El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que, después de casi dos meses de que el presidente Petro anunció la creación de una comisión de alto nivel para elaborar la reforma a la justicia, ya hay lineamientos y reuniones con varios sectores del poder judicial y con sindicatos de jueces para tener listo el proyecto de ley en marzo.Sobre la comisión compuesta por personas que se hayan distinguido en la administración de justicia, para redactar la reforma, el ministro Osuna explicó que “se está conformando, pero aún no se ha hecho oficialmente”.Es importante recordar que, a principios de septiembre, el propio presidente Petro propuso una reforma a la justicia que se centre “en la verdad y no en la pena”, para tener un sistema eficiente, evitar un colapso judicial, contrarrestar la impunidad y que contribuir a la paz total, una de sus iniciativas más importantes de Gobierno.Sin embargo, en el pasado periodo legislativo, al Gobierno se le cayó la Ley de sometimiento a grupos criminales con la que se esperaba hacer realidad la política de paz total y la reforma carcelaria, con la que se planteaba un modelo de justicia restaurativa para combatir el problema de hacinamiento en los centros de reclusión.Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, había manifestado que la reforma a la justicia debía ser concertada y se debía trabajar con diferentes sectores, como las altas cortes, para que sea un proyecto diverso y no que solo sea elaborado por esa cartera.Le puede interesar:
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se reunió con los representantes liberales de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y les explicó que su cartera presentaría tres proyectos en esta legislatura que son fundamentales para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.Al encuentro que lideró el ministro Néstor Osuna llegaron seis congresistas, entre ellos el representante Carlos Ardila, Álvaro Rueda, Oscar Sánchez, entre otros. Durante la reunión, que se extendió por más de una hora, el jefe de la cartera fue claro en señalar que serán tres los proyectos, como lo son el de la alimentación de los sindicados, que sería únicamente responsabilidad en las entidades territoriales(alcaldías y gobernaciones), y que permanecen en estaciones de Policía, Uris, entre otros.Así mismo, se insistirá nuevamente en el proyecto de humanización de cárceles con los cambios propuestos por el fiscal. Por otro lado, el ministro fue claro en indicar que la ley de sometimiento quedó en manos del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Interior para que definan si se presenta o no en esta legislatura.Es de resaltarse que por el momento el Gobierno ha anunciado presentar otras reformas, como lo son la de educación, laboral. Para luego continuar con la pensional, entre otras.Le puede interesar:
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, reveló que existen otras iniciativas que van en la línea del proyecto de ley de sometimiento y que están evaluando, una de ellas sería una prórroga a la ley de justicia y paz.“Lo estamos evaluando. Puede ser que hagamos una aproximación entre todas esas posturas o puede ser que mantengamos el proyecto del año pasado y una vez hayamos tomado esa decisión, por supuesto que iniciaremos el trámite en el Congreso, que previamente hay que pasarlo por supuesto por el Consejo de Política Criminal y por el Ministerio de Hacienda, pero la prensa estará informada con suficiente antelación de eso", indicó ministro Osuna.El ministro aseguró que esta posibilidad será evaluada en las próximas semanas y la decisión se presentará a la nueva legislatura del Congreso; el proyecto que tiene como objetivo el desmantelamiento de bandas criminales de alto impacto. Cabe mencionar que de aprobar la prórroga de la ley de justicia y paz ,el proyecto de ley de sometimiento, en el que viene trabajando la actual cartera de Justicia, quedaría totalmente erradicado.Le puede interesar
