La Fiscalía General de la Nación formulará cargos a Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía entre 2008 y 2015, y los brasileños Eleuberto Martorelli, Eder Paolo Ferracuti, Luis Antonio Bueno Junior, Yesid Arocha, Luis Batista, entre otros, por el millonario entramado de corrupción con el cual, según el ente acusador, directivos de la empresa habrían creado una empresa criminal para entregar más de 80.000 millones de pesos en sobornos en Colombia.“La evidencia física recolectada permite, con suficiencia probatoria, establecer que desde la sede matriz de la empresa en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas que estaba dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo y con lo cual consolidaron su accionar delincuencial”, señaló la Fiscalía.Dicho modelo, según lo revelado por la Fiscalía este jueves, se replicó en Colombia y para ello, “contaron con la ayuda de altos funcionarios del Gobierno, como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios públicos de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares, quienes realizaron actuaciones ilegales que favorecieron a la multinacional brasileña”.Y es que, de acuerdo con la descripción de los hechos que hace la Fiscalía, durante un período que se extiende por al menos ocho años, la multinacional Odebrecht, líder del Consorcio encargado de la ejecución de la Ruta del Sol II, se involucró en una apropiación indebida de recursos públicos en su propio beneficio, así como en el desembolso de sobornos que ascendieron a más de 80.000 millones de pesos.Odebrecht formalizó la firma del contrato de concesión para el Proyecto Ruta del Sol, tramo II, el 14 de enero de 2010, con un valor de 2 billones de pesos. Dicho acuerdo tenía como finalidad la construcción y gestión de 528 kilómetros de infraestructura vial que conectarían las regiones central y norte del país. En relación con esta adjudicación, se detectó que se efectuaron pagos de sobornos por un total de 11.493 millones de pesos. La pesquisa reveló que estos fondos fueron recibidos por un exviceministro que ya ha sido condenado por su participación."Una vez aprobada la adición, para direccionar el dinero para el pago de los sobornos fue implementado un modelo de subcontratación y tercerización de actividades. De esta manera se habría suscrito contratos de actividades inexistentes, las cuales no fueron ejecutadas, si cobradas con sobrecostos y soportes falsos", agregó la Fiscalía en un comunicado.Además de Marcelo Odebrecht, presidente del conglomerado Odebrecht entre 2008-2015, la Fiscalía también formulará cargos a otros directivos de la compañía como “presuntos determinadores y articuladores de la apropiación ilegal de recursos públicos”.En la lista están el presidente de la Concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracutti; Luiz Antonio Mamerri, Eleuberto Antonio Martorelli, Luiz Antonio Bueno Junior, Ricardo Paredes, Yezid Augusto Arocha, Amilton Hideaki Senday, Luiz Batistas Filho, Marcio Marangonni, Manuel Ricardo Cabral Ximenez y Luiz Claudio Texeira. Todas serán imputadas por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.Puede ver:
Este miércoles, después de tres intentos, finalmente la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público al exdirector de Invías Daniel García Arizabaleta, por recibir dineros de Odebrecht para favorecer a la multinacional Odebrecht en contratación pública en el país. El exfuncionario no aceptó los cargos y se declaró inocente.“Soy inocente, creo que este es un tema político y no acepto cargos”, indicó el exfuncionario.García Arizabaleta fue director del Invías entre los años 2007 y 2009 y fue destituido por la Procuraduría por modificar los requisitos para ocupar esa dirección.La Fiscal del caso explicó que García recibió dineros por dos contratos con la empresa Consultores Unidos que pertenecía a Odebrecht y a través de los cuales se quiso disfrazar una prestación de servicios que nunca se hizo y que permitieron un enriquecimiento ilícito de su patrimonio en 360 millones de pesos.El primer contrato, según la Fiscalía, fue firmado el 25 de febrero de 2009 y en virtud del cual García cobró nueve cheques por diferentes valores por servicios que no prestó y que fueron al parecer por favorecer a la multinacional.“Para el 25 de febrero de 2009 usted, señor García Arizabaleta, aún se desempeñaba como director del Instituto Nacional de Vías, que los valores cobrados por usted fueron presentados a la empresa consultores unidos SA a través de facturas de cobro u órdenes de pago radicadas en un número de nueve cuentas”, explicó la fiscal del caso.De esta manera, García afrontará un juicio por enriquecimiento ilícito que le podría significar una pena hasta de 15 años de prisión, ya que no aceptó cargos y no obtendrá beneficio de rebaja alguno.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca el camino de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia:
