A 10 años de casa por cárcel fueron condenados los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales por haber participado en las chuzadas ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia, hoy directora del DPS.Los patrulleros aceptaron los cargos por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal. Según la patrullera Canizalez, solo recibió órdenes de sus superiores: “Sin embargo, quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas, situación de la que estoy totalmente arrepentida al perder mi libertad, pase situaciones muy difíciles, por eso pido perdón”, expresó.Durante la audiencia del caso, Marelbys Meza le contó a la jueza cómo cambio su vida luego de que estallara este escándalo que involucra a la directora del Dapre, Laura Sarabia.>>> Lea también: Chuzadas Marelbys Meza: policía dice que la orden la dieron desde Presidencia“A partir de ese momento mi vida cambió, la salud de mi familia, yo siempre he dicho que no he robado nada”, aseguró Meza.Además, tras varias preguntas por parte de la fiscal del caso, Marelbys Mesa también indicó que la persona que le realizó la prueba del polígrafo le dio un mensaje que supuestamente le había enviado Laura Sarabia.Escuche el informe completo aquí: “Pero antes de comenzar el polígrafo, el señor del polígrafo me dice: Le manda a decir la jefa, o sea, la doctora Laura, que si se gastó algo de plata devuelta el resto”, señaló Marelbys a la juez.
Noticias Caracol reveló en exclusiva el testimonio de Alfonso Quinchanegua, uno de los policías implicados en las chuzadas a Marelbys Meza cuando se desempeñaba como niñera de Laura Sarabia, luego de la pérdida de un maletín con una suma de dinero en la casa de la entonces jefe de gabinete de Presidencia.El ahora testigo de la Fiscalía contó detalles de cómo se realizaron estas interceptaciones ilegales a estas mujeres. Añadió que cumplió con la orden que, supuestamente, venía de Presidencia, por miedo a represalias."En la reunión, cuando estuvimos el señor mayor Duván y los demás personal, obviamente manifestaron que tocaba interceptar, pero el señor mayor era insistente en que se debía hacer o hacer esa interceptación a esos números para obtener esa información, porque, lo que le manifiesto, doctora, la orden era de Presidencia, o el caso era de Presidencia”, dijo Quinchanegua en su confesión ante la Fiscalía.El testigo hace referencia a la reunión del 2 de febrero de 2023 que se realizaron en el piso 13 del edificio de la Dian, cerca del Palacio de Nariño, donde estaban presentes otros miembros de la Policía como el fallecido coronel Óscar Dávila, quien, según el dictamen de Medicina Legal, se quitó la vida con el arma de dotación de su conductor al interior de un vehículo, y el mayor Duván Muñoz.“Una ampliación de denuncia a la señora Laura Sarabia, mediante llamada telefónica, porque ahí hacían el enlace y una vez allá, en el piso 13, no fue así. Lo único que se hizo fue enviarle un cuestionario que yo llevaba listo al correo del señor coronel Dávila. Se le envió ese cuestionario para que, por intermedio de él, ella contestara ese cuestionario”, añadió Alfonso Quinchanegua.Además, según el testimonio de este policía, el mayor Duván Muñoz habría sido el encargado de realizar el falso informe en el que se señalaban a las exniñeras de Laura Sarabia como integrantes del Clan del Golfo para poder realizar las interceptaciones ilegales y, posteriormente, dar con el dinero que se perdió en la maleta.
Cerca de seis horas duró la audiencia del caso por las interceptaciones ilegales a la exniñera Marelbys Meza, ella fue citada como testigo dentro de su caso y allí le contó a la juez cómo cambio su vida luego de que estallara este escándalo que involucra a la directora del Dapre, Laura Sarabia.La exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza, fue citada como testigo dentro de su caso por las intercepciones ilegales de las que fue víctima: “A partir de ese momento mi vida cambió, la salud de mi familia, yo siempre he dicho que no he robado nada”, aseguró Mesa.Tras varias preguntas por parte de la fiscal del caso Marelbys Mesa también contó que la persona que le realizó la prueba del polígrafo le dio un mensaje que supuestamente le envío Laura Sarabia, “Pero antes de comenzar el polígrafo, el señor del polígrafo me dice: Le manda a decir la jefa, o sea, la doctora Laura, que si se gastó algo de plata devuelta el resto”, señaló Marelbys a la juez.Durante la diligencia en horas de la mañana, la juez 53 penal del circuito con función de conocimiento decretó la ruptura procesal por el delito de violación de datos personales a los patrulleros Alfonso Quinchanegua y Alejandra Canizales, por otro lado, los procesados por las chuzadas en contra de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, firmaron un principio de oportunidad y un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.Fue fijada una nueva fecha para escuchar otros testigos dentro de este polémico caso, será el 20 y 21 de noviembre.
