursos programados para renovaciones y matrículas de 2024, así como los desembolsos realizados.La Procuraduría advirtió que cualquier retraso en la entrega de recursos compromete el derecho fundamental a la educación y afecta directamente el futuro de miles de jóvenes colombianos. También instó a las entidades responsables a actuar con diligencia para evitar un impacto negativo en las universidades y en el desarrollo del país.Todos los requerimientos hechos por parte de la Procuraduría al Ministerio de Hacienda, Educación y al Icetex deberán ser remitidos al Ministerio Público hasta el próximo lunes 25 de noviembre.
Desde el miércoles 20 de noviembre, estudiantes del movimiento estudiantil se tomaron la sede de investigación de la Universidad de Antioquia (UdeA), exigiendo, al parecer, que la administración convoque a una mesa de negociación para este viernes 22 de noviembre, con el fin de dar respuesta lo más pronto posible a la crisis financiera.A pesar de que se encuentran arraigados en la sede desde el miércoles, solo fue hasta el jueves, 21 de noviembre, que decidieron impedir el paso del personal administrativo para llevar a cabo labores tales como la alimentación de especies de animales que dependen de la mano humana o la entrada de muestras de pacientes de Alzheimer y enfermedades infecciosas.Blu Radio habló con Marcela Vélez, vicerrectora de investigaciones de la Universidad de Antioquia y la directora en funciones de la sede de investigaciones universitarias, quien mencionó que la situación es critica, pues los estudiantes han manifestado que tal mecanismo de presión se prolongará hasta encontrar una solución, dificultando varios procesos de investigación de la institución.“Desde el día miércoles en la tarde están en el bloqueo del edificio de la sede de investigaciones universitarias, lo que a estas alturas ha significado unas afectaciones gravísimas porque la sede de investigaciones se encarga, digamos, de tener en su cuidado animales para experimentación que requieren que personas vayan y los alimenten, los cuiden, los cambien, despierten a los que están naciendo, que se procesen muestras de pacientes que nos requieren definir su diagnóstico y su tratamiento en los hospitales. Nosotros atendemos pacientes de proyectos de Alzheimer, de Leishmaniasis, de Chagas, de diferentes enfermedades infecciosas y pues con el bloqueo está implicado que se ha tenido que parar todas estas actividades”, explicó la vicerrectora.Además, a pesar de que en un inicio los estudiante habían permitido el paso a un reducido personal para procedimientos urgentes, tales como la alimentación de los animales, de los cultivos, de los tejidos y microorganismos, a eso de las 10:00 de la noche del jueves decidieron, según informó la vicerrectora, unilateralmente, no permitir el ingreso de nadie, retrasando varios procedimientos, entre esos la entrega de muestras de pacientes con enfermedades.“En la madrugada cuando hubo la posibilidad de dos riñones para trasplante que necesitan procesar en uno de los laboratorios para estudios inmunológicos no permitieron el ingreso y pues esto ha afectado gravemente la posibilidad de que una persona que está en lista de trasplante pudiera beneficiarse”, indicó la directiva.“Por supuesto, digamos que nosotros como profesores somos respetuosos del derecho que tienen a la protesta. La situación se complica, es en el momento donde se cierra la posibilidad de un corredor humanitario para poder hacer esas actividades que se requieren hacer en la CIU, de la que depende la vida de personas y la vida de animales. ”, añadió.A pesar de que no ha habido disturbios, la situación, según informan, no esta cerca de solucionarse: “Hasta horas de la noche estuvo la delegación que está en el campamento en conversaciones con la dirección de la Universidad de Antioquia, con el Vicerrector General. Y entiendo que se había llegado como a algunos acuerdos para el día de hoy, pero luego de que se terminara esa conversación fue donde se cambió radicalmente, drásticamente, la posición o los acuerdos que se habían tenido con los estudiantes”, puntualizó la vicerrectora.“De hecho, desde el miércoles que sabíamos que se iban a tomar la sede, habíamos dicho, restrinjan el ingreso de pacientes porque no sabemos en qué momento y no sabemos en qué condiciones se va a dar el bloqueo. No queremos poner como la integridad de las personas en riesgo. Además, como en la sede se procesan muestras de pacientes, algunos que están hospitalizados, otros que están ambulatorios, incluso pacientes que vienen del contexto nacional, no solamente pacientes de Medellín”, completó la directiva.Por otra parte, Juan Manuel Muñoz, integrante del movimiento estudiantil, le mencionó a Blu Radio, que a pesar de que sí están arraigados en la sede, estarían dejando entrar a cierto personal."Desde el día de miércoles estamos aquí en la toma del edificio y no hay ingreso por el momento. Esperando a que la administración convoque una mesa de negociación para hoy mismo para poder darle salida a esta situación que nadie quiere que se alargue. Desde el campamento se ha establecido un protocolo de ingreso para los procesos y asuntos vitales a partir de un listado de personas u proyectos que requieren atención permanente. Dicho listado fue proporcionado directamente por la vicerrectoría de investigación", indicó el estudiante.Por el momento, se está a la espera del comunicado oficial de la institución mientras los estudiantes, al parecer, se mantendrán en la sede hasta que se entable la mesa de negociaciones.
