Víctor Maldonado, uno de los principales señalados en el escándalo del descalabro de Interbolsa, junto a su familia interpuso una tutela en contra del actual director de la Agencia Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, por haberlo bloqueado en su cuenta en Twitter. Según Maldonado, el director de la Agencia Jurídica, como funcionario público, estaba en la obligación de no bloquearlo porque a través de su cuenta personal de Twitter, publica informaciones clave en relación con las decisiones que toma su despacho. Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela, pues Vélez, cuando se enteró de la tutela en su contra, desbloqueó la cuenta. En entrevista con Mañanas BLU, Luis Guillermo Vélez consideró que uno puede disponer de sus cuentas personales de redes sociales y no hay restricción de cerrarlas, abrirlas, bloquear o modificar. “Maldonado inició una acción de tutela porque yo lo había bloqueado en mi cuenta en Twitter, y para no entrar en discusiones jurídicas inocuas, innecesarias y hasta frívolas, decidí desbloquearlo”, comentó. Vélez, propietario de @lgvelezc, dijo que hay demasiados problemas jurídicos en el país, como para abrir una discusión sobre un tema que le parece bastante inocuo, que es el bloqueo de la cuenta @maldonado_victo, de propiedad del empresario colombo-español y su familia. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Luis Guillermo Vélez, director de la agencia para la defensa jurídica del Estado, dijo que hace algunos días se pidió la nulidad del fallo de la Corte sobre el fast track, y se presentó dentro de los plazos establecidos. “La solicitud se presentó en tiempo de conformidad con las notificaciones que se hicieron por parte de la Corte a través de los medios electrónicos”, dijo Aseguró que en este momento la solicitud se está estudiando en la Corte: “no hay una decisión todavía y esperamos que haya una resolución pronto en ese tema”. Explicó que en la página web de la Corte Constitucional se desfijó el edicto el día de 9 de junio y la agencia presentó su escrito el 14 de junio, “tres días hábiles después de la desfijación”.
La polémica surgió luego de que el portal Red + Noticias publicara que el Gobierno Nacional habría contratado cerca de 53.000 millones de pesos con cinco empresas para la construcción de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Dicha contratación, según el medio de comunicación, se habría dado en menos de 24 horas, lo que alertaría por la falta de análisis de los contratos. Sin embargo, Vélez explicó que “las contrataciones se hicieron en un tiempo corto porque estábamos en una urgencia manifiesta”. “Solo hay dos entidades del Estado que tienen capacidad logística para poder emprender un proyecto de estas dimensiones, una es la agencia logística de las Fuerza Militares y la otra es la Unidad Nacional de Prevención de Riesgo y Desastres. Por razones obvias no se podía utilizar la agencia de logística de las fuerzas militares”, dijo Vélez. Vélez insistió que “los acuerdos traían unos planos muy estrechos para la concentración de las Farc en las zonas” y por eso el contrato se realizó de manera rápida.
Luis Guillermo Vélez, secretario general de la Presidencia, se refirió a la decisión del Consejo de Estados de declarar nula la reelección del procurador general, Alejandro Ordóñez. (Lea acá también: Consejo de Estado tumbó la reelección del procurador Alejandro Ordóñez). Vélez aseguró que pese a la demora del alto tribunal en tomar esta decisión, se hizo justicia. “En la sustancia los hechos era claros y no se debió haber tomado, el Consejo de Estado, 3 años para decidir, un proceso lleno de recursos innecesarios con el fin de ir posponiendo esta decisión, pero finalmente se hizo justicia en este caso”, dijo Vélez. Frente al argumento de Ordóñez en el que aseguró que su salida había sido pactada en La Habana, Vélez señaló que no tiene sentido pensar que esta decisión ocupó la agenda de los negociadores en Cuba. (Vea acá también: Se acaba de cumplir el primer pacto de Cuba, la expulsión del procurador: Ordóñez). “Es totalmente absurdo, el acuerdo total de La Habana tiene 297 páginas y en ninguna parte dice eso, es una elucubración un tanto fantasiosa por parte del exprocurador Ordóñez”, indicó Vélez. El funcionario de la Presidencia aseguró que Ordóñez aprovechó para “llevar a la Procuraduría por una senda de politización” y agregó que espera que el organismo de control “recobre su labor neutral y objetiva que sirva para ejercer su función de Ministerio Público”.
El jefe de Estado encabezará, además, el acto protocolario de posesión de los funcionarios designados en la nueva estructura administrativa y directiva de la Presidencia de la República. Tomarán juramento Luis Guillermo Vélez Cabrera como Secretario General y Director del Departamento Administrativo de la Presidencia; Camilo Granada, en la Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones; Carlos Correa, en la Alta Consejería Presidencial para las Regiones; Eduardo Díaz Uribe, en la Dirección para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas, Juan Carlos Restrepo, en la Dirección de Seguridad, y Marilyn López como Secretaria de Prensa.
“El objetivo es seguir mejorando la eficacia y la coordinación en este momento en que Colombia se prepara para la paz, el posconflicto y la profundización del trabajo por la equidad”, señaló. El jede de Estado sostuvo que se acaba la figura de los ministros consejeros y se regresa al esquema de altas consejerías. Uno de los cambios es que el Ministerio de la Presidencia vuelve a ser la Secretaría General y Dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia. Santos informó que se tendrán cuatro altas consejerías como son la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que sigue a cargo de Sergio Jaramillo; la Alta Consejería Presidencial para el Sector Privado, Competitividad y Equidad, que sigue en cabeza de Carolina Soto; la Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones, a donde llega Camilo Granada, un experto de muchos años en el área de las comunicaciones estratégicas, y la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, que sigue a cargo de Rafael Pardo. De igual forma, en cuanto a los nuevos nombres en la estructura, están como Secretario General y Director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, quien fue Superintendente de Sociedades en su primer periodo de gobierno. Paula Gaviria, será la consejera para Derechos Humanos, después de una consagrada gestión al frente de la Unidad de Víctimas. El consejero para las Regiones será Carlos Correa, exalcalde de Montería, quien lleva unas semanas en el Gobierno como viceministro de Agua. Agregó que en la nueva Dirección para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas estará Eduardo Díaz, quien fue ministro de Salud, director del Plan Nacional de Rehabilitación, de la Red de Solidaridad Social y del programa Bogotá sin Hambre. Santos destacó que en la Dirección de Seguridad estará Juan Carlos Restrepo, profesional oficial de la reserva del Ejército y exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes. En la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales fue designado Sergio Bueno, quien lideró en este gobierno la creación y puesta en marcha de Migración Colombia. Finalmente en la Dirección para la Relación con los Medios que vuelve a ser la Secretaría de Prensa, seguirá en el cargo Marilyn López.
Justicia Especial para agentes del Estado, ¿diferente al trato judicial de Farc?