La juez 53 penal del circuito con función de conocimiento decretó la ruptura procesal por el delito de violación de datos personales a los patrulleros Alfonso Quinchanegua y Alejandra Canizales, por otro lado, los procesados por las chuzadas en contra de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, firmaron un principio de oportunidad y un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.Fue precisamente la fiscal del caso Cindy Hernández, quien en medio de la diligencia confirmó que se están tramitando los principios de oportunidad, y que ya cuentan con el aval de los representantes de las víctimas, por ello se solicitó la ruptura procesal a Canizales y Quinchanegua.Según explicó la delegada de la Fiscalía, los patrulleros se convertirán en testigos claves dentro de la investigación que se adelanta contra otros uniformados y particulares, por las chuzadas.Por un lado, el patrullero Alfonso Quinchanegua aceptó cargos por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en el caso de las interceptaciones ilegales a la exniñera Marelbys Meza, Alejandra Canizales también la otra patrullera implicada aceptó cargos ante la justicia.En medio de la audiencia, la patrullera Alejandra Canizales afirmó que solo recibió órdenes de sus superiores: “Sin embargo, quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas, situación de la que estoy totalmente arrepentida al perder mi libertad, pase situaciones muy difíciles, por eso pido perdón”, expresó Canizales.Por último, en los preacuerdos, la Fiscalía se comprometió a degradar las conductas delictivas de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal y falsedad material en documento privado.
Marelbys Meza, ex niñera de la hija de Laura Sarabia, actual directora del DAPRE, se encuentra en el centro de una serie de procesos judiciales derivados del presunto robo en la residencia de Sarabia. Las acciones presuntamente ilegales por parte de varios policías han generado tres casos distintos, uno de los cuales se acerca a lafase de juicio.En el primer caso, varios policías están siendo procesados por delitos relacionados con interceptaciones ilegales. Entre los involucrados se encuentran Carlos Andrés Correa, John Freddy Morales Cárdenas y Danna Cañizales. Se les acusa de fraude procesal, falsedad ideológica y material en documento público, así como violación ilícita de comunicaciones. Estos delitos son graves, y todos los acusados se encuentran bajo detención domiciliaria en Facatativá, Cundinamarca, en una guarnición policial. El juicio de uno de los acusados, Andrés Alfonso Quinchanegua, está programado para el 11 de septiembre de 2024.En esta línea la Fiscalía avaló un principio de oportunidad a Cañizales que suspende la persecución penal por un año a cambio de que testifique en los otros casos y entregue información que aporte a la investigación y permita acercarse a las personas que dieron la orden de hacer las interceptaciones. No se descarta que los otros policías busquen un preacuerdo.El segundo caso se centra en la aplicación de polígrafos a Meza, entre ellos están los policías John Sacristan Bohorquez, Duván Muñoz, el capitán Elkin Gómez y el coronel Carlos Feria.En este proceso, la audiencia de acusación fue revocada por el Tribunal Superior de Bogotá debido a un conflicto de jurisdicciones que actualmente está siendo resuelto por la Corte Constitucional. La controversia gira en torno a si el caso debe ser manejado por la jurisdicción penal militar o la jurisdicción ordinaria. Hasta que la Corte tome una decisión, el proceso está congelado.La situación se ha complicado debido a acusaciones adicionales relacionadas con el trato a Meza después de las pruebas de polígrafo que afectan al mayor Duván Muñoz, quien es señalado de haberle quitado el celular a Meza y ejercer presión sobre ella.Estos casos han puesto en entredicho la actuación de varios miembros de la Policía, quienes supuestamente actuaron al margen de la ley tras las acusaciones iniciales contra Meza. Las decisiones que tomen los tribunales y la Corte Constitucional serán cruciales para determinar la responsabilidad de los involucrados y el curso de estos procesos judiciales.
