Este miércoles, 18 de enero, en diálogo con Meridiano Blu de Blu Radio, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, criticó las decisiones del Gobierno de Gustavo Petro y aseguró que no es “amanuense” de su mandato.El fiscal puntualizó que no solo en el país hay temor por las decisiones del jefe de Estado entorno a su paz total, pues desde Estados Unidos están en alerta ante las últimas decisiones que viene tomando contra “delincuentes”.“La verdad es que alrededor del tema de la paz hay un conjunto de integración de competencias entre los tres poderes. Es verdad que la Constitución le da función al presidente de conservar el orden público y reestablecerlo en donde fue perturbado dándole facultades sea por la vía militar o la vía de la negociación. Además, que hay una relación armónica entre los poderes; por ejemplo, el fiscal está obligado a informar a jefe de Estado sobre los procesos legales que tengan incidencia en la conservación de esto”, explicó el exfiscal Alfonso Gómez Méndez sobre el choque de poder que existe por la decisión de levantar ordenes de captura a integrantes del ELN, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.Alfonso Gómez puntualizó que hay algo que no se ha tenido en cuenta frente a los argumentos del presidente Gustavo Petro; cuando fue la Ley de Justicia y Paz en el mandato de Álvaro Uribe Vélez pretendió inicialmente una amnistía a paramilitares y las cortes les respondieron que esto solo para delincuentes políticos; es decir, solo aplica para voceros de grupos políticos armados que entran en conversaciones con el Gobierno.“Entonces en lo que tiene razón el fiscal Barbosa es que no se trata de voceros o representantes de organizaciones, sino delincuentes comunes (…) Es muy difícil que ahorita haya alguien con la autoridad suficiente para decir ‘tiene razón el presidente o tiene razón el fiscal”, añadió.Por su parte, el exfiscal Eduardo Montealegre, quien fue miembro de la Corte Constitucional, agregó al argumento de Gómez que la decisión final la tomará dicha rama de poder, pues el Gobierno deberá instaurar una tutela si son o no obligatorias las decisiones que tome el presidente en materia de paz.Sin embargo, considera que el fiscal Francisco Barbosa está equivocado, según él, por sus posturas, pues va en contra de lo que establece la jurisprudencia de los derechos humanos en el plano internacional.“Es absolutamente claro desde hace décadas que el concepto de delito político, de insurgencia, rebelión, no juegan ningún papel en el plano internacional cuando se trata de conversaciones de paz. Gómez por estar anclado al siglo XIX no se adaptó a las normas de la nueva época (…) Los que tienen confusión es Méndez y el fiscal ‘Barbosita’ ante estas medidas que son claras y nítidas”, indicó Montealegre.Según el exfiscal, es que la postura de Barbosa es un sindicato en contra de la paz de Colombia cuando se deben dejar a un lado las diferencias que da el derecho internacional para tomar las decisiones en diálogo de paz.
El senador por el Pacto Histórico Iván Cepeda se refirió en Noticias de la Mañana de Blu Radio acerca de la decisión de la Fiscalía General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo, pese a la petición del presidente de la República, Gustavo Petro, en el marco del proyecto de la paz total.De acuerdo con Cepeda, esta determinación del organismo investigador va a tener que ser cambiada, debido a que en su concepto desconoce la ley, pues hay un precepto jurídico, el parágrafo segundo del artículo 8 de la la Ley 2272 del 2022, que le permite a Petro solicitar la suspensión de estas órdenes."Ahí dice claramente que grupos que se estén siendo parte de un proceso de sometimiento a la justicia, sus representantes pueden no solamente participar de esos procesos de sometimiento; sino que para esos efectos recibir el levantamiento de órdenes de captura", manifestó el congresista.Desde su óptica, el fiscal general, Francisco Barbosa, "ha desconocido olímpicamente esa norma" y por lo tanto tendrá que cambiar su decisión. Así que dijo estará atento a ver mediante qué vía legal se produce este hecho, en pro de avanzar en los diálogos exploratorios con este grupo armado ilegal."Nadie ha planteado que con el Clan del Golfo y con otros grupos ligados a las economías ilícitas se esté planteando un proceso de diálogo político. No sé de dónde surge esa afirmación en la carta del fiscal. Una vez corrija ese malentendido, que puede ser parte de una lectura equivocada, pues puede proceder a levantar las