Una nueva decisión se conoce en medio del escándalo del llamado Cartel de la Toga, pues se conoció de un pago que habría realizado el exrepresentante a la cámara por San Andrés Julio Gallardo al entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos buscando conseguir una decisión favorable sobre un proceso penal. Con esta formulación de cargos, Gallardo Archbold sería llamado a juicio disciplinario.La Procuraduría informó que la Sala de Instrucción Disciplinaria establece que, como parte del entramado de corrupción denominado 'Cartel de la Toga', Julio Eugenio Gallardo habría hecho llegar el dinero del pago por medio del exfiscal Luis Gustavo Moreno, materializando un cohecho por dar u ofrecer.“Al parecer, Gallardo Archbold se desvió del cumplimiento de sus deberes y afectó de manera grave el recto ejercicio de la función pública, al buscar incidir en las decisiones de los administradores de justicia”, señaló el Ministerio Público.La Procuraduría mencionó que con el presunto comportamiento del excongresista estuvo provisto de ilicitud sustancial, con lo que pudo infringir el principio de moralidad, por lo que calificó su posible conducta como falta gravísima cometida a título de dolo.Cartel de la Toga: Juan Carlos Abadía acusado formalmente por su presunta participaciónEl exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente hacer parte del denominado 'Cartel de la Toga'.El exmandatario deberá responder por el delito de cohecho por dar u ofrecer, pues supuestamente habría entregado un millonario soborno para ser beneficiado en las investigaciones que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia.Según el ente acusador, en el año 2014, Abadía le habría pagado la suma de 400 millones de pesos al ex fiscal contra la corrupción Luis Gustavo Moreno, para dilatar el proceso en su contra por presuntos hechos de corrupción, cuando fue gobernador del Valle del Cauca entre los años 2008 y 2010, dinero que habría sido redireccionado al ex magistrado Francisco Ricaute, quien hoy también enfrenta una condena.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
Un nuevo enredo tendrá el proceso que se adelanta por corrupción en el conocido caso del cartel de la toga contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos.Blu Radio conoció que la defensa apelará la sentencia de la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, que dictó orden de captura contra Bustos, como presunto autor de concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias.La sentencia manifiesta que es procedente que su defensa interponga los recursos de apelación y reposición, pero esto hace que las cosas se compliquen en la sala penal, porque varios magistrados se tendrían que declarar impedidos.Y es que hay magistrados que compartieron sala con Bustos, o el mismo expresidente de la corte participó en la elección de esos magistrados. La sala penal la debe estudiar y decidir si deben nombrar conjueces, por lo que se demoraría y dilataría el curso del proceso.Tres años se demoró la justicia en definir la situación jurídica de Bustos por sus nexos con el llamado 'cartel de la toga. Desde noviembre de 2019, el exmagistrado rindió indagatoria y se le exhibió la evidencia que lo liga con este escándalo de corrupción.Vea también:
La Corte Suprema de Justicia ordenó la medida de aseguramiento en cárcel y la respectiva captura del exmagistrado Leonidas Bustos, expresidente de dicho tribunal y quien está implicado en el llamado cartel de la toga.De acuerdo con el alto tribunal, Bustos es presunto autor de delitos como concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.“Decretar medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de José Leonidas Bustos Martínez, como presunto autor de las conductas punibles de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público, conforme con lo expuesto”, se lee en el fallo de la corte.La decisión de la corte se dio porque “existen serios y graves motivos” para pensar que el exmagistrado puede interferir en el eficaz y cabal desarrollo de la actuación y de este modo obstruir la practica probatoria y la justicia.“Es innegable que las circunstancias concretas del caso y, en particular, la condición profesional y de trayectoria personal del acusado Bustos Martínez, hacen bastante probable la posibilidad de que continue con actividades delictivas (art. 310-1), lo que en sí mismo constituye un potencial peligro para la seguridad de la comunidad”, agregó la Corte Suprema.El exmagistrado salió de Colombia en noviembre de 2018 y no ha regresado al país. Está en Canadá, país al que le solicitó su asilo político.Le puede interesar
La Corte Suprema convocó al exmagistrado Leonidas Bustos, quien se encuentra en Canadá, para que interponga los recursos de nulidad contra el llamamiento a juicio que hizo el Senado de la República por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho por su participación en el Cartel de la Toga, que profería fallos a cambio de jugosas sumas de dinero.En un oficio, el magistrado ponente del caso dio un plazo de 15 días a Bustos, que vencerán el próximo 24 de enero, para que presente las alegaciones de los actos que considere irregulares que se habrían presentado durante la etapa de investigación en su contra, según las cuales permitieron determinar que participó en una organización delictiva conocida como el Cartel de la Toga que operó en el interior de la Corte Suprema de Justicia y de la cual hacían parte los exmagistrados Gustavo Malo, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino.En la convocatoria que hace la Corte a Bustos, este alto tribunal le hace saber que cuenta con el plazo indicado para “preparar las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades que consideren se originaron en la etapa de investigación y las pruebas que sean procedentes y conducentes”.El oficio de la Corte se produce después de que la Cámara enviara el expediente en el cual lo declaró indigno para que este alto tribunal continúe con el proceso judicial y profiera un fallo en su contra por este escándalo de corrupción que sacudió al más alto tribunal de la justicia ordinaria.
