La Fiscalía de Perú solicitó 15 años de pena privativa de la libertad para el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio durante su época como gobernador del sureño departamento de Moquegua, anunció el Ministerio Público este viernes en su perfil de Twitter."(El) equipo Lava Jato formuló ayer requerimiento acusatorio contra Martín Vizcarra Cornejo y solicitó 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de cohecho pasivo propio", indicó el mensaje del Ministerio Público.Detalló que la acusación fiscal incluye dos hechos, por una parte el proyecto "Lomas de Ilo", y por otra el proyecto "Ampliación y Mejoramiento del Hospital Moquegua", señaló.Además, la Fiscalía pidió contra Vizcarra nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.En 2020, el fiscal Germán Juárez, del equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, solicitó ya en dos ocasiones interrogar a Vizcarra, pues las empresas ganadoras de las licitaciones en el departamento de Moquegua, donde fue un popular gobernador regional, son también investigadas al estar comprometidas en el "club de la construcción", un grupo de compañías supuestamente se repartían las obras públicas a cambio de millonarios sobornos.La Fiscalía peruana informó este viernes que ha conseguido reactivar el mecanismo de Cooperación Judicial Internacional con las autoridades brasileñas en relación al caso Odebrecht, suspendido el pasado 1 de noviembre tras un pedido de la compañía."Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, junto a la procuradora ad Hoc, Silvana Carrión Ordinola, suscribieron el acta con la cual los representantes de la empresa CNO (Odebrecht) solicitan a la Procuraduría General de Brasil que reactive las solicitudes de cooperación internacional de la fiscalía peruana", reza un comunicado del Ministerio Público.La decisión inicial del Ministerio Público Federal de Brasil fue adoptada como respuesta a una demanda de Novonor, antigua Odebrecht, que denunció la violación por parte de las autoridades peruanas del acuerdo firmado entre ambas partes, que incluye la "no utilización de pruebas producidas en Brasil" contra la empresa en aquella jurisdicción.Le puede interesar
El expresidente del Perú Martín Vizcarra (2018-2020) informó este domingo que él y su esposa, la ex primera dama Maribel Díaz, dieron positivo en COVID-19 y presentan síntomas de la enfermedad, luego de haberse vacunado en secreto en el escándalo del "Vacunagate"."Pese a los cuidados necesarios para evitar llevar el virus a casa, mi esposa y yo hemos dado positivo al COVID y somos sintomáticos", escribió Vizcarra en su cuenta oficial de Twitter.El exmandatario agregó que su familia está "tomando las medidas de aislamiento necesarias" e instó a la ciudadanía a "no bajar la guardia".INHABILITADO POR 10 AÑOSEl anuncio de Vizcarra llegó apenas una semana después de que el Congreso peruano lo inhabilitara para ejercer cualquier cargo público durante diez años por haberse vacunado en secreto en 2020, cuando era presidente de la República.En el llamado caso "Vacunagate peruano", al menos un centenar de funcionarios públicos, familiares e invitados recibieron irregularmente la candidata a vacuna del laboratorio chino Sinopharm, entre los cuales estuvieron Vizcarra, su esposa y su hermano mayor.En un primer momento, el exmandatario informó que él y su esposa se habían vacunado contra el coronavirus como parte de los 12.000 voluntarios que participaron de los ensayos clínicos que Sinopharm realizó en el Perú.Ante ello, el Parlamento abrió una investigación en su contra y, tras convertirse en el candidato más votado para el Congreso en las elecciones generales del pasado 11 de abril, fue inhabilitado políticamente.
