Luego de que a finales de julio fuera radicada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una demanda contra de la fiscal general Luz Adriana Camargo por el caso que involucra a disidentes de las Farc capturados en camionetas de la Unidad Nacional de Protección en el norte de Antioquia, las investigaciones al respecto siguen avanzando.Por eso, para este 10 de diciembre en horas horas de la tarde fue pactada la diligencia de ampliación de notificación de denuncia en esa Comisión en la que Santiago Suárez, estudiante de derecho de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, aportará nuevos elementos por los que considera que la fiscal general violó el Código de Procedimiento Penal y la Constitución Política.Esto por haber emitido la resolución que ordenó la libertad de los disidentes que fueron encontrados transportando armas y dinero en efectivo, entre ellos, Édgar de Jesús Orrego Arango, alias ‘Firu’, señalado cabecilla del frente 36 de ese grupo armado que opera en el Norte de Antioquia.Suárez indicó que en esta nueva citación indicará por qué considera que la fiscal Camargo cometió varias contravenciones que van incluso en detrimento de los esfuerzos que se han hecho por la implementación de los acuerdos de paz."La solicitud de la liberación de estos cabecillas de las disidencias de las FARC capturados en Antioquia podría interpretarse como una acción que contradice este compromiso, ya que podría perpetuarse la impunidad y debilitar los esfuerzos que se han venido estableciendo por la verdad y la justicia para las víctimas del conflicto armado", señaló.El accionante explicó que la emisión de dicha resolución representa una clara transgresión al concepto de la flagrancia, pues las circunstancias en las que fueron requeridos por las autoridades, en medio de un puesto de control los elementos que les fueron hallados configuran la posibilidad de detención inmediata y la continuación de un proceso penal.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes recibió una denuncia en contra de la fiscal Luz Adriana Camargo. Esta se origina en una serie de actuaciones llevadas a cabo por la funcionaria en relación con el manejo judicial de excombatientes de las Farc, lo que podría implicar una vulneración de los principios establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016, según el documento emitido.La denuncia, del 23 de julio de 2024, señala que las decisiones tomadas por la fiscal Camargo en ese contexto contravienen los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el marco del Acuerdo de Paz, especialmente aquellos vinculados con la Justicia Transicional. En el documento, presentado ante la Comisión de Acusación, se subraya que cualquier actuación judicial relacionada con los excombatientes de las Farc debe enmarcarse estrictamente dentro de los mecanismos pactados en dicho acuerdo, a fin de garantizar la reparación, reincorporación y no repetición de los delitos cometidos por los actores armados durante el conflicto.El centro de la polémica radica en una decisión de la fiscal Camargo, que habría suspendido varias órdenes de captura emitidas contra cabecillas de las disidencias de las Farc. Según los denunciantes, esta medida contradice la intención de consolidar la paz y podría generar un retroceso en los avances alcanzados en la implementación de los Acuerdos de Paz.Recordemos que el Acuerdo de Paz de 2016, cuyo objetivo es poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado, estableció un marco normativo que incluye la creación de mecanismos de justicia transicional, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Estos mecanismos buscan asegurar que los excombatientes de las Farc se reincorporen de manera efectiva a la vida civil, mientras se rinde cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto.El caso ahora será evaluado por la Comisión de Acusación: “Solicito a la honorable Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigar exhaustivamente la conducta de la Fiscal General Luz Adriana Camargo el 23 de julio de 2024, la Resolución 0282 del 04 de julio de 2024 y tomar las medidas pertinentes conforme a la ley para garantizar el respeto a la Constitución Colombiana, al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal”, dice en la denuncia.Añade que “es fundamental para la estabilidad institucional y el Estado de Derecho de Colombia que se aclaren las circunstancias de esta solicitud y se asegure que las autoridades judiciales actúen con estricto apego a la legalidad y los principios constitucionales. En conclusión, la actuación de la Fiscal General Luz Adriana Camargo el 23 de julio de 2024 podría implicar una posible contravención a los compromisos y principios establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016. Es fundamental que cualquier actuación relacionada con excombatientes de las Farc se realice dentro del marco legal establecido en el Acuerdo de Paz, garantizando así la implementación efectiva de los mecanismos de Justicia Transicional y contribuyendo a la consolidación de la paz en Colombia”, concluyeron.