Con 65 votos a favor, la Plenaria del Senado aprobó la acusación de la Cámara de Representantes contra el exmagistrado Leonidas Bustos por el escándalo del cartel de la toga, ahora su expediente pasará a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, desde donde se podrá solicitar su extradición o solicitar circular roja de la Interpol para que afronte el juicio penal.Con este resultado, la plenaria del Senado declaró indigno al exmagistrado Bustos, adicional le levantó el fuero, con lo que ahora será la Corte Suprema de Justicia la que podrá adelantar la investigación en su contra.Según el texto de acusación presentado en el Senado, luego de evaluar más de 100 pruebas documentales y testimoniales, Bustos sería el cerebro de este cartel de la toga y sería el presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias.Según Edward Rodríguez, el representante investigador, con esta aprobación el cartel de la toga llegaría a su fin.“Con esta acusación formal podemos decir que llega a su fin lo que en Colombia se denominó como cartel de la toga. Fueron 37 pruebas testimoniales, fue prueba fundamental la de Gustavo Moreno, fueron 58 pruebas documentales, 17 informes de policía judicial, con las que se pudo determinar que al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia existía una empresa criminal de la que era parte José Leonidas Bustos y no solo parte, era el cerebro de esta organización criminal”, afirmó.A su turno, el senador Guillermo García Realpe, instructor de este caso, dijo que las pruebas fueron suficientemente contundentes para sustentar este escrito de acusación.“Las pruebas le permitieron al representante investigador superar las conjeturas y la acusación la construyó con base en hechos demostrados, comprobados por medios sólidos, sin mancha, cristalinos, diáfanos, que por sí solos demuestran la veracidad de la contundencia que pretenden probar”, puntualizó.Ahora el expediente del exmagistrado Leonidas Bustos pasará a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, desde donde se podrá solicitar su extradición o solicitar circular roja de la Interpol para que afronte el juicio penal.
El exmagistrado Francisco Javier Ricaurte ingresó a la historia criminal del país, como el primer expresidente de la Corte Suprema, máximo tribunal de la justicia en Colombia, en ser condenado, en su caso, por ser uno de los cerebros delincuenciales del denominado cartel de la toga.Ricaurte, oriundo de Cartagena, hoy detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, fue condenado a 19 años de cárcel y al pago de una multa de más de 440 millones de pesos, por haber cometido cuatro delitos: concierto para delinquir, tráfico de influencias, cohecho y uso indebido de información privilegiada.En una larga providencia de 194 páginas, el juez Guillermo Adame dijo que Ricaurte “actuó con pleno conocimiento de las conductas prohibidas, actuó en contrario de dichas prohibiciones, desconociendo bienes jurídicos de vital trascendencia para el Estado y la sociedad colombiana quien por su posición distinguida y destacada se le exigía mayor mesura en sus actos”.El juez señaló que la defensa de Ricaurte no logró desvirtuar las graves acusaciones que la Fiscalía sustentó con base en documentos y testimonios.Según los investigadores, desde el 2013 hasta el 2016 Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal a la que integraron a Luis Gustavo moreno, Leonardo Pinilla, Gustavo Malo, entre otros, dedicada a cometer delitos relacionados con actuaciones que se adelantaban en la jurisdicción penal.La forma en la que operaba esta red criminal, implicaba reuniones de sus integrantes en casa de Ricaurte, de Bustos y en hoteles, restaurantes y fuera del país.Según la Fiscalía, Ricaurte y Moreno se conocieron por medio de Leonidas Bustos en 2013 en el apartamento de Bustos, Ricaurte le indica a Moreno la forma en la que funciona la organización criminal, indicándole cómo manejarían los procesos y detallando la manera como en adelante procederían frente a lo que ellos llamaban clientes, que eran los beneficiarios del tráfico de influencias.Ricaurte y Bustos tenían los contactos, especialmente de políticos, congresistas y gobernadores, de quienes se supiera que tuvieran investigaciones, indagaciones o procesos en la Corte o en la Fiscalía.Los servicios criminales que ofrecían desde el cartel de la toga eran muy variados: Conseguían información privilegiada de procesosRetardaban los