El Congreso peruano aprobó inhabilitar este viernes por 10 años para ejercer cargos públicos al popular expresidente Martín Vizcarra señalado de haberse vacunado de manera irregular contra el COVID-19.De esta manera el exmandatario (2018-2020), quien fue el más votado de las elecciones legislativas del domingo con más de 165.000 sufragios, no podrá ocupar su escaño en el próximo parlamento."Ha sido aprobada la resolución del Congreso por la que se inhabilita por diez años para el ejercicio de la función pública al expresidente Martín Vizcarra", dijo la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez.Ni Vizcarra y ni su abogado Fernando Ugaz asistieron a la sesión del Congreso, pero el exmandatario denunció un Parlamento "deslegitimado" y prometió que recurrirá la decisión ante la Justicia."No tenemos ninguna duda que esta situación se va revertir. Este Congreso está deslegitimado, vamos a recurrir a instancias nacionales e internacionales", dijo Vizcarra tras salir de su casa en la capital peruana."Ya hemos presentado un recurso de amparo ante el Poder Judicial, también se ha presentado una medida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", agregó.El Congreso también inhabilitó a las exministras del actual presidente interino Francisco Sagasti, Pilar Mazzetti (Salud, por ocho años) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores, por un año), también señaladas de haberse vacunado de manera irregular.La medida contra Vizcarra fue aprobada por 86 votos, sin voces en contra ni abstenciones, superando los 80 votos necesarios para sacarlo de carrera. Varios de los 130 congresistas no pudieron votar en la sesión virtual y otros no se presentaron.Vizcarra, que llegó al poder en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, del que era vicepresidente, ha admitido que recibió dos dosis de la vacuna china de Sinopharm antes de que ésta fuera aprobada en diciembre por las autoridades sanitarias, pero niega haberlo hecho de forma irregular.Según el expresidente él, su esposa y su hermano fueron voluntarios de un ensayo clínico.Sin embargo, esas declaraciones fueron rechazadas por el jefe del ensayo clínico, el doctor Germán Málaga, quien también enfrenta cuestionamientos y fue destituido de su cargo."Vizcarra se estaba vacunando cuando el Perú registraba su más alta tasa de mortalidad y contagios. Merece la mayor sanción pues mintió y usó mal su cargo de presidente", dijo este viernes el legislador Alí Mamani al exponer el caso contra Vizcarra durante las cinco horas de debate parlamentario.La inhabilitación es la sanción "idónea", añadió.La comisión permanente del Congreso había aprobado hace ocho días la acusación de inhabilitación contra Vizcarra por 26 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. También aprobó la inhabilitación para ejercer cargos públicos de las dos exministras.
La Fiscalía peruana abrió este lunes una investigación preliminar contra el renunciado presidente Manuel Merino, el número dos de su fugaz gobierno y su ministro del Interior por sus presuntas responsabilidades en las muertes de dos manifestantes, informó la fiscal nacional, Zoraida Ávalos.Esta investigación preliminar por "abuso de autoridad y homicidio doloso" va dirigida contra Merino, su jefe de gabinete, Ántero Flores Aráoz, y su ministro del Interior, Gastón Rodríguez, por la muerte de dos manifestantes el sábado aparentemente por perdigones disparados por la policía, dijo Ávalos, quien prometió que estos hechos "no quedarán impunes".La causa, abierta un día después de la renuncia de Merino, también puede abarcar a otros presuntos responsables y no solo por las muertes de Inti Sotelo (24 años) y Jack Pintado (22), sino también por las "lesiones graves" de decenas de otros manifestantes, dijo la fiscal.Precisó que la investigación también abarca posibles casos de "desaparición forzada", porque hay nueve manifestantes cuyo destino se desconoce desde el sábado. Inicialmente eran más de 40, pero los restantes aparecieron el domingo.Perú se encuentra este lunes en la incertidumbre sin presidente ni jefe del Congreso, mientras el Tribunal Constitucional se apresta a dictar un tardío fallo sobre un recurso del destituido presidente Martín Vizcarra que puede generar nuevas controversias.El Congreso peruano tiene previsto sesionar la tarde de este lunes para tratar de escoger a un nuevo mandatario que reemplace a Merino, una semana después de destituir a Vizcarra por "incapacidad moral" y desatar la peor crisis política en dos décadas en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigió este domingo una investigación "inmediata" y establecer responsabilidades tras la muerte de dos