El exministro de Justicia Fernando Londoño (2002-2004) aseguró en una editorial que el presidente Iván Duque debería renunciar si no es capaz de hacer cumplir la ley, en referencia "El presidente Duque tiene que tomar una decisión. O hace cumplir la ley, o hace respetar el derecho o no le queda más remedio que hacerle el país el favor de una renuncia", aseguró el exfuncionario del gobierno Uribe. "El presidente está en ese dilema. O hace cumplir el derecho y Buenaventura se desbloquean, se desbloquean las calles, la gente puede vivir en paz, o debe reconocer su incompetencia y tiene que hacerse a un lado de la vida nacional", añadió .De acuerdo con Londoño, "es el momento de las grandes decisiones" y si no se pueden garantizar las condiciones de seguridad para el abastecimiento del país, el poder debería ser asumido por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. ”, aseguró el exministro. Al respecto, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez respondió directamente a Londoño y le dijo que es momento de buscar la unidad y rodear al primer mandatario."No hace bien a la democracia propiciar fricciones", aseguró Ramírez. El senador uribista Ernesto Macías también contestó a Fernando Londoño y lo calificó de "enemigo".
La ponencia fue radicada por el magistrado William Hernández, quien pide tumbar la sanción de 15 años de destitución e inhabilidad que la Procuraduría General de la Nación le impuso al exministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño Hoyos, por realizar gestiones a favor del consorcio italiano Repsi. El alto tribunal en pleno deberá iniciar el estudio esta semana y decidir si la Procuraduría vulneró o no el derecho al debido proceso de Londoño, pues recordemos que el Ministerio Público lo encontró responsable de conflicto de intereses y abuso de autoridad "como el segundo hombre más importante de la República después del Presidente", indicó la Procuraduría en su momento. El caso por el que fue sancionado guarda relación con una carta que envió a la embajada de Italia manifestando que estaba muy pendiente de que se le hiciera un pago al consorcio que representó. En contra del exministro del Interior existe otra sanción disciplinaria de 12 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos por acusar públicamente a un juez de la República de tener nexos con el Cartel de Cali comandado por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Esta decisión del procurador Edgardo Maya Villazón ya fue ratificada por el Consejo de Estado.
Sin embargo, el presidente de Asocaña, Luis Fernando Londoño, aclaró que los subsidios que el gobierno entrega a los biocombustibles son muy bajos comparados con los auxilios que reciben los productores en otros países, además señaló que gran parte de las ayudas son exenciones tributarias. “Aquí no hay subsidios, lo que pasa es que de una manera tendenciosa han querido llamarle a eso subsidios, lo que hay es una exención del IVA al etanol y el biodiesel, cuando no se producía etanol entonces qué pasaba, pues tampoco había IVA, esa exención es como un incentivo a la producción, pero el Estado no está sacando plata del fisco para subsidiar el etanol y que tenga una fórmula de precios que lo beneficia, no”, agregó Londoño.
“He sido respetuoso de la institucionalidad, aunque no comparto la decisión adoptada por el señor superintendente. Creo en la justicia divina pero también creo en la justicia terrenal, que a veces cojea pero llega. Amanecerá y veremos”, indicó Londoño. (Lea también: SIC ratifica sanción a ingenios por ‘cartel de azúcar’ pero reduce la multa) El empresario asegura que “se ha cometido una infracción directa de la seguridad jurídica, ha habido un cambio radical en las condiciones para hacer negocios en Colombia con esta decisión”. “La investigación se centró en la comercialización de azúcar industrial, resulta que la Superintendencia en resolución 5347 de febrero de 2012 señaló que los ingenios no realizaron algún acuerdo anticompetitivo para fijar de forma directa o indirecta los precios del mercado del azúcar”, añadió. Además, según Londoño, “la Superintendencia de Industria y Comercio carece de competencia para modificar un mercado que es regulado por el Estado, es que el mercado del azúcar está intervenido por el Estado a través de los instrumentos de política pública agropecuaria, llámese el Fondo de estabilización de precios del azúcar, o llámese el Sistema andino de franjas de precios”. Fue enfático en que “no ha existido ni existe cartel para fijar cuotas de producción ni de mercados (…) En el informe motivado del superintendente delegado al superintendente titular, concluyó que los ingenios no incurrieron en el acuerdo de cuotas de producción y ordenó archivar la investigación al respecto”. “No ha existido tampoco ninguna restricción de importaciones de azúcar ni de Costa Rica, ni de Bolivia ni de ningún otro país; las multas que ha impuesto el superintendente se refieren a hechos que no existieron ni tuvieron efecto alguno sobre el mercado”, añadió.