tramitesInstrumentalizaban medios de comunicación para desacreditar testigosAlteraban evidenciasLes pagaban a funcionarios del más alto nivel para que les dieran información, para que permitieran su actuación o para que engavetaran procesos.Según los testigos, Ricaurte recibió 400 millones del exsenador Álvaro Ashton- investigado por parapolítica desde 2017.Ricaurte pidió 2 mil millones de pesos contra el exsenador Musa Besaile – en cuyo caso se frenó una orden de captura por parapolítica que el propio expresidente de la Corte conocía.Ricaurte, vía el expresidente de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, habría buscado favorecer al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.Además, habría favorecido al exsenador Julio Manzur al haberle informado anticipadamente sobre una orden de captura en su contra.Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
El cartel de la toga fue el nombre que se le dio a una de las peores estructuras criminales que se dedicaron a la compraventa de fallos y decisiones judiciales, conformada por magistrados, abogados, fiscales y políticos.Luego de la condena contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte y de las múltiples sentencias contra el corrupto exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, todavía quedan algunas aristas pendientes por esclarecer.Casualmente, este miércoles comienza la recta final del juicio contra el exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández, quien según los documentos y testimonios, favoreció a varios políticos procesados por haber cometido presuntamente varios delitos.En el caso de quien algunos de los involucrados en el cartel de la toga identifican como el jefe de la organización, el también expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, exiliado en Canadá, se espera que en los próximos días el Senado defina si acepta la acusación que profirió en su contra la Cámara de Representantes.Luis Gustavo Moreno regresó a Colombia deportado de Estados Unidos y prometió ampliar su colaboración ante la justicia, en particular en relación con más nombres de políticos que pudieron haber pagado dinero a cambio de que engavetaran los procesos en su contra.Los casos confirmados de políticos que habrían participado en el cartel de la toga son los exsenadores Álvaro Ashton, Musa Besaile y Julio Manzur, además de los exgobernadores Alejandro Lyons y Juan Carlos Abadía.El socio de Moreno, Leonardo Luis Pinilla, ya fue condenado, al igual que el exfiscal Alfredo Bettín, adicional a las acusaciones que se adelantan contra otros dos políticos involucrados: Argenis Velásquez y Julio Gallardo.Todo el escándalo del cartel de la toga comenzó con la captura del exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, durante la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Sería muy bueno para el país conocer la verdad sobre la llegada de Moreno a la cúpula directiva de la Fiscalía.Escuche el análisis y la opinión de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado por el cartel de la toga, le dijo al exmagistrado José Leonidas Bustos que responda, que dé la cara y que acepte que el cartel sí existió, aunque él lo niegue.“Yo creo que es muy fácil defenderse desde la clandestinidad, al estilo de un bandido profesional. Yo creo que, por la majestad de la justicia, el doctor Leonidas debe dar la cara, él dice que el cartel de la toga no existió. Es insólito, claro que existió”, aseveró en diálogo con Noticias Caracol.El exmagistrado José Leonidas Bustos dio su versión está semana en el juicio que se adelanta en contra del magistrado Francisco Ricaurte, también por el cartel de la toga. En su testimonio dijo que “nunca” constituyo una organización criminal y que no cometió actos irregulares.“Jamás tuve relaciones de ese tipo con Luis Gustavo Moreno”, afirmó el exmagistrado.En la entrevista el exfiscal anticorrupción dijo que “se creen intocables” y que sabe que no va a pasar nada.“Uno ya en libertad por vencimiento de términos, otros también ya casi que en libertad por el ingreso a la JEP, procesos que no se mueven”, comentó, añadiendo que los más “pequeños de todo este cartel sancionados y los más grandes, los máximos responsables, uno al mejor estilo de un capo en la clandestinidad, sale no para dar explicaciones sino para defender a su socio, a su secuaz”.Moreno exclamó que “hay lazos de poder” que no quieren que eso avance y le pidió a Bustos que regrese al país y responda.
Reapareció el exmagistrado José Leonidas Bustos, como testigo desde Canadá, en el juicio que se lleva contra el exmagistrado Francisco Ricaurte, ambos acusados de ser las supuestas cabezas del denominado cartel de la toga.Sin embargo, a pesar de presentarse de manera virtual, cuando la Fiscalía quiso trasladarle un documento fue imposible. El abogado de Ricaurte, quien lo había citado en juicio, dijo que solo lo pudo contactar a través de un tercero y que no tenían manera de contactarlo directamente.Bustos insistió en que nunca influyó en procesos en la Corte Suprema de Justicia.“Nunca constituí una organización criminal ni con el doctor Francisco Ricaurte ni con el doctor Malo Fernández ni con Luis Gustavo Moreno, nunca cometí un acto irregular en el desempeño de mi cargo, siempre actué conforme con la constitución y con la ley”, puntualizó Bustos.Sin embargo, hubo varios puntos que fueron controvertidos por el contrainterrogatorio de la fiscal del caso, Claudia Patricia Vanegas. Por ejemplo, la manera como, supuestamente, llegó a su despacho el exgobernador de Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, luego de haber sido representado por Moreno, y cómo fue interrogado en su oficina personal, aspecto que Bustos, dijo, apenas se enteraba del lugar de la diligencia.Según Bustos, Abadía se le presentó accidentalmente a su esposa, en las escaleras del Congreso.“Me dice que el doctor Abadía está involucrado en una investigación, ¿tú puedes atenderlo? Le dije: ¿qué plata? Y me dice no me comentó mucho el asunto, ¿por qué no le das una cita y lo escuchas? Y le di una cita y lo escuché. Después de haberlo escuchado, finalmente, decidí tomar el caso. Después me vine a enterar que Luis Gustavo Moreno había sido abogado defensor en ese proceso, después de que comienzo a mirar todo”, explicó Bustos.En ese proceso, Bustos solicitó al fiscal del caso Alfredo Betín, condenado por este escándalo, un interrogatorio para su cliente Abadía y fue practicado en su oficina personal. Sin embargo, al inicio de su testimonio Bustos lo negó y cuando la fiscal le mostró un documento que así lo revelaba, dijo que apenas se enteraba del lugar de dicha diligencia.“No, en mi oficina no se hacen los interrogatorios (...) no lo sabía, la verdad no sabía que se había practicado ese interrogatorio en mi oficina. Yo tenía un piso, habían más de ocho oficinas y nunca me enteré que hubiese sido en mi oficina, hasta ahorita me doy un cuenta, según dice ahí en la primera hoja”, aseguró el exmagistrado.Por otro lado, Bustos enfatizó que Moreno le dio 20 millones de pesos a su conductor, pero que él se enteró tiempo después, porque este lo declaró en la Cámara de Representantes. Incluso, según dijo el conductor en la declaración, el dinero era para “conocer los desplazamientos del magistrado Leonidas Bustos”.Finalmente, la fiscal también cuestionó que el exmagistrado haya asistido como testigo a este juicio y no al juicio del magistrado Gustavo Malo.
Por más de treinta minutos, en la plenaria del Senado, se escuchó la acusación formal que hizo el representante Edward Rodríguez en contra del expresidente de la Corte Suprema de Justicia José Leónidas Bustos dentro del proceso que se investiga por el cartel de la toga.El representante del Centro Democrático dijo que existen pruebas que podrían demostrar que el magistrado Bustos habría recibido alrededor de 200 millones de pesos de manos del exfiscal Luis Gustavo Moreno, que procedían del entonces senador Álvaro Ashton.“Fue así que encontramos que el exmagistrado José Leónidas Bustos, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia estaba en curso o está en curso en los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencia público”, señaló el representante Edward Rodríguez.Según Rodríguez, Bustos era el encargado de dar instrucciones dentro de la organización sobre la forma como se debía procederse para lograr los objetivos con los congresistas que eran investigados.En los próximos días, la mesa directiva conformará una comisión que estudie el escrito para que luego sea votado en la plenaria del Senado.