personas ayer, sábado, durante las protestas multitudinarias por la crisis política en Perú.En un hilo de tuits, este organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la muerte de dos personas este 14 de noviembre "durante acciones de represión estatal a las protestas multitudinarias por la crisis política originada por la vacancia (destitución) presidencial, y exige investigar inmediatamente los hechos y establecer responsabilidades".En ese sentido, insistió en que "rechaza enfáticamente la violencia policial contra manifestantes; y recuerda al Estado que el uso de la fuerza se rige por los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como por la máxima restricción en el uso de armas de fuego".Además advirtió de que no hay información precisa sobre el número de heridos, ya que, pese a que los datos oficiales indican que más de 110 lesionados recibieron atención en centros de salud, no se sabe la cifra exacta de los que fueron atendidos en instalaciones privadas.También señaló que no se conoce el número de detenidos durante la jornada del sábado y destacó que tanto la Defensoría de Perú como organizaciones de derechos humanos se han enfrentado a "obstáculos" para acceder a los datos policiales.Por ello, la CIDH se sumó al llamamiento de la Defensoría de Perú para que se dé a conocer la lista de detenidos, además de recordar que "la detención por el solo hecho de protestar es contraria al derecho internacional".La represión de la masiva marcha de protesta ciudadana contra el todavía ayer presidente de transición peruano, Manuel Merino, dejó un balance de dos personas muertas, 94 heridos -63 de ellos hospitalizados- y 42 ciudadanos desaparecidos, según reportaron organismos de derechos humanos y fuentes hospitalarias.Merino anunció este domingo su dimisión "irrevocable" a la Presidencia de Perú e instó a la "paz y la unidad", un paso que abre camino a la solución de la grave y profunda crisis política que afronta el país desde que asumió el poder hace una semana.Merino, que era el presidente del Congreso, asumió el poder tras la destitución de Martín Vizcarra, aprobada por Legislativo de Perú, tras debatir la llamada "moción de vacancia" impulsada contra el mandatario por acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014).
Perú vivió el sábado otra jornada de protestas con marchas y cacerolazos en rechazo al gobierno de Manuel Merino, el jefe del Congreso que asumió como presidente el martes luego de que el Parlamento destituyera a Martín Vizcarra en un polémico juicio relámpago.Miles de indignados, en su mayoría jóvenes menores de 25 años, se lanzaron a las calles en varias ciudades para pedir la renuncia de Merino, en rechazo a lo que consideran un golpe parlamentario.La mayor marcha atrajo en Lima a miles de personas que convergieron desde distintos puntos de la capital en la plaza San Martín, epicentro de protestas en la zona histórica de la ciudad.La policía recurrió otra vez a gases lacrimógenos y gases pimienta lanzados desde helicópteros para dispersar a manifestantes que amenazaban con marchar hacia la sede del Congreso.Los jóvenes llevaban carteles con lemas como "Merino, no eres mi presidente", "Merino impostor", "Perú despertó", y avanzaron por las calles al ritmo de batucadas y cánticos.Las autoridades municipales de Lima, cuyo alcalde pertenece al mismo partido que Merino, Acción Popular (centroderecha), apagaron el alumbrado público de la plaza San Martín cuando el recinto se colmaba. La señal de internet también se apagó para evitar comunicaciones.Simultáneamente un grupo de manifestantes se acercó a los alrededores de la vivienda de Merino, al este de Lima, con cacerolas y tambores.Tanquetas militares circularon por las inmediaciones de un centro comercial del de San Miguel.El presidente de la asamblea episcopal instó al Gobierno a dialogar y respetar el derecho de protesta de la población.El primer ministro, Antero Flores Aráoz, un político conservador de viejo cuño de 78 años, descartó que el presidente vaya a dar un paso al costado por las protestas.Merino debe completar el actual mandato, que expira el 28 de julio de 2021 luego de las elecciones del 11 de abril.Desde el martes, miles de personas han salido a las calles de Lima y otras ciudades en defensa de Vizcarra, un político sin partido ni bancada en el Congreso pero muy popular, y para protestar contra el gobierno de Merino, cuya legalidad y legitimidad cuestionan.El Congreso destituyó a Vizcarra el lunes bajo la acusación de "incapacidad moral" a raíz de una investigación fiscal por dos presuntas coimas de 600.000 dólares cuando era gobernador de la región de Moquegua en 2014. El exmandatario lo niega.