órdenes de captura", manifestó Cepeda.Para el senador, este un proceso que debe surtirse con eficacia y para lo cual debe haber toda la colaboración de la Fiscalía. Del mismo modo, espera que con un diálogo constructivo se supere esta situación. "Están ocurriendo hechos de violencia que conocemos y que deja un saldo lamentable y es una situación que debe ser objeto de tratamiento", indicó.El parlamentario explicó que una vez que hay un acercamiento y se verifica que hay una voluntad real de estos grupos de adelantar un proceso, el paso siguiente es identificar cuáles son los demás requerimientos para que el acogimiento a la justicia y la reincorporación social se produzca. Por lo pronto, el primer requisito para avanzar es el de suspender las órdenes vigentes.Es claro para el congresista que se está "ante una política que se está estrenando en el país, la de paz total, que tiene unas visiones diferentes e innovadoras a los parámetros que tradicionalmente se han adoptado y es comprensible que haya debates jurídicos. Pero poco a poco se entrará en una normalidad y en la ejecución de las decisiones de una manera eficaz", precisó el senador.Frente a este tema, el ministro del Interior y vocero de la Presidencia, Alfonso Prada, dejó en claro que el Gobierno respeta la decisión tomada por el ente acusador de negar la solicitud de suspensión de órdenes de captura contra estos insurgentes, pero que desde el Ejecutivo se insistirá en esta petición.Entre los cabecillas para los cuales el Gobierno pidió que se levantaran los procesos judiciales en contra está Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo': quien pasó a ser el máximo cabecilla del 'Clan del Golfo', tras la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’.
La controversia sobre los trece indultos otorgados por el presidente de Chile, Gabriel Boric, con motivo del fin de año creció este martes pese a que la potestad presidencial ha sido ejercida de forma regular y amplia por todos sus predecesores, con más de 1.600 casos desde que en 1990 retornó la democracia.El tono lo elevó este martes la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido ultraconservador de oposición formado en la década de los pasados ochenta, que anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para que elimine esta facultad presidencial, argumentando que en este caso se trata de “indultos políticos”.En diálogo con Mañanas Blu, el senador chileno Fidel Espinoza Sandoval se refirió a estos indultos y al caso del exfrentista Jorge Mateluna, que ha causado gran revuelo en ese país.“En este caso se ha generado una polémica porque, como todos sabemos, en Chile en el estallido social hubo mucha destrucción de la propiedad pública y privada. Se puso en riesgo, en muchos casos, la vida de las personas, se quemaron iglesias, universidades y muchos de estos jóvenes fueron parte de esos delitos”, comentó en Blu Radio.“Estamos evaluando, estamos recopilando antecedentes, abogados constitucionalistas están revisando este tema”, dijo el presidente de la UDI, Javier Macaya, respecto a llevar el caso ante el Tribunal Constitucional.Además, ha amenazado con retirarse de la "mesa transversal de seguridad", al igual que han hecho otros miembros de la coalición opositora de derechas "Chile Vamos".La presidencia de Chile anunció el pasado viernes el indulto a 13 personas, entre ellas 12 jóvenes detenidos en el marco de las protestas sociales que sacudieron el país en 2019 y el exguerrillero Jorge Mateluna, miembro del grupo armado de oposición a la dictadura Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en prisión desde 2008 por un delito de robo.El indulto a Mateluna, que siempre ha defendido que no participó en el atraco al banco Santander que se le imputa y ha denunciado que fue condenado con pruebas viciadas, es el que más polémica ha generado, controversia en la que también se ha implicado la Corte Suprema después de que Boric aludiera a las presuntas irregularidades en el proceso.Tras conocerse la medida de gracia, el citado tribunal afirmó que "ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.En respuesta, Boric aseguró este martes que "sería una mala noticia como país que como presidente de la República iniciara una disputa con el Poder Judicial, como desgraciadamente se ha hecho costumbre en otros países alrededor del orbe", afirmó.