Nuevos detalles se conocen del que sería el 'robo del siglo', cometido el pasado 1 de julio en Barranquilla, a una empresa de valores, de donde diez hombres armados habrían extraído cerca de $58.000 millones en efectivo, sin haber tenido que hacer un solo disparo. En la previa al inicio de la audiencia de imputación de cargos, programada para este viernes 22 de noviembre, Blu Radio conoció la identidad de uno de los capturados, quien, además, sería uno de los líderes de la banda que estuvo al frente de la ejecución de este hurto que deja, hasta el momento, a ocho personas capturadas. Nuevos detalles del 'robo del siglo' en BarranquillaSe trata de Royman Alvarado Pérez, quien ya había sido capturado por porte ilegal de armas de fuego en septiembre de 2021, luego de estar en un taxi junto a 'Álex la gorda', quien es un reconocido delincuente que ya suma siete anotaciones judiciales por hurto agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, entre otros. Alvarado Pérez, al parecer, empezó a realizar llamativos gastos en los últimos meses, con los que realizó costosas adquisiciones. Para el caso, se habría comprado un vehículo deportivo modelo 2025 de alta gama y, además, habría pagado por varias cirugías plásticas para su esposa. El hombre, quien era sospechoso para las autoridades, fue objeto de un allanamiento en días pasados en su residencia, donde fueron hallados más de $50 millones en efectivo. Esta información, junto a otros llamativos detalles, serán revelados durante la audiencia en la que además se revelará cómo fue planeado este hurto que habría contado con la participación de al menos una trabajadora de la compañía.
Antes incluso de convertirse en la primera mujer transgénero del Congreso de Estados Unidos, Sarah McBride, de 34 años, dijo que contaba con encontrarse con reacciones hostiles. No se equivocaba."Puede que intenten confundirme de género, puede que intenten decir el nombre equivocado, harán lo que prevemos que hagan", declaró el mes pasado al pódcast TransLash antes de su victoria electoral del 5 de noviembre."Lo harán para provocarme y mi trabajo consistirá en no darles la respuesta que quieren", explicó la demócrata de Delaware.Incluso antes de su llegada a la Cámara de Representantes el 3 de enero, McBride fue blanco esta semana de una resolución de una congresista republicana para prohibir el acceso de las mujeres transexuales a los aseos femeninos del Capitolio."Solo porque un congresista quiera llevar minifalda no significa que pueda entrar en un baño de mujeres", escribió en las redes sociales la incendiaria Nancy Mace, de Carolina del Sur.El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, intentó ganar tiempo para debatir el tema y finalmente se mostró a favor de la prohibición, afirmando que los baños de un solo sexo estarían "reservados a individuos de ese sexo biológico".McBride, que lleva vestidos hasta la rodilla, no minifaldas, emitió un comunicado en el que afirma que respetará las normas "aunque no esté de acuerdo con ellas"."No estoy aquí para pelearme por los baños", dijo la política y activista, que hizo la transición con 21 años y se lo comunicó a sus padres el día de Navidad de 2011.- Guerra cultural -Donald Trump planteó el tema de la transexualidad en la recta final de su campaña presidencial para intentar cortejar a los votantes indecisos.Dos de los asuntos importantes sobre los que se libra una "guerra cultural" entre conservadores y progresistas son si se debe permitir a las mujeres transgénero ir a los baños de mujeres y competir en los deportes femeninos.Trump se ha burlado de las atletas transgénero y de la "ideología woke (despierto)", un término usado para referirse quienes defienden derechos de minorías frente al racismo o asuntos de género, entre otros.El magnate de 78 años prometió sacar "la locura transgénero" de los colegios y mantener "a los hombres fuera del deporte femenino".McBride ha sido durante mucho tiempo defensora de los derechos de las personas trans y ayudó a hacer campaña a favor de una ley que prohibiera la discriminación de género en su estado natal, Delaware, durante la cual la llamaron públicamente "bicho raro" y "encarnación del diablo"."Escuchar eso fue degradante y deshumanizante para mi hija", dijo su madre Sally a The Washington Post en 2018. "Todavía me cuesta asimilarlo".McBride no se inmutó. En 2020 fue elegida primera senadora estatal transgénero de Estados Unidos.- Pasantía en la Casa Blanca - Se ha referido abiertamente a sus luchas por la salud mental, su crianza como niño y su tragedia personal en una autobiografía publicada en 2018."Recuerdo que de niño rezaba por la noche en mi cama pidiendo despertarme al día siguiente y ser una niña", dijo en una charla TED en 2016.La primera vez que acaparó la atención de la opinión pública fue con una carta abierta cuando era líder estudiantil en la American University de Washington en la que anunciaba su transición.Posteriormente conoció al presidente Joe Biden y a su familia, también de Delaware, cuando se involucró en la política local.Tras hacer prácticas en la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama, consiguió una invitación para hablar en la convención del Partido Demócrata de 2016.La Casa Blanca fue también donde conoció a su marido, Andrew Cray, transexual y activista LGTBQ+.Se casaron dos años después, poco antes de que Cray muriera de cáncer.Dice que su objetivo en el Congreso es ser eficaz en las prioridades cotidianas de los votantes, como la vivienda y la inflación.Pero sabe que se verá constantemente obligada a ser portavoz -y defensora- de la comunidad trans."No puedo hacer lo correcto para la comunidad trans si no soy el mejor miembro del Congreso que puedo ser para Delaware", dijo a TransLash."Es la única manera de que la gente vea que las personas trans pueden ser buenos médicos, buenos abogados, buenos educadores, buenos miembros del Congreso. No puedo estar ahí para sacar un comunicado de prensa y tuitear cada vez que alguien dice algo".