La fiscal Luz Adriana Camargo lanzó una nueva advertencia en el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Camargo señaló que el tiempo para presentar un acuerdo con la Fiscalía está cerca de agotarse, lo que abre la puerta a que el acusado enfrente un inminente juicio por el proceso en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Hace una semana, la audiencia que definiría el trámite de las audiencias preparatorias a Nicolás Petro quedó en suspenso, ya que el acusado sorprendió al juez de Barranquilla al afirmar que no contaba con abogado defensor tras la salida de Diego Henao del caso, por lo que solicitó un aplazamiento. La situación obligó al juez a reprogramar la audiencia, un movimiento que, según observadores legales, podría dilatar la posibilidad de un acuerdo.La sentencia anticipada podría ser una de las vía para reducir su condena en caso de declararse responsable de dichos delitos. Sin embargo, el proceso parece estar en una carrera contra el tiempo antes de que inicie el juicio.“Estamos cerca de la fecha límite y no se ha presentado ninguna propuesta formal por parte del acusado”, puntualizó Camargo. La fiscalía ha mostrado disposición para un acuerdo, pero la falta de avances concretos, sumado a las demoras en el proceso, hace que esta opción se vea cada vez más lejana. De no lograrse un acuerdo, Petro Burgos enfrentaría un juicio.Hace unas semanas, la fiscal Camargo explicó que, aunque han existido acercamientos entre la defensa de Nicolás Petro y la Fiscalía, aún no se ha llegado a ningún acuerdo concreto. “¿Hay un preacuerdo? ¿No hay un preacuerdo? Lo primero que yo quiero mencionar es que desde el primer día nosotros hemos dicho que vamos a impulsar los mecanismos premiales que hacen parte de la esencia del sistema penal acusatorio”, señaló Camargo, quien destacó que las negociaciones no dependen de la identidad del imputado.Camargo detalló que se han realizado reuniones entre los abogados del acusado y la directora de Lavado de Activos de la Delegada para las Finanzas Criminales, pero hasta el momento no han alcanzado un consenso. Además, la fiscal expresó su descontento por la filtración de estas conversaciones, subrayando que tales asuntos deben manejarse con confidencialidad debido a la naturaleza delicada de las negociaciones.
La fiscal general Luz Adriana Camargo respondió de manera inusual a la reciente polémica suscitada por su coincidencia en una reunión social con Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien es investigado por la Fiscalía por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.El encuentro se produjo en el marco de la celebración de cumpleaños del general William Salamanca, director de la Policía, en un evento que tuvo lugar en el norte de Bogotá y contó también con la presencia del ministro de Defensa, Iván Velázquez, y otros funcionarios.Al ser cuestionada sobre la peculiar situación de compartir un espacio social con un investigado, la fiscal Camargo respondió que, como cualquier persona, tiene derecho a tener vida social y a asistir a eventos como un cumpleaños. “El general Salamanca estaba de cumpleaños y me invitó a su casa. Como suele suceder, hay personas amigas, y uno de los amigos del general es el presidente de Ecopetrol, el señor Roa”, explicó la fiscal. Aclaró también que en esa ocasión mantuvo una conversación con Roa y otros asistentes de manera informal, como es habitual en un entorno social.Camargo señaló que esta no es la primera vez que coincide con el presidente de Ecopetrol, pues existen proyectos conjuntos entre la Fiscalía y la empresa para investigaciones en curso que requieren la colaboración entre ambas entidades. Según la fiscal, el vínculo con Roa es tanto social como profesional, en función de las responsabilidades compartidas. “He tenido otras reuniones con el presidente de Ecopetrol por razón de sus funciones y las voy a seguir teniendo porque el presidente de Ecopetrol tiene un proyecto conjunto con la Fiscalía y un grupo de fiscales para investigaciones que son muy importantes para nosotros”, afirmó.No obstante, la presencia de Camargo en un evento donde coincidió con alguien a quien su propio ente investiga ha llamado la atención.La fiscal Camargo, durante un encuentro en la Universidad Javeriana, también se refirió a otras investigaciones que adelanta el ente acusador como el caso Nicolás Petro, UNGRD y la reciente investigación al exviceministro del Interior Diego Cancino, por acoso sexual.