En las modificaciones que tuvo el proyecto de ley de sometimiento, se aumentó de ocho a diez años o más, el tiempo en prisión de los integrantes de grupos armados ilegales que quieran pedir la libertad condicionada; pero además, deberán estar después de la firma de acta individual de sometimiento, 18 meses más en la cárcel para conseguir finalmente la libertad.Con esto se podría decir que capos del narcotráfico podrían quedar libres, año y medio después de que se sometan a esa ley de sometimiento. Pero quienes estén señalados de "delitos menores" - concierto para delinquir y porte de armas, entre otros - podrán recobrar la libertad en seis meses después de la firma del acta individual.Una de las palabras que tuvo mayores cambios del proyecto inicial fue "reintegración" y la cual se reemplazo por "reinserción" de los integrantes de dichas organizaciones que hagan parte de la ley de sometimiento.Uno de los puntos que más llama la atención es que durante la etapa de acercamiento con esas estructuras, se suspenderán las órdenes de captura y en caso de ser necesario se definirán "zonas de ubicación temporal" para determinar los términos de sujeción.Lea aquí los cambios en la Ley de sometimientoEn cuanto los beneficios de tratamiento penal, las condenas se mantienen entre 6 a 8 años, según la responsabilidad del señalado, y por la entrega anticipada de bienes el procesado sigue con quedarse con el 6 % del valor de los mismos, sin exceder los 10 mil salarios mínimos; unos 11 mil millones de pesos.Otro punto importante compromete al Inpec con el diseño de un modelo de tratamiento penitenciario especial con programas de restauración y la creación de pabellones especiales para la reclusión de quienes se sometan a esa ley.Hay que destacar que los bienes que el integrante del grupo armado los haya puesto a nombre de otra persona, debe ser directamente el propietario quien deberá entregar un escrito de forma libre u oponerse a una extinción de dominio, dejando todo a plena voluntad.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
En la Comisión Primera del Senado de la República fue radicada este martes la ponencia del proyecto de ley de sujeción a la justicia que busca desmantelar y someter bandas criminales de alto impacto.El senador Ariel Ávila, ponente de la iniciativa, afirmó que el proyecto en ningún momento entrega beneficios a narcotraficantes y ratificó que plantea cárcel de 6 a 8 años, más 4 años de penas supervisadas."Eso fue más de lo que fue Justicia y Paz", agregó el senador Ávila.Insistió en que quienes permanecen en cárceles y tienen condenas deben pagar 10 años y esperar 18 meses de supervisión más el tiempo de la firma del acta de sometimiento.El congresista aseguró que “no hay tribunales transicionales, ni jueces nuevos, es la justicia ordinaria”.Asimismo, aclaró que las personas que reciben beneficios de sustitución de penas tendrán que entregar información para desmantelar organizaciones de alto impacto: “Eso significa entregar, rutas y socios, sin eso, no hay beneficios”.Ávila confió en que el proyecto de ley tenga discusión en la Comisión Primera del Senado y en la plenaria de esa misma corporación, para que después del 20 de julio siga su discusión en la Cámara de Representantes.Recordó que, sobre las nueve observaciones hechas por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se acogieron ocho y aclaró que “las sentencias complementarias no se acogieron”.Petición al presidente Petro y el ministro del InteriorAnte lo ocurrido en la Comisión Primera del Senado, donde no hubo quórum para adelantar el debate del proyecto de ley que regulariza el cannabis de uso adulto, el senador hizo un llamado de atención para recuperar la coalición de Gobierno y salvar las reformas en el Congreso.El senador de la Alianza Verde reiteró que si el Gobierno nacional no rearma una coalición será “imposible tramitar” la ley de sometimiento de bandas criminales o cualquier otro proyecto bandera del presidente Petro, pues recalcó que solo quedan 15 días para tramitar, más dos semanas de sesiones extras, nada más.“Yo le pido al ministro de Interior y al presidente que hagan algo porque ya van dos meses perdidos en este Gobierno”, subrayó.Le puede interesar:
El partido Cambio Radical radicó este viernes la ponencia negativa del proyecto de ley de sometimiento, que, según el Gobierno, pretende desmantelar y someter a la justicia a las organizaciones ilegales de alto impacto.Para el senador David Luna, la ponencia negativa busca el archivo del proyecto y reafirmó que ”esta iniciativa pretende darle estatus a los narcos, además de suspender penas de narcotráfico y lavado de activos”.Agregó que “es inaceptable que en estos momentos de crisis los delincuentes tengan este tipo de beneficios”."La ponencia negativa argumenta que este proyecto de ley de sometimiento vulnera los convenios internacionales ratificados por Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico y reparación integral a las víctimas", expresó.El congresista afirmó, además, que se favorece la impunidad porque la aplicación del principio de oportunidad, en los términos propuestos en el proyecto, constituye un indulto disfrazado.