La inseguridad en Bogotá no da tregua y los delincuentes siguen haciendo de las suyas en las vías públicas de la ciudad. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que dos ladrones que se movilizaban en moto le robaron el bolso a una mujer que se encontraba en plena vía pública del barrio Alcalá, de la localidad de Puente Aranda.Luego del violento atraco, los dos delincuentes emprendieron la huida en el vehículo; sin embargo, no se percataron que estaban en la mira de un grupo de vecinos del sector, quienes no dudaron en intervenir en el hecho para evitar que los ladrones escaparan del sitio.Fue allí donde uno de los hombres que presenció el hecho lanzó una carreta a la vía justo en el momento en el que pasaban los ladrones en la moto, lo que provocó que ambos cayeran del vehículo, algo que fue aprovechado por el grupo de vecinos del sector para empezar a golpear a los criminales.Tras un intercambio de golpes, en las imágenes se logra ver que uno de los delincuentes intenta sacar lo que parecer ser un arma, sin éxito teniendo en cuenta que fue atacado en repetidas oportunidades, por lo que tuvo que huir del lugar. Luego de esto, al parecer, la comunidad del barrio Alcalá quemó la moto de color azul a los ladrones.
El Gobierno nacional anunció su intención de renegociar cláusulas específicas en algunos tratados internacionales que afectan las inversiones extranjeras en el país. Esta decisión, según lo explicado por el ministro de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, busca reafirmar la soberanía nacional y evitar que controversias entre empresas y el Estado sean dirimidas por tribunales internacionales de arbitraje, considerados por el Gobierno como desfavorables para los intereses nacionales.En una entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro Reyes señaló que esta iniciativa no pretende desincentivar la inversión extranjera, sino establecer condiciones más equilibradas para todas las partes. “Lo que estamos haciendo es renegociar unos cuantos artículos en algunos tratados. Esto se puede lograr sin afectar las posibilidades de inversión en Colombia”, afirmó.El ministro destacó que muchos acuerdos bilaterales de inversión firmados por el país en el pasado otorgaron “prerrogativas muy importantes” a las empresas extranjeras, lo cual podría generar desventajas para Colombia. Retirar a Colombia del CIADIEl ministro Luis Carlos Reyes explicó que la decisión de retirar a Colombia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) está en evaluación, en línea con la directriz del presidente Petro de renegociar las cláusulas desfavorables en tratados internacionales.“Cuando se toma la decisión de salir de alguno de estos tribunales, las decisiones, los casos que están ante ellos no son retroactivos. […] Uno puede hacer un balance de la imparcialidad y la conveniencia a futuro de estar ante un tribunal. Si, eso es, y eso es lo que queremos hacer”, dijo.En cuanto a las alternativas para resolver disputas entre empresas extranjeras y el Estado colombiano, el ministro planteó que estas podrían dirimirse en tribunales nacionales, siguiendo ejemplos como el de Estados Unidos y la Unión Europea. “Entre EE.UU. y la Unión Europea, las disputas se resuelven en las cortes de cada país, respetando su soberanía. Aquí también podemos adoptar un modelo similar sin afectar la inversión extranjera”, aseguró.De acuerdo con Reyes, muchos países ya invierten en Colombia sin depender de mecanismos como el CIADI, lo que demuestra que es posible atraer capital bajo otras condiciones. “Queremos que las inversiones lleguen, pero en términos que respeten la justicia soberana y sean equitativos para todas las partes”, concluyó.Críticas a los tribunales de arbitraje internacionalesEl fallo reciente del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en contra de Colombia por $380 millones a favor de la empresa española Telefónica fue uno de los detonantes de esta revisión. El presidente Petro calificó estos tribunales como “una justicia al servicio del socio”, en referencia a cómo algunas decisiones parecen favorecer sistemáticamente al capital extranjero.El ministro Reyes respaldó