“Independiente de mi opinión personal del caso en cuestión, el indulto otorgado a Jorge Mateluna se funda en las atribuciones que como presidente de la República me otorgan la Constitución y las leyes”, agregó.MÁS DE 1.600 INDULTOS PRESIDENCIALES DESDE EL FIN DE LA DICTADURALa concesión del indulto en Chile es una potestad que descansa exclusivamente en el jefe de Estado, que tiene la facultad de cambiar, conmutar o dejar sin efecto una sentencia definida por el Poder Judicial.Desde el retorno de la democracia en 1990, esta facultad presidencial ha sido aplicada en más de 1.600 ocasiones, con un máximo de 928 durante el mandato del primer presidente post dictadura, Patricio Aylwin (1990-1994).Y apenas 24 durante el segundo cuatrienio del predecesor de Boric, el presidente Sebastián Piñera (2018-2022), quien otorgó la gracia presidencial a dos personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.El brigadier Raúl Rojas Nieto, entonces de 84 años, condenado a siete años por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas tras el golpe conocida como "caso Caravana de la Muerte", y el oficial en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) Víctor Mattig Guzmán, entonces de 81 años, condenado a 10 años y un día por el delito de secuestro calificado.Eduardo Frei concedió 343 indultos entre 1994-2000, entre ellos a un controvertido narcotraficante; el socialista Ricardo Lagos dio 204 de estas gracias entre 2000 y 2006 y la también progresista Michelle Bachelet se la otorgó a 67 condenados durante su primer mandato (2006-2010) y apenas diez durante el segundo (2014-2018).Sebastián Piñera perdonó por gracia presidencial a 14 personas durante su primer periodo (2010-2014).
Al término de la Asamblea General de Gobierno, que se desarrolló en la hacienda presidencial de Hato Grande con más de 100 funcionarios de alto nivel de la administración, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley de paz total que fue aprobada por el Congreso en las últimas horas.“La ley de la paz, marco jurídico que permite, desde hace muchos años, a los gobiernos adelantar negociaciones con quienes están al margen de la ley para conquistar el sueño de la paz total en Colombia, así que ahora le corresponde a nuestro comisionado de paz implementar buena parte de esta reglamentación”, señaló el presidente durante la sanción.El presidente Petro también señaló que habrá personas que negociarán con la justicia la posibilidad de un “desmantelamiento pacifico del crimen”, mientras otras lo harán con el Gobierno para “acabar la guerra insurgente definitivamente sin ecos”.Adicionalmente, el ministro del Interior y nuevo vocero del gobierno nacional, Alfonso Prada, explicó que la Comisión de Alto Nivel, que crea la ley de la Paz total, estará conformada por el ministro de Defensa, el alto Comisionado para La Paz y el director nacional de Inteligencia.“Calificar el tipo de organizaciones con el que adelantaremos negociaciones políticas como con el ELN o, por otro lado, las califican como una organización de alto impacto de crimen que tendrán un acogimiento a la justicia de conformidad con el código penal”, añadió.El Congreso colombiano aprueba la reforma tributaria del Gobierno de PetroLa Cámara de Representantes de Colombia aprobó la reforma tributaria presentada por el Gobierno, lo que supone la luz verde para esta norma con la que se pretende recaudar el año próximo 20 billones de pesos (unos 4.000 millones de dólares) para "la igualdad y la justicia social", en palabras del presidente Gustavo Petro.El debate en la Cámara Baja, que comenzó el miércoles y se prolongó hasta la noche de este jueves, consiguió salvar el proyecto de ley con algunos cambios al presentado inicialmente y se suma al voto positivo que también dio el miércoles el Senado tras 15 horas de debate."Esta reforma tributaria en primer lugar es una gran contribución al cambio que pretende adelantar con fuerza el Gobierno nacional", aseguró en el Congreso el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien añadió que la norma garantiza "una política fiscal sólida" y avala que existen "los recursos adicionales para poder impulsar la paz social".Escuche el podcast: Corazón Leopardo
