Con el inicio del periodo de inscripción de candidatos y candidatas para las elecciones a gobernaciones, alcaldías, concejos, asambleas y juntas administradoras locales, se activó también el periodo de vigencia de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías.“La Ley de Garantías es el conjunto de normas, restricciones o prohibiciones que permiten garantizar estándares de transparencia y equilibrio electoral. Se prohíbe la autorización de uso de bienes públicos para actividades de campaña electoral”, señaló Laura Galvis, profesional del Componente de Administración Pública y Transparencia de la Misión de Observación Electoral (MOE).Según señala esta ley, durante los cuatro meses anteriores a la jornada electoral, los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas tendrán prohibido celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos; participar o promover reuniones de carácter proselitista; destinar recursos públicos de las entidades a su cargo o de las que participen como miembros de sus juntas directivas, para reuniones de carácter proselitista; inaugurar obras públicas o dar inicio a programas sociales donde participen candidatos o sus voceros; utilizar bienes muebles o inmuebles de carácter público para actividades proselitistas; facilitar el alojamiento o transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular o por mediación de sus voceros; así como modificar nóminas con excepción de faltas definitivas, muertes, renuncias irrevocables, entre otros.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFAsimismo, los funcionarios y empleados del Estado tendrán limitaciones para participar en el proceso electoral, no podrán difundir publicidad electoral, no podrán ofrecer beneficios directos, particulares, inmediatos e indebidos, mediante obras o actuaciones administrativas, con el fin de influir en la intención del voto, entre otros. La infracción de alguna de estas prohibiciones constituye falta gravísima y será sancionable de conformidad con lo establecido en el Código Disciplinario Único.Puede ver:
Desde este jueves, 29 de junio, en Colombia empezará a aplicar la Ley de Garantías que suspende la contratación pública por un periodo de cuatro meses, esto, hasta que finalice la jornada electoral del próximo 29 de octubre; asimismo, hay posibilidad de que se amplíe en Bogotá hasta el 19 de noviembre por la segunda vuelta.Durante ese periodo se prohíben contratos interadministrativos, no se pueden hacer contratos de prestación de servicios, de arrendamientos de inmuebles, con proveedores, entre otros.“No se podrán realizar contratos interadministrativos para la ejecución de recursos públicos ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo como tampoco de las que participe como miembros de las juntas directivas o para reuniones de carácter proselitistas. Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a los programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participe candidatos a las gobernaciones, a las asambleas, a las alcaldías, concejos municipales o distritales y tampoco podrán hacer cuando participen voceros de los candidatos”, explicó el abogado y experto en temas electorales Alfonso Portela.No se pueden usar inmuebles de carácter público para actividades proselitistas ni para facilitar el alojamiento ni el transporte de candidatos a cargo de elección popular o sus voceros.“No podrá modificar la nómina del respectivo ente territorial o entidad salvo que se trate de provisión de cargos o faltas definitivas con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa”, agregó Portela.En definitivas, la Ley de Garantías busca evitar cualquier tipo de ventaja injustificada con el uso de los recursos del Estado en las campañas electorales que se avecinan en el país.