“Se permitiría que cualquier condenado por delitos graves, con pena de incluso 40 o 50 años, recupere la libertad de manera inmediata, así aún no exista una sentencia colectiva”, dijo.El congresista dice que el proyecto “fomenta el saneamiento de dineros ilícitos y establecen privilegios desproporcionados en favor de las estructuras armadas”.El proyecto de ley de sometimiento aún no inicia su discusión en el Congreso de la República y es considerada como la hoja de ruta del presidente Gustavo Petro para avanzar en su política de ‘paz total’ ya que entrega herramientas para dialogar y desmantelar grupos al margen de la ley.Le puede interesar:
Este martes 23 de mayo será presentada la ley de sometimiento ante la Comisión Séptima del Senado de la República. Su ponente, el senador Ariel Ávila entregó detalles en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre el proyecto.Esta ley aplicaría para 23 organizaciones que ya han sido plenamente identificadas, en las que está el Clan del Golfo, Los Caparros, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, los Pelusos, los Puntilleros y los Rastrojos Costeños, que son casi el 65% de la actividad criminal en Colombia y eso demuestra la importancia de hacer procesos de sometimiento.Por su parte, el Clan del Golfo La relación con ese grupo, que dice tener en sus filas a 9.000 hombres y presencia en más de 200 municipios. La relación ha sido difícil y se ha convertido en un reto o dolor de cabeza para el Estado.El senador Ávila señaló que se trata de una iniciativa que no tiene nuevos procedimientos, que no cuenta con nuevos tribunales ni jueces. Sino que la justicia ordinaria se encargará.Por otro lado, aclaró que tampoco hay ningún tipo de reconocimiento político y por el contrario se trata de un sometimiento colectivo, que será traducido en una sustitución de penas.“De seis a ocho años, las penas serán intramurales. Y para la gente que está en cárceles que ayuden a desmantelar organizaciones, deben haber pagado 10 años de cárcel y habrá una supervisión de la Fiscalía”, señaló sobre las penas.En ese sentido, manifestó que se trata de una oferta que tiene el Gobierno, la cual, si no se acogen, seguirán siendo perseguidos.“Aquí yo creo que va a pasar lo mismo con el Clan del Golfo, el otro año terminan en que van a aceptar si hay una buena presión”, dijo sobre el sometimiento del Clan del Golfo.“El error más cercano fueron unos temas de justicia y paz, esta ley lo que intenta es aprender de los errores del pasado. Este proyecto es lo suficientemente benevolente para que se sometan. Yo creo que este año la ley si nace, nace dormida y el otro año seguramente tenemos procesos de sometimientos”, finalizó.Esta ley que tendrá ponencia y que contempla cuatro debates en el Congreso, podría incluso ser debatido en las sesiones extraordinarias, que irían hasta el 5 de julio. Vea la entrevista aquí:
Para este martes está previsto que se radique la ponencia de la ley de sometimiento en la secretaría de la Comisión Primera del Senado de la República y la cual se busca que grupos que se desmovilicen paguen cárcel, entre seis a ocho años, más cuatro más de pena supervisada.Este proyecto de ley que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro es la hoja de ruta de la política de la paz total, con la que se busca someter a estructuras y bandas criminales como el Clan del Golfo, y también las organizaciones criminales que operan en Medellín, con las que el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, anunció que inició conversaciones.Esta ley aplicaría para 23 organizaciones que ya han sido plenamente identificadas, en las que está el Clan del Golfo, Los Caparros, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, los Pelusos, los Puntilleros y los Rastrojos Costeños, entre otros.“Estas organizaciones criminales son casi el 65% de la actividad criminal en Colombia y eso demuestra la importancia de hacer procesos de sometimiento. No hay nuevos tribunales, no hay nuevos jueces, no hay nuevos procedimientos. Lo único que hay en la justicia ordinaria es el principio de sustitución de la pena. Así que nosotros vamos a esperar que el Congreso lo apoye, apruebe esta ley y tener el marco jurídico completo”, explicó el senador y ponente, Ariel Ávila.Además, esta ley contempla cuatro debates en el Congreso, que inicia en la Comisión Primera del Senado y podía ser debatido en las sesiones extraordinarias, que irían hasta el 5 de julio.“Extras va a haber para diferentes proyectos, entre esos este, el de la ley de sometimiento”, añadió Ávila.En esta ley de sometimiento no entrarían agrupaciones como el ELN y las disidencias de las Farc, como las de 'Iván Mordisco', al considerarse que tienen un estatus político.Le puede interesar:
Parece despejarse el camino del proyecto de ley de sometimiento a la justicia, el cual es considerado como la hoja de ruta del Gobierno para desmantelar y someter a estructuras y bandas criminales como el Clan del Golfo, los Pachenca, Los Espartanos y los Shottas, en desarrollo de la denominada paz total.Ariel Ávila, senador ponente de la iniciativa, precisó que luego de una reunión en la que participaron el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el ministro de Justicia, Néstor Osuna; y los congresistas ponentes, “se acordó radicar la ponencia el próximo martes o miércoles de la próxima semana, para iniciar la discusión en la Comisión Primera del senado, el próximo 20 de mayo”.El anuncio del senador Ávila se produce dos días después de que el ministro del Interior dejara la puerta abierta para aplazar la radicación del proyecto.“Ese proyecto es de tal entidad que yo quisiera que todos estemos completamente seguros de impulsarlo al mismo tiempo, no queremos presionar lo que no salga de manera fluida, quiero que ese proyecto y esa ley quede bien hecha”, expresó el funcionario.Para el senador liberal Alejandro Chacón, si bien es acertado que el Gobierno a través del ministro del Interior busque consensos, “es grave que en el trámite de un proyecto legislativo tenga la firma de un solo ponente”.Aclaró que el senador Ariel Ávila ha hecho un buen trabajo en la ponencia al tratar de mejorar el contenido del proyecto, incluyendo las preocupaciones del fiscal general, Francisco Barbosa, “pero tiene que demostrarlo”.Insistió que si el Gobierno tiene dudas sobre los alcances del proyecto, debe presentarlo en la siguiente legislatura.Para el Gobierno y los ponentes si las discusiones del proyecto se dan dentro de lo establecido, la iniciativa cumpliría su trámite por Senado hasta la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. El debate en la plenaria de esta corporación quedaría para la próxima legislatura. Le puede interesar: Los niños están en algún punto de la selva; hay información que están bien: directora del ICBF
El Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, mostró su beneplácito ante la decisión del Partido de la U de declararse en independencia.El jefe de la cartera política expresó que el Gobierno asume esta determinación con tranquilidad y aclaró que se trata de un mensaje de independencia mas no de oposición.“Si ustedes leen detenidamente el comunicado a nosotros nos gusta, porque dicen vamos a debatir ley por ley. (...) Con independencia la gente sabrá tomar decisiones e incluso nos permite hacer un diálogo más franco y directo con los congresistas”, subrayó.Sobre el futuro de las reformas sociales dijo que, “desde que los congresistas tengan la libertad de debatirlas con el Gobierno, no están en riesgo”, pero que el Gobierno debe estar listo “para convencerlos”.Recalcó que las reformas sociales del Gobierno tienen que defenderse por su contenido y eso es lo que está sucediendo.“Esto no es un tema de unos congresistas que están o no obligados a votar porque están en coalición, nosotros debemos explicar por qué es importante la reforma a la salud, por qué la reforma pensional va a pensionar a la gente que no tiene capacidad de pensionarse”, explicó.Proyecto de ley de sometimientoSobre la radicación de la ponencia del proyecto de ley de sometimiento, el ministro del Interior explicó que está por definirse una reunión con los ponentes, el ministro de Justicia y el Alto Comisionado para la Paz.“Ese proyecto es de tal entidad que yo quisiera que todos estuviéramos completamente seguros de impulsarlo al mismo tiempo, me preocupa hacer un mal proyecto de ley, quiero que ese proyecto y esa ley salga bien hecha”, señaló.Le puede interesar:
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En la tarde de este jueves, 21 de noviembre, funcionarios de la Procuraduría adelantan una visita preventiva al Ministerio de Hacienda y al ICETEX para determinar qué está pasando con el giro de la matrícula de miles de estudiantes del país.En desarrollo...
La polémica alrededor de la sanción interpuesta al técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, por presuntamente provocar a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay sigue dando de que hablar, ahora de cuenta de los inspectores de la capital de Antioquia quienes emitieron un comunicado en donde rechazan que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, haya considerado desproporcionada la sanción interpuesta por una inspectora en primera instancia.Hay que recordar que la decisión fue que el técnico mexicano deberá estar ausente de todos los estadios del país por un periodo de 36 meses y, además, le fue impuesta una multa económica 26 millones de pesos. Asimismo, según se ha podido establecer esta decisión está amparada bajo la Ley del Fútbol y es la sanción mínima que se le puede imponer a un protagonista directo de un espectáculo deportivo, en este caso el director técnico de un equipo de fútbol.Pero hay que decir que la cuestionada decisión ha causado reacciones desde varias orillas como en el Concejo de Medellín en donde el actual corporado y expresidente de Atlético Nacional, Juan Carlos De la Cuesta, solicitó que se investigue el accionar de la inspectora que, supuestamente, desconoce situaciones del fútbol."Hablar de tres años de sanción por Dios, ¿eso a quién se le ocurre? Yo sí solicito que a la mesa directiva, todo lo que tiene que ver con la política nacional de la cultura del fútbol, investiguen la actuación de esta persona que está impartiendo esta sanción, que de verdad está en todo despropósito y que aprenda por favor un poco de fútbol", denunció De la Cuesta.Ante esta petición llegaron las voces de rechazo desde los inspectores de Medellín, quienes le expresaron a Blu Radio que la decisión se tomó conforme a la ley tal y como lo aseguró la inspectora Claudia Flores, quien también manifestó que se está satanizando a los funcionarios públicos."No queremos darle ningún tipo de matiz, ni matiz de fútbol ni político. Entonces no vemos bien que se nos este satanizando o indicando que no tomamos decisiones en derecho o que son absurdas nuestras decisiones", afirmó Flores.Por su parte, otra voz de rechazo fue la de la inspectora Ana Vergara, que explicó que en las próximas horas habrá una reunión del colectivo para determinar otras acciones como, por ejemplo, una manifestación en el Centro Administrativo La Alpujarra. "Las decisiones de las autoridades de Policía deben ser respetadas y acatadas por todas las personas, incluidos el alcalde de Medellín. Para ello, las decisiones son susceptibles de los recursos", destacó la inspectora.Sin embargo, no solo la decisión de la inspectora generó polémica, puesto que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su desacuerdo y calificó la sanción como desproporcionada."Lo único que le faltó fue ese charlo de la ciudad, absurdo, claro, pueden haber sanciones, pero una sanción que me digan a mí, que quede expulsado del estadio el técnico de Nacional durante tres años, es una cosa absolutamente desmesurada, desproporcionada y que de nada contribuye a la solución", mencionó el mandatario.Precisamente estas declaraciones del mandatario podrían enredar aún más la situación, ya que según el inspector Carlos Jaramillo, Gutiérrez emitió un prejuicio que le impediría, según la ley, a la alcaldía de Medellín, en este caso a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, dar una sanción en segunda instancia."Eso es un prejuicio y en legalidad, la ley, la ley establece que yo no puedo prejuiciar ante situaciones que a posterior voy a conocer. Eso genera un impedimento o puede ser objeto de una recusación para que nos conozcan de esa segunda instancia", manifestó Jaramillo.En este caso y si en efecto la Administración Distrital queda impedida como aseguran los inspectores, sería el Ministerio del Deporte quien entre a dar una sentencia final en contra del entrenador extranjero.Por último y como pudo conocer Blu Radio, la decisión de que todo el proceso fuera llevado hasta una Inspección de Policía habría sido tomada por el delegado de la alcaldía de Medellín en el Puesto de Mando Unificado del partido en discusión, por lo que los inspectores han evidenciado su sorpresa por las declaraciones de Gutiérrez que eventualmente complicarían mucho más el proceso contra el técnico de Atlético Nacional.
Consulte los resultados del sorteo del chance Dorado Tarde. Este sorteo se realiza todos los días, incluso los días festivos.El número ganador del último sorteo de Dorado Tarde de hoy jueves, 21 de noviembre de 2024, es el número: (en minutos).Número ganador: (en minutos)Tres últimas cifras: (en minutos)Tres primeras cifras: (en minutos)Conozca todos los resultados de los sorteos anteriores de aquí.¿Quieres consultar los resultados de tus loterías y chances favoritos por WhatsApp? Haga clic aquí, suscríbase a nuestro canal y descubra al instante si es el próximo ganador.¿Cómo jugar?El Dorado Tarde es un juego de azar muy popular en Colombia, donde los jugadores apuestan por un número que creen que será el ganador en el sorteo.Elige un número: Puedes seleccionar un número de una cifra (0-9) hasta cuatro cifras (0000-9999).Realiza tu apuesta: Dirígete a un punto de venta autorizado y realiza tu apuesta por el número elegido.Espera el sorteo: El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 PM.Comprueba los resultados: Puedes verificar si tu número fue el ganador consultando los resultados.Si el número que elegiste coincide con el número ganador del sorteo, ¡felicidades! Has ganado un premio. El monto del premio dependerá de la cantidad de números acertados y de la modalidad de juego que hayas seleccionado.Nota: La publicación de los resultados es meramente informativa. En caso de existir algún error, discrepancia o controversia, los resultados válidos serán solamente los que se encuentren consignados en el acta que haya sido firmada por los delegados y autoridades presentes durante los sorteos.
En entrevista con Camila Zuluaga en Mañanas Blu, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), ofreció una visión crítica sobre las perspectivas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en cuanto a las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional. Bonilla resaltó varios desafíos clave que enfrenta Colombia para lograr una paz duradera con este grupo armado.Según la experta, "la llave de la paz nunca se debe botar definitivamente", aunque advirtió que esto no implica abrir las puertas a negociaciones sin condiciones. Este tipo de enfoque, como el que se observó al inicio del actual Gobierno, podría ser contraproducente, ya que no garantizaría el control institucional sobre el país. La subdirectora destacó que "este Gobierno el ELN tuvo varios golpes como organización", lo que demuestra que su disposición a negociar está más ligada a cumplir sus demandas que a un verdadero deseo de dejar las armas.Bonilla también señaló que la guerra del ELN ha tenido un costo elevado, con un número significativo de víctimas civiles, ya que la organización busca consolidar su poder sobre los territorios en disputa. Sin embargo, destacó que el proceso de paz no ha sido lo que ha fortalecido al grupo: "Desmovilizamos un grupo, pero no somos capaces de controlar el territorio", señaló, apuntando a las debilidades institucionales en la implementación de los acuerdos.Además, la analista subrayó las fracturas internas dentro del ELN, las cuales se han profundizado por la falta de avances en los diálogos con el Gobierno. "El ELN se fortaleció en paz y en guerra, o estamos haciendo mal la paz o la guerra, o las dos", comentó, sugiriendo que el enfoque actual para tratar con este grupo no está funcionando.Finalmente, Bonilla hizo énfasis en la diferencia entre el ELN y las Farc, destacando que los ciclos de la guerra son distintos y que las herramientas usadas con las Farc no son aplicables para otros grupos armados. "En este momento ningún grupo se parece a las Farc", concluyó, reafirmando la complejidad del conflicto y la necesidad de un enfoque adaptado a cada situación.En relación a la situación política en Venezuela, Bonilla también indicó que "si ahora el Gobierno de Maduro se cae no sería para un problema en Colombia y las negociaciones, sería más un problema para el ELN". Esta declaración subraya cómo el ELN, con su presencia en la frontera colombo-venezolana, podría verse afectado por los cambios en el poder en Venezuela, afectando sus propias dinámicas y estrategias."El próximo Gobierno tiene que tener decisiones inteligentes, es importante considerar las evidencias", terminó sugiriendo Bonilla al Gobierno que sea electo como sucesor del actual, el de Gustavo Petro.
