En el municipio de Puerto Parra, Santander, se llevó a cabo la sexta asamblea del Comité Municipal de reforma agraria. El lugar de este importante encuentro fue la biblioteca municipal.Con este comité se busca avanzar en la etapa de comprensión y análisis dados a los campesinos y líderes en la reforma agraria, respondiendo al llamado del campesinado santandereano y abriendo espacios para su participación.Para William Ramírez, coordinador de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), este es un importante paso hacia el desarrollo rural y la justicia social en Colombia, que se espera se lleve a cabo y avance en las diferentes regiones.Ramírez destacó que este es el sexto comité que se establece en la región. La creación del Comité Municipal de Reforma Agraria busca atender las necesidades de titulación y acceso a tierras para campesinos y víctimas en los diez municipios priorizados del departamento los cuales son: Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí, Betulia, Bolívar, Cimitarra, Puerto Parra y Simacota.En dicha asamblea participaron más de 80 líderes de organizaciones campesinas y representantes, incluso se autorizó la Comisión de Naciones Unidas, quienes han seguido de cerca los acuerdos de paz.La principal expectativa de los asistentes es la adquisición de tierras para campesinos y víctimas del conflicto armado. Asimismo, se solicitó una revisión de varios predios ocupados por campesinos y víctimas para asegurar una correcta distribución y legalización de las tierras.Ramírez subrayó la importancia del Comité Municipal de reforma agraria que facilitará a los campesinos la obtención de títulos de propiedad y acceso a nuevos predios. "Este comité no solo facilita el camino para que las y los campesinos sean los dueños legítimos de sus tierras, sino que también les abre puertas a créditos y apoyos gubernamentales que fortalecerán su capacidad para las prácticas agrícolas”, explicó.La constitución del comité representa un reconocimiento a la valiosa labor de los campesinos, quienes han sido los guardianes de la tierra y la producción de alimentos en Colombia. Su conocimiento y experiencia son fundamentales para asegurar una distribución justa de la tierra y promover prácticas agrícolas sostenibles que beneficien a toda la comunidad. La iniciativa reafirma el compromiso con el bienestar y desarrollo del campesinado, esencial para el éxito de la reforma agraria en el país.
Desde la fundación Forjando Futuros alertan al Gobierno nacional sobre restitución de tierras, pues a pesar de que durante el Gobierno Petro han aumentado en un 21 % las sentencias de casos, la meta nacional no alcanza ni el 5 % y de seguir a este ritmo serían necesarios 169 años para cumplirle a todas las víctimas.La Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia tiene 13.126 solicitudes de restitución de las cuales hay tan solo 2041 casos definidos con sentencia y más de 3.000 no se encuentran habilitadas para la intervención por temas de conflicto.“Digamos que hay procesos de resistencia frente a la entrega de los predios que han sido ordenadas las restitución de tierras, en algunos casos se ha encontrado situaciones donde no ha sido posible, por ejemplo lograr el desarrollo, entonces se busca, la intervención por parte de la Personería de la fuerza pública y también cuando definitivamente se ha dado se han dado órdenes de atención a estos segundos ocupantes en condición de vulnerabilidad, que las personas tengan un poco clara la ruta", señaló señaló el director de Forjando Futuros, Cesar Augusto Londoño.Bibiana Ruiz es una de las víctimas. Ella asegura que las medidas no son suficientes y alega porque se le devuelva la dignidad de vida a las víctimas de este conflicto.“Y poder volver a tener una calidad de vida, que es lo importante calidad de vida, para las víctimas que no le nieguen su sentencias que no le nieguen sus propósitos, porque realmente hay veces que sí se niega muchas cosas, pero sí he visto que ha habido mucho avance en los temas de mejoramiento de la atención", pidió.Finalmente, asegura que si bien este año se ha visto mayor intervención del Gobierno, los resultados aún no son contundentes en cuanto garantizar la calidad de vida de las víctimas.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, entregó detalles sobre el decreto que lista el Gobierno para agilizar la compra de tierras.De acuerdo con la jefe de cartera, el decreto incluye las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para agilizar los procesos.“No es un proceso expropiatorio, no es un proceso que nos hayamos inventado en este Gobierno”, afirmó la ministra.“En virtud del principio de eficacia (…) en los procedimientos administrativos agrarios se aplicarán preferentemente mecanismos indirectos y tecnologías de la información y comunicaciones que permitan avanzar más eficazmente”, señala el documento.Hay que recordar que antes de 2017, los procesos los podía terminar la propia autoridad agraria sin que tuvieran que presentarse ante un juez. Pero luego se agregó la etapa judicial, en principio para dar más garantías, pero eso terminó haciendo más dispendiosos los procesos. Con esta nueva norma, será la Agencia Nacional de Tierras la que culminará el caso. Sin embargo, contra la decisión que tome la entidad proceden tanto el recurso de reposición y en subsidio de apelación, así como una acción de nulidad agraria.