Según el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, mandatarios de algunos departamentos no llegaron al encuentro con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, porque en pocos días, el próximo 29 de junio, comienza la ley de garantías, por lo que no es posible celebrar convenios y contratos interadministrativos para la ejecución de recursos públicos y, por esta razón, tienen que adelantar trabajo antes de ese día.“Lo que de alguna manera impidió la presencia de muchos gobernadores es el hecho de que esta es la última semana para la ley de garantías. Pero de todas maneras las mesas se hicieron con representación de los gobiernos departamentales y el diálogo continúa”, aseguró Gaviria.Por su parte, el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, aseguró que también tiene unos asuntos antes de que empiece la ley de garantías, pero que decidió llegar a Bogotá con su equipo de trabajo, ante la situación de orden público en esa zona del país.“Habrá algunas situaciones de cada uno, porque estamos a punto de entrar en ley de garantías y muchos gobernadores tendrán sus proyectos, como en el caso mío. Yo por lo menos tengo varios proyectos que los tengo que sacar antes del 29 de junio. Y seguramente ellos prefirieron quedarse en allá para cumplimiento a eso. Yo lo estoy manejando desde acá con mi equipo de gobierno”, declaró Gasca.Además, el gobernador de Antioquia aseguró que: “Hay un incremento claro de todas las actividades delictivas de todas las organizaciones. Todos aprovechando errores, y vacíos de La Paz total”.Le puede interesar:
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó la argumentación presentada por la ciudadana Tatiana Ramos, en la cual señaló que para la fecha en la que se nombró a Pedro Felipe Buitrago en la planta de personal del despacho de los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Federal de Alemania, “estaba en vigencia la ley de garantías electorales”.La denuncia fue interpuesta contra el embajador de Colombia en Alemania Pedro Felipe Buitrago, y el Ministerio de Relaciones Exteriores por la expedición del decreto 360 del 11 de marzo de 2022, en el que se nombra a este funcionario en representación del país en el exterior como embajador extraordinario y plenipotenciario.Además, indicó que: “Ni acredita experiencia relacionada con política exterior, relaciones internacionales, negociaciones internacionales, relacionados con el contexto internacional o de Colombia en el exterior”.En las últimas horas fue notificado el embajador, al igual que el Ministerio de Relaciones Exteriores, tendrán un plazo de 15 días para responder a la demanda y de esta manera aclarar las inquietudes de la demandante.En mayo de este año, la Corte Constitucional tumbó la Ley de Garantías, que fue aprobada en octubre del año pasado por el Congreso de la República.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Lorena Cañón es una relacionista pública que hace parte de las nueve personas implicadas en la red criminal de corrupción que, presuntamente, lideraba el senador Mario Castaño. Ella estaba encargada de buscar ante los ministerios viabilidad para ejecutar proyectos a cambio de grandes sumas de dinero. En las interceptaciones que expuso la Fiscalía se le escucha hablando de la esposa de Gustavo Petro para convocar gente en Boyacá.En una de las grabaciones se le escucha a Lorena cañón hablando con Sandro Condía, exalcalde de Sogamoso, para organizar una reunión política en Boyacá, luego de que estuvo organizando otras reuniones en Armero. Esta grabación es del 1 de marzo de 2022.Y hace referencia a que el sábado 5 de marzo va a estar en Tunja la esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer García. Lorena Cañón le cuenta a Sandro Condía: “Les habló de la puerta suya en Boyacá, y que necesita 100 o 200 mujeres, que si las puede tener para el sábado, es decir el 5 de marzo de 2022”, lee la fiscal del caso; además, enfatiza en que, evidentemente, Lorena no pudo cumplir con el compromiso, porque ya se encontraba privada de la libertad.En la misma conversación, la fiscal lee que Sandro Condía le confirma a Lorena Cañón que sí, y le pregunta por el lugar: “Lorena Cañón le refiere a Sandro que ya preguntan todo, dónde va a estar ella y cómo lo harían; Lorena Cañón le confirma a Sandro, que ya va a averiguar todo con una tercera persona”, lee la fiscal la transcripción de los audios.En otra llamada, del 1 de marzo de 2022, Lorena Cañón le confirma a Condía que ya realizó gestiones y confirmó que