La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, acusó al excongresista santandereano Tiberio Villareal Ramos por su presunta participación en la masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989.Ese día, 12 de los 15 funcionarios de San Gil viajaron a la región del Magdalena Medio para investigar la desaparición de 19 comerciantes de Ocaña, y fueron emboscados y masacrados por el grupo paramilitar conocido como 'Los Macetos', que a su vez estaba aliados con hombres del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha y algunos miembros de la fuerza pública.“He presentado conforme a mi legítimo derecho a la defensa todas las pruebas necesarias para demostrar mi total y mi completa inocencia en ese caso”, le dijo a Blu Radio el exrepresentante a la Cámara por Santander después de conocer esta nueva acusación de la Fiscalía.Villareal Ramos ha estado vinculado en este proceso desde hace años por el testimonio del comandante paramilitar Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias el ‘Negro Vladimir’, quien señaló al político como uno de los principales promotores del paramilitarismo en la región y que según él habría presionado para asesinar a los integrantes de la comisión judicial y desaparecer los expedientes que llevaban.“Es un solo y único testimonio, pero todos los demás testimonios, tanto de los mismos miembros del paramilitarismo en ese entonces en la región del Magdalena Medio santandereano, boyacense y antioqueño no figura para nada el nombre de Tiberio Villareal Ramos en ninguno de los tantos testimonios solicitados por Eduardo Carreño Wilches, que es el abogado de la parte civil en este proceso 1540. Tampoco figura Tiberio Villareal con ninguna imputación de paramilitar distinta a la de ‘Vladimir’ que se inventó una película. Cuando ‘Vladimir’ llegó preso a Cúcuta en el año de 1995, creo que fue, allí le cayó el fiscal Virgilio Hernández, hijo del secretario de la comisión judicial también de su mismo nombre, Virgilio Hernández, que fue sacrificado en esa matanza de La Rochela el 18 de enero de 1989 y lo convenció o la trabajó, en fin, armó la película contra Tiberio Villareal siendo fiscal local o yo no sé qué cargo de fiscal tenía allá en Cúcuta y lo convenció para esa película que me responsabilizara a mí como autor intelectual y armaron esa película”, expresó Villareal Ramos.El excongresista dijo que respeta el criterio de la Fiscalía, pero no lo comparte, menos cuando hace un tiempo le llegó la comunicación en la que lo absolvían por el beneficio de la duda.“Yo interpuse, a pesar de que era favorable para mí esa situación de absolución o preclusión, en el sentido preciso de que quedaba descartado de todo, pero fue con el beneficio de la duda que resolvió la Fiscalía hacerlo, y en consecuencia apelé y le dije a la Fiscalía que yo renunciaba al beneficio de la duda y que por lo tanto interpelaba, esa definición jurídica, y que estaba dispuesto a pagar cualquier pena de cárcel siendo inocente de un delito que yo no había cometido. Lo hice porque espero un fallo, pero de absolución total y no parcial con el beneficio de la duda”, agregó Villareal Ramos.En algunos apartes conocidos de las declaraciones de alias el ‘Negro Vladimir’ se lee: “Tiberio Villareal manejaba directamente el grupo de autodefensas que hay en Rionegro (Santander), él también participó en la muerte de los jueces que iban a La Rochela (…) materialmente no participó, pero él fue el primero que empezó a presionar para detener esta comisión”.El exrepresentante a la Cámara dijo: “un solo testimonio es armado, es un rosario de mentiras. La sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, se pronunció y determinó no dale credibilidad al testimonio ese de ‘Vladimir’ y devolvió el proceso a la Fiscalía. Los testigos que cita ‘Vladimir’ todos están muertos, incluso dice que me reuní con el doctor Julio César Turbay Ayala y con Gonzalo Rodríguez Gacha en Puerto Boyacá para coordinar la matanza de La Rochela, pero todo es mentira”.Las víctimas fueron Mariela Morales Caro, Pablo Antonio Beltrán, Samuel Vargas, Gabriel Enrique Vesga, Cesar Augusto Morales, Yul Germán Monroy, Carlos Fernando Castillo, Orlando Morales, Virgilio Hernández, Benhur Iván Guasca, Luis Orlando Hernández, Arnulfo Mejía.El proceso judicial seguirá su curso y los familiares de las víctimas esperan que algún día se conozca la verdad sobre este hecho de sangre que completa 34 años de impunidad.