El destituido presidente peruano Martín Vizcarra cuestionó este martes la "legalidad y legitimidad" de su sucesor Manuel Merino, luego que éste asumiera el poder en el Congreso en medio de protestas en las calles."Tengo preocupación, como la tienen muchos peruanos, porque una autoridad para poder ejercer su autoridad necesita dos principios y condiciones básicas: legalidad y legitimidad", dijo Vizcarra al día siguiente de ser destituido por "incapacidad moral" por el Congreso.Mientras Vizcarra declaraba, en las calles y plazas del centro histórico de Lima, la policía reprimía con gases antimotines para dispersar a numerosos grupos de manifestantes.El Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver en diciembre una demanda para definir los alcances de la "incapacidad moral" que había presentado Vizcarra en septiembre cuando Merino, quien también es de centroderecha, echó a andar una primera moción de destitución en su contra, que no prosperó.Por otro lado, Vizcarra se comprometió a colaborar con la fiscalía en las investigaciones de las denuncias de que habría recibido sobornos en 2014 cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua, cargos que él niega y que sirvieron al Congreso de argumento para destituirlo.Ingeniero de 57 años y empresario de la construcción, Vizcarra dijo que retomará su actividad profesional."Obviamente yo quería estar (en la presidencia) hasta cumplir el plazo establecido por la Constitución, el 28 de julio del 2021. Pero pareciera que finalmente la democracia se ha sustentado en la dictadura de los votos del Congreso", agregó."Regresaré a mi actividad profesional, yo siempre trabajo, no puedo dejar de hacerlo”, agregó, sin precisar si retornará a Moquegua su tierra natal al sur del país.
Natale Amprimo, abogado constitucionalista, ex vicepresidente del Congreso peruano y excandidato presidencial, se refirió en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire a la destitución de Martín Vizcarra como mandatario de este país.“La situación que hoy día ha terminado con la asunción de un nuevo presidente, se debe a que frente a las graves denuncias contra Vizcarra, lamentablemente el señor, lejos de dar una explicación sincera, recurrió a una serie de estratagemas y de falsedades que han quedado al descubierto y han motivado que el Congreso declare su incapacidad moral”, indico.En ese mismo sentido, Amprimo señaló que la Constitución en Perú, al igual que muchos regímenes en el mundo, “contempla la posibilidad de bajar al presidente de la republica por demostrar una permanente incapacidad moral”.Para Amprimo lo que está ocurriendo en la actualidad en Perú es actuar conforme la institucionalidad.“El hecho de que haya presidentes que no se hayan comportado a la altura de las circunstancias no quiere decir que el sistema no haya funcionado”, sentenció.Escuche la entrevista completa en el siguiente audio.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, aceptó este lunes la decisión del Congreso que lo destituyó de la jefatura del Estado por "incapacidad moral" y anunció que abandonará de inmediato el Palacio de Gobierno."Hoy día dejo Palacio de Gobierno, hoy me voy a mi domicilio, a pesar de que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión", señaló el destituido gobernante en una declaración brindada en el patio del palacio presidencial rodeado por sus ministros en pleno.Vizcarra, quien lució relajado e informal, aunque conmovido en la parte final de su declaración, aseguró que en línea con sus "convicciones democráticas" acepta la decisión del Congreso y no desea "que de ninguna manera" se entienda que su "espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder".TRANSPARENCIA Y CONCIENCIA"Toda mi vida he actuado con transparencia y poniendo todo mi esfuerzo, mi capacidad y mi corazón al servicio del pueblo y todos ustedes