La fiscal Luz Adriana Camargo lanzó una nueva advertencia en el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Camargo señaló que el tiempo para presentar un acuerdo con la Fiscalía está cerca de agotarse, lo que abre la puerta a que el acusado enfrente un inminente juicio por el proceso en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Hace una semana, la audiencia que definiría el trámite de las audiencias preparatorias a Nicolás Petro quedó en suspenso, ya que el acusado sorprendió al juez de Barranquilla al afirmar que no contaba con abogado defensor tras la salida de Diego Henao del caso, por lo que solicitó un aplazamiento. La situación obligó al juez a reprogramar la audiencia, un movimiento que, según observadores legales, podría dilatar la posibilidad de un acuerdo.La sentencia anticipada podría ser una de las vía para reducir su condena en caso de declararse responsable de dichos delitos. Sin embargo, el proceso parece estar en una carrera contra el tiempo antes de que inicie el juicio.“Estamos cerca de la fecha límite y no se ha presentado ninguna propuesta formal por parte del acusado”, puntualizó Camargo. La fiscalía ha mostrado disposición para un acuerdo, pero la falta de avances concretos, sumado a las demoras en el proceso, hace que esta opción se vea cada vez más lejana. De no lograrse un acuerdo, Petro Burgos enfrentaría un juicio.Hace unas semanas, la fiscal Camargo explicó que, aunque han existido acercamientos entre la defensa de Nicolás Petro y la Fiscalía, aún no se ha llegado a ningún acuerdo concreto. “¿Hay un preacuerdo? ¿No hay un preacuerdo? Lo primero que yo quiero mencionar es que desde el primer día nosotros hemos dicho que vamos a impulsar los mecanismos premiales que hacen parte de la esencia del sistema penal acusatorio”, señaló Camargo, quien destacó que las negociaciones no dependen de la identidad del imputado.Camargo detalló que se han realizado reuniones entre los abogados del acusado y la directora de Lavado de Activos de la Delegada para las Finanzas Criminales, pero hasta el momento no han alcanzado un consenso. Además, la fiscal expresó su descontento por la filtración de estas conversaciones, subrayando que tales asuntos deben manejarse con confidencialidad debido a la naturaleza delicada de las negociaciones.
En un esfuerzo por fortalecer la seguridad del ecosistema financiero en Colombia, Redeban lanzó ‘Trust360’, una solución antifraude diseñada para detectar y prevenir delitos financieros en tiempo real. Esta herramienta no solo protege a las entidades financieras, sino que también ofrece a los usuarios mayor seguridad, evitando que sean involucrados en actividades fraudulentas como el lavado de activos."Conocemos al usuario de manera integral y esto nos permite ofrecer una solución que no solo complementa lo que ya existe en el mercado, sino que lo supera. A través de esta nueva unidad, ayudaremos a mitigar el fraude en el sector, brindando a los bancos, entidades y comercios una herramienta para actuar de forma preventiva y reactiva en el procesamiento de sus transferencias, especialmente en un momento en el que Colombia vive la interoperabilidad y se prepara para la llegada de Bre-B", comentó Andrés Felipe Duque Martínez, presidente de Redeban.Cómo funciona Trust360La plataforma de Redeban se apoya en la colaboración entre entidades financieras y comercios, permitiendo la detección y mitigación de fraudes a través de:Identidad digital y score de fraude: se genera un puntaje y data insights que detectan patrones anómalos y previenen fraudes.Análisis en tiempo real: la plataforma permite tomar decisiones rápidas sobre la aprobación o declinación de transacciones.Compatibilidad transaccional: funciona en todos los rieles transaccionales, inicialmente enfocada en transferencias P2P (persona a persona) y P2M (persona a comercio).>>> Lea también: El cambio que se viene para las transacciones entre bancos en Colombia: esto debe saberBeneficios para los usuariosLa solución antifraude de Redeban ofrece varios beneficios para los usuarios:Protección contra el lavado de activos: evita que los usuarios sean involucrados en delitos financieros.Mayor seguridad: fortalece la confianza en los servicios financieros.Experiencia del usuario: mejora la experiencia del usuario con una solución efectiva y amigable.
