El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, decidió finalizar de manera unilateral el contrato para la remodelación del Hospital San Juan de Dios en Bogotá, un proyecto que había sido adjudicado a la empresa española Copasa. Esta decisión ha generado una fuerte polémica, no solo por las implicaciones legales y financieras, sino también por el impacto que tendrá en la infraestructura hospitalaria de la capital.La reacción de Copasa y la respuesta del Gobierno españolLa empresa Copasa, encargada de la remodelación, no tardó en manifestar su inconformidad ante la medida. Según declaraciones del exsecretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, el contratista ya había convocado a un tribunal internacional de arbitraje y está exigiendo una indemnización de $100.000 millones por los daños ocasionados por la terminación del contrato."El contratista tiene toda la razón, porque el contrato se firmó con el cumplimiento de todos los requisitos legales. Pasó por el Concejo de la Ciudad, por la Alcaldía de Bogotá e incluso recibió el aval de la Nación", afirmó Morales durante una entrevista en Mañanas Blu.Por su parte, el embajador de España en Colombia, Joaquín de Arístegui, expresó su descontento por la decisión del gobierno colombiano. En sus palabras, Copasa es una empresa de excelencia que había cumplido a cabalidad con sus obligaciones contractuales y espera que sea compensada adecuadamente. "Imagino que será compensada, sin perjuicio del muy respetable cambio sobrevenido de criterio en el diseño", señaló el embajador.Las razones detrás de la decisión gubernamentalEl presidente Petro argumentó que la demolición de la torre central del hospital, incluida en el plan de remodelación, era inaceptable, ya que significaría la desaparición de un bien de interés cultural."Por ahora, quienes querían desaparecer el hospital público más antiguo de Colombia no tendrán éxito", manifestó Petro en un comunicado.Sin embargo, esta posición ha sido criticada por varios sectores, incluyendo al exsecretario Morales, quien explicó que el plan de manejo especial para el San Juan de Dios, aprobado por el Ministerio de Cultura en 2016, permitía la demolición de la torre central junto con otras dos edificaciones. Este plan fue esencial para obtener las vigencias futuras y el aval del Gobierno para proceder con el proyecto.Implicaciones para la salud pública y el patrimonio culturalLa decisión de terminar el contrato no solo abre una disputa legal y financiera entre la nación y Copasa, sino que también afecta directamente a los habitantes de Bogotá, que esperaban contar con un nuevo hospital de alta complejidad en el centro de la ciudad. Según Morales, este proyecto era urgente, dado que el centro de Bogotá carece de un hospital de esta envergadura."Los bogotanos se van a quedar, quién sabe cuántos años más, sin un nuevo Hospital San Juan de Dios, un hospital de alta complejidad que requería con urgencia el centro de la ciudad", lamentó Morales.Además, el exsecretario advirtió sobre las posibles consecuencias legales internacionales de esta decisión. "Podemos terminar en un pleito en un tribunal de arbitraje internacional, lo cual podría tener repercusiones financieras significativas para el país", expresó, al hacer referencia a la posibilidad de que Copasa recurra a tratados de protección de inversiones o al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.El futuro incierto del Hospital San Juan de DiosEl futuro del Hospital San Juan de Dios queda en una situación incierta tras esta controversia. La intervención del gobierno nacional en la subred Centro Oriente de Bogotá, que incluyó la terminación unilateral del contrato con Copasa, ha sido calificada como una medida extrema y una usurpación de competencias por parte de algunos expertos."Es un capricho, una obsesión del presidente Petro contra Peñalosa y Claudia López, que firmó el contrato", opinó Morales. Además, mencionó que, aunque en el plan de desarrollo de Petro se incluyó la compra del hospital por parte de la Nación, hasta la fecha no se ha materializado nada de lo prometido.Mientras tanto, Bogotá sigue sin un hospital de alta complejidad en su centro y el patrimonio cultural del San Juan de Dios permanece en un limbo, a la espera de una solución definitiva que permita su restauración y modernización sin comprometer su valor histórico
El anuncio lo dio a conocer el viceministro de Salud, Iván González, y el secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, quien indicó que la ciudad presenta una demanda mayor en los servicios de urgencias a la de años anteriores.Entre las medidas anunciadas se encuentran la extensión de los horarios en las citas prioritarias, ampliación de las áreas de urgencias para mitigar el hacinamiento, un modelo de atención para el aumento de las consultas no programadas y prioritarias, el fortalecimiento del servicio domiciliario, más líneas para la prestación del servicio así como el establecimiento de la mesa de trabajo con la red privada y pública de hospitales y demás actores en todo el país para implementar la reglamentación a partir de junio de este año.Según Morales, los principales puntos que motivaron esta nueva reglamentación fueron el aumento del pico respiratorio en este periodo del año y el aumento de migrantes venezolanos, que se ha acentuado en los últimos seis meses. “En solo Bogotá se estima que son alrededor de 280 mil personas registradas las que consultan servicios de urgencias”, dijo. Además, agregó que el cierre de Medimás ha ocasionado la congestión en las redes de salud.El funcionario también confirmó que ya está controlada la emergencia respecto a los casos de meningitis que se presentaron en los últimos días en el occidente de la ciudad.Lea también: Autoridades de salud investigan dos muertes por bacteria en Bogotá. Informó que, en la capital colombiana, como parte de las iniciativas para enfrentar la crisis en salud, se han abierto ya 31 Centros de Atención Prioritaria en Salud, CAPS, que vienen atendiendo a los ciudadanos desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche de domingo a domingo, entre otras acciones.Por otra parte, frente al proyecto de ley que se debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes que prohíbe el uso del asbesto, el viceministro de Salud expresó su posición de respaldo gubernamental al mismo.