lo saben" remarcó antes de agradecer "a todo el equipo" que lo ha acompañado durante su gestión, que comenzó en marzo de 2018, así como "profundamente al pueblo peruano", por su apoyo.Vizcarra consideró que, a pesar de que durante la mañana de este lunes se presentó ante el pleno del Congreso para presentar sus argumentos de defensa, los parlamentarios no lo escucharon: "y si me escucharon no me entendieron", remarcó."Reafirmo ante el pueblo peruano que me voy con la conciencia tranquila y el deber cumplido... esperemos que el Perú siempre vaya por la senda del bien, esperemos que el futuro depare lo mejor para los peruanos y esperemos, ojalá, que pronto no nos enteremos de cuales son los motivos de fondo para tomar las decisiones que se han tomado hoy en el Congreso", sostuvo.INCAPACIDAD MORALEl Congreso de Perú destituyó este lunes a Vizcarra, con 105 votos a favor, tras debatir la llamada "moción de vacancia" impulsada contra el mandatario por las acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua (2011-2014).La resolución parlamentaria declaró la "permanente incapacidad moral del presidente", por lo que se aplicará "el régimen de sucesión establecido en la Constitución", que será efectivo este martes tras haber sido comunicado al gobernante.Ya que Vizcarra no tiene vicepresidente, ahora la presidencia peruana recaerá en Manuel Merino, el presidente del Congreso e integrante del grupo político centro derechista Acción Popular (AP), quien anunció que jurará durante la mañana de este martes.Sin embargo, la decisión del Congreso generó sorpresa, desconcierto e indignación, con cacerolazos y protestas ciudadanas, así como el rechazo de políticos, constitucionalistas, analistas y hasta representantes de la Iglesia católica, como el Arzobispo de Lima, Carlos Castillo, quien pidió al parlamento que rectifique su decisión.
El Congreso de Perú, con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, destituyó este lunes al presidente Martín Vizcarra, después de que el pleno del Parlamento lo declarara "incapaz moral" en el juicio político abierto en su contra y decretara su destitución.Con 105 votos a favor, la moción de vacancia impulsada contra el mandatario por las acusaciones de que cometió actos de corrupción cuando era gobernador de la provincia de Moquegua (2011-2014), superó el número de apoyos que exige la Constitución (87 sobre 130 diputados) y automáticamente abrió el paso para despojar al mandatario de su poder.La resolución parlamentaria declaró la "permanente incapacidad moral del presidente" y por tanto "la vancancia de la Presidencia de la República".En consecuencia, se aplicará "el régimen de sucesión establecido en la Constitución", que será efectivo en cuanto se comunique al presidente, al primer ministro Walter Martos o se publique en el diario oficial, lo que suceda primero.Así, ahora la responsabilidad del cargo de Presidencia de la República recaerá en el presidente del Congreso, Manuel Merino, del grupo político de Acción Popular.Esta decisión del Congreso resultó sorpresiva, pues si bien se conocía que muchos legisladores ya pensaban forzar la destitución de Vizcarra, todo parecía indicar que estaban aún lejos de llegar a sumar los votos necesarios para la vacancia, como se conoce en Perú este proceso.Vizcarra, tal y como había prometido, se presentó a primera hora de la mañana del lunes en el debate para presentar su defensa y allí negó categóricamente haber recibido cualquier tipo de soborno y criticó duramente que el proceso de destitución en su contra se hubiera abierto bajo acusaciones no corroboradas por la justicia."No existe prueba de flagrancia de un delito, ni habrá porque no he cometido un delito, no he cobrado soborno (...) Son hechos falsos, no corroborados, recién está empezando un proceso de investigación, son hipótesis", dijo Vizcarra.