El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda de acción popular, que buscaba que no se otorgaran los principios de oportunidad a favor de exdirectivos de Odebrecht, anunciados por la Fiscalía en el 2017.La misma entidad precisó en ese entonces que el posible beneficio estaría condicionado a que los indiciados pagaran a la Nación más de 32.000 millones de pesos, como resarcimiento a los perjuicios causados por la constructora.La demanda aspiraba a que la Fiscalía General de la Nación se viera obligada a negociar nuevamente el reconocimiento de los principios de oportunidad, incluyendo una suma de $32.000 millones por los daños generados al Estado colombiano debido a las irregularidades en la ejecución de contratos de obra como la Ruta del Sol II y la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas, calculados por los demandantes en más de 505.000 millones de pesos.Según el demandante, en diciembre del 2016 el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Fiscalía para el Distrito este de Nueva York pusieron en evidencia que, entre el 2009 y el 2014, la empresa sobornó a numerosos servidores estatales en Colombia, para asegurarse la adjudicación de diversos contratos de infraestructura, tal y como lo hizo en otros países del mundo.Esto motivó el anuncio de la Fiscalía General de la Nación, para cesar las acciones penales en su contra, a cambio de su colaboración en las investigaciones relacionadas con este caso.Para el demandante, esta acción de la Fiscalía materializó la “violación a los derechos colectivos, a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público”. Por lo que interpuso la demanda.Cuando el caso llegó al Consejo de Estado, el alto tribunal determinó que esta demanda era improcedente, porque es potestad de la Fiscalía negociar con los indiciados el perdón judicial a cambio de colaboración en el esclarecimiento de la verdad y en el resarcimiento de las víctimas.En este caso, el Consejo de Estado mencionó que, esos acuerdos deben estar sometidos ante un juez de control de garantías, quien debe verificar si ese acuerdo viola o no, derechos e intereses colectivos y fundamentales. En su momento. El juez definirá sí hay cabida a eventuales principios de oportunidad.El Consejo de Estado también se pronunció frente a la presunta vulneración de los derechos colectivos originados por el anuncio de un posible principio de oportunidad al expresidente de Odebrecht, Eleuberto Antonio Martorelli, por un presunto soborno de más de 4 millones de dólares al exsenador Otto Bula.“Carencia de objeto por hecho superado, ante la evidencia de que el acuerdo no fue aprobado por la justicia penal”, declaró el alto tribunal.Es decir, que desaparece la justificación de la demanda, porque ya los hechos que la motivan, desaparecen debido a que un juez de garantías rechazó el principio de oportunidad.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca el impacto de los recientes acontecimientos de la campaña del Pacto Histórico:
El grupo brasileño Odebrecht, que hace seis años se implicó en un escándalo internacional de corrupción, anunció este viernes que ha decidido alterar su nombre comercial y que pasará a llamarse Novonor a partir de ahora."No estamos borrando el pasado. El pasado no se borra. Pasado es exactamente lo que es, pasado", dijo en un comunicado el accionista mayoritario del grupo, Mauricio Odebrecht."Después de todo lo que promovimos en cambios y corrección de rumbos, estamos ahora mirando hacia lo que queremos ser. Una empresa inspirada en el futuro. Ese es nuestro nuevo norte", agrega la nota.El comunicado hace referencia a los nuevos mecanismos de buenas prácticas empresariales adoptados tras el escándalo de la operación anticorrupción Lava Jato, que destapó una serie de negocios sucios que implicaban a Odebrecht y otras compañías, así como a políticos tanto de Brasil como de una decena de países.Según la nota, esos "cambios de procesos internos" y "métodos de actuación" están ahora "rigurosamente dirigidos por la ética, la integridad y la transparencia".El nuevo nombre Novonor englobará a las seis empresas del grupo, que emplean a cerca de 25.000 personas y actúan en los sectores de ingeniería y construcción, movilidad urbana y carreteras, petróleo y gas, inmobiliario, petroquímica y la industria naval.El proceso de reestructuración del conglomerado empresarial llevó incluso a que, en 2019, solicitara el que hasta ahora fue el mayor concurso de acreedores de la historia de Brasil, con una deuda que fue cifrada en unos 100.000 millones de reales (20.000 millones de dólares).Odebrecht surgió en 1944, fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht como empresa familiar y volcada inicialmente al área de la construcción, aunque con el tiempo amplió sus negocios de una forma vertiginosa y llegó a ser uno de los mayores conglomerados del país, con operaciones en toda América, África, Europa y Oriente Medio.
La líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este sábado que el brasileño Marcelo Odebrecht "especula" cuando en noviembre pasado declaró a un equipo de fiscales peruanos que su empresa colaboró en la financiación de su campaña electoral. "Marcelo Odebrecht en mi caso especula, muestra intenciones, pero no hechos. No me conoce, ni me dio dinero", señaló Fujimori en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter con el lema "Que no te confundan". La hija mayor del indultado expresidente Alberto Fujimori agregó que en las declaraciones de Odebrecht "ante la pregunta: ¿sabe si el pago fue realizado a ella? Respondió contundente: no". Odebrecht declaró que "con certeza" su empresa apoyó a políticos peruanos como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, según reveló hoy el portal de investigación periodística IDL-Reporteros, que publicó por primera vez el audio y la transcripción de la declaración. Le podría interesar: Odebrecht dice que apoyó a políticos peruanos como Keiko, García, Toledo y Humala Al referirse a Fujimori, Odebrecht sostuvo que le dijo a su entonces representante en Perú, Jorge Barata, "que apoye más a Keiko para hacer el mismo proceso de Venezuela". "Y puse lo de Venezuela (como ejemplo), porque nosotros hacíamos eso en Venezuela. La manera de evitar a la oposición, era justamente atender sus necesidades en campaña. Entonces fue ese tipo de conversación", acotó. Keiko rechazó en los últimos meses haber recibido una financiación de Odebrecht después de que se revelara que existía una anotación del empresario que decía "Aumentar Keiko 500". Odebrecht sostuvo en su declaración que nunca llegó a encontrarse con la entonces candidata y aunque dijo que Barata tiene la información sobre si se entregó la financiación considera que "es casi seguro" que hubo una "contribución a su campaña y al partido", y que su anotación se refería "con seguridad" a 500.000 dólares.
El magnate Marcelo Odebrecht, implicado en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, salió el martes de una cárcel de Curitiba (sur) donde purgaba una pena de diez años para pasar a régimen de prisión domiciliaria, constató un reportero de AFP. Odebrecht, de 49 años, cuyas confesiones hacen tambalear a varios gobiernos en América Latina, fue trasladado en un automóvil 4x4 de color negro, con escolta, hasta el juzgado donde debe colocársele una tobillera electrónica. Desde allí se espera que vaya a su domicilio en Sao Paulo (sudeste), de donde no podrá salir más que en contadas ocasiones y recibir un número limitado de visitas. Su traslado desde la prisión estaba ya previsto. Apodado "el príncipe", Marcelo Odebrecht dirigió la mayor constructora de América Latina, responsable de obras en todo el mundo, desde el estadio del equipo de baloncesto Miami Heat hasta usinas hidroeléctricas en Angola.Le puede interesar: Andrés Felipe Arias acompañó a Uribe y García Morales en reunión con Marcelo OdebrechtEs nieto del fundador y tercera generación de presidentes del grupo que formó un conglomerado con actividades en otros sectores, como ingeniería, agricultura y petroquímica. El derrumbe se inició el 19 de junio de 2015, cuando Marcelo Odebrecht fue detenido, en el marco de la Operación Lava Jato, acusado de pagar sobornos a decenas de líderes políticos de casi todas las tendencias para obtener contratos en la estatal Petrobras. Tras resistir casi dos años a una lluvia de acusaciones, el grupo acordó revelar sus delitos para suavizar las condenas y poder sobrevivir. Así, 77 ejecutivos y exejecutivos firmaron un acuerdo de delación premiada y relataron en detalle los engranajes de la corrupción. Marcelo pudo reducir gracias a ello a 10 años su condena inicial, de más de 19 años de cárcel.AFP
Marcelo Odebrecht, expropietario de la empresa, afirmó en una declaración a la Fiscalía de Brasil, publicada por la cadena Globo, que pagó por la liberación de secuestrados en Colombia, esto en el marco del escándalo de sobornos que envuelve a la compañía. "Uno no entra en países con guerrilla y en las favelas de Río sin pagar a milicias (...) Mucho dinero corre, incluso uno paga el rescate de secuestros", dijo Odebrecht. Asimismo, indicó que participó junto a los gobiernos de Brasil e Italia en la negociación para "traer el cuerpo de un ingeniero" de la compañía que había sido plagiado en Irak. Finalmente, añadió que los sobornos no solo eran pagados a políticos y aseguró que en Colombia y Perú habría entregado el dinero para la liberación de secuestrados. Vea el video completo de la declaración de Marcelo Odebrecht AQUÍ.