Nuevos desarrollos han surgido en la investigación sobre las interceptaciones ilegales de las que habría sido víctima Marelbys Meza, exniñera de la hija de Laura Sarabia, actual directora del Dapre. Los policías involucrados en el caso, que señalaron de manera errónea a Meza de tener vínculos con el Clan del Golfo para justificar el acceso a sus comunicaciones, están dispuestos a cooperar con la justicia.Entre ellos, el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua podría recibir un principio de oportunidad que la fiscal Luz Adriana Camargo está a punto de avalar, el cual será presentado ante un juez en los próximos días. Este principio permitiría a Quinchanegua colaborar con la Fiscalía a cambio de beneficios legales.Por su parte, el subintendente John Fredy Gómez Bustamante ha llegado a un preacuerdo que le permitiría continuar en sus funciones policiales mientras avanza la investigación.Cabe mencionar que el intendente Quinchanegua enfrenta un proceso penal adicional por presunta falsedad material en documento público. Se le acusa de haber instruido a un patrullero para alterar el testimonio de Meza, quien fue sometida de manera irregular a un polígrafo en los sótanos cercanos a la Casa de Nariño, relacionado con la pérdida de dinero en la residencia de Sarabia.La revista Semana reveló recientemente la confesión del patrullero José Sebastián López Herrán, quien afirmó que se desaparecieron pruebas y que altos cargos de la Policía le ordenaron modificar la entrevista inicial que realizó a Meza. Estos testimonios podrían ser cruciales para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
Este viernes, 12 de julio, se conoció una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que suspende el proceso en contra de los policías involucrados en la práctica irregular del polígrafo en Casa de Nariño a la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza.Se trata de los policías coronel Carlos Feria y sus subalternos John Sacristán Bohórquez y Elkin Gómez.El Tribunal dijo que se abstuvieron de resolver las quejas por los abogados luego de que la Fiscalía realizara la acusación partiendo de la base de que está pendiente que la Corte Constitucional resuelva el conflicto de jurisdicción que existe.Incluso, el Tribunal manifestó que la juez erró al negar la oportunidad a los defensores para que se pronunciaran frente al tema, y quiso saber que el trámite adecuado era suspender la actuación hasta tanto se definiera la jurisdicción.En ese orden de ideas, la actuación del Tribunal queda suspendida y no resolverá las quejas presentadas hasta tanto sea la Corte Constitucional la que se encargue de dirimir el conflicto."Por ello, en este caso, no puede considerarse ilegítimo ni dilatorio el proceder de los defensores de los imputados cuando acudieron a la justicia penal militar, ni menos es procedente poner en entredicho el trámite adelantado por aquella jurisdicción”, dice el fallo.Asimismo, se conoció un pronunciamiento de la defensa del mayor Duván Muñoz, quien también está implicado en los hechos que ocurrieron en 2023 pero que inició meses después del proceso inicial con los otros tres uniformados.“Celebramos la decisión del Tribunal, que respalda la teoría de la defensa y garantiza los derechos fundamentales en cabeza del mayor Duván Muñoz y los demás investigados”, expresó Jorge Ramírez, abogado del mayor Duván Muñoz.
Un año y medio después de la polémica práctica del polígrafo a Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, este lunes 24 de junio se realizó una diligencia importante en este caso.Recordemos que la justicia penal militar, viene desde el pasado mes de marzo reclamando la competencia para juzgar al coronel Carlos Feria y a sus subalternos Elkin Gómez y John Sacristán Bohórquez.Sin embargo, de momento el caso sigue por la justicia ordinaria a cargo de la Fiscalía, que acusó formalmente a los policías por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.Es decir, que van camino a un juicio por presuntamente haber coordinado una retención a Marelbys Meza. No obstante, la última decisión la tomará la Corte Constitucional sobre de quién corresponde juzgar a los policías, pues el argumento principal de la JPM es que los hechos investigados se realizaron durante el servicio policial.El pasado 19 de abril, tras culminar la acusación sobre los hechos que se presentaron en enero de 2023, se definió que en septiembre van a iniciar las audiencias preparatorias para determinar qué pruebas van a entrar a juicio.Más de 15 policías de la Dijín ingresan al edificio Galán para reconstruir los hechos de esa práctica del polígrafo en donde según afirmaciones de Marelbys Meza fue objeto de intimidaciones por parte de los uniformados que intentaron que ella se autoincriminara por haber tomado un dinero de la casa de la actual directora del Dapre, Laura Sarabia.
