De acuerdo con la investigación, el Fondo de Desarrollo Local suscribió, en julio de 2013, un convenio de asociación con la Corporación Casa de Cultura de Usaquén, por más de $200 millones para eventos culturales. Entre otros elementos, a través del convenio se adquirieron refrigerios, antifaces, collares hawaianos, sombreros de carnaval; se alquilaron equipos de sonido original de marcas reconocidas y se contrataron talleres de origami y máscaras. Por contratar directamente estas prestaciones, la Personería de Bogotá consideró que las funcionarias vulneraron el artículo 355 de la Constitución y las normas de contratación, al suscribir el convenio de asociación, figura con la que se incumplió con el deber de realizar un concurso público y seleccionar de manera objetiva y transparente la propuesta más favorable para la Administración. A la alcaldesa local se le encontró responsable de suscribir el convenio y a la profesional de proyectarlo y revisar la documentación sin advertir el desconocimiento de las normas.