La Fiscalía General de la Nación ha impuesto medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 59 bienes avaluados en más de 109.000 millones de pesos, presuntamente pertenecientes a una organización trasnacional dedicada al lavado de activos en Colombia y Panamá entre 1997 y 2000.Estas medidas fueron adoptadas por un fiscal de la dirección especializada de extinción del derecho de dominio, en respuesta a un esquema que utilizaba diversas maniobras financieras, como la compra de bienes muebles e inmuebles, para ocultar el origen ilícito de los fondos. Las propiedades afectadas se encuentran en varias regiones del país, incluidas Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico), San Jacinto del Cauca (Bolívar), Ayapel y La Apartada (Córdoba).El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, realizó las diligencias correspondientes para la ocupación de los activos. En total, se afectaron 45 inmuebles, que comprenden predios urbanos, fincas, casas de recreo y edificios; además de cuatro establecimientos de comercio, cuatro sociedades y seis vehículos.Los propietarios de estos bienes han sido capturados, judicializados y condenados por su participación en operaciones financieras ficticias que permitieron el traslado de grandes sumas de dinero, las cuales no coincidían con su perfil económico y resultaron en un aumento injustificado de su patrimonio.La administración de las propiedades incautadas será asumida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta acción se enmarca dentro de los esfuerzos de las autoridades para combatir el lavado de activos y el crimen organizado en el país.
La reciente admisión de una prueba clave por parte de la Fiscalía marcó un nuevo giro en el largo proceso judicial contra el empresario textil e inmobiliario Alberto Aroch Mugrabi. Aroch está acusado de múltiples delitos, entre ellos, lavado de activos, contrabando y falsedad en documento privado. Este caso prescribirá en diciembre de 2025.La prueba, que se espera sea determinante en el juicio, consiste en documentos que, según la Fiscalía, demostrarían que Aroch Mugrabi introdujo al país telas de contrabando, las cuales vendía en el mercado negro. Los ingresos generados por estas ventas habrían sido canalizados a través de la empresa Servimos S.A., permitiendo su ingreso al sistema financiero.Además, la documentación podría revelar cómo la empresa Moda Sofisticada, vinculada a Aroch, incumplió normas aduaneras. Esto se evidenció en el decomiso de mercancías entre 2006 y 2013. Según el documento de la Fiscalía: "Con los documentos relacionados será posible demostrar que el señor Alberto Aroch Mugrabi traía telas de contrabando, las cuales vendía en el mercado negro y cuya retribución económica cambiaba por cheques, ingresándolos al sistema financiero a través de la empresa Servimos S.A.".La defensa de Aroch Mugrabi intentó oponerse a la admisión de esta prueba, argumentando que la Fiscalía no había identificado claramente los elementos probatorios ni explicado su relación con el caso. En sus propias palabras, la defensa manifestó: "No se cumplió con la identificación de los elementos probatorios o documentos, tampoco explicó la Fiscalía si la información alude a folios, discos o USB. Además, no expuso qué relación tiene esto con el tema probatorio".Sin embargo, el juez encargado desestimó estas objeciones, permitiendo que la prueba fuera admitida y pueda ser utilizada en el juicio.Aroch Mugrabi, actualmente en libertad debido al vencimiento de términos por las demoras en el proceso, podría beneficiarse de nuevas dilaciones. Si el juicio se extiende otro