En una audiencia reciente, la jueza 53 determinó que Marelbys Meza, Fabiola Perea, Johnson Pineda, la fiscal Marbel Morales y el fiscal Óscar Gutiérrez sean considerados víctimas en la investigación a las chuzadas a la exniñera de Laura Sarabia. Sin embargo, la defensa de los policías, a cargo de Miguel Ángel del Río, apeló esta decisión argumentando la falta de claridad sobre los daños sufridos por las supuestas víctimas.El Tribunal Superior de Bogotá deberá responder a esta apelación en el desarrollo del caso. Los elementos de prueba recabados sugieren que Alfonso Quinchanehua habría instruido a Dana Canizales para alterar partes de una entrevista realizada a Marelbys Meza en relación con la pérdida de dinero en la residencia de Laura Sarabia en enero de 2023.El informe resultante de esta manipulación incluyó detalles sobre el uso de un servicio de transporte privado por parte de Meza después de su jornada laboral, utilizado aparentemente para justificar una declaración atribuida a un conductor de plataformas virtuales de transporte. Las investigaciones indican que Quinchanehua habría presionado a Canizales, tanto verbalmente como a través de mensajes, para que procediera de manera irregular.Este nuevo delito, por el cual Quinchanehua enfrenta acusaciones adicionales, se suma a los cargos previos de fraude procesal y falso testimonio, los cuales hasta ahora ha negado.El caso de las supuestas chuzadas a Marelbys Meza continúa generando atención y debate en el ámbito legal y público, ya que pone de manifiesto la importancia de garantizar la integridad y el respeto a los derechos fundamentales en las actuaciones policiales.
Este lunes 22 de abril, la Fiscalía General de la Nación realizó la cuarta imputación en el marco de las investigaciones que se adelantan en contra de los policías que habrían practicado de manera irregular a Marelbys Meza la exniñera de Laura Sarabia.Se trata del Mayor Duvan Muñoz por el delito de constreñimiento ilegal. El oficial es señalado de haber intimidado en varias ocasiones a Meza con la intención de que ella confesara si se había robado un dinero que estaba en la casa de la actual directora del Dapre.Durante la audiencia, la juez 14 penal de control de garantías se refirió a la solicitud de la defensa a cargo del abogado Jorge Ramírez de que el caso fuera trasladado a la Justicia Penal Militar.Fiscalía acusó a los policías que habrían ‘chuzado’ el teléfono de Marelbys MezaAl respecto la juez no vio impedimentos para continuar la diligencia por dos motivos, el primer argumento fue que el proceso que actualmente estudia la Corte Constitucional sobre los otros policías, el coronel Carlos Feria, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez, y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez no se menciona el nombre del mayor Muñoz, el segundo argumento es que la solicitud presentada no es una orden oficial de un juez de la Justicia Penal Militar.Sobre este asunto, el abogado Ramírez reiteró que era necesario intentar resolver este problema ante la Corte Constitucional para evitar que en el futuro se den nulidades.Dijo el abogado Ramírez que podrían verse violados los derechos fundamentales de su cliente. Sin embargo, la audiencia se realizó tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y la Procuraduría. Al respecto, el abogado Iván Cancino señaló que no se hizo la solicitud de nulidad bajo el debido proceso.“La Fiscalía desestimó la solicitud de Ivan Cancino de imputar tortura y se sostuvo en que la única conducta a investigar era el constreñimiento ilegal. La defensa reclama que existe un conflicto de jurisdicciones porque está siendo llamado a responder judicialmente por dos fiscales de distintas jurisdicciones. No puede ser legal una imputación cuando dos fiscales por los mismos hechos están persiguiendo al Mayor, ni si quiera él lo entiende y así lo expresó en la audiencia” Jorge Ramírez abogado del mayor Duvan Vásquez.Polígrafo Marelbys Meza: Fiscalía acusará al coronel Carlos FeriaEl próximo 19 de junio se llevará a cabo la audiencia de acusación contra el coronel Carlos Feria por la práctica del polígrafo a Marelbys Meza, la exniñera de la actual directora del Dapre, Laura Sarabia.En este caso también serán acusados el pasado 20 de marzo, la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de Feria, Gómez y Sacristán ante el juzgado 14 penal del Circuito de conocimiento de Bogotá.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
