De manera virtual, Nicolás Petro Burgos siguió compareciendo la tarde de este lunes ante el juzgado segundo penal del circuito de Barranquilla, donde la fiscal del caso se ha dedicado a enumerar cada uno de los documentos, informes, entrevistas y demás elementos que ha recaudado el ente acusador para intentar probar en juicio que el hijo del presidente incurrió en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.La fiscal ha dicho que usará, por ejemplo, información extraída del iPhone de Day Vásquez, como los chats de WhatsApp entre ella y Camilo Burgos Soto, primo materno de Nicolás y quien habría movido dineros irregulares durante la campaña presidencial de 2022.La fiscal también se valdrá de las conversaciones que la ex esposa de Nicolás sostuvo con el político Máximo Noriega, ex aspirante a la Gobernación del Atlántico, y tendrá en cuenta una declaración jurada de Gabriel Elías Hilsaca, hijo del 'Turco' Hilsaca.Entre las pruebas también figuran los resultados de una inspección a la Gobernación del Atlántico, así como documentos relacionados con el pago de los honorarios de Nicolás como diputado del Atlántico y su declaración de bienes y rentas del 2021.La lista es extensa, tanto así que la continuación de esta audiencia preparatoria de juicio fue programada para desarrollarse durante varios días de esta semana.Este lunes, la diligencia fue suspendida por solicitud de la fiscal, que pidió tiempo para revisar algunos documentos antes de seguir enunciando cada una de las pruebas y seguirá este martes, a partir de las 9 de la mañana.
La fiscal Luz Adriana Camargo lanzó una nueva advertencia en el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Camargo señaló que el tiempo para presentar un acuerdo con la Fiscalía está cerca de agotarse, lo que abre la puerta a que el acusado enfrente un inminente juicio por el proceso en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.Hace una semana, la audiencia que definiría el trámite de las audiencias preparatorias a Nicolás Petro quedó en suspenso, ya que el acusado sorprendió al juez de Barranquilla al afirmar que no contaba con abogado defensor tras la salida de Diego Henao del caso, por lo que solicitó un aplazamiento. La situación obligó al juez a reprogramar la audiencia, un movimiento que, según observadores legales, podría dilatar la posibilidad de un acuerdo.La sentencia anticipada podría ser una de las vía para reducir su condena en caso de declararse responsable de dichos delitos. Sin embargo, el proceso parece estar en una carrera contra el tiempo antes de que inicie el juicio.“Estamos cerca de la fecha límite y no se ha presentado ninguna propuesta formal por parte del acusado”, puntualizó Camargo. La fiscalía ha mostrado disposición para un acuerdo, pero la falta de avances concretos, sumado a las demoras en el proceso, hace que esta opción se vea cada vez más lejana. De no lograrse un acuerdo, Petro Burgos enfrentaría un juicio.Hace unas semanas, la fiscal Camargo explicó que, aunque han existido acercamientos entre la defensa de Nicolás Petro y la Fiscalía, aún no se ha llegado a ningún acuerdo concreto. “¿Hay un preacuerdo? ¿No hay un preacuerdo? Lo primero que yo quiero mencionar es que desde el primer día nosotros hemos dicho que vamos a impulsar los mecanismos premiales que hacen parte de la esencia del sistema penal acusatorio”, señaló Camargo, quien destacó que las negociaciones no dependen de la identidad del imputado.Camargo detalló que se han realizado reuniones entre los abogados del acusado y la directora de Lavado de Activos de la Delegada para las Finanzas Criminales, pero hasta el momento no han alcanzado un consenso. Además, la fiscal expresó su descontento por la filtración de estas conversaciones, subrayando que tales asuntos deben manejarse con confidencialidad debido a la naturaleza delicada de las negociaciones.
En un esfuerzo por fortalecer la seguridad del ecosistema financiero en Colombia, Redeban lanzó ‘Trust360’, una solución antifraude diseñada para detectar y prevenir delitos financieros en tiempo real. Esta herramienta no solo protege a las entidades financieras, sino que también ofrece a los usuarios mayor seguridad, evitando que sean involucrados en actividades fraudulentas como el lavado de activos."Conocemos al usuario de manera integral y esto nos permite ofrecer una solución que no solo complementa lo que ya existe en el mercado, sino que lo supera. A través de esta nueva unidad, ayudaremos a mitigar el fraude en el sector, brindando a los bancos, entidades y comercios una herramienta para actuar de forma preventiva y reactiva en el procesamiento de sus transferencias, especialmente en un momento en el que Colombia vive la interoperabilidad y se prepara para la llegada de Bre-B", comentó Andrés Felipe Duque Martínez, presidente de Redeban.Cómo funciona Trust360La plataforma de Redeban se apoya en la colaboración entre entidades financieras y comercios, permitiendo la detección y mitigación de fraudes a través de:Identidad digital y score de fraude: se genera un puntaje y data insights que detectan patrones anómalos y previenen fraudes.Análisis en tiempo real: la plataforma permite tomar decisiones rápidas sobre la aprobación o declinación de transacciones.Compatibilidad transaccional: funciona en todos los rieles transaccionales, inicialmente enfocada en transferencias P2P (persona a persona) y P2M (persona a comercio).>>> Lea también: El cambio que se viene para las transacciones entre bancos en Colombia: esto debe saberBeneficios para los usuariosLa solución antifraude de Redeban ofrece varios beneficios para los usuarios:Protección contra el lavado de activos: evita que los usuarios sean involucrados en delitos financieros.Mayor seguridad: fortalece la confianza en los servicios financieros.Experiencia del usuario: mejora la experiencia del usuario con una solución efectiva y amigable.