Este viernes, 22 de noviembre, la Alcaldía de Bogotá recorrió dos de los proyectos más importantes en materia deportiva para la ciudad: el Centro de Alto Rendimiento y el velódromo Gibraltar. En el lugar, el Distrito evidenció el estado de las obras y el avance actual de las mismas, pues su inversión llega a los 300.000 millones de pesos.¿Cómo va el Centro de Alto Rendimiento?A la fecha, las obras del centro ya completan un avance del 11,85 %. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 158.906 millones de pesos, contempla nuevas instalaciones para deportes como judo, gimnasia artística, natación y taekwondo. Además, contará con piscinas olímpicas y semiolímpicas que están proyectadas a entregarse en el segundo semestre del 2025. Con esto, se podrían beneficiar poco más de 1.7 millones de personas en toda la ciudad.¿Y el velódromo Gibraltar?Con una inversión total de 140.429 millones de pesos, este espacio será diseñado para el ciclismo de pista. El proyecto ya cuenta con un avance del 11,6 % y tendría un impacto directo en casi 600 mil personas. De acuerdo con el Distrito, el velódromo busca certificar su pista bajo el estándar de la Unión Ciclista Internacional en las categorías de C1 y C2.“La elección de Kennedy y Bosa como sede para el Centro de Alto Rendimiento y el velódromo Gibraltar no es casualidad; es una zona que históricamente ha forjado a los mejores ciclistas y parte de los más destacados deportistas de Bogotá. Aquí nacen los campeones, y estos escenarios están diseñados para que sigan conquistando nuevas metas”, dijo el director del IDRD, Daniel García.De momento, desde el Distrito aseguran que las obras de los proyectos no cuentan con retrasos. Incluso, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reiteró el impacto positivo de la iniciativa. “Estamos transformando espacios que en el pasado representaban problemas ambientales y sociales, en motores de desarrollo y orgullo para Bogotá. Estas obras son un ejemplo del trabajo articulado entre las entidades distritales y la comunidad”, finalizó Galán.
A más de 12 de horas de que un grupo de estudiantes decidiera bloquear el acceso a la Sede de Investigación de la Universidad de Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón se pronunció frente a estos hechos que han puesto en riesgo varios de los procesos investigativos y académicos que se llevan a cabo en este lugar cercano al campus principal de la institución en la capital antioqueña.A través de su cuenta en X, el mandatario confirmó que, con la protesta, no se permitió el ingreso de dos riñones que estaban dispuestos para ser donados, pero además, cuestionó una posible falta de alerta sobre lo que estaba sucediendo por parte de las directivas de la universidad.“Si las directivas de la universidad nos hubieran notificado, habríamos enviado a la Fuerza Pública tal y como lo hicimos en el Politécnico”, aseguró el gobernador a propósito de la reciente intervención de efectivos del antiguo Esmad en ese campus al sur de Medellín en medio de protestas que, incluso, generaron la quema de un vehículo de la Secretaría de Movilidad sobre la avenida Las Vegas.El mandatario fue claro en resaltar que “ninguna protesta puede vulnerar los derechos de los demás ni poner en riesgo la vida de nadie”.Por su parte, en un comunicado a la opinión pública, los manifestantes desmintieron que las vías de hecho que implementan se traten de un bloqueo generalizado al acceso a este sede, pues están permitiendo de manera restringida el acceso a personal que realiza asuntos prioritarios como la alimentación de animales, la muestra de pacientes con enfermedades infecciosas y el sostenimiento de otros procesos necesarios para el desarrollo de investigaciones.Los estudiantes también expresaron que mantendrán este mecanismo de presión hasta tanto no se logre la instalación de una mesa de negociación con diferentes partes para abordar la problemática financiera de la universidad que está en vilo desde hace por lo menos dos meses y donde persiste el déficit que ronda los 350.000 millones de pesos.
Un nuevo hecho de violencia sacude a Barrancabermeja. Eduardo Stiven Soto, un joven de 19 años, fue asesinado con arma de fuego en el sector conocido como La Ladrillera, en el Cerro de Oro. Este homicidio eleva a 139 las víctimas mortales registradas en la ciudad durante este año.De acuerdo con el mayor Sergio Taborda, comandante de la Policía del Magdalena Medio, la víctima recibió dos impactos de bala."En este momento ya se desplegaron todas las capacidades institucionales, lo que tiene que ver con coordinación con la Fiscalía General de la Nación, policía judicial de la Policía Nacional y del CTI, además de acciones de inteligencia para dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho", aseguró el oficial.El sector donde ocurrió el crimen es conocido por ser de difícil acceso, lo que complicó la llegada tanto de las autoridades como de los medios de comunicación. Sin embargo, Taborda reiteró el compromiso de las fuerzas de seguridad para esclarecer este y otros casos de homicidio que han estremecido al municipio.En un intento por combatir la ola de violencia, la Policía Nacional mantiene activa una línea de recompensas, ofreciendo hasta 15 millones de pesos a quienes proporcionen información que permita identificar y capturar a los responsables de crímenes en la región.