año, la defensa podría apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá. Esto podría retrasar aún más la práctica de pruebas y, eventualmente, acercar el caso a su prescripción.El caso contra Aroch Mugrabi se inició hace casi 15 años. Aunque la Fiscalía ha avanzado en la recolección de pruebas y testimonios, las demoras en el proceso han sido significativas. La continuación de las audiencias preparatorias, donde se evalúan más de 100 testimonios, ha sido un proceso lento y complejo, en gran parte debido al volumen y la naturaleza de las pruebas involucradas.Aroch Mugrabi ha sido investigado por enriquecimiento ilícito de particulares en la modalidad dolosa y tiene 13 denuncias adicionales por diversos delitos, incluyendo peculado por apropiación y fraude procesal.Su detención en 2015 estuvo relacionada con presuntos vínculos con la familia Guberek Grimberg, conocida por sus actividades de lavado de dinero a través de negocios inmobiliarios irregulares, lo que les valió la inclusión en la Lista Clinton por parte de las autoridades estadounidenses.Además, entre 2008 y 2016, la Fiscalía ocupó bienes a nombre de Aroch Mugrabi, incluidos algunos en el Centro Comercial Gran Estación de Bogotá, que anteriormente habían sido oficinas de la Contraloría General de la República. En 2016, se descubrió que más de 6.500 bienes relacionados con grupos criminales y narcotraficantes tenían alguna conexión con Aroch, lo que llevó a la Fiscalía a proceder con su extinción de dominio.Las víctimas y sus representantes legales han solicitado que no se permita más dilaciones en el proceso, ya que cualquier aplazamiento adicional podría resultar en la prescripción del caso y la impunidad para Aroch Mugrabi.
El empresario Alex Saab ha sido exonerado de cargos de lavado de dinero en Colombia. Un juzgado especializado de Barranquilla determinó que la Fiscalía no logró demostrar que Saab había lavado más de 25.000 millones de pesos mediante su empresa Shatex, que fue acusada de realizar importaciones y exportaciones ficticias. Saab, también enfrentaba cargos de estafa agravada y ha sido señalado por Estados Unidos como testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro.Durante el proceso judicial, la defensa de Saab sostuvo que su empresa cumplió con todas las regulaciones colombianas en sus reportes comerciales. Los informes periciales presentados demostraron que Shatex operaba legítimamente, refutando así las acusaciones de la Fiscalía.Estas acusaciones surgieron en 2019, cuando se imputaron cargos a Saab por supuestamente manipular registros financieros y usar operaciones de comercio exterior para lavar dinero proveniente de Venezuela y enviado a cuentas en el exterior. La Fiscalía presentó pruebas, incluido un informe de la DEA recibido en 2018, que supuestamente detallaba cómo Saab y su hermano Amir crearon empresas fachada para lavar dinero. Según la investigación, Shatex mostró un crecimiento económico extraordinario y aparentemente injustificado entre 2006 y 2007, lo que levantó sospechas entre las autoridades.El abogado de Saab, Camilo Bocanegra Bernal, defendió la legalidad de las operaciones de Shatex, argumentando que la Fiscalía no pudo sustentar sus acusaciones y que las actividades comerciales de la empresa seguían el comportamiento del mercado. Según Bocanegra, la defensa cumplió con todas sus promesas probatorias, mientras que la Fiscalía no logró presentar pruebas suficientes.Finalmente, el juez concluyó que no había fundamentos legales ni evidencia fáctica que sustentaran las acusaciones de la Fiscalía. Así, Alex Saab fue absuelto de todos los cargos.
