Manuel Rosales, gobernador del petrolero estado de Zulia (oeste) y candidato presidencial en 2006, formalizó su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el último minuto, de forma inesperada pasada la medianoche y cumplidos los cinco días de plazo para presentar postulaciones a través de un sistema automatizado, al que la oposición denunció se le bloqueó el acceso todo ese tiempo.No están aún claras las condiciones que permitieron al partido inscribir la candidatura de este dirigente de 71 años, Un Nuevo Tiempo (UNT), que convocó a una rueda de prensa también para este martes.La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que integra UNT y tiene su propia boleta electoral, terminó sin poder inscribir a Corina Yoris, una académica de 80 años nominada por Machado para representarla en la elección ante una inhabilitación por 15 años que le impide concurrir."Mi candidata es Corina Yoris", insistió Machado a periodistas. "Lo que advertimos durante muchos meses terminó ocurriendo: el régimen escogió a sus candidatos". "El régimen se quitó la careta y se puso en evidencia con sus cómplices para cerrar esta vía electoral", insistió sin hacer referencia directa a Rosales.La PUD no se ha pronunciado sobre la candidatura inscrita. Según Machado, se encuentra reunida evaluando los acontecimientos de las últimas horas.Eugenio Martínez, periodista y experto en temas electorales, explicó que el CNE, acusado de servir al chavismo, puede abrir un lapso de entre 12 y 48 horas para que la PUD "negocie y postule un candidato". No hay anuncio oficial al respecto."Peor escenario"Maduro, que aspira a un tercer período que lo proyecta a 18 años en el poder, inscribió su candidatura el lunes con bombos y platillos y sin ninguna restricción."Se los juro (...), el 28 de julio, día del cumpleaños número 70 del comandante Chávez, les vamos a volver a ganar", dijo el gobernante ante una multitud en una tarima en las proximidades del organismo electoral después de oficializar su aspiración.La mayoría de las encuestas coincide en que ocho de cada 10 venezolanos quiere un cambio, y ubican a Maduro con una popularidad de entre 15% y 20%. Dividir el voto opositor es clave para sellar una victoria."Maduro sabe que el pierde frente a cualquier candidato opositor que logre la unidad y levante los ánimos de participación ciudadana", explicó a la AFP el analista político Yoel Lugo. "El peor escenario para la oposición es mantener el tono de crispación interna (...) aunado con la división y desmoralización del voto".Además de Maduro y Rosales, se postuló el exrector electoral Enrique Márquez, que integró la PUD pero ahora se dice independiente, junto a otros nueve candidatos que se presentan como antichavistas, aunque tachados por la oposición tradicional de "alacranes", término usado en Venezuela para nombrar a "colaboracionistas" del partido de gobierno.El CNE tiene ahora la última palabra tras los lapsos para impugnaciones. Debe aprobar las candidaturas y Amoroso anunció que este martes se informará el balance de las postulaciones recibidas.Maduro denunció que dos hombres armados a los que vinculó al partido de Machado, Vente Venezuela, fueron detenidos tras infiltrarse en la concentración del chavismo con el plan de asesinarlo; lo que esa agrupación calificó de "infundada acusación". La fiscalía adelantó que serán imputados por terrorismo y tentativa de magnicidio.Siete dirigentes del partido han sido arrestados en los últimos días y el Ministerio Público emitió órdenes de captura contra otros siete.