En medio de una audiencia sobre la reforma a la justicia, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, abordó las críticas hacia el sistema judicial, especialmente en torno a la liberación de Brayan Campo, confeso asesino de Sofía Delgado. La fiscal explicó que Campo había sido liberado por vencimiento de términos en un caso previo de agresión sexual contra una menor, debido a un colapso en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), lo que impidió su traslado para una audiencia crucial.“El juez solicitó una audiencia presencial, dada la gravedad del caso. Sin embargo, el Inpec no pudo realizar el traslado de Campo, y por esto, se vencieron los términos, lo que derivó en su libertad”, afirmó Camargo, enfatizando que la decisión del juez fue ponderada, aunque las circunstancias complicaron el proceso.La fiscal también elogió el trabajo de la Policía Judicial, cuya labor permitió capturar a Campo tras la desaparición de Sofía Delgado. En ese caso, Campo aceptó cargos por el feminicidio de la niña de 12 años. “Aquí ya se allanó a los cargos, y fue gracias a la rápida y efectiva intervención de los investigadores”, resaltó Camargo.Este pronunciamiento tuvo lugar durante una audiencia en el Congreso, donde Camargo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, defendieron el proyecto de reforma a la justicia. Chaverra expresó su dolor por el caso de Sofía Delgado y señaló que este tipo de delitos, que afectan a menores de edad, son especialmente perturbadores para los magistrados, muchos de los cuales son padres de familia. “Lo ocurrido nos llena de profunda tristeza. Somos administradores de justicia, pero también padres. Estos ataques contra los menores nos afectan profundamente”, dijo Chaverra.Chaverra también defendió un artículo de la reforma que busca otorgar una rebaja de hasta el 25 % de la pena a quienes cometan delitos contra menores, con el fin de agilizar los procesos y evitar que estos casos se prolonguen durante años. “Estos procesos pueden tardar hasta 12 años en llegar a una resolución, y cuando la sentencia finalmente llega, la víctima ya ha crecido y el impacto del delito es distinto”, añadió.La audiencia destacó la preocupación por la alta impunidad en delitos contra menores. La fiscal Camargo subrayó que solo el 5 % de estos casos llegan a juicio y ese porcentaje “tiene en colapso a los jueces”.
La fiscal general Luz Adriana Camargo derogó las directrices que fueron emitidas durante el gobierno del expresidente Iván Duque para contener los desmanes del estallido social de hace tres años.Son 31 directrices mediante las cuales se redefine la forma en la que los fiscales deben asumir los casos que se deriven de posibles excesos en el marco del derecho a la protesta social pacífica.Esta directiva, que fue firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo el pasado 10 de septiembre, deja sin efectos las directrices proferidas por el entonces fiscal Francisco Barbosa en junio de 2021 en el marco del estallido social de ese año.El documento está dividido en cuatro capítulos que definen aspectos como la protección a la protesta social pacífica; los límites del poder punitivo del Estado; la tipicidad de los delitos ocurridos como ocasión de la protesta; y la forma en la que se debe proceder en la investigación y judicialización de actos delictivos que afectan el derecho a la protesta social.Entre los aspectos más novedosos y polémicos de la nueva directriz tiene que ver con la descriminalización de la protesta social. La fiscal Camargo pide a sus funcionarios actuar sin prejuicios.“Las situaciones de alteración del orden público pueden llevar a situaciones caóticas, en las que si bien se cometen actos delictivos, estos responden a los ánimos exacerbados y no a una determinación criminal”, indica el documento.En otro aparte, la directiva agrega que en control de legalidad “se deben aplicar las reglas propias de coparticipación, sin confundirlas con el delito de concierto para delinquir”.Por ejemplo, uno de los lineamientos a los fiscales dice que “los actos delictivos deben ser investigados sin criminalizar la protesta” y en caso de haber comisión de delitos (hurtos o agresiones sexuales, entre otros) no podrán relacionarse con la protesta social.Las investigaciones por comportamientos delictivos deben asumirse no como hechos aislados, sino amparados en el derecho a la protesta.El documento advierte que las protestas son de “naturaleza disruptiva” y pueden derivar en alguna alteración del orden público o en “expresiones verbales, simbólicas y metafóricas” sin que eso implique necesariamente la comisión de algún delito.En ese sentido, no se considera violencia contra servidor público cuando los manifestantes usan “lenguaje verbal fuerte, expresiones vehemente de inconformidad, gestión o producción de imágenes desobligantes”.Y en caso de que los manifestantes reaccionen con violencia contra la Policía, los fiscales deben evaluar “una eventual legítima defensa”, indica el documento.En esa categoría, quedan por fuera las provocaciones a la fuerza pública, algunos bloqueos de vías (sobre todo las que son espontáneas y no emplean medios ilícitos), ciertas afectaciones a bienes públicos y privados, siempre y cuando no se constituyan en un peligro común para el resto de la sociedad.En ese caso, la Fiscalía debe entrar a investigar solo hechos demostrables y concretos frente a la existencia