Sandro se enlista para trabajar con Gustavo Petro: “Le refiere que la esposa de Gustavo Petro va a estar el 5 de marzo de 2022 en Tunja y que está liderando todo el tema de mujer; le cuenta que, el jueves 3 de marzo, tienen reunión con ella y con la asesora que es una española, Verónica, para que lo conozcan el sábado, organice el tema de las mujeres”.Finalmente, Sandro Condía le pregunta que si la esposa de Gustavo Petro tiene conservatorio de mujeres en Tunja o si quiere una reunión aparte: “Lorena Cañón le confirma a Sandro que quiere una reunión aparte y que el jueves a las 10 definen hora y lugar, le refiere que el jueves las pone en altavoz para que las conozca a ellas”. Además de que Lorena afirma que el nuevo presidente será Gustavo Petro y Condía le responde que sí, pero que hay que ayudarle “porque estos señores no se van a dejar quitar el poder”.Para la fiscal del caso estos audios son importantes y de fin constitucional, porque expone el riesgo futuro de la actividad delictiva. “Y acuérdese que se ha dicho que esta persona con su roll de lobista tiene alta influencia en esferas políticas, nótese cómo ya se está empezando a mover desde su roll de relacionista en campañas presidenciales”, enfatizó la Fiscalía.En otras de las grabaciones se escucha a Lorena Cañón hablando directamente con el senador reelegido Mario Castaño. Para la Fiscalía se evidencia la gestión como lobista de la relacionista pública para organizarle reuniones de orden nacional.Lorena Cañón también solicitaba apresurar los contratos externos antes de que saliera la Ley de Garantías. Dentro de las conversaciones se le escucha hablando con Andrés Aristizábal, alcalde del municipio de Villa María, y luego con el senador Mario Castaño: “Mario una cosa, no sé cuándo se quiera reunir con la gente del Gran San”, a lo que Castaño le responde que hablen después del tema.Lorena Cañón también fue muy reiterativa con que los contratos salieran antes de los comicios y que no entren en la Ley de Garantías, por el interés indebido en celebración de contratos: “Pero que no se afane que eso no entra en Ley de garantías, entonces yo el lunes le marco y cualquier cosa lo conecto para que ustedes ya queden ahí, Mario está encima de eso (…) Que deben estar tranquilos porque los proyectos de sacúdete no entran en Ley de Garantías”, señaló Lorena en las grabaciones de audio que expuso la Fiscalía.
Al corregimiento de La Loma, en Bojayá (Chocó), el Ministerio del Deporte le aprobó 1.474 millones de pesos para construir una cancha polideportiva cubierta y el alcalde firmó el convenio interadministrativo el 2 de diciembre.La comunidad se puso manos a la obra: unos sacaron motosierras para cortar árboles, otros escobas y carretillas para quitar piedras y mugre, para facilitar la construcción. En ese prealistamiento se gastaron 22 millones de pesos y esta semana les notificaron que esa plata y ese tiempo se perdió.Tras el fallo de la Corte Constitucional que tumbó el cambio a la Ley de Garantías, el Ministerio del Deporte notificó a la alcaldía que Bojayá tendrá que reintegrar los 571 millones de pesos que le alcanzaron a pagar, al Tesoro Nacional. Ni siquiera después de las elecciones se va a reactivar el proyecto y el municipio tendrá que esperar a que el nuevo presidente decida si lo hace o no.“Es una comunidad sufrida por el conflicto armado. Estuve más de seis meses luchando para que me pudieran aprobar el proyecto y hoy que ya el proyecto está para ejecución, donde saqué póliza, donde se hizo todo el terreno de parte del municipio y la comunidad, hoy tenga que decirle a la nueva juventud, a los niños, que esto es terminado por Coldeportes porque no dejan hacer la construcción por la Ley de Garantías”, dijo a Blu Radio el alcalde del municipio, Edilfredo Machado.“Los que van a utilizar la cancha son los niños y ellos no votan. Hoy nos sentimos demasiado tristes, nos damos cuenta de que Colombia no avanza”, agregó.Machado asegura que no es el único proyecto que está en ‘veremos’. Desde 2021 está pidiendo apoyo para conseguir unas láminas de zinc para resolver un problema de vivienda y asegura que las necesidades de la comunidad se quedan aplazadas en medio de los trámites con el Gobierno.Otros escenarios deportivos en ‘veremos’El Ministerio del Deporte firmó nueve convenios más para la construcción de escenarios deportivos:A Mitú (Vaupés) le prometieron 7.661 millones para construir escenarios deportivos para las comunidades indígenas.A Los Córdobas (Córdoba) le prometieron 6.800 millones para un coliseo cubierto.A Sábanas de San Ángel (Magdalena) 4.600 millones para la construcción de una cancha sintética.A Morroa (Sucre) 3.534 millones para mejorar el polideportivo.A Sucre 3.380 millones para construir el escenario deportivo Pescao Frito.A Barrancabermeja 2.661 millones para construir un parque de deportes alternativos.A Samaná (Caldas) 1.833 millones para mejorar la cancha de fútbol existente.A Sacama (Casanare) 1.556 millones para construir un polideportivo.A Pailitas (Cesar) 1.430 millones para hacer el parque principal.Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy
Tras la polémica que causó la modificación por parte del Congreso a la Ley de Garantías y posteriormente eliminación de la misma por la Corte Constitucional, el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, instauró denuncia ante la Comisión de Acusaciones que busca la investigación de quienes aprobaron esa modificación.“Cambiar la Ley de Garantías para poner un montón de recursos públicos en el marco de la competencia electoral para influir en las elecciones”, señaló Fajardo en compañía de su equipo de campaña de Centro Esperanza.A lo anterior, añadió que quien debió cumplir con la ley fue el mismo presidente Iván Duque, objetando lo que se aprobó en el Congreso: “El presidente es el responsable de cumplir con la ley en Colombia y el presidente Duque no cumplió con la ley”.“Lo que se hizo es violar la ley, hacer política en cabeza del señor presidente, que no debe hacer política y todo esto termina, para mí, en un acto corrupto” ,recalcó Fajardo.Sin embargo, señaló que el deber de la Comisión de Acusaciones es indagar para dónde se fueron esos recursos que se manejaron posterior a la modificación de la Ley de Garantías y que se movieron en las regiones para, posiblemente, apoyar campañas políticas.¿Qué sigue ahora?Luego de la radicación de esta denuncia formal en la secretaría, resta que sea admitida por la Comisión y posteriormente sea asignada a un representante perteneciente a la misma para que proceda con la investigación pertinente.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca lo que ha pasado en la campaña del Pacto Histórico:
A propósito de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la reforma a la ley de garantías, incluida en el Presupuesto General de la Nación, BLU Radio consultó las gacetas del Congreso para determinar a los responsables de aprobar el artículo 125 de dicha ley.El gran defensor y promotor del artículo fue nada más y nada menos que el senador Mario Alberto Castaño, liberal de Caldas, y quien está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia como presunto líder de la red criminal creada para obtener porcentajes de contratos manipulados de varios departamentos. Castaño fue el coordinador ponente de la ley de presupuesto.Los senadores que votaron a favor de ese artículo 125 donde se modificó la ley de garantías fueron:Acuña Díaz Laureano AugustoAgudelo Zapata Iván DaríoAmín Escaf MiguelAmín Saleme Fabio RaúlAndrade Serrano EsperanzaAraújo Rumié Fernando NicolásBarreto Castillo Miguel ÁngelBedoya Pulgarín JuliánBesaile Fayad John MoisésCastañeda Gómez Ana MaríaCastaño Pérez Mario AlbertoCastillo Suárez Fabián GerardoCepeda Sarabia Efraín JoséChagüí Spath Ruby HelenaChar Chaljub ArturoCorrales Escobar AlejandroDelgado Martínez Javier MauricioDurán Barrera Jaime EnriqueFortich Sánchez Laura EstherGarcía Burgos Nora MaríaGarcía Gómez Juan CarlosGarcía Turbay Lidio ArturoGarcía Zuccardi Andrés FelipeGaviria Vélez José ObdulioGnecco Zuleta José AlfredoGómez Amín MauricioGómez Jiménez Juan DiegoGonzález Rodríguez Amanda RocíoHenríquez Pinedo Honorio MiguelHolguín Moreno Paola AndreaJiménez López Carlos AbrahamLemos Uribe Juan FelipeLobo Chinchilla DídierMacías Tovar ErnestoMartínez Aristizábal MaritzaMeisel Vergara Carlos ManuelMejía Mejía Carlos FelipeMerheg Marún Juan SamyMotoa Solarte Carlos FernandoName Cardozo José DavidName Vásquez Iván LeonidasOrtega Narváez TemístoclesParedes Aguirre Myriam AliciaPérez Oyuela José LuisPérez Vásquez NicolásPinto Hernández Miguel ÁngelSuárez Vargas John HaroldTamayo Pérez JonatanTrujillo González Carlos AndrésValencia González SantiagoVelasco Ocampo Gabriel JaimeVillalba Mosquera RodrigoZabaraín Guevara Antonio LuisZambrano Erazo Bérner LeónPese a que en la gaceta # 92 del Senado de la República, aparece el voto positivo del senador Iván Darío Agudelo, en el video de la sesión el congresista dice que su voto es "no" a la modificación el artículo de la Ley de Garantías.