Dos personas fueron detenidas en España en la operación policial que se llevó a cabo este viernes contra lavado de dinero, de personas vinculadas al régimen de Venezuela y en la que se practicaron cuatro registros en zonas de lujo en Madrid.Según informaron a EFE fuentes jurídicas, los dos detenidos, cuya identidad no fue desvelada, podrían pasar el próximos días a disposición judicial.La operación policial la dirige el juez Joaquín Gadea, en cooperación con las autoridades de Portugal y Estados Unidos, informaron a EFE fuentes jurídicas.La mayor parte de los registros se practicaron en viviendas situadas en el barrio de Salamanca y en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón.En esta causa, que permanece secreta, se investigan delitos de blanqueo de capitales, cohecho internacional y organización criminal.Esta investigación gira en torno a José Roberto Rincón Bravo, cuyo padre, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en EE. UU. por derivar y blanquear más de mil millones procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.José Roberto Rincón, cuya vivienda en La Finca sería una de las registradas este viernes 5 de abril, ya fue detenido en 2018 en otra operación policial contra el blanqueo de dinero procedente de PDVSA en una causa que investiga otro juzgado, el Central de Instrucción número 3, del que es titular la magistrada María Tardón.En aquella ocasión se procedió a la intervención de una finca agropecuaria llamada La Losilla, en Villarejo de Salbanés, propiedad de Rincón, así como al bloqueo de sus cuentas bancarias.
El abogado Diego Henao, defensor de Nicolás Petro, informó que su cliente va a presentar a nombre propio una solicitud de nulidad en el proceso que la Fiscalía le adelanta en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.La decisión se conoce este jueves, 11 de enero, cuando Nicolás Petro será acusado por la Fiscalía ante un juez especializado de Barranquilla; esa audiencia ya se había desarrollado en el pasado mes de noviembre, pero se aplazó después de que la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro pretendió trasladar la diligencia desde la capital del Atlántico hacía Bogotá.La solicitud de nulidad de Petro Burgos se conoce horas antes del arranque de la audiencia de acusación, argumentando que dentro del proceso judicial le han violado derechos fundamentales, garantías procesales, ha recibido presiones psicológicas y hasta han pasado 22 audiencias sin ser convocado.En la decisión del exdiputado del Atlántico se detalló que, “a pesar de que él y su defensa se comunicaron con la Fiscalía para ponerse a su disposición, el fiscal del caso, Mario Andrés Burgos Patiño, solicitó la celebración de 22 audiencias preliminares sin convocar al procesado. Además, aún cuando no era necesaria una captura “forzosa”, el fiscal ordenó un procedimiento en el que se ingresó violentamente a la residencia de Nicolás Petro en Barranquilla; se encontró a su pareja, con varios meses de gestación, y a él, desnudos, a la vez que fueron grabados, en esas condiciones”.Nicolás Petro también alegó que tras su captura fue aislado, trasladado a Bogotá y presentado ante un juez sin explicación alguna, y después recibió presiones “para que se acogiese a un principio de oportunidad por colaboración con la Fiscalía. Además, insistió en que, con ese pretexto, lo llevaron a comparecer a un interrogatorio de indiciado, el cual fue ilegalmente filtrado a los medios de comunicación”.Frente a este panorama, el hijo del presidente consideró que minó a la opinión pública su presunción de inocencia y se montó todo un “espectáculo mediático que puso en riesgo incluso la vida del procesado”.Durante la audiencia de acusación, el juez segundo penal en Barranquilla deberá resolver dicha solicitud de nulidad. Mientras la Fiscalía tendría todos los elementos para acusar al hijo del presidente, la defensa denunciará las irregularidades que se presentaron en el proceso.