Noticias Caracol conoció que Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, revelará los nombres de quienes recibieron sobornos de la multinacional en Colombia. El empresario, quien rendirá declaración esta semana en Brasil ante un grupo de fiscales, procuradores y delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE), podría convertirse en la ficha clave para verificar las acusaciones de entrada de dinero en las campañas presidenciales de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. Esta semana, el procurador general, Fernando Carrillo y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, viajarán a Brasil para reunirse con el procurador de ese país, Rodrigo Janot.
A través de un comunicado, el expresidente Álvaro Uribe aclaró que la reunión con Marcelo Odebrecht, desarrollada en 2009, estaba dentro de su rutina como presidente. “Fue una reunión pública, dada a conocer a los medios y a la opinión nacional, y estaba dentro de la rutina que tenía como Presidente de la República de reunirme con empresas o con los trabajadores con quienes sostenía un encuentro cada mes”, dice el senador. El expresidente indica que el encuentro fue público y hacía parte de su agenda para promover la confianza inversionista en el país. “Mi interés era promover la confianza inversionista, lo que hacía insistentemente y con todo empresario. En una visita al Brasil, me reuní con los más importantes empresarios, incluidos los representantes de Odebrecht, para invitarlos a invertir a Colombia, dice. Este es el comunicado completo: Sobre la reunión pública, registrada gráfica y audiovisualmente por la Presidencia de la República, con el Presidente de Odebrecht, con motivo de su visita a Colombia, me permito repetir lo siguiente: 1. Fue una reunión pública, dada a conocer a los medios y a la opinión nacional, y estaba dentro de la rutina que tenía como Presidente de la República de reunirme con empresas o con los trabajadores con quienes sostenía un encuentro cada mes. La presidencia publicaba toda la evidencia gráfica y audiovisual. Mi interés era promover la confianza inversionista, lo que hacía insistentemente y con todo empresario. En una visita al Brasil, me reuní con los más importantes empresarios, incluidos los representantes de Odebrecht, para invitarlos a invertir a Colombia. 2. Ante la presencia de uno de los precandidatos presidenciales de la época en esa reunión, vale la pena recordar que dos de los precandidatos me visitaban con frecuencia, Andrés Felipe Arias era uno, seguramente estaba en la Presidencia hablando conmigo y le dije que me acompañara, como suelo hacerlo. Álvaro Uribe Vélez
El medio hace referencia a una grabación, publicada por el Miami Herald el 7 de noviembre de 2010, en la que intervienen el contratista Miguel Nule y el viceministro de Transporte Gabriel García Morales. De acuerdo con el audio, grabado en 2009, Gabriel García le manifiesta a Nule que hay presiones de Miguel Peñaloza, entonces consejero presidencial, en la licitación de la Ruta del Sol por parte del consejero presidencial Miguel Peñaloza. (Lea la nota completa aquí) “El audio fue grabado a finales de diciembre de 2009, dos meses después de la reunión que sostuvieron Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias y Marcelo Odebrecht”, dice Noticias Uno.