de asonadas, incendios, obstrucción de vías, perturbaciones al transporte, o lanzamiento de sustancias peligrosas. Los fiscales deben ser más rigurosos para determinar el tipo penal y su gravedad.Según las nuevas directrices, la conducta penal no es bloquear vías, sino incitar al bloqueo mediante el uso de violencia, armas de fuego o el lanzamientos de sustancias y objetos peligrosos. Allí es donde deben actuar los fiscales, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la fiscal Luz Adriana Camargo.Otro aspecto importante es el control de legalidad que tendrán que hacer los fiscales a las capturas o aprehensiones que hace la Policía. Se les va exigir a los fiscales ser más rigurosos para proteger el derecho a la protesta e investigar a fondo las denuncias que reciban por extralimitaciones de la fuerza pública para determinar “conductas punibles como tortura, lesiones personales, detenciones arbitrarias, ente otros”.En cuanto a las decisiones procesales, los fiscales podrán terminar anticipadamente sus actuaciones penales inadmitiendo denuncias sin fundamento, archivando o precluyendo procesos cuando no existen elementos para continuar con la investigación.Una de las 31 directrices establece que, por regla general, la competencia para investigar y judicializar los delitos ocurridos durante las manifestaciones corresponde a la justicia ordinaria en lugar de a la Justicia Penal Militar.Escuche aquí el informe:
El presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, se reunió con los presidentes de las altas cortes y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para abordar temas de interés nacional, entre esos, la colaboración armónica entre los poderes públicos y se abordaron temas como el presupuesto de funcionamiento de la rama judicial, el hacinamiento carcelario y la falta de presencia del Estado en algunas regiones.Por su parte, Efraín Cepeda, expresó el apoyo a la independencia de los poderes públicos y pidió acatar las decisiones judiciales.“Expresamos todo el apoyo del Congreso de la República a la rama judicial, el apoyo a la independencia de los poderes públicos y exhortamos a que se acaten también las decisiones judiciales”, expresó Cepeda.Los presidentes de las altas cortes y la fiscal general expresaron su preocupación por el presupuesto de la rama judicial, que consideran insuficiente, y pidieron que se prioricen los temas más urgentes, además, se discutió la necesidad de humanizar el sistema carcelario y se destacó que en algunas regiones no hay fiscales ni presencia del Estado, lo que facilita la presencia de grupos armados.Incluso, se habló de los más de 500 exhortos que la Corte Constitucional ha hecho al Congreso para que legisle y se pidió un listado de ellos para estudiarlos y empezar a priorizar.También se discutió la necesidad de equilibrar el déficit de tres billones de pesos en el presupuesto para la rama judicial y se propuso mirar ministerios que no hayan ejecutado correctamente para tomar esos recursos.Finalmente, se habló de la necesidad de discutir la reforma tributaria y se propuso una discusión en tres etapas, discusión y aprobación del presupuesto, discusión de la reforma tributaria y aprobación de un presupuesto adicional con los recursos que resulten de la reforma.
El caso que relatan los trabajadores de la Seccional Cundinamarca de la Fiscalía, es de el de José Héctor Navarrete Quiróz, adscrito a la Sección de Investigaciones grupo de N.N. y Desaparecidos, a quién, según el documento, despidieron de una manera poco sutil, mencionado que lo sacaron a las patadas, como un perro a la calle y le notificaron por medios de rumores y un correo electrónico “la echada”.Ante esto, sus compañeros expresan en la carta, que José Navarrete les expresó la desilusión y tristeza por cómo se realizó el despido. Sin embargo, tras 29 años de servicio, un día después de su despido, decidió quitarse la vida el 15 de agosto del 2024.La carta emitida es directa para la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a quién le cuestionan los métodos para informarle a los trabajadores que su tiempo de trabajo en la Fiscalía ha concluido. Ante esto, los emisores de documento, le dicen a la fiscal que tanto los trabajadores como los pensionados deben ser tratados con dignidad.“Sugerimos se revisen los procedimientos y protocolos para la notificación de estos actos administrativos, con el fin de minimizar los riesgos que nuestros servidores en cualquier circunstancia deban afrontar, para que podamos hacerlo con dignidad. Suplicamos y reiteramos se implementen verdaderas políticas que nos preparen para vivir y disfrutar nuestra etapa de pensionados, que en verdad LA A.R.L. de manera responsable, profesional y personal trate a nuestros servidores y compañeros, no como lo hacen a través de una pantalla del computador”, concluyen en el documento.Cerrando la carta, ponen entre la espada y la pared a las acciones de la fiscalía y comparan lo sucedido con José Navarrete con la jubilación de varios agentes caninos que trabajaron en la entidad. Afirman que valoran y reconocen el trabajo de los perros, pero le dicen directamente a la Fiscal Camargo que son entornos muy diferentes y los trabajadores no deben ser tratados como cifras, ni números, sino como personas.“Somos seres humanos, servidores, familia Fiscalía General de la Nación que exigimos ser tratados con dignidad”, afirman al cierre de la carta.