En el legendario helicóptero de la Operación Jaque en el que el Ejército logró el rescate de 15 secuestrados de las extintas Farc, se entrenan los futuros comandantes de unidades para llevar a cabo operaciones ofensivas contra los criminales que hacen presencia en el país como las disidencias de las Farc o el ELN. Por eso, tienen que poner a prueba sus habilidades tácticas y capacidad de liderazgo en situaciones de combate que llevan a cabo en Tolemaida.En este entrenamiento, que corresponde a la fase final de la preparación, los militares desarrollan todas las técnicas propias del pelotón, desde la planeación hasta la ejecución de las operaciones a las que se enfrentarán una vez asuman como comandantes de unidades. “Este tipo de ejercicio pone a prueba tanto su conocimiento doctrinal como su capacidad para hacer frente a situaciones complejas y dinámicas, simular las dificultades reales que podrían enfrentar durante sus misiones”, dijo el coronel Carlos Andrés Carvajal Rojas, comandante del Batallón de Cadetes Nº 3.Estos militares deben tener la capacidad de maniobra en una situación de combate real y es por eso que los ponen a prueba con el ejercicio de embarque y desembarque, en el cual tienen los segundos contados para subir y bajar de un helicóptero para ejecutar las operaciones en terrero, todo esto para que tengan claridad sobre cómo ejecutar operaciones con precisión, garantizando la seguridad y eficacia en el cumplimiento de las misiones que les asignan.“Es importante desarrollar estos ejercicios operacionales de embarque y desembarque de las tropas con el fin de que ellos puedan establecer y tener claridad cómo es el desarrollo de la misma dentro de este ejercicio, en protección de sus propias vidas para evitar accidentes y obviamente en el desarrollo de la maniobra”, dijo el coronel César Adolfo Gamboa, oficial de Operaciones de la Escuela Militar de Cadetes del Ejército.Carvajal agregó que esta preparación es vital para asegurar que los futuros oficiales tengan las capacidades necesarias para comandar unidades desplegadas en todo el país, enfrentando no solo a grupos insurgentes, sino también a bandas criminales dedicadas al narcotráfico y el secuestro, entre otros. “Debemos asegurarnos de que estén listos para liderar bajo cualquier circunstancia, desde situaciones de combate directo hasta intervenciones en territorios donde las dinámicas de seguridad sean muy complejas”, afirmó.
Las fuertes y más recientes lluvias han dejado graves emergencias en el Cesar, donde más de un kilómetro de la vía que comunica a los municipios de La Gloria y La Mata se encuentra totalmente inundado producto del desbordamiento del río San Alberto.En videos aficionados compartidos a través de redes sociales, quedó registrado el momento en el que la fuerza del agua rompió una especie de muralla que, tiempo atrás, había sido instalada para evitar emergencias por desbordamientos.“Nos encontramos en el río San Alberto y Caño Oscuro, mire como rompió la muralla, toda esa agua se nos metió”, se escucha en el video.Por otra parte, un fuerte aguacero que se extendió por más de cuatro horas generó graves inundaciones en diferentes zonas de Valledupar, entre las que se encuentran la Terminal de Transportes, la carrera cuarta con el barrio Los Mayales y el sector conocido como Cola de Caballo.Y es que, dada la crisis invernal que se registra desde hace varias semanas en en este departamento, las autoridades mantienen las alertas encendidas por riesgo de avalanchas en por lo menos 11 municipios, seis de ellos bajo alerta roja. Petrona Romero, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cesar, confirmó que en el departamento sigue activa la Sala de Crisis (PMU) y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo por emergencias.“Desde el pasado viernes se activó la Sala de Crisis, que es como un PMU, contando con la participación de las autoridades locales, departamentales y militares. Desde ese día mantenemos también los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo activos bajo coordinación permanente por las emergencias”, manifestó Romero.Además, en el río Cesar tuvo que ser declarada la alerta roja ante el riesgo por posibles desbordamientos, lo que también mantiene bajo especial atención al río Guatapurí que, a su vez, ha generado alertas en los asentamientos Nueve de Marzo, San Juan, Pescaito, Zapato en Mano, entre otros.
Un juzgado especializado condenó este viernes a Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha por el delito de terrorismo agravado, tras comprobarse su responsabilidad en el ataque al CAI del barrio La Aurora, sur de Bogotá, durante el estallido social, la noche del 4 de mayo de 2021. En el lugar se encontraban refugiados 15 policías y los agresores emplearon piedras, palos y bombas incendiarias para llevar a cabo el ataque.La sentencia se basó en pruebas contundentes presentadas durante el juicio. Los videos de las cámaras de seguridad, el reconocimiento fotográfico y los testimonios de las víctimas señalaron a Murcia Rodríguez y Hernández Socha como los responsables del ataque. Además, se encontró que los artefactos explosivos incautados en la vivienda de Murcia Rodríguez coincidían con las sustancias empleadas contra las instalaciones policiales.El juez desestimó las pruebas presentadas por la defensa y las calificó de inconsistentes y, contradictorias. En su fallo, afirmó que quedó demostrado “más allá de toda duda razonable” que los acusados actuaron con dolo y que las conductas punibles fueron ejecutadas con premeditación y violencia.El Ministerio Público también respaldó la condena. El procurador enfatizó que no se trató de una protesta social, como argumentaba la defensa, sino de un acto deliberado de terrorismo destinado a intimidar y generar temor. “Se comprobó la materialidad de las conductas y la responsabilidad penal de los procesados”, afirmó, añadiendo que el allanamiento realizado en la vivienda de Murcia Rodríguez cumplió con todos los protocolos legales.