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
El Metro de la 80 en Medellín es una obra de más de 13 kilómetros que conectará a la ciudad entre las estaciones Caribe y Aguacatala en el sistema actual, por nuevas rutas que comprenden 17 estaciones por el occidente de la ciudad.Aunque traerá beneficios en materia de movilidad para la ciudad, hoy los recursos enredan el proyecto. En el 2020 se suscribió un convenio por ley de metros y quedó establecido que el gobierno aportaría el 70 % de la plata, mientras que el otro 30 la Alcaldía de Medellín.“Ya lo que son las vigencias futuras, el Distrito ya cumplió, ya les cumplimos a tiempo. Más de 70.000 millones de pesos y el Gobierno nacional tenía que haber puesto 483.000 millones de pesos y no han llegado”, señaló el alcalde Federico Gutiérrez.Por su parte, el concejal de Medellín Alejandro De Bedout realizó un derecho de petición al Gobierno nacional haciendo esta misma pregunta y desde el Ministerio de Hacienda admitieron que “los recursos no han sido asignados, toda vez que están sujetos a la disponibilidad de caja de Nación, como es de conocimiento público, el incumplimiento en las metas de recaudo durante la presente vigencia ha obligado a replantear las metas en el gasto”, afectando así al Metro de la 80.“Tengo información que, al Metro de Bogotá, que es una obra también muy importante bajo la ley de metros 7030, ya le hicieron los desembolsos. 600.000 millones de pesos ha recibido el Distrito de Bogotá por parte de la Nación y viene cumpliendo. ¿Por qué con Medellín y Antioquia no? ¿Cuál es el odio que hay con Medellín y con esta región?”, dijo el concejal.A su vez, el Metro de Medellín señaló que los recursos de la obra están garantizados porque se hizo un préstamo con entidades bancarias. Esto quiere decir que, si el Gobierno no cancela la deuda de 483.000 millones de pesos el 31 de diciembre, el metro podría entrar en una crisis por cuenta de esos créditos.“La entrega de recursos por parte del Gobierno nacional y el Distrito se van a mayor plazo para eso fue necesario tener un crédito para poder ejecutar el proyecto este crédito nos da nosotros la salvedad que vamos a tener el flujo de caja para cumplir con todas nuestras obligaciones. Sin embargo, es muy importante y estamos esperando los recursos del Gobierno nacional para poder cubrir con las obligaciones estos 483.000 millones de pesos y las cifras que nos tiene que entregar el año 2025-2026 cubrir no solamente las condiciones del crédito, sino también todos los recursos y el flujo de caja que vamos a tener después de los créditos”, explicó Antonio Toro, profesional de la empresa de transporte.Otro de los problemas es el de los moradores, que no ven justos los avalúos de las viviendas que tienen que ser adquiridas para la construcción del proyecto.“Los avalúos que nos están presentando en estos momentos son avalúos que están en un 50% o 60% por debajo del valor comercial de cada una de las propiedades. Están basados en una zona geoeconómica homogénea de las cuales el alcalde Federico cambió una ley de orden nacional a un decreto distrital para que esta zona fuera en la base para los avalúos que nos están presentando”, indicó Luis Bernal, uno de los afectados por las obras.El Metro de la 80 también tiene un déficit de 1.1 billones de pesos, desagregados de un desfase financiero de 510.000 millones de pesos y la necesidad de construir intercambios viales con otros 665 mil millones de pesos.Ahora, la preocupación es que el Gobierno nacional se atrase con este pago de 2024 y de ahí en adelante se acumulen los de 2025 por 497.000 millones y 2026 por 512.000 millones de pesos. La obra va en un 27 % de ejecución y se estima que inicie operación comercial en 2028.
En un hito significativo para la aviación en Colombia, este 21 de noviembre llegó al país el nuevo avión de la flota de Satena, la aerolínea estatal de Colombia, que espera la incorporación de siete aeronaves adicionales en los próximos meses. Se trata de su primer avión Twin Otter DHC-6 Serie 400 de matrícula FAC-1400 y HK-5452-X. Este equipo es el primero de una flota de ocho aeronaves destinadas a mejorar la conectividad en las zonas más apartadas del país. El mayor General Óscar Zuluaga, presidente de Satena, encabezó la recepción de la aeronave, que representa un salto tecnológico y operativo para la aerolínea estatal. Este avance marcó un momento crucial para la conectividad aérea en el país, especialmente en aquellas regiones remotas donde las opciones de transporte son limitadas.Aeronaves diseñadas para superar desafíosEl nuevo avión incorporado es una aeronave tipo STOL (Short Take-Off and Landing), especialmente diseñada para operar en pistas cortas y no preparadas, ideales para acceder a regiones apartadas con difíciles condiciones geográficas y climáticas. Además, cuenta con tecnología avanzada que prioriza la seguridad operacional, uno de los pilares fundamentales de la aerolínea.Satena promete tarifas más accesibles Uno de los aspectos más destacados es el impacto económico positivo para los pasajeros. Los vuelos regulares y programados de Satena tendrán tarifas que oscilarán entre $180.000 y $250.000 pesos, dependiendo de la distancia. Esto no solo hace el transporte más asequible, sino también más predecible y organizado, eliminando la especulación de precios en regiones de difícil acceso."Con estas aeronaves, los colombianos podrán viajar a regiones apartadas de manera económica y segura, sabiendo que cuentan con su aerolínea para conectarlos con el resto del país", concluyó Zuluaga.Las tripulaciones que volarán este equipo, en su mayoría compuestas por pilotos militares de la Fuerza Aérea Colombiana, han recibido un riguroso entrenamiento en Calgary, que incluyó simuladores avanzados de clase D, asegurando que las operaciones se realicen bajo los más altos estándares de seguridad.