esta posición al subrayar que “la justicia debe estar en manos de los estados soberanos, no en las de tribunales privados. Una justicia que favorezca sistemáticamente al capital por encima de los intereses nacionales no puede ser considerada justa”.Sin embargo, el ministro también admitió que el problema no se limita al caso puntual de Telefónica ni al CIADI, sino a un análisis más amplio sobre la imparcialidad de estos mecanismos internacionales: “Es un balance general. No es por un fallo específico, sino porque creemos que estas instancias no siempre favorecen las condiciones óptimas para el país”.Impacto en la inversión extranjeraUno de los argumentos recurrentes contra la salida de Colombia de los tribunales de arbitraje internacionales es el posible desincentivo a la inversión extranjera. Ante esto, Reyes insistió en que no todos los países dependen de estos mecanismos para atraer capital. Citó como ejemplo la relación comercial con la Unión Europea, donde no existen cláusulas específicas de arbitraje en el tratado de libre comercio.“El hecho de que no contemos con estos tribunales no significa que la inversión extranjera desaparezca. Muchos países invierten en Colombia sin depender de ellos. Lo que queremos es establecer un modelo más justo y transparente”, argumentó.Además, el ministro adelantó que el gobierno ya está explorando opciones para sustituir estos mecanismos en caso de avanzar con la retirada. “Hay todo un rango de posibilidades. Las disputas podrían resolverse en los tribunales nacionales, como sucede en otras naciones”, señaló.¿Renegociar los TLC?Reyes reconoció que renegociar cláusulas en tratados internacionales no es un proceso sencillo y que requiere el consenso de las partes involucradas. Sin embargo, expresó optimismo sobre la posibilidad de dialogar con socios comerciales clave, incluyendo a Estados Unidos.“Creo que incluso con gobiernos como el de Donald Trump se pueden encontrar puntos de coincidencia. Muchos tratados firmados en los años 90 no están en condiciones óptimas ni para nosotros ni para ellos. Podría ser una oportunidad para revisar estos acuerdos en beneficio mutuo”, indicó.El ministro concluyó reiterando el compromiso del gobierno con la justicia y la soberanía nacional. Según Reyes, esta revisión no se basa únicamente en un fallo adverso, sino en la necesidad de establecer relaciones más justas en un escenario global. “No es cierto que tengamos que aceptar cualquier condición para atraer inversión. Queremos inversión, pero bajo términos que sean justos para todos”, puntualizó.La iniciativa marca un nuevo capítulo en la política económica y comercial de Colombia, donde la búsqueda de equilibrios entre inversión extranjera y soberanía nacional será el eje central.
Momentos de pánico vivieron habitantes del barrio Viento Libre, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, luego de que un voraz incendio arrasara con al menos 27 viviendas del sector.Ómar Fernández, comandante del Cuerpo de Bomberos de esa población nariñense, dijo a Blu Radio que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la conflagración se habría originado luego de que una menor de edad encendiera una veladora.Fernández añadió que, al parecer, el descuido de la menor produjo que las llamas se propagaran por las viviendas, todas construidas en madera, lo que impidió que la comunidad y los bomberos lograran extinguirlas a tiempo.Según el reporte del funcionario, las 27 familias, entre las cuales hay niños y personas de la tercera edad, son desplazados de la violencia que habían llegado a esa población de la subregión del Sanquianga, en busca de una mejor calidad de vida.Durante la emergencia no se registraron personas heridas ni víctimas humanas que lamentar, aseguró Fernández, añadiendo que la oportuna reacción de la comunidad, que logró evacuar las viviendas, evitó una tragedia en la zona, aunque las familias quedaron en la calle con solo la muda de ropa que llevaban puesta."Estas familias necesitan ropa, alimentos, frazadas y utensilios de cocina porque quedaron sin nada", concluyó el comandante de bomberos de Iscuandé.Así fue el incendio en Iscuandé, Nariño