El Gobierno nacional anunció su intención de renegociar cláusulas específicas en algunos tratados internacionales que afectan las inversiones extranjeras en el país. Esta decisión, según lo explicado por el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, busca reafirmar la soberanía nacional y evitar que controversias entre empresas y el Estado sean dirimidas por tribunales internacionales de arbitraje, considerados por el Gobierno como desfavorables para los intereses nacionales.En una entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro Reyes señaló que esta iniciativa no pretende desincentivar la inversión extranjera, sino establecer condiciones más equilibradas para todas las partes. “Lo que estamos haciendo es renegociar unos cuantos artículos en algunos tratados. Esto se puede lograr sin afectar las posibilidades de inversión en Colombia”, afirmó.El ministro destacó que muchos acuerdos bilaterales de inversión firmados por el país en el pasado otorgaron “prerrogativas muy importantes” a las empresas extranjeras, lo cual podría generar desventajas para Colombia. Retirar a Colombia del CIADIEl ministro Luis Carlos Reyes explicó que la decisión de retirar a Colombia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) está en evaluación, en línea con la directriz del presidente Petro de renegociar las cláusulas desfavorables en tratados internacionales.“Cuando se toma la decisión de salir de alguno de estos tribunales, las decisiones, los casos que están ante ellos no son retroactivos. […] Uno puede hacer un balance de la imparcialidad y la conveniencia a futuro de estar ante un tribunal. Si, eso es, y eso es lo que queremos hacer”, dijo.En cuanto a las alternativas para resolver disputas entre empresas extranjeras y el Estado colombiano, el ministro planteó que estas podrían dirimirse en tribunales nacionales, siguiendo ejemplos como el de Estados Unidos y la Unión Europea. “Entre EE.UU. y la Unión Europea, las disputas se resuelven en las cortes de cada país, respetando su soberanía. Aquí también podemos adoptar un modelo similar sin afectar la inversión extranjera”, aseguró.De acuerdo con Reyes, muchos países ya invierten en Colombia sin depender de mecanismos como el CIADI, lo que demuestra que es posible atraer capital bajo otras condiciones. “Queremos que las inversiones lleguen, pero en términos que respeten la justicia soberana y sean equitativos para todas las partes”, concluyó.Críticas a los tribunales de arbitraje internacionalesEl fallo reciente del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en contra de Colombia por $380 millones a favor de la empresa española Telefónica fue uno de los detonantes de esta revisión. El presidente Petro calificó estos tribunales como “una justicia al servicio del socio”, en referencia a cómo algunas decisiones parecen favorecer sistemáticamente al capital extranjero.El ministro Reyes respaldó esta posición al subrayar que “la justicia debe estar en manos de los estados soberanos, no en las de tribunales privados. Una justicia que favorezca sistemáticamente al capital por encima de los intereses nacionales no puede ser considerada justa”.Sin embargo, el ministro también admitió que el problema no se limita al caso puntual de Telefónica ni al CIADI, sino a un análisis más amplio sobre la imparcialidad de estos mecanismos internacionales: “Es un balance general. No es por un fallo específico, sino porque creemos que estas instancias no siempre favorecen las condiciones óptimas para el país”.Impacto en la inversión extranjeraUno de los argumentos recurrentes contra la salida de Colombia de los tribunales de arbitraje internacionales es el posible desincentivo a la inversión extranjera. Ante esto, Reyes insistió en que no todos los países dependen de estos mecanismos para atraer capital. Citó como ejemplo la relación comercial con la Unión Europea, donde no existen cláusulas específicas de arbitraje en el tratado de libre comercio.“El hecho de que no contemos con estos tribunales no significa que la inversión extranjera desaparezca. Muchos países invierten en Colombia sin depender de ellos. Lo que queremos es establecer un modelo más justo y transparente”, argumentó.Además, el ministro adelantó que el gobierno ya está explorando opciones para sustituir estos mecanismos en caso de avanzar con la retirada. “Hay todo un rango de posibilidades. Las disputas podrían resolverse en los tribunales nacionales, como sucede en otras naciones”, señaló.¿Renegociar los TLC?Reyes reconoció que renegociar cláusulas en tratados internacionales no es un proceso sencillo y que requiere el consenso de las partes involucradas. Sin embargo, expresó optimismo sobre la posibilidad de dialogar con socios comerciales clave, incluyendo a Estados Unidos.“Creo que incluso con gobiernos como el de Donald Trump se pueden encontrar puntos de coincidencia. Muchos tratados firmados en los años 90 no están en condiciones óptimas ni para nosotros ni para ellos. Podría ser una oportunidad para revisar estos acuerdos en beneficio mutuo”, indicó.El ministro concluyó reiterando el compromiso del gobierno con la justicia y la soberanía nacional. Según Reyes, esta revisión no se basa únicamente en un fallo adverso, sino en la necesidad de establecer relaciones más justas en un escenario global. “No es cierto que tengamos que aceptar cualquier condición para atraer inversión. Queremos inversión, pero bajo términos que sean justos para todos”, puntualizó.La iniciativa marca un nuevo capítulo en la política económica y comercial de Colombia, donde la búsqueda de equilibrios entre inversión extranjera y soberanía nacional será el eje central.