La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) reaccionó a la multa que interpuso la Dimayor contra los once futbolistas de Atlético Bucaramanga que salieron en la fecha 18 de la Liga BetPlay con cinta tapando sus bocas y el escudo del equipo luego de la sanción contra el entrenador Rafael Dudamel y el jugador Fabián Sambueza. Vale recordar que cada jugador deberá pagar $ 1.300.000.Por eso, el presidente de Acolfutpro, Carlos González Puche, manifestó en Blog Deportivo que el Código Disciplinarios está lleno de artículos que vulneran a los futbolistas y enfatizó en el artículo 73 se equivocó en este caso en calificar como "conducta incorrecta" la manifestación pacífica que realizaron los once jugadores que fueron titulares en el partido contra Fortaleza."No sé en qué afecte que los jugadores del Bucaramanga, en el ejercicio de su derecho constitucional a la protesta, se tapen la boca. No entiendo en qué afecta eso el desarrollo de un partido de fútbol o el desarrolló de la competencia (...) ¿Entonces el derecho constitucional dónde lo ejercen los futbolistas, en la cocina de sus casas?", cuestionó Puche.Asimismo, manifestó que los futbolistas en Colombia, así como los técnicos, no pueden expresarse libremente y están expuestos a ser sancionados de acuerdo con el criterio de los directivos de la Dimayor."Ahí tenemos la cantidad de artículos que vulneran derechos y que pedimos que cambien, modifiquen. Si no es así, tenemos que recurrir a una tutela o querella al Ministerio de Trabajo, pues la protesta es un derecho constitucional", añadió Puche.Recordó la postura que emitió la propia Corte Constitucional al reglamento de la Dimayor al enfatizar que este organismo solo puede sancionar conductas que afecten el desarrollo del juego y, según Puche, protestar con una cinta no afectó el partido Bucaramanga - Fortaleza."¿Afectaron el partido? ¿No dejaron hacer goles? ¿Insultaron al árbitro? ¿Ofendieron a alguien? Esto fue una protesta pacífica porque sus compañeros se manifestaron y fueron sancionados drásticamente", recalcó.Ahora se espera conocer si Bucaramanga apelará ante la Dimayor esta sanción económica contra sus futbolistas.
La Contraloría de Bogotá, a través de su Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, y en atención a varias denuncias de la ciudadanía, inició una actuación especial de fiscalización con el fin de establecer el estado de 181 canchas sintéticas cuyo uso y mantenimiento está a cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).Hasta el momento, la Contraloría Distrital ha recorrido 60 canchas sintéticas en las veinte localidades de la capital para identificar en sitio las condiciones de estos espacios deportivos y constatar el cumplimiento de las condiciones establecidas en cada uno de los contratos suscritos para su uso y mantenimiento, y que sumados ascienden a 43.370 millones de pesos.El director de Cultura, Recreación y Deporte de la Contraloría, Camilo Quiroz, manifestó que están haciendo este trabajo corroborando que las condiciones contractuales bajo las cuales se firmaron esos convenios se estén cumpliendo en terreno y que especialmente cada uno de estos escenarios beneficien de manera óptima a la comunidad.Dentro de las quejas de los ciudadanos allegadas al organismo de control, reportan dificultades para acceder a estos escenarios deportivos, deterioro y precariedad de la mayoría de canchas sintéticas, falta de baños, baja luminosidad, problemas de inseguridad y consumo de sustancias psicoactivas.