Tras realizarse la imputación de cargos a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, la fiscal Luz Adriana Camargo se pronunció sobre las revelaciones que hicieron las fiscales del caso Andrea Muñoz y Cristina Patiño, en las que resultaron salpicados Carlos Ramón González, exdirector del DNI y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.Sobre posibles imputaciones, la fiscal aseguró que eso dependerá de cómo avancen las investigaciones de un equipo robusto de la Unidad Anticorrupción.“Lo que la Fiscalía viene haciendo es un proceso muy consistente de verificación de sus dichos y la Fiscalía va a adoptar las decisiones que debe adoptar cuando esté preparada para ello. Y cuando digo esto me refiero al equipo de investigación que viene trabajando el caso (…) lo que yo espero entregarle al país sin una agenda en mano acá es un trabajo muy serio y cuando eso esté listo y si está listo saldrá”, puntulizaron.Asimismo, la fiscal Camargo aseguró que desde hace una semana se empezó a realizar una toma de pruebas en el ministerio de Hacienda en los hechos que salpican al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el presunto direccionamiento de contratos a los municipios de Saravena, Bolívar y Cotorra por 96.000 millones de pesos.“El equipo de investigación ya ha estado practicando pruebas, primero. Segundo, al ministro y a todos los involucrados transmitirles la tranquilidad de que ellos tienen garantías, las garantías que la ley les otorga para que se defiendan, para solicitar que se practique un interrogatorio, esos espacios naturalmente los van a tener, esos espacios los define el equipo de investigación, el equipo de fiscales, no los defino yo, pero son los espacios que la ley da, entonces seguramente ahí van a estar. Si él quiere ser escuchado obviamente pues básicamente dentro del trámite podrá ser escuchado”, agregaron desde la Fiscalía.Recientemente, Carlos Ramón González le presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro del cargo de director de la Dirección Nacional de Inteligencia.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, se refirió al evento en donde fueron sorprendidas varias camionetas de la Unidad Nacional de Protección movilizando a disidentes de las Farc, alguno de ellos con órdenes de captura vigentes pese a que estos vehículos son única y exclusivamente para el transporte de los integrantes de la estructura criminal que se encuentran adelantando una negociación con el Gobierno nacional.“Nosotros hemos dicho, yo he repetido muchas veces que se suspenden las órdenes de captura pero no se suspenden las investigaciones. Lo que pasó en esa caravana es algo que es sumamente complicado porque nos prende una alarma (…) Lo que uno entendería cuando se suspenden órdenes de captura para efectos de una negociación es que los negociadores efectivamente estén bajo una agenda haciendo un proceso de negociación”, dijo la fiscal Camargo.Sobre estos hechos la fiscal Luz Adriana Camargo aseguró que esta alerta implica que se deben empezar a revisar con mayor detalle el levantamiento de próximas órdenes de captura y vigilar qué tipo de desplazamientos se están realizando.Cabe mencionar que no solamente se estaban movilizando disidentes con órdenes de capturas vigentes sino que también las autoridades hallaron más de 160 millones de pesos en efectivo, dos pistolas, cartuchos y otros elementos como discos y memorias USB.“El tema de desplazamientos por todo el país en este tipo de caravanas nos pone en una dificultad que yo he dicho debe modular el Gobierno nacional y en ese sentido estoy haciendo una solicitud para que efectivamente se pronuncie respecto de posibles eventos de flagrancia que en mi concepto, en el marco de la ley para la paz total y en el marco de las peticiones que hace el Gobierno para la suspensión de órdenes de captura presentes y futuras, porque así está regulado en la ley, efectivamente están quedando involucrados esos escenarios”, añadió.Por último la fiscal Camargo anunció que este hecho pone sobre la mesa que en el futuro se endurezcan los requerimientos que hace el ente acusador al Gobierno para levantar órdenes de captura a otros miembros de la guerrilla que vayan a entrar al proceso de ‘Paz Total’.”Importaría que nos sentemos a pensar seriamente, si no existen unas limitaciones de desplazamiento con efectos de la mesa, como yo entendería que debería suceder, sino que existe una posibilidad de que quienes tienen suspendida la orden de captura estén desplazándose por todo el país, seguramente que el gobierno lo tendrá que modular en sus futuras peticiones y lo tendremos que modular en las suspensiones de órdenes de captura que tenemos a hoy con fines del proceso de paz”, agregó.En total fueron sorprendidas 18 camionetas, siete disidentes fueron capturados y otros tres fueron liberados al no tener sus órdenes de captura vigentes.