José Julio Alfonso López, es hijo de Enilce López, alias ‘La Gata’, ha sido procesado por lavado de activos y condenado por sus vínculos con el paramilitarismo. López entregó un plan de aporte a la verdad ante la JEP solicitando su sometimiento. En este documento debía señalar cuál es la información que entregaría ante la jurisdicción, sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que no es completo y negó el sometimiento."La Sala advierte que el plan de aportes a la verdad presentado por el aspirante en comparecer no cumple con las características de claridad, concreción y programación conforme con las Consideraciones expuestas por el despacho y por el Ministerio Público. No se visualiza como un proyecto que tenga por objetivo superar el umbral de verdad que a la fecha ha sido presuntamente dilucidada en la jurisdicción penal ordinaria. De su lectura, no es posible colegir qué parte de la realidad del conflicto armado no internacional contribuirá a esclarecer, ni se puede establecer qué tipo de colaboración puede extender a los demás organismos del Sistema Integral. No se observa que su voluntad esté encaminada a hacer algún aporte real a la verdad" señala la JEP.En esta jurisdicción tampoco aceptaron a alias ‘La Gata’, pues Enilce López no fue a una audiencia argumentando que tenía un problema de salud, mientras que Jorge Luis Alfonso López, conocido como ‘El Gatico’, tampoco fue aceptado al no aceptar la verdad, él fue condenado por el homicidio de un periodista y el Gobierno Petro lo nombró recientemente facilitador de paz, sin embargo, esta designación fue revocada posteriormente."El señor José Julio Alfonso López no brindó información clara y concreta respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por las cuales fue acusado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir" explica la JEP en la decisión.Le puede interesar:
En medio de un operativo que adelantó la Policía en Antioquia y Bolívar, fueron capturadas cuatro mujeres que lograron enriquecerse con el dinero del narcotráfico del Clan del Golfo.Según la investigaciones, Yulisa de las Aguas, Vilma de León, Sandra Hernández y Linet Zuluaga fueron compañeras sentimentales de varios extraditables del Clan del Golfo, y se prestaron como testaferros de los dinero ilícitos de esa organización.Así lograron administrar complejos turísticos, lujosas casas, bodegas, botes, establecimientos comerciales como sex shops y dinero en efectivo, hasta enriquecerse cada una con más de 7.000 millones de pesos.Cabe mencionar que, de esta manera, lograron dar apariencia de legalidad a dinero producto del narcotráfico. Fue tan así la actividad que, durante el operativo, se logró hacer extinción de dominio a bienes avaluados en más de $13.000 millones en los que se encuentran inmuebles, vehículos, tiendas, sociedades comerciales y hasta una embarcación.Las cuatro mujeres capturadas fueron presentadas ante un juez y les dictó medida de aseguramiento domiciliaria.Le puede interesar:
En la lucha contra el lavado de activos y delitos fiscales, la Fiscalía General golpeó más de mil redes criminales, halló $27.8 billones e incautó mercancía por $41 mil millones vinculados a esos delitos.Algunos de esos casos involucró a seis médicos que terminaron condenados por convalidar títulos de especialista en cirugía plástica y estética con información falsa.Otro de los casos relevantes, fue la judicialización de tres personas que transportaban en las puertas de un vehículo $570 millones en efectivo en Isnos, Huila. Así como la captura de un hombre que lleva oculto en un camión $945 millones, mientras se movilizaba por Pitalito, Huila.Con este tipo de operativos en los últimos cuatro años, la Fiscalía ha logrado recuperar 76 kilos de oro, desarticular completamente 177 estructuras dedicas al contrabando y fortalecer la lucha contra los delitos fiscales.Le puede interesar:
Este jueves, 21 de noviembre, a partir de las 7:00 de la noche, Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá, se convertirá en epicentro de la discusión sobre el denominado turismo musical con el lanzamiento de Green Coliving.Este evento contará con la presencia de líderes políticos, empresarios y artistas destacados y se espera que sirva como un aporte al desarrollo de la región.Durante la velada, expertos se reunirán para debatir temas clave sobre el impacto del turismo musical y su relación con el desarrollo económico, social y ambiental. En un primer conversatorio, moderado por la periodista Jessica de la Peña, se abordará cómo este ecosistema puede convertirse en un motor de transformación para la región, potenciando la empleabilidad y el bienestar. Posteriormente, la modelo y presentadora Carolina Cruz liderará una discusión centrada en el papel de la música como herramienta de crecimiento y cohesión en las comunidades.El evento no solo será un espacio para la reflexión, sino también para el disfrute del talento artístico, con presentaciones de Paulina B, Lucas Arnau -.quien celebrará sus 20 años de carrera musical- y el maestro Poncho Zuleta, leyenda del folclor colombiano, que será el encargado de cerrar la noche con su show.Juan Pablo Valencia, CEO del Grupo Privee, destacó la importancia de este proyecto como una fuente de oportunidades para Sabaneta y el Valle de Aburrá, proyectándolos como referentes nacionales e internacionales en turismo y entretenimiento.Se espera entonces que este sea el inicio de una nueva etapa para Sabaneta, consolidándola como un punto clave en el mapa del turismo musical en Colombia.