El ministro de defensa, Iván Velásquez; el ministro de justicia, Néstor Osuna, y el comisionado de paz, Danilo Rueda, estuvieron este miércoles en el Congreso de la República conversando y explicando los polémicos artículos de la ley de orden público, que de ser aprobada, permitiría que el presidente otorgara indultos a personas detenidas y procesadas en marco de la protesta social, como la Primera Línea.Una de esas reuniones la mantuvo con la bancada del Partido Verde en la que después de dos horas y media el ministro de justicia, Néstor Osuna, aseguró que la medida de indulto no es nueva y que incluso hay solicitudes en su ministerio para aplicarla, aunque no en marco de la protesta social.Además, el ministro Osuna aseguró que todo está en manos de la votación de los congresistas, quienes el martes, 25 de octubre, decidirán si se avanza con esa ley. Aunque el ministro aseguró que si no se consiguen los votos necesarios la norma continuará como está.Mientras tanto, el ministro de defensa, Iván Velásquez, aseguró que hay sectores que han propuesto incluir no solo el indulto sino la amnistía.Asimismo, Velásquez dijo que la ley no incluye excepciones sobre a quienes se les podría aplicar la norma por lo que los miembros de la fuerza pública quedarían cobijados por la medida. Agregó que algunos sectores le han planteado que se deben poner excepciones para algunos delitos sexuales u homicidios.Aunque el comisionado de Paz, Danilo Rueda, que también estuvo en la reunión con los congresistas, no dio declaraciones, la presencia de los ministros y funcionarios del gobierno es muestra de que el Gobierno busca esclarecer la polémica de esta ley que será nuevamente discutida el próximo martes.Le puede interesar:
El alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, que participó en un evento de la Defensoría del Pueblo en Medellín, aseguró que no hay que escandalizarse con la reforma a la ley de sometimiento que ya despierta polémica por los beneficios jurídicos. Además, los cambios que se están planteando se ajustan a la Constitución.El borrador de la reforma a la ley de orden público que ya despierta polémica, pues según el documento se contemplarían reducciones de las penas de cárcel hasta un 60% pero otra condición es que los condenados que colaboren con la justicia, como el caso de los narcos, podrían quedarse con un 10% de los bienes."Insisto que no hay que escandalizarse, hay que escuchar. Los Estados Unidos lo ha hecho, ellos lo hacen permanentemente. ¿Por qué los colombianos, tomando ese ejemplo no podemos hacerlo?", manifestó Rueda.Según el comisionado, este tipo de cambios hacen parte de toda una apuesta por la justicia restaurativa en busca de que los grupos ilegales se acojan al proceso de la paz total del presidente Gustavo Petro.Le puede interesar: Bamm podcast
Tres mujeres fueron detenidas en Irán después de que aparecieran en las redes sociales imágenes de ellas bailando en el cementerio de los "mártires" de Nichapur, informó el fiscal de la ciudad."Después de la publicación de un video en internet que muestra a tres mujeres jóvenes bailando en el cementerio de los mártires de Nichapur en la provincia de Jorasán Razavi, el fiscal ordenó su arresto", indicó el fiscal Mohamad Hoseini, citado por la agencia de noticias Tasnim."Las familias de los mártires fueron heridas" por el comportamiento de estas mujeres, dijo el fiscal, sin revelar más detalles sobre su identidad o su edad."Las jóvenes han expresado remordimientos y excusas por haber cometido un acto contra las normas sociales", precisó Hoseini, añadiendo que se ha abierto una investigación. La ley en vigor en Irán desde la revolución islámica de 1979 prohíbe la danza en público, pero no entre personas del mismo sexo."La danza no es un delito en sí mismo y no se pueden iniciar acciones judiciales contra alguien que lo hace", según juristas iraníes. "Sin embargo, si alguien baila en público o si el baile es publicado en internet de una manera que pueda dañar la decencia pública, puede ser demandado", subrayaron.Escuche el podcast "Zorros y Erizos" y conozca el acontecer político del país:
El alcalde de Cimitarra Henry Riaño, habló en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, sobre los hechos de orden público que sacudieron este domingo el sector conocido como La Paz en el municipio de Cimitarra, Santander.El mandatario indicó que se presentó una riña entre varias personas quienes estaban bajo efectos del licor. "No hubo enfrentamiento armado sino el control de una riña por parte de una riña en un establecimiento (…) Llega la Policía y la riña para y ahora no sabemos que sucedió, todo es materia de investigación para saber cuál fue la razón para que las personas tomaran ese acto de intolerancia frente a la Policía. Se vienen contra los uniformados y son ellos quienes detonan las armas debido a que venían encima ante una agresión muy fuerte, pero todo es materia de investigación", señaló.En un video se observa como los policías tratan de protegerse de los disparos. Un uniformado accionó su arma de dotación para defenderse del ataque. Además de los heridos, varios locales comerciales resultaron afectados.La Policía ordenó una investigación disciplinaria al interior de la Estación de Cimitarra para dejar a disposición de la Fiscalía las armas de dotación de los uniformados que intervinieron en el procedimiento para establecer exactamente las circunstancias y responsabilidades en estos hechos.Escuche la entrevista en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