El secretario de Salud Luis González Morales defendió en entrevista con BLU Radio las acciones de la Alcaldía de Bogotá para enfrentar la problemática con los habitantes de calle. Dijo que los habitantes de calle también tienen derechos, pese a ser ciudadanos vulnerables. “Insistir que los habitantes de calle son ciudadanos como cualquier otro, que tienen derechos pero también tienen deberes, pero por ser ciudadanos vulnerables merecen una protección especial del Estado”, explicó. En ese sentido, dijo que el nuevo modelo de atención a los habitantes de calle se basa en no limitarles su libre movilidad.+ “Hacemos un abordaje integral, Integración Social les hace una evaluación inicial, revisan si hay problemas de salud y voluntariamente los invitamos a que se vinculen a uno de estos hogares y un tratamiento de desintoxicación”, añadió. Sin embargo, le pidió al Ministerio de Salud que reglamente la ley que les autorizaría “durante la fase aguda poderlos someter a un tratamiento de desintoxicación”.La idea de esa ley poderlos llevar a un hospital o un centro de rehabilitación mientras pasa la fase aguda. “Dejar salir a la calle a una persona en ese estado es correr el riesgo de que termine siendo asesinado por las mismas condiciones”, finalizó.
El secretario de Salud explicó que anualmente se reciben unas 800 mil llamadas de personas que reportan problemas de salud, “en ese caso, el operador, que tiene conocimientos médicos decide si se envía una ambulancia dependiendo del problema de salud”. (Lea acá también: Hombre murió en el sur de Bogotá porque no había ambulancias para trasladarlo). Aseguró que es prácticamente “imposible enviar ambulancias por cada llamada que entra reportando una emergencia, por eso hay alguien que evalúa la situación y decide”. Agregó que actualmente, según cifras oficiales, “solamente el 2 por ciento de las llamadas que entran a la Línea 123 terminan siendo emergencias”. Reveló que actualmente existen 132 ambulancias del Distrito para atender emergencias “y eso van con los estándares requeridos por la Organización Mundial de la Salud”. Afirmó que actualmente el tiempo de respuesta de las ambulancias es entre “2 y 3 minutos y eso es algo muy importante en una ciudad como Bogotá con el tráfico que se maneja”. En cuanto al caso del hombre que falleció esperando atención de una ambulancia, Morales dijo que “el médico consideró que no era necesaria una ambulancia pues la persona llamó a decir que tenía vómito y estaba mareado”.
Morales explicó que lo que se busca con la propuesta es reducir la cantidad de administraciones y en “lugar de tener 22 gerentes solamente habría cuatro, pero es importante aclarar que no vamos a cerrar los hospitales como se está diciendo”. (Lea acá también: Contraloría advirtió mala calidad en hospitales durante administración anterior). Dijo que saldrán las personas que son de libre nombramiento y remoción “que son aproximadamente unas 60, dijimos claramente que los que estén en planta en carrera administrativa o trabajadores oficiales va a salir”. (Vea acá también: Secretaría de Salud de Bogotá estudia posibles casos de meningitis). Afirmó que habrá cuatro grandes redes, “la red norte, que tendrá como cabeza al Hospital Simón Bolívar; la red suroccidente, con el Hospital de Kennedy como cabeza; la red sur, encabezada por el Hospital El Tunal; y la red centro-oriente con el Hospital Santa Clara”. El secretario anunció que la propuesta tiene como objetivo principal reducir los trámites al paciente porque “las personas siempre tienen que hacer autorizaciones, facturas, historias clínicas, remisiones, etc,. Lo que queremos es que haya una gran red para evitar todo eso”. Aseguró que se formalizó la propuesta ante la existencia de un estudio de la administración anterior en el que “se hablaba de que funcionaran en red y eso fue aprobado por el Ministerio de Educación”.