La Gobernación de Santander anunció el apoyo a jóvenes que se inscriban o continúen sus estudios en 2025 en carreras profesionales, técnicas o tecnológicas, mediante la entrega de subsidios destinados a transporte y alimentación. Este incentivo está dirigido a estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, sin importar si la institución educativa es pública o privada, siempre y cuando los beneficiarios demuestren que están matriculados en un programa académico y residan lejos de su lugar de estudios.María Paola Suárez, secretaria de Educación de Santander, explicó que, la implementación de este proyecto se formalizó a través de una ordenanza que designará un recurso con destinación específica para este fin, con el objetivo de garantizar que los jóvenes puedan mantenerse en sus estudios sin la preocupación de los gastos relacionados con su educación superior.La ordenanza aprobada y sancionada es la No. 025 de 2024 por la cual se modifica el Fondo Departamental de Apoyo para la Permanencia en la Educación Superior que tendrá los siguientes recursos: “la suma de $1.000 millones provenientes de los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 2024; los recursos del balance de vigencias anteriores; el gobierno departamental asignará en el presupuesto de cada vigencia fiscal la partida presupuestal para la financiación del fondo; entre otros”, dice la ordenanza.La funcionaria detalló que, a través de un convenio con Icetex, la entidad administrativa encargada de manejar el recurso, se hará la identificación y el seguimiento de los estudiantes beneficiarios.El subsidio, que oscilará entre $400.000 y $600.000, se entregará con base en las necesidades específicas de los estudiantes, especialmente para cubrir los costos de transporte y alimentación. La secretaria de Educación aclaró que, aunque el monto inicial es de esa cantidad, se revisará la evolución del proyecto con el objetivo de aumentar los subsidios en el futuro, si se demuestra que realmente cubren las necesidades de los estudiantes.Este programa forma parte de la estrategia de la Gobernación de Santander para apoyar a los jóvenes dentro de la política nacional de gratuidad educativa. Sin embargo, Suárez resaltó que, aunque la gratuidad en las universidades públicas ha sido un avance importante, muchos estudiantes se enfrentan a dificultades adicionales, como la falta de recursos para el transporte y la alimentación.“Muchos de los jóvenes que se matriculan en universidades públicas no tienen ni para comer ni para el transporte. Con este programa, queremos garantizar que los estudiantes permanezcan en sus universidades y no abandonen sus estudios por razones económicas”, comentó la secretaria.En una primera etapa, 2.350 estudiantes podrán beneficiarse de este subsidio, una cifra que se espera crezca.
En un duro pronunciamiento, el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, cuestionó la voluntad de paz del ELN y aseguró que esta guerrilla le ha tomado el pelo a este y a todos los gobiernos.“Al ELN le importa más la mesa de negociaciones que la paz de Colombia, les fascina estar sentados en una mesa hablando de paz y haciendo la guerra y daño a la población civil y las fuerzas militares”, dijo el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, quien rechazó el reciente atentado de esta guerrilla que dejó cuatro soldados muertos en Anori, Antioquia.El Ministro Cristo reconoció que el ELN “le ha tomado el pelo” al Gobierno Petro y todos los gobiernos. “Es muy triste y decepcionante esa actitud del ELN, genera rabia e indignación a todos los colombianos y a mí como víctima”, dijo.Estas declaraciones se dan luego de que tres soldados profesionales y un suboficial del Ejército fueran asesinados en un ataque con explosivos perpetrado por el ELN en el municipio de Anorí, Antioquia.Según las autoridades, miembros de este grupo armado ilegal utilizaron plataformas para lanzar los artefactos contra las tropas.El ataque ha sido atribuido a los frentes Héroes y Mártires de Anorí del ELN, que operan en la región. Además, un oficial del Ejército, cinco soldados profesionales y un civil resultaron heridos en el incidente y están recibiendo atención médica en este momento.