Los comerciantes que se encuentran en los distintos puntos de concentración donde se reunieron los taxistas durante su protesta nacional en Cali, se declararon molestos por las pérdidas económicas que generó el bloqueo de las vías y el caos vehicular debido al ‘plan tortuga’.Aseguran que las horas de cierre de los corredores viales afectaron, en gran manera, a los dueños de restaurantes que indicaron que, incluso, las pérdidas superaron un 50%.Los bloqueos en el puente de Juanchito y el puente de Alfonso López, trajeron consecuencias negativas para los empresarios que tienen sus negocios en la vía que comunica a Cali con Candelaria.No deje de leer: Eliminarán dígito en pico y placa de taxistas de Cali tras acuerdo con la Alcaldía “Me demoré más de dos horas para llegar a mi destino de trabajo, eso atrasó la producción y las ventas”, dijo uno de los afectados.Sumado a esto, varias empresas de envíos y transporte de mercancía tuvieron que cancelar el envío de pedidos afectando, en gran manera, a los transportadores que prefirieron no arriesgarse a quedar atrapados por horas en las manifestaciones.Entérese también: Algunos taxistas detienen a sus colegas y los obligan a bajar sus pasajeros en Cali Gloria Gutiérrez, propietaria de un restaurante de comida típica, indicó que en su negocio se dejaron de vender decenas de platos que generaron pérdidas superiores a los 300.000 pesos.“A uno no le da rabia que protesten, sino que hagan las cosas tan mal como las hicieron. ¿Por qué no iban a protestar a la Alcaldía o a la Gobernación? Lo único que hicieron fue perjudicarlo a uno que le tocaba venir a trabajar”, dijo.Otro de los afectados fue Óscar Pizarro, un empresario que indicó que, además de las obras de la doble calzada hacia Candelaria, se sumó el paro de taxistas que generaron más pérdidas en su empresa.“Los proveedores son, en su mayoría de Cali, entonces no pudieron llegar. Súmele que el tráfico se disminuyó y no arrimaron clientes, aquí las ventas bajaron entre un 40 - 50%”, dijo.“Esto es un corredor gastronómico muy grande, pero ese paro no solo afectó a Cali, sino la salida hacia Juanchito, Candelaria e incluso, Florida”, agregó.
Los panelistas de Mañanas BLU debaten sobre si hubo ‘conejo’ por parte del Gobierno a la bancada del Centro Democrático, que firmó la constancia donde quedaron consignadas sus propuestas.
Nuevos detalles se conocen del que sería el 'robo del siglo', cometido el pasado 1 de julio en Barranquilla, a una empresa de valores, de donde diez hombres armados habrían extraído cerca de $58.000 millones en efectivo, sin haber tenido que hacer un solo disparo. En la previa al inicio de la audiencia de imputación de cargos, programada para este viernes 22 de noviembre, Blu Radio conoció la identidad de uno de los capturados, quien, además, sería uno de los líderes de la banda que estuvo al frente de la ejecución de este hurto que deja, hasta el momento, a ocho personas capturadas. Nuevos detalles del 'robo del siglo' en BarranquillaSe trata de Royman Alvarado Pérez, quien ya había sido capturado por porte ilegal de armas de fuego en septiembre de 2021, luego de estar en un taxi junto a 'Álex la gorda', quien es un reconocido delincuente que ya suma siete anotaciones judiciales por hurto agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, entre otros. Alvarado Pérez, al parecer, empezó a realizar llamativos gastos en los últimos meses, con los que realizó costosas adquisiciones. Para el caso, se habría comprado un vehículo deportivo modelo 2025 de alta gama y, además, habría pagado por varias cirugías plásticas para su esposa. El hombre, quien era sospechoso para las autoridades, fue objeto de un allanamiento en días pasados en su residencia, donde fueron hallados más de $50 millones en efectivo. Esta información, junto a otros llamativos detalles, serán revelados durante la audiencia en la que además se revelará cómo fue planeado este hurto que habría contado con la participación de al menos una trabajadora de la compañía.
Antes incluso de convertirse en la primera mujer transgénero del Congreso de Estados Unidos, Sarah McBride, de 34 años, dijo que contaba con encontrarse con reacciones hostiles. No se equivocaba."Puede que intenten confundirme de género, puede que intenten decir el nombre equivocado, harán lo que prevemos que hagan", declaró el mes pasado al pódcast TransLash antes de su victoria electoral del 5 de noviembre."Lo harán para provocarme y mi trabajo consistirá en no darles la respuesta que quieren", explicó la demócrata de Delaware.Incluso antes de su llegada a la Cámara de Representantes el 3 de enero, McBride fue blanco esta semana de una resolución de una congresista republicana para prohibir el acceso de las mujeres transexuales a los aseos femeninos del Capitolio."Solo porque un congresista quiera llevar minifalda no significa que pueda entrar en un baño de mujeres", escribió en las redes sociales la incendiaria Nancy Mace, de Carolina del Sur.El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intentó ganar tiempo para debatir el tema y finalmente se mostró a favor de la prohibición, afirmando que los baños de un solo sexo estarían "reservados a individuos de ese sexo biológico".McBride, que lleva vestidos hasta la rodilla, no minifaldas, emitió un comunicado en el que afirma que respetará las normas "aunque no esté de acuerdo con ellas"."No estoy aquí para pelearme por los baños", dijo la política y activista, que hizo la transición con 21 años y se lo comunicó a sus padres el día de Navidad de 2011.- Guerra cultural -Donald Trump planteó el tema de la transexualidad en la recta final de su campaña presidencial para intentar cortejar a los votantes indecisos.Dos de los asuntos importantes sobre los que se libra una "guerra cultural" entre conservadores y progresistas son si se debe permitir a las mujeres transgénero ir a los baños de mujeres y competir en los deportes femeninos.Trump se ha burlado de las atletas transgénero y de la "ideología woke (despierto)", un término usado para referirse quienes defienden derechos de minorías frente al racismo o asuntos de género, entre otros.El magnate de 78 años prometió sacar "la locura transgénero" de los colegios y mantener "a los hombres fuera del deporte femenino".McBride ha sido durante mucho tiempo defensora de los derechos de las personas trans y ayudó a hacer campaña a favor de una ley que prohibiera la discriminación de género en su estado natal, Delaware, durante la cual la llamaron públicamente "bicho raro" y "encarnación del diablo"."Escuchar eso fue degradante y deshumanizante para mi hija", dijo su madre Sally a The Washington Post en 2018. "Todavía me cuesta asimilarlo".McBride no se inmutó. En 2020 fue elegida primera senadora estatal transgénero de Estados Unidos.- Pasantía en la Casa Blanca - Se ha referido abiertamente a sus luchas por la salud mental, su crianza como niño y su tragedia personal en una autobiografía publicada en 2018."Recuerdo que de niño rezaba por la noche en mi cama pidiendo despertarme al día siguiente y ser una niña", dijo en una charla TED en 2016.La primera vez que acaparó la atención de la opinión pública fue con una carta abierta cuando era líder estudiantil en la American University de Washington en la que anunciaba su transición.Posteriormente conoció al presidente Joe Biden y a su familia, también de Delaware, cuando se involucró en la política local.Tras hacer prácticas en la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, consiguió una invitación para hablar en la convención del Partido Demócrata de 2016.La Casa Blanca fue también donde conoció a su marido, Andrew Cray, transexual y activista LGTBQ+.Se casaron dos años después, poco antes de que Cray muriera de cáncer.Dice que su objetivo en el Congreso es ser eficaz en las prioridades cotidianas de los votantes, como la vivienda y la inflación.Pero sabe que se verá constantemente obligada a ser portavoz -y defensora- de la comunidad trans."No puedo hacer lo correcto para la comunidad trans si no soy el mejor miembro del Congreso que puedo ser para Delaware", dijo a TransLash."Es la única manera de que la gente vea que las personas trans pueden ser buenos médicos, buenos abogados, buenos educadores, buenos miembros del Congreso. No puedo estar ahí para sacar un comunicado de prensa y tuitear cada vez que alguien dice algo".