Ante la JEP, algunas víctimas representadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentaron un informe con el cual buscan que algunos altos mandos del Ejército sean llamados a rendir versión como coautores de 10 masacres ocurridas entre los años 1999 y 2001 en los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca.Las masacres fueron perpetradas por los paramilitares, sin embargo, las víctimas insisten en que hubo apoyo directo por acción u omisión por parte de la fuerza pública.En principio, explican que desde los años 70 esta zona del país se ha visto fuertemente afectada por el narcotráfico, y que algunos de estos grupos tuvieron participación en algunas masacres como la de Trujillo, donde murieron al menos 300 personas. Según las víctimas en estos hechos hubo una alianza entre narcotraficantes y miembros del Batallón Palacé, que habría sido probada en la justicia ordinaria por versiones de paramilitares y narcotraficantes."Respecto a la colaboración entre el grupo paramilitar y la fuerza pública, no es constatable, únicamente por las advertencias hechas por los militares a la población civil, existen sendas declaraciones de paramilitares en Justicia y Paz que confirman que no era posible llevar una incursión armada de tal envergadura sin la colaboración de quienes tenían el deber de proteger a la población civil", asegura el informe.En un apartado se refieren al gobierno del expresidente Andrés Pastrana asegurando que en este tiempo hubo un recrudecimiento de la violencia estatal que se habría dado en parte con el fin de combatir el narcotráfico, sin embargo, el informe asegura que durante este tiempo hubo un incremento exponencial de las masacres pues "el Estado coadyuvó a la intensificación de conflictos sociales y al deterioro de su propia legitimidad, generando a la par de desplazamientos masivos de la población, un recrudecimiento de las prácticas paramilitares y el ejercicio privado de sanciones y ajusticiamientos".El informe recopila información de 10 masacres en esa zona del país, menciona las víctimas por estos hechos y el proceso en el que se encuentra la investigación de los mismos, pues en muchos casos, no han sido esclarecidos, incluye además testimonios de exparamilitares que han aceptado haber actuado con ayuda presuntamente de miembros de la fuerza pública para llevar a cabo las masacres.Es por esto que, le piden a la JEP abordar estos hechos en el macro caso en el caso 05, para poder determinar responsabilidades frente a estos hechos y lograr el esclarecimiento de los mismos.Piden además, que sean declarados crímenes de lesa humanidad y el llamado de 13 exmiembros de la fuerza pública de la Tercera División del Ejército Nacional. Asimismo, que se reconozca la condición de víctimas de quienes se vieron afectados por las masacres y que se llame a los paramilitares que ya han reconocido los hechos como testigos.Escuche en el podcast "Zorros y Erizos" cómo avanza la carrera por la Presidencia:
La Fiscalía consideró en su acusación que alias ‘Ernesto Báez’, quien se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Itagüí, Antioquia, tuvo responsabilidad directa en el hecho perpetrado en contra de los funcionarios judiciales que investigaban los ataques contra la población civil por parte de las AUC. En audiencia pública ‘Báez’, había asegurado que para enero de 1989 ya no hacía parte del grupo armado ilegal, indicando que se integró meses después de que se registraran dichos hechos. Sin embargo, la Fiscalía General no le dio credibilidad a su versión, con fundamento en los múltiples testimonios que le han entregado desmovilizados del bloque paramilitar comandado por ‘Báez’.
Este 18 de enero se cumplen 25 años de la masacre de La Rochela, en la que 12 funcionarios judiciales fueron acribillados en una orquesta integrada por ganaderos, militares y narcotraficantes. Iván Orozco, relator del Centro de Memoria Histórica, revive lo ocurrido aquella mañana del 18 de enero de 1989, cuando 12 integrantes de una comisión judicial que indagaba la matanza de 19 comerciantes de Simacota, Santander, fueron masacrados. La masacre significó la cristalización del primer modelo paramilitar del país, en el Magdalena Medio, en una alianza entre ganaderos de la región acosados por la guerrilla con miembros del Ejército, narcotraficantes y políticos. “Como el Ejército no podía actuar de forma directa, lo hacía a través de grupos de autodefensa gestados en su apoyo”, asegura Orozco. La comisión judicial de 15 funcionarios llegó a la región atendiendo denuncias sobre desapariciones de campesinos en el Magdalena Medio. Eran 13 miembros de la Policía Judicial de la época y dos jueces de instrucción que se desplazaron hasta el lugar en dos camperos buscando información. El grupo debió presentarse en la inspección de La Rochela, donde fue recibido por paramilitares que se hicieron pasar por guerrilleros. A punta de engaños, los amarraron, los subieron a los vehículos y los masacraron. Gracias a que tres personas sobrevivieron se logró saber la verdad. Luis Orlando Hernandez fue uno de los investigadores judiciales que cayó víctima de la masacre. Su hijo, Daniel, siguió sus pasos profesionales y asegura que espera llegar a ser la mitad de hombre de lo fue su padre, tal como lo recuerda. “Siempre me dijo que lo más importante era la honestidad”, declara en El Radar. Según Daniel, la masacre era una muerte anunciada y tal como comprobó la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado mató a sus propios funcionarios a través de grupos armados encabezados por alias ‘El Negro Vladimir’. Daniel Hernández denunció en El Radar que la Unidad Nacional de Protección le retiró el esquema de seguridad ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pesar de recibir amenazas en su casa recientemente. Sin embargo, y a pesar de la presión del gobierno de la época, una cadena de obstáculos promovida por la Policía y el Ejército siguen ocultando a los verdaderos responsables 25 años después.