El Metro de la 80 en Medellín es una obra de más de 13 kilómetros que conectará a la ciudad entre las estaciones Caribe y Aguacatala en el sistema actual, por nuevas rutas que comprenden 17 estaciones por el occidente de la ciudad.Aunque traerá beneficios en materia de movilidad para la ciudad, hoy los recursos enredan el proyecto. En el 2020 se suscribió un convenio por ley de metros y quedó establecido que el gobierno aportaría el 70 % de la plata, mientras que el otro 30 la Alcaldía de Medellín.“Ya lo que son las vigencias futuras, el Distrito ya cumplió, ya les cumplimos a tiempo. Más de 70.000 millones de pesos y el Gobierno nacional tenía que haber puesto 483.000 millones de pesos y no han llegado”, señaló el alcalde Federico Gutiérrez.Por su parte, el concejal de Medellín Alejandro De Bedout realizó un derecho de petición al Gobierno nacional haciendo esta misma pregunta y desde el Ministerio de Hacienda admitieron que “los recursos no han sido asignados, toda vez que están sujetos a la disponibilidad de caja de Nación, como es de conocimiento público, el incumplimiento en las metas de recaudo durante la presente vigencia ha obligado a replantear las metas en el gasto”, afectando así al Metro de la 80.“Tengo información que, al Metro de Bogotá, que es una obra también muy importante bajo la ley de metros 7030, ya le hicieron los desembolsos. 600.000 millones de pesos ha recibido el Distrito de Bogotá por parte de la Nación y viene cumpliendo. ¿Por qué con Medellín y Antioquia no? ¿Cuál es el odio que hay con Medellín y con esta región?”, dijo el concejal.A su vez, el Metro de Medellín señaló que los recursos de la obra están garantizados porque se hizo un préstamo con entidades bancarias. Esto quiere decir que, si el Gobierno no cancela la deuda de 483.000 millones de pesos el 31 de diciembre, el metro podría entrar en una crisis por cuenta de esos créditos.“La entrega de recursos por parte del Gobierno nacional y el Distrito se van a mayor plazo para eso fue necesario tener un crédito para poder ejecutar el proyecto este crédito nos da nosotros la salvedad que vamos a tener el flujo de caja para cumplir con todas nuestras obligaciones. Sin embargo, es muy importante y estamos esperando los recursos del Gobierno nacional para poder cubrir con las obligaciones estos 483.000 millones de pesos y las cifras que nos tiene que entregar el año 2025-2026 cubrir no solamente las condiciones del crédito, sino también todos los recursos y el flujo de caja que vamos a tener después de los créditos”, explicó Antonio Toro, profesional de la empresa de transporte.Otro de los problemas es el de los moradores, que no ven justos los avalúos de las viviendas que tienen que ser adquiridas para la construcción del proyecto.“Los avalúos que nos están presentando en estos momentos son avalúos que están en un 50% o 60% por debajo del valor comercial de cada una de las propiedades. Están basados en una zona geoeconómica homogénea de las cuales el alcalde Federico cambió una ley de orden nacional a un decreto distrital para que esta zona fuera en la base para los avalúos que nos están presentando”, indicó Luis Bernal, uno de los afectados por las obras.El Metro de la 80 también tiene un déficit de 1.1 billones de pesos, desagregados de un desfase financiero de 510.000 millones de pesos y la necesidad de construir intercambios viales con otros 665 mil millones de pesos.Ahora, la preocupación es que el Gobierno nacional se atrase con este pago de 2024 y de ahí en adelante se acumulen los de 2025 por 497.000 millones y 2026 por 512.000 millones de pesos. La obra va en un 27 % de ejecución y se estima que inicie operación comercial en 2028.