La inseguridad en Bogotá no da tregua y los delincuentes siguen haciendo de las suyas en las vías públicas de la ciudad. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que dos ladrones que se movilizaban en moto le robaron el bolso a una mujer que se encontraba en plena vía pública del barrio Alcalá, de la localidad de Puente Aranda.Luego del violento atraco, los dos delincuentes emprendieron la huida en el vehículo; sin embargo, no se percataron que estaban en la mira de un grupo de vecinos del sector, quienes no dudaron en intervenir en el hecho para evitar que los ladrones escaparan del sitio.Fue allí donde uno de los hombres que presenció el hecho lanzó una carreta a la vía justo en el momento en el que pasaban los ladrones en la moto, lo que provocó que ambos cayeran del vehículo, algo que fue aprovechado por el grupo de vecinos del sector para empezar a golpear a los criminales.Tras un intercambio de golpes, en las imágenes se logra ver que uno de los delincuentes intenta sacar lo que parecer ser un arma, sin éxito teniendo en cuenta que fue atacado en repetidas oportunidades, por lo que tuvo que huir del lugar. Luego de esto, al parecer, la comunidad del barrio Alcalá quemó la moto de color azul a los ladrones.
El Gobierno nacional anunció su intención de renegociar cláusulas específicas en algunos tratados internacionales que afectan las inversiones extranjeras en el país. Esta decisión, según lo explicado por el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, busca reafirmar la soberanía nacional y evitar que controversias entre empresas y el Estado sean dirimidas por tribunales internacionales de arbitraje, considerados por el Gobierno como desfavorables para los intereses nacionales.En una entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro Reyes señaló que esta iniciativa no pretende desincentivar la inversión extranjera, sino establecer condiciones más equilibradas para todas las partes. “Lo que estamos haciendo es renegociar unos cuantos artículos en algunos tratados. Esto se puede lograr sin afectar las posibilidades de inversión en Colombia”, afirmó.El ministro destacó que muchos acuerdos bilaterales de inversión firmados por el país en el pasado otorgaron “prerrogativas muy importantes” a las empresas extranjeras, lo cual podría generar desventajas para Colombia. Retirar a Colombia del CIADIEl ministro Luis Carlos Reyes explicó que la decisión de retirar a Colombia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) está en evaluación, en línea con la directriz del presidente Petro de renegociar las cláusulas desfavorables en tratados internacionales.“Cuando se toma la decisión de salir de alguno de estos tribunales, las decisiones, los casos que están ante ellos no son retroactivos. […] Uno puede hacer un balance de la imparcialidad y la conveniencia a futuro de estar ante un tribunal. Si, eso es, y eso es lo que queremos hacer”, dijo.En cuanto a las alternativas para resolver disputas entre empresas extranjeras y el Estado colombiano, el ministro planteó que estas podrían dirimirse en tribunales nacionales, siguiendo ejemplos como el de Estados Unidos y la Unión Europea. “Entre EE.UU. y la Unión Europea, las disputas se resuelven en las cortes de cada país, respetando su soberanía. Aquí también podemos adoptar un modelo similar sin afectar la inversión extranjera”, aseguró.De acuerdo con Reyes, muchos países ya invierten en Colombia sin depender de mecanismos como el CIADI, lo que demuestra que es posible atraer capital bajo otras condiciones. “Queremos que las inversiones lleguen, pero en términos que respeten la justicia soberana y sean equitativos para todas las partes”, concluyó.Críticas a los tribunales de arbitraje internacionalesEl fallo reciente del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en contra de Colombia por $380 millones a favor de la empresa española Telefónica fue uno de los detonantes de esta revisión. El presidente Petro calificó estos tribunales como “una justicia al servicio del socio”, en referencia a cómo algunas decisiones parecen favorecer sistemáticamente al capital extranjero.El ministro Reyes respaldó esta