Momentos de pánico vivieron habitantes del barrio Viento Libre, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, luego de que un voraz incendio arrasara con al menos 27 viviendas del sector.Ómar Fernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de esa población nariñense, dijo a Blu Radio que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la conflagración se habría originado luego de que una menor de edad encendiera una veladora.Fernández añadió que, al parecer, el descuido de la menor produjo que las llamas se propagaran por las viviendas, todas construidas en madera, lo que impidió que la comunidad y los bomberos lograran extinguirlas a tiempo.Según el reporte del funcionario, las 27 familias, entre las cuales hay niños y personas de la tercera edad, son desplazados de la violencia que habían llegado a esa población de la subregión del Sanquianga, en busca de una mejor calidad de vida.Durante la emergencia no se registraron personas heridas ni víctimas humanas que lamentar, aseguró Fernández, añadiendo que la oportuna reacción de la comunidad, que logró evacuar las viviendas, evitó una tragedia en la zona, aunque las familias quedaron en la calle con solo la muda de ropa que llevaban puesta."Estas familias necesitan ropa, alimentos, frazadas y utensilios de cocina porque quedaron sin nada", concluyó el comandante de bomberos de Iscuandé.Así fue el incendio en Iscuandé, Nariño
El nuevo misil balístico ruso Oréshnik (Avellano) con el que Rusia atacó el jueves territorio ucraniano es uno de los últimos ejemplos del armamento hipersónico de nueva generación desarrollado por la industria militar rusa.Ni las autoridades ni la prensa había informado nunca antes sobre la existencia del Oréshnik, capaz de burlar cualquier escudo antimisiles occidental, según el presidente ruso, Vladímir Putin.En su mensaje a la nación, Putin destacó que la velocidad que alcanza el nuevo misil es de "Mach 10" o "2,5-3 kilómetros por segundo", lo que le convierte en indetectable para las defensas antiaéreas enemigas.El Oréshnik forma parte de los sistemas de armamento "sin parangón en el mundo" presentados en sociedad por Putin en 2018, en lo que muchos llamaron la nueva Guerra de las Galaxias entre Rusia y la OTAN.Los expertos rusos, que recuerdan que el Oréshnik puede portar ojivas nucleares, apuntan que el misil tiene un mínimo de seis cabezas de guiado individual.El misil, de alcance medio, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.Putin justificó el lanzamiento "de prueba" -como lo definió-, aduciendo que Estados Unidos planea el despliegue de misiles de corto y medio alcance en territorio de Europa y la región de Asia Pacífico.Recordó que Estados Unidos cometió un error cuando decidió abandonar de manera unilateral en 2019 el tratado para la eliminación de misiles de corto y medio alcance.Además, advirtió que "en caso de escalada" Rusia responderá de manera "firme" y "simétrica", y acusó a EE.UU. de destruir el sistema internacional de seguridad y de conducir al mundo a un "conflicto global" al intentar por todos los medios mantener su hegemonía.
Durante el evento anual de la Noche de los Mejores, organizado por Fenalco en Santander, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, lanzó duras críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro. En su discurso, Cabal abordó varios temas clave que, según él, están afectando negativamente a los colombianos, entre ellos, el Icetex, la situación política en el Congreso, la seguridad y la economía del país.Cabal inició sus declaraciones haciendo énfasis en la difícil situación que enfrentan los jóvenes colombianos para acceder a la educación superior, al mencionar la falta de recursos para becas y préstamos estudiantiles del Icetex. "El año que viene, los jóvenes de Colombia no tendrán los recursos necesarios para seguir estudiando, y esta es solo una muestra de los problemas que estamos viviendo en diversos sectores", comentó el dirigente gremial.En cuanto a la política nacional, Cabal expresó su preocupación por la creciente influencia del gobierno en el Congreso, asegurando que "el Congreso se ajusta cada vez más a los intereses del Gobierno Nacional, donde priman los intereses personales de muchos congresistas, no de todos". Además, alertó sobre los continuos escándalos de corrupción que siguen sin ser resueltos.La seguridad fue otro de los puntos críticos de su discurso. Según Cabal, la violencia y el crimen han aumentado de manera alarmante, especialmente en delitos como la extorsión, que creció un 30% en el primer semestre de 2024 en comparación con el año anterior. También destacó el aumento del secuestro, con una cifra superior al 75 %, y señaló la creciente presencia de grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que han expandido su control territorial en varias regiones del país. "Estamos perdiendo el control de nuestros territorios ante estos grupos, y el gobierno parece incapaz de detener esta expansión", manifestó Cabal.El líder de Fenalco igualmente se mostró crítico con la estrategia de paz del gobierno, calificando el proceso de "paz total" como un fracaso. A su juicio, la falta de control sobre el narcotráfico y la creciente siembra de cocaína en Colombia son pruebas claras de que la política de paz está fracasando.