“La doctora Paola Cervera está a cargo de ese centro (de Zoonosis) que vamos a comenzar a estructurar, ya tenemos los lotes, el diseño (…) la vamos a contratar desde la Secretaría de Salud, ella ya trajo todos los documentos para hacerle el contrato y en cualquier momento firma el contrato”, comentó. Reiteran denuncia de contratación sin cargos Un grupo de animalistas rechazó el nombramiento que hizo el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de la funcionaria que velará por los derechos de los animales en la capital del país. La vocera del Equipo Por Bogotá de los Animales Andrea Hurtado, dijo a Vive Bogotá que el nombramiento de Paola Cervera en el Instituto de Bienestar para los Animales, entidad que aún no ha sido creada, genera una evidente preocupación en la ciudadanía. “Hemos recibido una serie de mensajes y llamadas de ciudadanos preocupados porque la información que está saliendo tanto de los medios como de las redes sociales está encontrada, respecto al nombramiento de un instituto que todavía no existe y que ni siquiera sabemos qué funciones va a tener”, manifestó. “No se puede hablar de una gerencia de un instituto que no está creado porque no se ha dado el trámite de su creación”, agregó. Según la denuncia, la firma de Paola Cervera en este documento sería prueba de su vinculación laboral con el Distrito: Estos son las respuestas a los derechos de petición radicados por Equipo Por Bogotá:
El funcionario publicó en su cuenta de Twitter un reporte donde da cuenta de que se presentaron al menos 9 casos sospechosos el año pasado. De acuerdo con el informe, de estos reportes un caso fue confirmado como muerte por desnutrición y 3 más como mortalidad asociada a esta enfermedad. “4 casos fueron descartados y uno está pendiente de cerrar debido a que Medicina Legal no ha reportado la necropsia”.
“Tomamos esa decisión por la crítica situación de hacinamiento que presentan los hospitales del sur, que en los fines de semana pueden llegar al 400 por ciento”, explicó. El funcionario manifestó que en la práctica la declaratoria de emergencia busca duplicar el número de camas en los hospitales de Meissen, Kennedy y Santa Clara.
El Secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, reiteró que no habrá recortes a los recursos de la salud en el Distrito y señaló que contrario a lo anunciado por algunos sectores, se aumentará la inversión para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria. Así mismo anunció la construcción de seis nuevos hospitales, priorizando la zona sur de Bogotá, además, informó que la inversión para estos proyectos y el levantamiento de nuevos centros de atención prioritaria será de 2.5 billones de pesos. “No vamos a suspender programas de salud, no dejaremos de atender a los habitantes de la calle, eso será nuestra prioridad”, dijo Morales. Morales también se refirió al tema de la EPS del Distrito y aclaró que para salvar la entidad se invertirán $330 mil millones con el fin de garantizar los servicios a los afiliados. La Secretaría de Salud reaccionó luego de emitir una circular que según la entidad fue mal interpretada, pues daban la orden de congelar el 40% de la disponibilidad presupuestal de cada uno de los 22 hospitales del Distrito, con el fin de analizar y definir las prioridades de inversión para 2016. “No se trata de un recorte presupuestal, sino de una suspensión de carácter temporal de la ejecución del 40% del presupuesto destinado al sector salud. Ningún programa en salud será cerrado, lo que queremos es garantizar que sí se atienda la salud de los ciudadanos”, aseguró Morales.
Según explicó, solo quedan 180 mil millones de pesos y solo hay una obra realizada. También aseguró que hay un déficit de 300 mil millones de pesos heredados de la antigua administración. Sobre los 750 mil millones de pesos que el Gobierno Nacional otorgó al Distrito para hacer obras e inversiones para 127 obras específicamente, dijo que no hay reporte de la destinación del dinero. “Escasamente nos entregan una parte del hospital del Tintal, y hay unas obras unas pequeñas cosas pero nada grande y de esos 750 mil millones de pesos que tenían para obra e inversiones hoy tenemos en caja 180 mil millones de pesos y por eso estamos haciendo una evaluación a ver en qué fue en que se gastaron el resto de la plata, pero básicamente eso es lo que yo dispongo hoy para hacer obras, 180 mil millones de pesos que creo que ni me alcanza para terminar el hospital de Kennedy en lo que tiene hoy abandonado y empezado”, manifestó Morales. Sobre el déficit “Nosotros recibimos este año con una gran sorpresa, y es que el presupuesto de este año de la salud del Distrito lo recortaron en 300 mil millones de pesos, y no lo recortó Peñalosa sino básicamente la administración anterior no hizo una buena evaluación de las fuentes de financiación del presupuesto del Distrito y luego se hace la evaluación encuentran que esa fuentes no existen o no van a tener los recursos que se pensaron”, finalizó. Contratos amarrados El secretario de Salud señaló que al llegar a la entidad se encontró con varios ‘contratos amarrados’ por diez meses y sobre los cuales no se tiene claridad en el objeto del contrato. “Sí he encontrado contratos que se firmaron el 30 de diciembre y me los dejaron hechos por 10 meses y por unas cifras de 6 o 7 millones de pesos mensuales (…) ni siquiera la persona que aparece en el contrato sabe lo que tiene que hacer. Ella viene y me dice que qué la van a poner a hacer porque no sabe qué hacer, y eso si me parece un descaro que se haya hecho eso”, dijo el secretario de salud. “Son 6 contratos en la Secretaria amarrados por 10 meses que me dejaron amarrados y que no tienen claridad en el contrato”, agregó Morales, quien señaló que en totalidad la entidad tiene más de 24 mil contratos que tendrá que revisar y lo cual le tomará bastante tiempo.