posición al subrayar que “la justicia debe estar en manos de los estados soberanos, no en las de tribunales privados. Una justicia que favorezca sistemáticamente al capital por encima de los intereses nacionales no puede ser considerada justa”.Sin embargo, el ministro también admitió que el problema no se limita al caso puntual de Telefónica ni al CIADI, sino a un análisis más amplio sobre la imparcialidad de estos mecanismos internacionales: “Es un balance general. No es por un fallo específico, sino porque creemos que estas instancias no siempre favorecen las condiciones óptimas para el país”.Impacto en la inversión extranjeraUno de los argumentos recurrentes contra la salida de Colombia de los tribunales de arbitraje internacionales es el posible desincentivo a la inversión extranjera. Ante esto, Reyes insistió en que no todos los países dependen de estos mecanismos para atraer capital. Citó como ejemplo la relación comercial con la Unión Europea, donde no existen cláusulas específicas de arbitraje en el tratado de libre comercio.“El hecho de que no contemos con estos tribunales no significa que la inversión extranjera desaparezca. Muchos países invierten en Colombia sin depender de ellos. Lo que queremos es establecer un modelo más justo y transparente”, argumentó.Además, el ministro adelantó que el gobierno ya está explorando opciones para sustituir estos mecanismos en caso de avanzar con la retirada. “Hay todo un rango de posibilidades. Las disputas podrían resolverse en los tribunales nacionales, como sucede en otras naciones”, señaló.¿Renegociar los TLC?Reyes reconoció que renegociar cláusulas en tratados internacionales no es un proceso sencillo y que requiere el consenso de las partes involucradas. Sin embargo, expresó optimismo sobre la posibilidad de dialogar con socios comerciales clave, incluyendo a Estados Unidos.“Creo que incluso con gobiernos como el de Donald Trump se pueden encontrar puntos de coincidencia. Muchos tratados firmados en los años 90 no están en condiciones óptimas ni para nosotros ni para ellos. Podría ser una oportunidad para revisar estos acuerdos en beneficio mutuo”, indicó.El ministro concluyó reiterando el compromiso del gobierno con la justicia y la soberanía nacional. Según Reyes, esta revisión no se basa únicamente en un fallo adverso, sino en la necesidad de establecer relaciones más justas en un escenario global. “No es cierto que tengamos que aceptar cualquier condición para atraer inversión. Queremos inversión, pero bajo términos que sean justos para todos”, puntualizó.La iniciativa marca un nuevo capítulo en la política económica y comercial de Colombia, donde la búsqueda de equilibrios entre inversión extranjera y soberanía nacional será el eje central.
Momentos de pánico vivieron habitantes del barrio Viento Libre, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, luego de que un voraz incendio arrasara con al menos 27 viviendas del sector.Ómar Fernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de esa población nariñense, dijo a Blu Radio que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la conflagración se habría originado luego de que una menor de edad encendiera una veladora.Fernández añadió que, al parecer, el descuido de la menor produjo que las llamas se propagaran por las viviendas, todas construidas en madera, lo que impidió que la comunidad y los bomberos lograran extinguirlas a tiempo.Según el reporte del funcionario, las 27 familias, entre las cuales hay niños y personas de la tercera edad, son desplazados de la violencia que habían llegado a esa población de la subregión del Sanquianga, en busca de una mejor calidad de vida.Durante la emergencia no se registraron personas heridas ni víctimas humanas que lamentar, aseguró Fernández, añadiendo que la oportuna reacción de la comunidad, que logró evacuar las viviendas, evitó una tragedia en la zona, aunque las familias quedaron en la calle con solo la muda de ropa que llevaban puesta."Estas familias necesitan ropa, alimentos, frazadas y utensilios de cocina porque quedaron sin nada", concluyó el comandante de bomberos de Iscuandé.Así fue el incendio en Iscuandé, Nariño