“El incremento de las hectáreas sembradas en cocaína que superaron más de 300.000 no puede ser de alguna manera derrotadas por la misma orden del presidente de la República que para él es más importante comprar la cosecha de coca que combatir el narcotráfico”, expresó.“Ha habido un proceso direccionado del Gobierno nacional de menguar a nuestra fuerza pública, menguar no solamente la moral sino la capacidad operativa como lo pueden certificar muchos de los representantes de ella a través de la falta de repuestos, de suministro, de equipos para combatir”, agregó.En el ámbito económico, Cabal advirtió que, aunque algunos sectores han mostrado signos de recuperación, la economía nacional sigue siendo frágil."Estamos perdiendo el año económico", dijo, destacando el débil crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023, que fue de apenas un 0,6%, muy por debajo de las expectativas de crecimiento previas. Si bien algunos sectores como el agropecuario han experimentado cierto dinamismo, otros como la industria, la construcción y el comercio siguen en números negativos. "La caída de la inversión extranjera es alarmante, mientras que los capitales colombianos están saliendo del país", señaló Cabal.Finalmente, el dirigente gremial hizo un llamado a la reflexión y a la acción, afirmando que, si bien las circunstancias actuales son difíciles, es crucial que todos los sectores trabajen unidos para construir un futuro mejor para el país. "No es momento de rendirse, pero sí de reconocer que debemos cambiar el rumbo y apostar por políticas que fomenten la confianza y la inversión en Colombia", concluyó el presidente de Fenalco.
El Gobierno español anunció una reforma en el reglamento de la ley de extranjería que facilitará la regularización de migrantes que residen en el país sin documentos, una medida que podría beneficiar a unas 300.000 personas anualmente durante los próximos tres años. Cuáles son los cambios en la nueva ley de migración de EspañaLa ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, detalló los cambios en la normativa tras la reunión del Consejo de Ministros. Uno de los ajustes más relevantes es la reducción del tiempo necesario de residencia en España para acceder a figuras de arraigo, pasando de tres años a solo dos. Estas figuras incluyen opciones como el arraigo social, sociolaboral, familiar, socioformativo y una nueva categoría denominada “de segunda oportunidad”.Además, la reforma establece que todos los visados tendrán una duración inicial de un año, mientras que las renovaciones tendrán un plazo extendido de cuatro años, lo que busca evitar que los migrantes entren en situaciones de irregularidad una vez obtengan su estatus legal.Facilidades para la reagrupación familiarEntre las novedades, se fortalecen los mecanismos para la reagrupación familiar. La edad límite para que los hijos puedan beneficiarse de este proceso se amplía de 21 a 26 años. También se incluyen a parejas no registradas oficialmente, siempre que puedan demostrar una relación análoga, y a los familiares de víctimas de trata, violencia sexual o de género.Por ejemplo, estas medidas son particularmente relevantes para colombianos que han adquirido la nacionalidad española y desean llevar a sus familiares a ese país.Cambios para estudiantes internacionalesOtro aspecto destacado de la reforma es la flexibilización de las autorizaciones para estudiantes extranjeros. Quienes lleguen a España para realizar estudios tendrán una autorización inicial de estancia que cubrirá todo el período de formación. Además, se establecerá un sistema ágil para que puedan vincularse al mercado laboral tras completar su formación académica.¿Cómo beneficiará esto a España?La reforma responde a necesidades del mercado laboral español, que según organismos internacionales como Naciones Unidas, requiere entre 250.000 y 300.000 trabajadores extranjeros al año para mantener el sistema de bienestar social."España es un país mejor (...) tenía dos opciones: elegir ser un país abierto y próspero o ser un país cerrado y pobre; España hoy es un mejor país", agregó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
