En entrevista con Mañanas Blu, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, advirtió sobre la situación crítica que enfrenta el sistema de salud y señaló la posibilidad de una crisis humanitaria debido a las decisiones del gobierno nacional. La funcionaria manifestó su preocupación por el aumento insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la falta de diálogo real por parte del Ministerio de Salud con los actores del sistema.“La crisis de salud ya no es una preocupación, sino una tragedia humanitaria”Durante su intervención, Cabello destacó que desde el año 2022 la Procuraduría ha estado solicitando al Ministerio de Salud medidas oportunas para mitigar la crisis financiera del sector. Sin embargo, el reciente incremento de la UPC en un 5,63 % ha sido insuficiente para cubrir los costos operativos de las EPS y garantizar la atención adecuada de los pacientes. “Nosotros ya no hablamos de una crisis en salud, sino de una crisis humanitaria”, afirmó Cabello, tras añadir que la situación ha derivado en la muerte de pacientes debido a la falta de atención oportuna.La procuradora recalcó que a finales de diciembre del 2024, la entidad envió un oficio al ministro de Salud, acompañado de estudios y recomendaciones de expertos para la correcta definición de la UPC, los cuales no fueron tenidos en cuenta. Cabello aseguró que la Procuraduría fue recusada por el gobierno para evitar que continuara con su labor de control, lo que entorpeció aún más el proceso.“Nosotros consideramos que el gobierno tuvo todo el año para trabajar en una mejor solución, pero prefirió recusarnos y no responder a los requerimientos que enviamos”, dijo la procuradora. Así mismo, enfatizó que esta estrategia parece haber sido deliberada.Conflictos entre la Procuraduría y el GobiernoEn otro de los apartados de la entrevista, Cabello hizo un balance de su gestión, reconociendo la difícil relación que mantuvo con el gobierno de Gustavo Petro desde el inicio de su mandato. La procuradora recordó que el presidente manifestó abiertamente su intención de eliminar la Procuraduría como órgano de control, lo que generó tensiones constantes durante su periodo.Cabello denunció que, además de las recusaciones y la falta de cooperación, el Gobierno ha presionado a la Procuraduría mediante recortes presupuestales. “Hemos tenido recortes en varias ocasiones y nos ha tocado buscar soluciones rápidas para cubrir nuestras obligaciones. Esto lo vemos como una forma de amedrentamiento”, sostuvo.Según la funcionaria, esta falta de recursos ha impactado la operación del ente de control, lo que a su juicio ha debilitado la capacidad de la Procuraduría para ejercer su función con plena independencia.Desabastecimiento de medicamentos, otra alarmaUn tema adicional que abordó la procuradora fue el desabastecimiento de medicamentos esenciales en el país. Cabello reveló que la Procuraduría ha estado exigiendo al Ministerio de Salud y al Invima que agilicen la expedición de licencias y permisos para garantizar el suministro de medicamentos, especialmente para enfermedades huérfanas y catastróficas.“La Corte Constitucional ya ordenó al Ministerio resolver el problema del desabastecimiento, pero lamentablemente no han hecho caso”, explicó. La funcionaria responsabilizó al Gobierno por el agravamiento de esta situación, argumentando que las medidas han sido insuficientes y que muchas resoluciones quedaron paralizadas tras decisiones judiciales que revocaron órdenes previas.“Hoy tenemos desabastecimiento de medicamentos y tratamientos suspendidos para enfermedades graves. Es una situación alarmante que afecta a miles de pacientes en el país”, concluyó.Una transición con incertidumbreEl próximo 16 de enero asumirá el cargo el nuevo procurador Gregorio Eljach, en medio de un escenario de incertidumbre. Cabello aseguró que la transición ha sido coordinada desde octubre del año anterior, y aunque la relación con su sucesor ha sido cordial, manifestó su preocupación por los retos que enfrentará el nuevo jefe del ente de control.Finalmente, la procuradora reiteró que durante su gestión se buscó siempre actuar con equilibrio y sin caer en provocaciones, a pesar de las constantes presiones y obstáculos.
Fuentes de la Procuraduría le confirmaron a Blu Radio que efectivamente a la procuradora Margarita Cabello le llegó la invitación para que asistiera a la posesión simbólica que tendrá lugar en Riohacha la Guajira, a Gregorio Eljach, quien fue elegido como el nuevo procurador General de la Nación.Lo que se sabe es que Margarita Cabello está en Estados Unidos, exactamente en la ciudad de Miami, y que a la posesión De Gregorio Eljach asistiría el viceprocurador Silvano Gómez, quien también está haciendo las veces de procurador encargado mientras Margarita Cabello está por fuera del país.La posesión en Riohacha está prevista para el medio día, y este será un acto simbólico porque asumirá su cargo luego de la salida de la procuradora Margarita Cabello, que está prevista para el próximo 15 de enero.Hay que decir que hubo una gran polémica por esta posesión aún y cuando Cabello aún es procuradora y la respuesta que dieron desde la Presidencia de la República es que a la procuradora actual la posesionaron cuando Fernando Carrillo aún estaba en sus funciones.“Confiemos en que lo hará bien, tendremos puertas abiertas”: procuradora a Gregorio EljachAl ser consultada sobre la elección de Gregorio Eljach como nuevo procurador General de la Nación, su antecesora Margarita Cabello le auguró "lo mejor de los éxitos" y afirmó que, "por parte de la Procuraduría General, él y su equipo encontrarán la apertura total para que reciba una institución reforzada y bien posicionada".Cabello señaló que si fue elegido por el Congreso y ternado por el presidente Gustavo Petro es porque tiene las competencias y legitimidad para ejercer el cargo."Confiemos en que lo hará bien, como en sus trabajos también lo ha hecho bien, porque el país necesita una Procuraduría fuerte, contundente, un órgano de control que revise bien la actuación del poder ejecutivo, que es su función", agregó Cabello desde Barranquilla.
La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, alertó sobre una situación que se estaría presentando en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), puntualmente en el macrocaso 11 que investiga los hechos de violencia sexual y de género y es que se estaría entregando el nombre de las víctimas a los victimarios.“Hemos advertido por parte de la Procuraduría que la JEP, la magistratura, ordenó compartir los datos personales de todas estas víctimas con los comparecientes señalados como responsables de hechos victimizantes en su contra y sus abogados”, dijo Cabello.Ante esto, la Procuraduría pidió revisar las órdenes y mantener la reserva de los datos personales.“Es un planteamiento que genera alertas, sobre todo por la seguridad de las víctimas, podría afectar la protección de las víctimas y su seguridad, especialmente en casos tan sensibles como es el del conflicto armado. Poder entregar la identidad a los comparecientes y a los propios victimarios es muy peligroso, por eso estamos solicitando que tenga cuidado con entregar esas identidades a los comparecientes”, agregó Cabello.Esta petición se hizo durante la rendición de cuentas de la Procuraduría General de la Nación en la que Cabello también manifestó que están en riesgo los derechos de las víctimas de este macrocaso al imponer que, para participar en las versiones voluntarias, deben hacerlo mediante apoderados y a través de solicitud escrita en la cual manifiesten su intención de ser observadoras o intervinientes.
La procuradora Margarita Cabello quien está por terminar su periodo como jefe del Ministerio Público se refirió en su última rendición de cuenta a la crisis del sistema de salud en Colombia, allí, la procuradora aseguró que no se limita al mal funcionamiento de las EPS e IPS, sino que impacta principalmente a los pacientes, quienes sufren las consecuencias de un sistema que los deja en el olvido. “Ellos deberían ser el centro de la atención, pero son los más perjudicados”, añadió.“La situación es crítica, nos enfrentamos a una crisis financiera y operativa que pone en riesgo el acceso y la calidad de los servicios de salud. Es aterradora la forma en que el Gobierno nacional está manejando esta problemática”, afirmó la Procuradora.La Procuradora destacó que la escasez y el desabastecimiento de medicamentos, problemas que se han intensificado desde 2022, son ejemplos alarmantes de esta crisis. Según explicó, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) insuficiente y los retrasos en el pago de presupuestos máximos han generado barreras de acceso a tratamientos fundamentales, afectando especialmente a personas con enfermedades catastróficas como cáncer, VIH, enfermedades huérfanas y crónicas.Incluso, Cabello señaló que la falta de acción del Ministerio de Salud y el Invima en la implementación de una política farmacéutica efectiva agrava esta situación.Desde la Procuraduría, se asegura que; se están adelantando las investigaciones para establecer responsabilidades y exigir medidas inmediatas que prioricen el bienestar de los colombianos.“Es aterradora la forma en que se está enfrentando la situación por parte del Gobierno nacional”, indicó la Procuradora.