En un hito significativo para la aviación en Colombia, este 21 de noviembre llegó al país el nuevo avión de la flota de Satena, la aerolínea estatal de Colombia, que espera la incorporación de siete aeronaves adicionales en los próximos meses. Se trata de su primer avión Twin Otter DHC-6 Serie 400 de matrícula FAC-1400 y HK-5452-X. Este equipo es el primero de una flota de ocho aeronaves destinadas a mejorar la conectividad en las zonas más apartadas del país. El mayor General Óscar Zuluaga, presidente de Satena, encabezó la recepción de la aeronave, que representa un salto tecnológico y operativo para la aerolínea estatal. Este avance marcó un momento crucial para la conectividad aérea en el país, especialmente en aquellas regiones remotas donde las opciones de transporte son limitadas.Aeronaves diseñadas para superar desafíosEl nuevo avión incorporado es una aeronave tipo STOL (Short Take-Off and Landing), especialmente diseñada para operar en pistas cortas y no preparadas, ideales para acceder a regiones apartadas con difíciles condiciones geográficas y climáticas. Además, cuenta con tecnología avanzada que prioriza la seguridad operacional, uno de los pilares fundamentales de la aerolínea.Satena promete tarifas más accesibles Uno de los aspectos más destacados es el impacto económico positivo para los pasajeros. Los vuelos regulares y programados de Satena tendrán tarifas que oscilarán entre $180.000 y $250.000 pesos, dependiendo de la distancia. Esto no solo hace el transporte más asequible, sino también más predecible y organizado, eliminando la especulación de precios en regiones de difícil acceso."Con estas aeronaves, los colombianos podrán viajar a regiones apartadas de manera económica y segura, sabiendo que cuentan con su aerolínea para conectarlos con el resto del país", concluyó Zuluaga.Las tripulaciones que volarán este equipo, en su mayoría compuestas por pilotos militares de la Fuerza Aérea Colombiana, han recibido un riguroso entrenamiento en Calgary, que incluyó simuladores avanzados de clase D, asegurando que las operaciones se realicen bajo los más altos estándares de seguridad.
Las redes sociales, especialmente plataformas como TikTok, se han convertido en el escenario de historias sorprendentes que rápidamente se viralizan. Entre ellas, se destacan aquellas que exponen situaciones de infidelidades, generando reacciones de todo tipo entre los usuarios. Una de las historias más impactantes fue compartida por Luci (@luciiabar), quien reveló la desgarradora experiencia de descubrir que su novio, con quien llevaba casi una década de relación, le había sido infiel. Lo más sorprendente, la confundió con su amante.En un video de poco más de dos minutos, Luci contó cómo, a pesar de haber defendido siempre la idea de no revisar el celular de su pareja, después de lo sucedido lamentó no haberlo hecho antes. Según cuenta, la relación comenzó a dar señales de alerta cuando su novio decidió cambiar de celular, lo que provocó que perdiera todos los números almacenados en su agenda. Fue en ese momento cuando, mientras ambos se encontraban en el auto, él le pidió que le enviara un mensaje para guardar su número."Hey, lindo, ¿cómo estás?", escribió Luci, sin imaginar que ese simple gesto desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida.Poco después, su novio le respondió de manera inusual: “No puedo hablar ahora, te llamo más tarde”. Aunque la respuesta le pareció extraña, no le dio mayor importancia, ya que su pareja solía hacer este tipo de bromas. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando llegaron a su departamento. Él se encerró en el baño, y Luci, mientras tanto, recibió un mensaje que la dejó perpleja: “¿Qué haces? (…) Estoy re-caliente. ¿No quieres que nos veamos esta noche?”.Creyendo que se trataba de una broma más de su novio, Luci decidió seguir la conversación. Pero la sorpresa fue mayor cuando, al salir del baño, él comenzó a actuar de manera extraña, diciendo que no se sentía bien y queriendo irse del lugar. Fue entonces cuando Luci envió otro mensaje y descubrió la cruel verdad: su novio pensaba que estaba hablando con otra mujer.Finalmente, él confesó haber mantenido una relación con otra mujer durante los últimos dos años y le reveló que no podía decidirse entre ambas. Sin entrar en confrontaciones, su pareja asumió su error sin mayores disculpas. “Es mi novio de hace ocho años”, reflexionó Luci, aún procesando el dolor de la traición.