Los hechos que fueron noticia en Colombia y el mundo en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 21 de noviembre de 2024:Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, reveló detalles de la sanción contra el técnico Efraín Juárez, quien no podría entrar durante tres años a los estadios por su celebración en partido ante el DIM. Explicó, que, aún la sanción no está en firme, pues se apeló en segunda instancia y se encuentran a la espera de la respuesta de la Secretaría de Seguridad.Para hablar sobre las declaraciones del ministro de Educación, Daniel Rojas, sobre el desfinanciamiento de Icetex para 2025, se conectó María José Castañeda, presidenta de Acrees, quien expresó las afectaciones a estudiantes. Reconoció los problemas de la entidad, y recalcó que la solución no es acabarlo.Diego López, alcalde de El Colegio, Cundinamarca, alertó de las inundaciones en el municipio, y la manera en que se está afrontando la emergencia. Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá, habló de los árboles que están en riesgo de caída en la capital. Bogotá tiene cerca de 2.200.000 árboles y de esos hay cerca de 1.400.000 que están en espacio público. Explicó que se desconoce por ahora la cifra exacta de árboles que están en riesgo. Escuche el programa completo aquí:
En Colombia ha iniciado formalmente la negociación para definir el salario mínimo que regirá en 2025, un proceso que enfrenta a los sectores empresariales y a las centrales obreras en un pulso que, de no llegar a consenso, podría terminar con un decreto gubernamental. Este año, el debate se desarrolla en un contexto marcado por una inflación proyectada del 5,2 %, un crecimiento económico moderado y un déficit fiscal superior a $30 billones.El cronograma establecido para las conversaciones incluye fechas clave, como el 3 de diciembre, cuando el Dane presentará los datos técnicos, y el 11 de diciembre, cuando las partes formalizarán sus propuestas de incremento. Sin embargo, las posiciones ya empiezan a ser evidentes.Desde las centrales obreras, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), defiende un aumento de dos dígitos, superior al 10 %, argumentando que es necesario un ajuste significativo para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Por otro lado, los empresarios han señalado que el incremento no debería superar el 6,3 %, en línea con las proyecciones inflacionarias y el limitado crecimiento económico.El gobierno, representado principalmente por el Ministerio de Hacienda, sugiere un aumento que parta del 6,2 %, incluyendo la inflación proyectada y un punto de productividad, pero rechaza de plano cualquier ajuste que alcance los dos dígitos. Esta postura ha sido fuertemente criticada por las centrales obreras, que consideran que el Ministerio se ha adelantado indebidamente en la discusión.El proceso está diseñado para alcanzar un acuerdo tripartito, algo que no se logró en 2024, cuando el salario mínimo se fijó por decreto en $1.300.000, con un incremento del 12,07 %. En años recientes, solo las negociaciones de 2022 y 2023 lograron un consenso, una situación que podría ser difícil de replicar este año dada la distancia entre las posiciones actuales.Si no se alcanza un acuerdo antes del 15 de diciembre, la ley establece mecanismos para continuar el debate hasta el 30 de diciembre, fecha límite para que el gobierno decrete el aumento si es necesario. La negociación del salario mínimo se convierte así en un campo de tensión entre los intereses de trabajadores, empresarios y las proyecciones macroeconómicas del país, marcando un final de año crucial para la economía colombiana.