Una grave alerta emitió desde Cartagena la procuradora general Margarita Cabello, quien reveló que entre 2020 y 2023 en el país se ha registrado un aumento hasta del 400% en los casos de trata de personas en menores de edad.Según reveló la jefa del Ministerio Público en su intervención en la cumbre en contra de la trata de personas que realiza la Alcaldía de Cartagena, aunque en el país aún hay subregistro en los casos, han podido documentar entre esos años 709 casos de trata.“Sabemos que esa cifra no refleja la magnitud real del problema y tenemos información que el aumento es del 400% en los casos entre menores de 12 y 17 años en los últimos años. Minería iglesia, grupos ilegal, migración, son carne fresca para este aterrador delito”, dijo.La procuradora, además, señaló una conexión de la ocurrencia de este delito con las regiones donde se presenta minería ilegal y la presencia grupos al margen de la ley.“Regiones como La Guajira, el Tapón del Darién y todas esas zonas fronterizas están claramente identificadas como focos críticos donde la pobreza, la migración irregular y el conflicto social, son utilizados por los tratantes para atrapar a sus víctimas”.A su explicó que en el contexto de la migración masiva los riesgo se están multiplicando.“No es solo el Tapón del Darién, es San Andrés, es Cúcuta, es Guanía, es Buenaventura, es nuestra frontera con Ecuador. En el último año, la Procuraduría ha emitido seis informes preventivos en estas regiones detectando múltiples hallazgos relacionados con redes de trata que operan bajo ese manto del tráfico de migrantes. Es todo un negocio, algo en financiación y alto en ingreso, de mucho ingreso para los grupos armados ilegales al margen de la ley”, detalló.En medio de su intervención, la procuradora Cabello también hizo un fuerte llamado a las entidades del Estado a invertir más recursos en la atención de las víctimas, y en la prevención de este delito, del que dijo, no se puede dejar solo en manos de los organismos internacionales.“¿Dónde están los centros especializados?, ¿Dónde están los albergues seguros?, ¿Dónde está la asistencia psicológica, la asistencia jurídica?. Hemos ido mirando en todas las entidades públicas y falta mucha sensibilidad del servidor público y las entidades públicas para ponerse la mano en el corazón y decir, establézcanos y luchemos por la creación de albergues seguros. ¿Dónde están los trabajos de reintegración social?, darle a las víctimas acceso a educación, darles empleo y darles seguridad para no recaer en este tipo de delitos que afectan y golpean la dignidad humana. Ahí estamos como Procuraduría requiriendo, les molesta que molestemos”, sostuvo.La jefa del Ministerio Público enfatizó en que la erradicación de la trata requiere un esfuerzo sostenido y coordinado entre el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional.
La procuradora general, Margarita Cabello, manifestó su postura frente a la solicitud del Gobierno nacional de que Estados Unidos indulte a 'Simón Trinidad', quien cumple una condena de 60 años en ese país por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses. Según Cabello, este delito no es amnistiable en Colombia, lo que hace que cualquier decisión sobre el tema sea más política que jurídica y dependa exclusivamente de la soberanía de Estados Unidos.Cabello destacó que Trinidad no necesita regresar a Colombia para contribuir a la verdad o a los procesos de justicia transicional, pues sus aportes pueden hacerse desde Estados Unidos. Insistió en que cualquier discusión sobre su designación como gestor de paz debe considerar el marco legal colombiano, la responsabilidad de Trinidad como excomandante de las Farc y los compromisos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La procuradora subrayó que la extradición de Trinidad fue un proceso complejo, respaldado por protocolos internacionales, y enfatizó que Estados Unidos será quien decida sobre el indulto. No obstante, señaló que en Colombia se deben priorizar las opiniones y los derechos de las víctimas afectadas por las acciones de Trinidad y las Farc.Cabello también advirtió que, independientemente de la decisión de Estados Unidos, Trinidad deberá responder ante la justicia colombiana por los procesos pendientes una vez termine su condena en el extranjero. Recordó que cualquier concesión en su favor debe ser evaluada cuidadosamente, evitando que se convierta en un acto de impunidad.Por su parte, Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), cuestionó la propuesta del Gobierno colombiano, argumentando que la presencia de 'Simón Trinidad' en el país no garantiza una contribución adicional a la verdad. Según Herrera, si los exintegrantes de las Farc cumplen con revelar todo lo que saben, la participación de Trinidad carece de trascendencia, incluso desde el extranjero.Asimismo, Herrera advirtió sobre el riesgo de convertir la figura de “gestor de paz” en un mecanismo que facilite la impunidad. A su juicio, este estatus debe estar condicionado a un compromiso real con la reparación y la verdad. Además, recordó que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que una persona que ya se benefició de un sistema de justicia transicional no debería acceder a otro, pues esto podría sentar un precedente peligroso que desvirtúe los procesos de paz.