“Buscamos un proceso más rápido con unas instancias mucho más claras y con una precisión técnica que tenemos hoy a diferencia de décadas anteriores”, explicó la ministra sobre el nuevo decreto.Sobre la expropiación de tierras, la jefe de cartera explicó que el decreto especifica en detalle las causales de extinción de dominio que existen desde la Ley 160 de 1994. Esto, con el objetivo de que quien tome la decisión sobre los casos no las interprete ampliamente a su criterio, sino que estas causales estén mucho mejor explicadas. Así, a su vez, las oposiciones también podrán ser más claras.“En este decreto se reglamentan los procesos agrarios de competencia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el ánimo de poder cerrar una dispersión normativa que se había dado previamente y generar unos mecanismos más ágiles y eficientes que permitan cumplir la meta de las 500.000 hectáreas al año durante los tres años de Gobierno que quedan para llegar al 1.500.000 hectáreas que es la apuesta de la reforma agraria”, dijo sobre el proyecto de decreto la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.Vea aquí la entrevista:
El Gobierno está preparando el lanzamiento del ‘Programa especial de dotación de tierras a favor de población campesina para la producción de alimentos’, en otras palaras, la reforma agraria. La venta voluntaria de tierras es el plan inicial, pero un borrador de decreto del Ministerio de Agricultura sugiere que hay un plan B, declarar en algunos predios la utilidad pública y el interés social.Empecemos por el objetivo de la reforma rural: entregarles tierra fértil a campesinos que no la tienen y fomentar así una la equidad y la producción de alimentos. Los beneficiarios serán las familias campesinas, pero también pueden hacer fila agromineros (que es como se refiere el Gobierno a personas que ejercen la minería informal y cultivan su propia comida), asociaciones y cooperativas agrarias e incluso juntas de acción comunal.El documento indica que el Ministerio de Agricultura podrá determinar la existencia de zonas prioritarias para el programa teniendo en cuenta criterios como la existencia de "altos niveles de concentración de la propiedad rural", "baja productividad" o "alta conflictividad agraria".En esos lugares "la Agencia Nacional de Tierras podrá, sin perjuicio de la oferta voluntaria de la que trata el artículo 62 de la Ley 2294 de 2023, declarar de interés social y utilidad pública, conforme a las causales dispuestas en el numeral segundo y quinto del artículo primero de la Ley 160 de 1994, los predios que identifique como necesarios para adelantar el programa".La declaratoria de "interés social y utilidad pública" es una figura que se utiliza cuando el Estado, o una empresa privada, está construyendo un proyecto de utilidad pública como por ejemplo una carretera o una hidroeléctrica y necesita que le vendan un predio. Si esos proyectos son de utilidad pública ese predio puede ser expropiado.En este caso, la declaratoria solo se podría hacer en esas zonas y con el objetivo de eliminar y prevenir la distribución inequitativa de la tierra y fomentar la adecuada explotación de las tierras "incultas, ociosas o deficientemente aprovechadas"¿Cómo va a ser la entrega de tierras a los campesinos?La Agencia Nacional de Tierras conformará en cada zona priorizada del país los comités de reforma agraria y los comités de beneficiarios en donde acordará a quiénes y para qué se va a entregar la tierra.La idea es que no solo se entregue una tierra, sino que además esa tierra se cultive y esa comunidad prospere así que el decreto señala que las entidades del gobierno deben llegar a ofrecer "servicios sociales básicos e infraestructura física, crédito, diversificación de cultivos, adecuación de tierras, seguridad social, transferencia de tecnología, comercialización, gestión empresarial y capacitación laboral".Otro borrador de decreto del Ministerio de Agricultura busca reglamentar y darle orden a la participación de todas las entidades del gobierno nacional en el propósito de sacar adelante esta reforma y llevar al campo todas las promesas de la reforma.Le puede interesar:
En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la nueva ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, respondió a la polémica proposición de “expropiación exprés” en el Plan Nacional de Desarrollo, PND. Más temprano la representante a la Cámara, Katherine Miranda habló de la proposición, de la cual dijo que permitiría, en 21 días, quitarle la propiedad a una persona.La jefe de cartera dijo que esta no es una iniciativa que se respalde desde el Ejecutivo, pues, según argumentó, el Gobierno Nacional no tiene la necesidad de impulsar la inciativa, ya que la expropiación está contemplada en la ley. “Desde el Gobierno nacional tenemos la intención de facilitar distintos mecanismos que hay hoy en la legislación, de manera que se facilite el proceso de compra. (…) Respaldamos unas iniciativas que respaldamos desde el Gobierno nacional. Reiteramos que el Gobierno no tiene necesidad de hacer procesos de expropiación. La expropiación es una fórmula que está en la legislación”, aclaró la funcionaria.Mujica, quien reemplazó a Cecilia López en el Ministerio de Agricultura, aseguró que desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro no hay instrucciones con respecto y destacó que las iniciativas buscan fortalecer las políticas agrarias: “Tenemos la intención de facilitar destinos mecanismos que hay en la legislación agraria de manera que se facilite el proceso de compra; que se permita hacer proceso de avalúo comercial, que permita traer bienes dispersos”.Más temprano, en diálogo con Mañanas Blu, Miranda había manifestado que la proposición señalaba que si el Estado considera que un predio es de utilidad pública podría, en 21 días, pagarlo, no con el precio comercial, sino el catastral. “Lo que están presentando no es compra de tierras, sino expropiación exprés. (…) Si vamos a hablar de compra de tierras, hay dos artículos ya dentro del Plan de Desarrollo, que lo hemos estudiado, que determinan cómo será el procedimiento de compra voluntaria y con avalúo comercial. Lo que quieren presentar ahorita es una expropiación exprés, donde en 21 días, expropian de un terreno a una persona”, dijo.Finalmente, y a propósito de las fotografías que han circulado en redes sociales en las que se ve en un mural de Hugo Chávez en Venezuela, la Ministra de Agricultura dijo que se trata de fotografías que no tienen mayor fondo de discusión y que se trata de imágenes que cualquier persona se podría tomar: "Me tomé fotos, como uno se toma fotos en cualquier lugar".Escuche la entrevista con la ministra:
La Agencia Nacional de Tierras, ANT, presentó una demanda para recuperar 10 terrenos baldíos en las Islas del Rosario, debido a que algunos de ellos habrían sido arrendados, presuntamente, de manera irregular.La ANT busca anular los contratos de arrendamiento y que, por medio de una medida cautelar solicitada al Tribunal Administrativo de Bolívar, sean devueltos al Estado."En los contratos se pactó un arriendo inferior al 1% del avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, violando el artículo 4 del Acuerdo 041 de 2006 que establece ese porcentaje. La ANT pudo establecer que el 26 de enero de 2017 se denunció ante la Fiscalía General de la Nación que se celebraron contratos por un 77% inferior al valor que debió pactarse", explicó la agencia.Según las denuncias, algunos de los contratos también habrían sido celebrados con abuso o desviación de poder, pues se suscribieron el último día de existencia del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder: algo que es prohibido legalmente, pues además algunos de los arrendatarios se encontraban en mora con el Estado cuando suscribieron los contratos.“Hemos realizado una reunión con representantes de algunos de los que ocupan estos predios para plantearle la necesidad del Estado colombiano de recuperarlos en beneficio de las poblaciones raizales y nativas, pero no logramos llegar a un acuerdo", aseguró Gerardo Vega Medina, director General de la Agencia Nacional de Tierras.Ante esta situación, ya había sido radicada una denuncia por lo que desde la entidad le han pedido a la Fiscalía avanzar en las investigaciones, con el fin de determinar por qué se presentaron estas presuntas irregularidades con los predios mencionados.¿Predios entregados por paramilitares harían parte de la reforma agraria?Desde Neiva, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina, indicó que además de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), hoy se tienen más de 1.700.000 ofertas para la compra de tierras que harán parte de la Reforma Agraria Rural Integral.“Hoy en oferta hay más o menos 1.700.000, de los cuales han llegado ofertas no solo de Fedegan sino también hay un cúmulo de ofertas que se le hicieron comunidades indígenas, comunidades negras, campesinos y otras ofertas individuales que han llegado a la correspondencia de la Agencia Nacional de Tierras”, puntualizó.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro:
Nuevas confrontaciones se reportan entre el Esmad y familias que están en proceso de desalojo del predio Bellavista en el corregimiento El Totumo de Necoclí, Antioquia.El predio fue restituido por un juez a un reclamante, pero las 100 familias que están en el predio aseguran que tiene documentos de posesión y que no se dejarán desalojar.Las personas hacen resistencia a la fuerza pública y atacan con palos para evitar el paso de los uniformados hacia sus casas, lo que ha generado una gresca.Este no es el único caso, pues ya han sido 16 ocasiones en los que se intenta hacer este desalojo en el predio Bellavista por parte de las órdenes judiciales y la intervención de la fuerza pública. Sin embargo, hasta ahora no ha sido efectivo por la resistencia de la comunidad."La comunidad resiste, resiste a dejar desalojar a algún miembro de la familia que habita el predio. Se resisten a permitir que saquen, que derriben o que invadan sus casas", señaló Hoover Acosta, líder comunitario en ese predio.Por lo pronto, la Alcaldía de Necoclí espera que el Gobierno nacional convoque a una reunión para buscar soluciones.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El presidente Gustavo Petro planteó modificaciones al marco fiscal de mediano plazo para tomar deuda interna por unos 60 billones de pesos y, así, poder comprar tierras y entregarlas a un menor precio a los campesinos. La idea es que sean terrenos productivos, pero, ¿de dónde saldrá el dinero?, ¿qué pasa si alguien no quiere vender? o ¿quiénes serán los beneficiados?Al respecto, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, aseguró que no se forzará a nadie a vender y que solo se busca analizar las condiciones de los predios y, que los dueños estén en “disposición” de negociar.“Pues no lo vende, simplemente. Aquí a nadie se le va a forzar a vender, solo que esté dispuesta a la venta de esas tierras y los avalúos y, para eso hay una máxima autoridad”, señaló en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.Según dijo, actualmente hay 450.000 hectáreas restituidas en 10 años, lo que “beneficia a alrededor de 12.000 familias” en el país. Sin embargo, recalcó que aún falta mucho respecto a los terrenos que hoy son baldíos.Añadió que, en muchos de los casos, fueron “grupos de extrema derecha y paramilitares” los que les quitaron la tierra a los campesinos que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) les había dado en su momento.
Con gran incertidumbre y mortificados, así dicen haber amanecido cerca de 210 familias de campesinos y desplazados de la violencia que desde hace 12 años empezaron a ocupar la hacienda La Oficina, ubicada en el municipio de Chimichagua, en el sur del Cesar, pues, aunque hasta este momento no han llegado a desalojarlos, tras cumplirse el plazo de 48 horas que dio el presidente Gustavo Petro para que salieran, temen que se les meta a cualquier hora para sacarlos.Erasmo Arrieta, uno de los campesinos, cuenta que llegó a esa finca como trabajador y desde hace 11 años ha permanecido allí. En la actualidad tiene lista una cosecha de mango que espera recolectar para el sustento de su hogar y, al igual que las otras familias, no está dispuesto a salir, pues, según ellos, lo que ha hechos es trasformar un predio que era improductivo en la despensa alimentaria de varios municipios.Dicen que no esperaban esta decisión del presidente y que la guerra se puede estar desatando por la alimentación.“Creo que la guerra hoy no se va a desatar por cosas materiales, sino por la alimentación del ser humano. No tenemos de dónde alimentarnos, recursos para que nuestros hijos asistan a la universidad. Nosotros, las 210 familias, trabajamos en el gobierno de Petro acá en el municipio de Chimichaga y no nos esperábamos esto”, dijo Arrieta. Por el momento han dicho que tienen instalados puestos de vigilancia por si viene la Policía o alguna otra autoridad para sacarlos.Escuche el podcast de Lo más viral:
Este jueves, 4 de agosto, en la Sala Plena de la Corte Constitucional se discutió una ponencia que propone una serie de reglas para solucionar el problema de los baldíos en el país. Sin embargo, la decisión quedó aplazada para la próxima semana.La Corte Constitucional tiene en sus manos determinar una decisión que promete resolver uno de los problemas más complicados del país, para el gobierno de Gustavo Petro, y que tendría que ver con las propuestas que tiene la administración entrante con su reforma agraria. Además de que se cumpliría uno de los puntos del acuerdo de paz que se pactó con la extinta FARC en la Habana, Cuba.La Agencia Nacional de Tierras, ANT demandó a los Juzgados Promiscuo de Cocuy, Boyacá, Suesca, Cundinamarca y San Miguel, Santander, porque entregaron las tierras baldías a varios campesinos.Sin embargo, el lío jurídico tiene que ver con que la ANT, por el decreto 29 de mayo de 2017, está reclamando que era su competencia y no de los juzgados, por lo que con ponencia del magistrado Antonio Lizarazo se estudian 13 tutelas que buscan resolver el fututo de los baldíos y qué pasaría tanto con los campesinos, que ya recibieron su terreno, como con aquellas futuras solitudes.Esta ponencia lleva dos años en estudio y está por definirse las reglas para saber cómo y quién entregará estas tierras públicas a los campesinos. Además, cómo la Agencia Nacional de Tierras deberá ponerle la lupa a todos los requisitos y casos que se han dado entorno a los terrenos baldíos.Para el magistrado Antonio José Lizarazo, quien, según fuentes del alto tribunal, ha cambiado la ponencia 5 veces, estuvo mal la entrega de estos terrenos a terceros bajo la figura “prescripción de dominio”.¿Qué dice la figura de prescripción de dominio?“Las personas podían pedir a un juez un segmento de tierra, bajo la premisa que debían demostrar el tiempo que han vivido en este sitio y aprovechado el terreno a pesar de no ser el propietario o tener un título del predio”.El magistrado Lizarazo en su ponencia enfatiza que, aunque jueces civiles entregaron las tierras bajo este argumento, la competencia era de la Agencia Nacional de Tierras.Le puede interesar: Se está poniendo viejo
