La Sala de Casación Penal del alto tribunal mantuvo la condena por más de seis años de prisión contra la exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial, María Gilma Gómez, por el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales para adquirir el servicio de máquina tapahuecos.El caso de corrupción dejó varias irregularidades en el contrato por más de 11.000 millones de pesos firmado en la administración de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, que tenía como propósito el mantenimiento de la malla vial con tareas de repavimentación en Bogotá.La mayor ilegalidad que se pudo presentar en ese contrato fue que la exfuncionaria lo hizo pasar como un acuerdo de ciencia y tecnología para seleccionar la empresa de manera directa, cuando el proceso debía ser tramitado como una licitación con concurso de oferentes, según la Corte.Para el tribunal “de allí se deriva que la intención en este trámite consistía en evadir la licitación pública y seleccionar de manera directa como contratista a GPC sin efectuar una convocatoria”.Por eso, para la Corte Suprema no existía viabilidad para que se diera ese contrato bajo esa modalidad y por eso señalan a que María Gilma actuó con dolo, ya que conoció el proceso, las falencias y hasta fue advertida por varios de sus asesores sobre las irregularidades que se presentaron en ese proceso.“Pensar que la mera utilización -sin más- de cualquier método, proceso o adelanto tecnológico en el marco de otro objeto contractual -llámese obra, adquisición de bienes o prestación de servicios- implica transferencia de tecnología, conduciría a un efecto absurdo, del todo discordante con los principios de transparencia y selección objetiva, que apuntan a la garantía de objetividad e imparcialidad en la selección del contratista. Ello trastocaría la regla de la licitación o el concurso público, pues la tecnología puede ser un factor que ponderar en el mayor o menor rendimiento de cualquier prestación”, señaló la providencia.
María Gilma Gómez Sánchez, exdirectora de la Unidad de Mantenimiento Vial, fue condenada a seis años y ocho meses de prisión por su papel en el escándalo de la llamada ‘maquina tapahuecos’, con la que el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro prometió arreglar 220.000 averías en las vías de la capital.Vea también: Primera condena por caso máquina ‘tapahuecos’ La exfuncionaria fue hallada culpable del delito de contratación sin cumplimiento de requisitos legales. “Según la investigación, adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la irregularidad se presentó porque el contrato N° 638 del 27 de diciembre de 2013, modificado mediante un otrosí del 14 de febrero de 2014, se habría camuflado a un contrato de ciencia y tecnología, cuando su objeto real era de obra para el mantenimiento de la malla vial”, comunicó la Fiscalía. De acuerdo con el fallo, no se cumplieron los requisitos de ley que obligaban a realizar una licitación pública. La Fiscalía anunció, además, que el próximo 15 de noviembre se acusará formalmente a dos contratistas de la ‘máquina tapahuecos’, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La Fiscalía General de Nación imputará el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a María Gilma Gómez Sanchez, exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación Mantenimiento de la Malla Vial de Bogotá por el caso de la máquina tapahuecos. El fiscal General de la Nación (e), Jorge Fernando Perdomo, afirmó que Gómez Sanchez “en el mes de diciembre de 2013 suscribió un contrato, denominado de ciencia y tecnología, con el objetivo de intervenir la malla vial de Bogotá con la famosa máquina tapahuecos”. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, era deber de la funcionaria establecer la modalidad de contratación más idónea para dicho trabajo. Según Perdomo, se le imputará dicho delito “por haber tramitado y celebrado el contrato de la máquina tapahuecos, simulando un contrato de ciencia y tecnología, cuando realmente se trata de un típico contrato de obra, que exigía acudir a la modalidad de licitación pública para seleccionar al respectivo contratista”. El contrato realizado con la empresa Green Patcher Colombia S.A.S ascendió a la suma de 11.220 millones de pesos.