Durante el cuarto foro sobre la realidad de la salud mental en Colombia, la procuradora General, Margarita Cabello, expresó su frustración por la ineficiencia del Gobierno nacional en la entrega de medicamentos, particularmente aquellos destinados al tratamiento de enfermedades mentales. La procuradora destacó la preocupante situación que enfrentan más de 800.000 personas que han solicitado atención por trastornos de salud mental en el país.Una encuesta realizada por la Procuraduría reveló que el 75 % de los encuestados calificó su experiencia en el sistema de salud como regular o mala, lo que pone de manifiesto las deficiencias en la atención. "Estamos cansados de presentar requerimientos ante la escasez de medicamentos psiquiátricos", enfatizó Cabello, reflejando la urgencia de abordar la crisis.El foro puso de relieve que uno de cada cuatro colombianos ha lidiado con problemas de salud mental, y hasta julio de 2024, 811.577 personas habían recibido atención en estos servicios, evidenciando un incremento del 2 %. Sin embargo, la procuradora advirtió que esta cifra es insuficiente y que se necesita una respuesta más efectiva por parte del Ministerio de Salud.Además, Cabello instó a la actualización de la resolución 4886 de 2018, que regula la atención en salud mental, y a la renovación de las encuestas de salud mental, la última de las cuales se realizó en 2015. Esta falta de datos actualizados dificulta la implementación de políticas efectivas y una comprensión precisa de la situación.
En un reciente pronunciamiento, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, informó que, hasta el momento, no se han encontrado rastros del software Pegasus ni evidencia de su compra para rastrear comunicaciones en Colombia. La declaración fue realizada en medio de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General en torno a la posible adquisición y uso de este programa que vende una empresa israelí. Cabello Blanco enfatizó que no existe ninguna partida presupuestal registrada para la compra de Pegasus, ni por parte de la Procuraduría ni del gobierno del entonces presidente Iván Duque. "No hay rastros oficiales de la existencia de este programa, ni hemos encontrado órdenes presidenciales de adquirirlo", afirmó la Procuradora.Asimismo, destacó que no se ha hallado evidencia de gastos reservados o recursos de dinero incautados destinados a este propósito. Aunque la investigación continúa, hasta el momento "no hay rastros de una compra oficial del programa, ni de que el presidente de la República haya dado orden o autorización para adquirirlo".Para avanzar en el esclarecimiento de este caso, la Procuraduría ha citado para la próxima semana al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y a representantes de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional, así como de otras divisiones, quienes deberán rendir declaración en el marco de esta investigación.
Gregorio Eljach fue elegido nuevo procurador General de la Nación por la plenaria del Senado. El ternado por el presidente Gustavo Petro obtuvo 95 votos en la elección, superando a los otros dos candidatos, Luis Felipe Henao y Germán Varón Cotrino.Eljach tomará posesión de su cargo en enero de 2025, reemplazando a Margarita Cabello Blanco, quien ha ocupado el cargo desde el 15 de enero de 2021.>>> En contexto: Gregorio Eljach es elegido como nuevo procurador general de la Nación (2025 - 2029)¿Quién es Gregorio Eljach?Eljach es considerado uno de los hombres más poderosos del legislativo colombiano, con una amplia experiencia en el Congreso. Durante sus 12 años como notario de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso, ha manejado más de 700 proyectos, asegurando el cumplimiento del reglamento y la legalidad de las iniciativas legislativas.Nacido en Fusagasugá el 12 de marzo de 1959, Eljach es abogado egresado de la Universidad del Cauca, con especializaciones en Gestión de Entidades Territoriales, Derecho Público, Derecho Constitucional y Parlamentario, y Derecho Urbano en la Universidad Externado de Colombia. También cuenta con un Máster en Gobierno Municipal en la misma universidad.Eljach llegó al Congreso en 1995 como secretario de la Comisión de Ordenamiento Territorial, bajo la presidencia de Aurelio Iragorri Hormaza. Ha participado en la creación de códigos de Ética y Disciplinario, y en importantes reformas del Estado, el Sistema Judicial y el equilibrio de poderes.
El representante a la Cámara David Racero es señalado de pedirle parte de su sueldo a una mujer de su Unidad de Trabajo Legislativo y además poniendo a atender un fruver a otro de sus colaboradores de la UTL. Tras este escándalo que estalló el fin de semana tras una publicación en la que muestran una serie de mensajes de WhatsApp en los que el congresista estaría pidiendo ese dinero, la procuradora, Margarita Cabello, anunció una indagación preliminar contra el congresista. La Sala Disciplinaria de Instrucción informó que, de acuerdo con versiones publicadas en medios de comunicación, el parlamentario habría exigido a una de sus asesoras que le entregara parte del salario que percibía en ese momento."Con el desarrollo de esta etapa procesal y la solicitud de pruebas hecha por el Ente de control se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si el servidor actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad", señaló la Procuraduría. En los mensajes se lee que Racero habría pedido a Estefanía Montoya, quien hizo parte de su unidad de trabajo en 2019 pagar a otro asesor llamada Yidis Gahona, la suma de $3.500.000 de un total de $8.158.000 que sería su salario.De acuerdo con el representante, los mensajes reflejan transacciones personales, préstamos de dinero entre él y Montoya, sin embargo, la explicación no concuerda con las cifras mencionadas, lo que deja abierta la posibilidad de que se haya pedido parte del sueldo a la asesora.