El representante José Daniel López habló en Mañanas BLU acerca de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la modificación a la Ley de Garantías que permitía contratar en época electoral. El congresista contó la forma en que se configuró lo que a su juicio fue "un mico" en la ley de presupuesto."La nuez del asunto es que en el mes de julio del año pasado empieza a darse en los corrillos del Congreso la idea de eliminar o aminorar la Ley de Garantías para las elecciones que venían, pero si lo impulsaban a través de una reforma estatutaria, como lo manda la Constitución, por bien que les fuera iban a terminar el trámite del proyecto de ley en septiembre. Entonces tenían que irse a la Corte a la revisión previa, por bien que les fuera, si se aceptara, iba a estar en marzo para firmarse la ley, cuando ya no les servía", indicó."¿Entonces qué hicieron? El peor mico de todos, meter esta reforma como un articulito en el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación, que es un proyecto de ley ordinario, con un trámite absolutamente distinto. Por haber hecho ese atajo para evitar el control previo de la Corte Constitucional lograron tener la ley más rápido. De hecho, lograron bajar buena plata de los convenios interadministrativos de la Nación a los territorios, pero justamente por esa misma jugada la Corte Constitucional termina dándonos la razón y ahora de manera retroactiva para tenga que devolverse la plata en los convenios que no hayan sido plenamente ejecutados", agregó el legislador.De acuerdo con el representante López, hay el fallo de la Corte Constitucional tiene tres alcances: que no se podrán suscribir nuevos convenios, pero la mayoría ya lo están; segundo, que los convenios que no hayan sido ejecutados, se respetaría como vienen; tercero, que sería el grueso de los convenios administrativos, que a partir de este jueves, tienen que dejarse absolutamente quietos y no podría gastarse un peso más, por lo que el único camino sería la liquidación y el reintegro de los recursos a la Nación."Los entes territoriales tendrán que reintegrarle esos recursos a la Nación. Eso va a meter, a quienes participaron en este proyecto de ley, como congresistas promotores, al Gobierno Nacional, pero también a alcaldes, gobernadores y contratistas en camisa de 11 varas. Seguramente lo que vendrán es una serie de demandas contra los entes territoriales, todo esto como consecuencia de la irresponsabilidad del Gobierno y de las mayorías del Congreso de aprobar un artículo de un proyecto que era a todas luces constitucional. Se les dijo de todas las maneras, no hicieron caso y aquí están las consecuencias", complementó el congresista.
La Corte Constitucional tumbó la modificación que se hizo a un artículo de la Ley de Garantías que permitía celebrar contratos interadministrativos en el periodo electoral. El alto tribunal ordenó la retroactividad, por lo que se tendría que devolver el dinero desembolsado para contratación.La Sala Plena de la Corte avaló la ponencia de la magistrada Diana Fajardo, tras varias horas de debate, y luego de analizar 28 demandas interpuestas ante este alto tribunal, la Corte planteó que se debía tumbar la suspensión de la Ley de Garantías, que fue aprobada en octubre del año pasado.Esta suspensión permitió celebrar contratos interadministrativos con entidades públicas en época electoral. Con una votación 8 – 1, la Corte determinó que debía ser retroactivo; sin embargo, esto aplicará para los contratos que estén en curso, es decir los que no han sido ejecutados y que aún están vigentes.Las reglas de la Corte Constitucional1. En los contratos que ya fueron ejecutados en su totalidad no habrá cambio alguno.2. Los contratos que se encontraban en trámite deberán terminarse inmediatamente.3. Los contratos que no se hayan ejecutado completamente deberán terminarse y liquidarse inmediatamente sin perjuicio de la devolución de los recursos girados y no ejecutados. Hay una excepción a esta regla: “Se exceptúan los contratos en curso dirigidos a atender las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda".4. La Corte dejó claro que esta decisión no exime de responsabilidades penales, fiscales, administrativas o disciplinarias a quienes estén involucrados en presuntas irregularidades contractuales.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy: