El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, condenó al entonces máximo cabecilla del extinto Bloque Catatumbo de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso y a 45 exintegrantes de esa organización ilegal por 1.323 hechos criminales ocurridos entre mayo de 1999 y diciembre de 2004, en Norte de Santander.La decisión da cuenta 568 hechos de homicidios, entre ellos los perpetrados durante las masacres de Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú; 55 casos de desaparición forzada, la mayoría relacionados con población civil y representantes de las comunidades que fueron retenidos en zona rural y sobre los cuales se desconoce su paradero; y 700 eventos asociados con desplazamientos forzados.Para la Fiscalía, las diferentes estructuras armadas del Bloque Catatumbo, por directriz de los máximos cabecillas, adoptaron patrones de macrocriminalidad constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos. Las víctimas de estas conductas fueron personas protegidas, entre población civil y representantes de las comunidades, quienes fueron instrumentalizados para ejecutar actos delictivos en la región o señalados equivocadamente de colaborar con otros grupos armados al margen de la ley.Los condenados deberán pagar multas de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Sobre todos aplica la pena alternativa de 8 años de prisión, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley de Justicia y Paz. El fallo conocido ordena a los exintegrantes de las AUC reparar patrimonialmente los daños morales y materiales causados a las víctimas acreditadas en el proceso.
En un reciente anuncio, el presidente Gustavo Petro designó a 17 exlíderes paramilitares como gestores de paz. Entre ellos se encuentran reconocidos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar (alias Jorge ‘40’), Diego Fernando Murillo y Carlos Mario Jiménez. Según el Gobierno, la medida busca que estos exparamilitares contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y desmovilización. Sin embargo, esta decisión ha causado consternación y rechazo en diversas esferas de la sociedad colombiana, especialmente entre las víctimas de estos actores armados.Rossi Pérez, una víctima de Jorge ‘40’ y sobreviviente de múltiples abusos a manos de grupos armados ilegales, expresó su indignación en una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales. “Es un irrespeto del Gobierno,” afirmó Rossi, al conocer la designación de los paramilitares, quienes cometieron crímenes atroces contra ella y su familia."La marca imborrable de la violencia": el testimonio de Rossi PérezRossi Pérez no solo ha sido víctima directa de Jorge ‘40’, sino que también ha soportado múltiples formas de violencia en carne propia, incluida la agresión sexual y el desplazamiento forzado. En su testimonio, cuenta que su hermano fue reclutado a la fuerza por los paramilitares y posteriormente asesinado brutalmente por orden de Jorge ‘40’. “Lo asesinaron de una manera tan cruel, hasta lo desmembraron”, relató, evidenciando el dolor imborrable que este hecho ha dejado en su vida y en su memoria.Pérez también sufrió agresiones sexuales por parte de grupos paramilitares y guerrilleros. Con un tono marcado por la indignación y el dolor, recordó cómo fue abusada por tres paramilitares cuando tenía solo 15 años y luego nuevamente violentada por guerrilleros de las FARC. “El ser abusado sexualmente es algo que marca, realmente marca mucho a la persona,” expresó Rossi, tras subrayar la gravedad de la situación al referirse a Hernán Giraldo Sierra, otro de los nombrados gestores de paz, conocido por haber cometido abusos sexuales contra niñas en la Sierra Nevada.Una esperanza de cambio traicionadaRossi, quien votó por el presidente Petro impulsada por la promesa de un cambio profundo en favor de las víctimas, expresó su decepción al ver que en lugar de otorgar un protagonismo real a quienes han sufrido los estragos de la guerra, el gobierno ha dado relevancia a quienes perpetraron la violencia. “Nosotras las víctimas esperábamos un capítulo especial para víctimas, no que nos dijeran está el artículo 294, está eso. No,” afirmó.Con pesar, Rossi denunció la falta de representación de las víctimas en los espacios de negociación: “Se sientan gobiernos y victimarios, pero las víctimas a dónde están? Las víctimas no son escuchadas, entonces seguimos igual.”La polémica de los gestores de paz: ¿Reparación o revictimización?El concepto de “gestores de paz” permite que actores antes involucrados en actividades ilícitas, como los paramilitares, puedan actuar como intermediarios en procesos de desmovilización y sometimiento de grupos criminales. Esta iniciativa, que ha sido promovida bajo el liderazgo de la oficina del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, establece una temporalidad de seis meses para que estos gestores contribuyan en actividades que promuevan la paz en el país.Sin embargo, no es la primera vez que exparamilitares asumen roles en procesos de paz. En el pasado, algunos se acogieron al sistema de Justicia y Paz, aunque varios de ellos reincidieron en actividades criminales. Por eso, para Rossi Pérez y otras víctimas, este tipo de nombramientos representan una suerte de revictimización, al poner a sus victimarios en posiciones de poder e influencia dentro del proceso de paz. Rossi cuestionó cómo se supone que alguien que fue abusado y marcado de por vida pueda “mirar a la cara a la persona que le hizo tanto daño”.
La Corte Constitucional resolvió el conflicto de jurisdicciones que había entre tribunales especiales para conocer los casos de Salvatore Mancuso, excomandante del Bloque Catatumbo, como responsable de violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario.El alto tribunal determinó que la jurisdicción de Justicia y Paz es competente para el juicio de personas desmovilizadas de grupos paramilitares, como Mancuso, en virtud del artículo 16 de la Ley 975 de 2005.El conflicto de jurisdicciones surgió entre las salas de Justicia y Paz de Barranquilla y Bogotá, y la Jurisdicción Especial para la Paz (Sección de Apelación).En la votación, el magistrado Vladimir Fernández salvó el voto, mientras que la magistrada Diana Fajardo Rivera y el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo aclararon el voto en relación con la decisión de la Corte.El 19 de julio de 2024, Salvatore Mancuso compareció durante tres horas ante la Corte Suprema de Justicia como testigo sobre la presunta relación entre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el grupo criminal 'Los Rastrojos'.Mancuso, quien ahora es gestor de paz en el Gobierno de Gustavo Petro, no hizo declaraciones sobre la investigación de Acuña, quien enfrenta acusaciones de vínculos con narcotraficantes y apoyo para su llegada al Congreso entre 2010 y 2014.Esa fue la primera ocasión en la que Mancuso comparece ante la justicia en calidad de testigo, por hechos relacionados con la violencia de los grupos paramilitares que tienen presencia en varias zonas de Colombia por lo que declaró contra el excongresista y ahora alcalde de Sincelejo, Sucre.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la juez de ejecución de sentencias Luz Marina Zamora decidir de fondo si se suspenden las dos sentencias de la justicia ordinaria que han impedido que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso salga en libertad tras el levantamiento de todas las medidas de aseguramiento en su contra.“Primero, revocar parcialmente el numeral tercero de la providencia de fecha 21 de mayo de 2024, propendido por el Juzgado Penal del Distrito con función de ejecución de sentencias para la Sala de Justicia y Paz del territorio nacional, a fin de que el despacho de primera instancia se pronuncie de fondo respecto a la petición que, en tema de libertad, ha elevado la defensa del postulado. En los demás temas, como se explicó en la parte motiva, la providencia conserva su vigencia. Segundo, devolver al juzgado de origen la presente actuación. Tercero, contra la presente no proceden recursos”, dijo el magistrado Álvaro Fernando Moncayo Guzmán.Entre tanto, La Corte Constitucional sigue estudiando de quién es la competencia para el procesamiento judicial del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, luego del choque entre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y los tribunales de Justicia y Paz.A ese alto tribunal llegó el documento que pide dirimir el conflicto y en consecuencia destrabar la discusión entre los mecanismos de justicia transicional actuales en el país.Este pleito, por el cual sigue en prisión el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, tuvo lugar hace dos semanas cuando la Jurisdicción Especial para la Paz anunció que asumiría todos los procesos en contra de Mancuso y que era el único tribunal competente para pronunciarse sobre la libertad o eventuales condenas contra el excabecilla criminal.
La libertad condicional otorgada previamente al exlíder paramilitar Jhon Fredy Gallo, conocido como 'Pájaro', fue revocada por la Sala de Justicia y Paz de Bogotá. Gallo fue detenido por su supuesta implicación en la fuga de 'Matamba'.La decisión fue tomada por la magistrada Teresa Ruiz Núñez. Cabe mencionar que la defensa del exjefe paramilitar anunció que irán a la Corte Suprema de Justicia a apelar la decisión. “Se concede el recurso de apelación interpuesto y se ordena remitir las diligencias a la Sala 1 de la Corte Suprema de Justicia”, informó la defensa.“El postulado Gallo manifiesta que las armas fueron halladas en una habitación donde él no se encontraba. Señala que nunca quiso ser parte de ninguna estructura armada”, dice uno de los apartados del documento.John Fredy Gallo Bedoya, presunto cerebro de la fuga de alias ‘Matamba’ de la cárcel La Picota, fue capturado este 20 de abril por la Dirección de Antinarcóticos en inmediaciones de la vereda Las Pavas, en el municipio de Puerto Boyacá.Gallo Bedoya, conocido en el mundo criminal como alias 'Pájaro', se acogió al beneficio de justicia y paz otorgado a los paramilitares para su desmovilización, por lo que pagó ocho años de cárcel antes de seguir delinquiendo. Alias 'Pájaro' o 'Hernán' ha sido señalado de ser el cerebro en la recordada fuga de alias ‘Matamba’, ocurrida el pasado 18 de marzo de 2022 en la cárcel La Picota de Bogotá.
Esta decisión se toma luego de que el alto tribunal determinará que este recurso es improcedente, toda vez que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso dispone de otros medios para solicitar su libertad en este caso, Mancuso afirmó que ya le habían acumulado varias sentencias y medidas de aseguramiento."La Sala Unitaria revocará la sentencia del 18 de mayo de 2024 proferida por la subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la acción de habeas corpus, para, en su lugar, declarar improcedente la acción de la referencia, toda vez que Salvatore Mancuso Gómez dispone de otros medios para solicitar la libertad ante el juez natural", expresó el documento.Otro intento que le sale mal a Mancuso para recuperar su libertad; niegan habeas corpusY es que Mancuso ha intentado varias veces obtener su libertad, pero la misma justicia siempre encuentra razones de peso para negar sus solicitudes, allí se expone que, en el proceso transicional de Justicia y Paz, mientras estuvo extraditado, la justicia colombiana profirió cerca de 60 medidas de aseguramiento, hoy todas con libertad o sustituidas.Después de estudiar lo expuesto, un juez negó la solicitud de libertad de Mancuso bajo el argumento de que el exjefe paramilitar ha presentado múltiples solicitudes para suspender las sentencias en su contra, las cuales aún están siendo evaluadas.Justicia y Paz reitera a la Corte que tienen competencia en caso MancusoAsí las cosas, con esta decisión por parte del Consejo de Estado, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, perdió nuevamente en su intento de obtener su libertad.
En la mañana de este sábado, 11 de mayo, se conoció la boleta de libertad de Salvatore Mancuso que emitió la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá.La boleta va dirigida a Mauricio Ríos, director de la cárcel de la Picota. Se espera que la libertad del exjefe paramilitar se de en los próximos días.Allí se lee: De manera atenta y para los fines pertinentes me permito comunicarle que, en audiencia celebrada el 9 de mayo de 2024, esta Magistratura con Función de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, concedió al postulado SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, la sustitución de cincuenta y siete (57) medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario impuestas en esta jurisdicción, por una no privativa de la libertad consistente en la suscripción de un acta compromisoria, conforme al artículo 39 del Decreto 3011 de 2013.El abogado del exjefe paramilitar, Nelson Menjura, dijo que su defendido tiene la intención de cumplir con los requisitos impuestos por el juez.“Son las últimas que estaban en su contra vigentes por parte de esta justicia transicional. Lo que ahora opera es la notificación que esta mañana se surtió al Inpec respecto de esa libertad de Salvatore y los tramites de verificación administrativo que hace el Inpec para verificar que no haya otro requerimiento de alguna autoridad ordinaria y, si se evidencia alguno de ellos, es oficiar a esa autoridad para establecer el estado actual de esa eventual medida de aseguramiento”, explicó en diálogo con Mañanas Blu.Además, ante la polémica, aseguró que Mancuso tiene un compromiso con las víctimas, también con el “proceso de justicia y paz, la reconstrucción del tejido social y el compromiso de no repetición y la reparación”; sin embargo, existen críticas respecto a la falta de verdad revelada sobre su relación con los otros crímenes que se cometieron.
El Tribunal Superior de Bogotá, en la Sala de Justicia y Paz, otorgó este jueves la libertad a Salvatore Mancuso, a quien levantó 57 órdenes de captura que tenía en su contra. Esta decisión generó todo tipo de reacciones, en especial, por parte de las víctimas. El abogado del exjefe paramilitar, Nelson Menjura, dijo que su defendido tiene la intención de cumplir con los requisitos impuestos por el juez.“Son las últimas que estaban en su contra vigentes por parte de esta justicia transicional. Lo que ahora opera es la notificación que esta mañana se surtió al Inpec respecto de esa libertad de Salvatore y los tramites de verificación administrativo que hace el Inpec para verificar que no haya otro requerimiento de alguna autoridad ordinaria y, si se evidencia alguno de ellos, es oficiar a esa autoridad para establecer el estado actual de esa eventual medida de aseguramiento”, explicó en diálogo con Mañanas Blu.Además, ante la polémica, aseguró que Mancuso tiene un compromiso con las víctimas, también con el “proceso de justicia y paz, la reconstrucción del tejido social y el compromiso de no repetición y la reparación”; sin embargo, existen críticas respecto a la falta de verdad revelada sobre su relación con los otros crímenes que se cometieron.En ese sentido, el abogado Menjura consideró “que el acta de compromiso que firma Salvatore es sencillamente un acto de formalidad”, pero la intención de “él siempre ha sido y lo que ha demostrado a través del desarrollo del proceso de paz es su compromiso ineludible, inquebrantable y permanente con el proceso de paz”.“El honorable magistrado le impuso, efectivamente, algunas obligaciones que son de suyo normales cada vez que se sustituyen las medidas de aseguramiento no privativa de la libertad a los postulados de Justicia y Paz. Más allá de esos requisitos que se establecen en el acta de compromiso, él debe, que es la mentalidad que siempre ha tenido Salvatore en su compromiso con directamente con las víctimas, con el proceso de justicia y paz, con la JEP, con la reconstrucción del tejido social, con el compromiso de no repetición y la reparación”, aseveró.Sobre dichos crímenes y los reclamos de las víctimas, el abogado Menjura añadió que las autoridades son las encargadas de verificar dicha relación a través de investigaciones y Policía judicial. Además, resaltó que Mancuso ha cumplido con los requisitos de Justicia y Paz a lo largo de los años en los que ha estado privado de la libertad.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lanzará este martes, 2 de abril, el sistema restaurativo con más de 40 militares procesados por casos de falsos positivos, que comenzarán a cumplir su pena con procesos de recuperación ambiental. El acto se adelantará en inmediaciones del embalse Chisacá, en la localidad de Usme, Bogotá.El sistema restaurativo es una instancia de la JEP que impulsa acciones que contribuyen a restaurar y sanar el daño causado durante el conflicto armado. Al respecto, el magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la Jurisdicción, consideró que es un esfuerzo que, desde la justicia restaurativa, velará por la implementación de proyectos que incorporarán los trabajos, obras y actividades “con contenido restaurador y reparador” que deberán realizar los comparecientes que han aportado verdad y que han reconocido responsabilidad por los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado.“Los proyectos restaurativos están diseñados para iniciar en 2024 y llevamos trabajando cerca de tres años para construirlos. Estarán allí trabajando, tanto miembros de la fuerza pública como miembros de la antigua guerrilla de las Farc-EP”, aseguró el magistrado Vidal.En la puesta en marcha del sistema restaurativo, la JEP dispondrá de siete líneas de proyectos que deberán realizar los comparecientes como parte de las sanciones y medidas que impondrá el tribunal para la paz: acción integral contra las minas, medio ambiente, naturaleza y territorio infraestructura rural y urbana; memorialización y reparación simbólica, daños diferenciales y macrovictimización, educación, alfabetización y capacitación de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.El magistrado Roberto Vidal explicó que tres de estas siete líneas de proyectos se implementarán a partir de enero de 2024 y que “quienes aportan verdad y reconocen responsabilidad, entran en una dinámica de trabajar, hasta ocho años, en estos proyectos para contribuir a la reparación y a la restauración de las víctimas”.Le puede interesar:
La admisión de Salvatore Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha generado incertidumbre entre las víctimas, llevando a la Procuraduría a pedir a la magistratura que aclare y adicione el auto emitido el 19 de marzo de 2024.La solicitud busca incluir una tercera sentencia de la sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, la cual ordenó reparaciones económicas para 137 víctimas que no fueron consideradas en el mencionado auto de la JEP.Según la Procuraduría, existe una omisión significativa en el auto, y es fundamental que la sección de apelación, basándose en los parámetros establecidos en la providencia, incorpore esta sentencia olvidada, ya que forma parte de la judicialización transicional del compareciente.En cuanto a la aclaración, el procurador delegado, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, señaló que la providencia afirmó repetidamente que las víctimas con derechos adquiridos de reparación en Justicia y Paz, a través de una decisión firme, tienen garantías para que el compareciente cumpla con las obligaciones de reparación impuestas.Sin embargo, se solicitó extender este reconocimiento a las víctimas de Mancuso Gómez, quienes, a pesar de participar y ser reconocidas en el procedimiento especial transicional, no obtuvieron una orden judicial firme de reparación indemnizatoria a su favor debido a diversas circunstancias.El procurador delegado Acosta Aristizábal también destacó la falta de claridad en las menciones sobre el deber general de Mancuso Gómez de reparar económicamente, a pesar de su condición particular como compareciente forzoso, y enfatizó la necesidad de que este deber se aplique de manera consistente a todas las personas involucradas en el proceso de Justicia y Paz, no solo a aquellas con sentencias ejecutoriadas.