La Fiscalía General de la Nación ha impuesto medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 59 bienes avaluados en más de 109.000 millones de pesos, presuntamente pertenecientes a una organización trasnacional dedicada al lavado de activos en Colombia y Panamá entre 1997 y 2000.Estas medidas fueron adoptadas por un fiscal de la dirección especializada de extinción del derecho de dominio, en respuesta a un esquema que utilizaba diversas maniobras financieras, como la compra de bienes muebles e inmuebles, para ocultar el origen ilícito de los fondos. Las propiedades afectadas se encuentran en varias regiones del país, incluidas Bogotá, Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico), San Jacinto del Cauca (Bolívar), Ayapel y La Apartada (Córdoba).El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, realizó las diligencias correspondientes para la ocupación de los activos. En total, se afectaron 45 inmuebles, que comprenden predios urbanos, fincas, casas de recreo y edificios; además de cuatro establecimientos de comercio, cuatro sociedades y seis vehículos.Los propietarios de estos bienes han sido capturados, judicializados y condenados por su participación en operaciones financieras ficticias que permitieron el traslado de grandes sumas de dinero, las cuales no coincidían con su perfil económico y resultaron en un aumento injustificado de su patrimonio.La administración de las propiedades incautadas será asumida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta acción se enmarca dentro de los esfuerzos de las autoridades para combatir el lavado de activos y el crimen organizado en el país.
La reciente admisión de una prueba clave por parte de la Fiscalía marcó un nuevo giro en el largo proceso judicial contra el empresario textil e inmobiliario Alberto Aroch Mugrabi. Aroch está acusado de múltiples delitos, entre ellos, lavado de activos, contrabando y falsedad en documento privado. Este caso prescribirá en diciembre de 2025.La prueba, que se espera sea determinante en el juicio, consiste en documentos que, según la Fiscalía, demostrarían que Aroch Mugrabi introdujo al país telas de contrabando, las cuales vendía en el mercado negro. Los ingresos generados por estas ventas habrían sido canalizados a través de la empresa Servimos S.A., permitiendo su ingreso al sistema financiero.Además, la documentación podría revelar cómo la empresa Moda Sofisticada, vinculada a Aroch, incumplió normas aduaneras. Esto se evidenció en el decomiso de mercancías entre 2006 y 2013. Según el documento de la Fiscalía: "Con los documentos relacionados será posible demostrar que el señor Alberto Aroch Mugrabi traía telas de contrabando, las cuales vendía en el mercado negro y cuya retribución económica cambiaba por cheques, ingresándolos al sistema financiero a través de la empresa Servimos S.A.".La defensa de Aroch Mugrabi intentó oponerse a la admisión de esta prueba, argumentando que la Fiscalía no había identificado claramente los elementos probatorios ni explicado su relación con el caso. En sus propias palabras, la defensa manifestó: "No se cumplió con la identificación de los elementos probatorios o documentos, tampoco explicó la Fiscalía si la información alude a folios, discos o USB. Además, no expuso qué relación tiene esto con el tema probatorio".Sin embargo, el juez encargado desestimó estas objeciones, permitiendo que la prueba fuera admitida y pueda ser utilizada en el juicio.Aroch Mugrabi, actualmente en libertad debido al vencimiento de términos por las demoras en el proceso, podría beneficiarse de nuevas dilaciones. Si el juicio se extiende otro año, la defensa podría apelar la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá. Esto podría retrasar aún más la práctica de pruebas y, eventualmente, acercar el caso a su prescripción.El caso contra Aroch Mugrabi se inició hace casi 15 años. Aunque la Fiscalía ha avanzado en la recolección de pruebas y testimonios, las demoras en el proceso han sido significativas. La continuación de las audiencias preparatorias, donde se evalúan más de 100 testimonios, ha sido un proceso lento y complejo, en gran parte debido al volumen y la naturaleza de las pruebas involucradas.Aroch Mugrabi ha sido investigado por enriquecimiento ilícito de particulares en la modalidad dolosa y tiene 13 denuncias adicionales por diversos delitos, incluyendo peculado por apropiación y fraude procesal.Su detención en 2015 estuvo relacionada con presuntos vínculos con la familia Guberek Grimberg, conocida por sus actividades de lavado de dinero a través de negocios inmobiliarios irregulares, lo que les valió la inclusión en la Lista Clinton por parte de las autoridades estadounidenses.Además, entre 2008 y 2016, la Fiscalía ocupó bienes a nombre de Aroch Mugrabi, incluidos algunos en el Centro Comercial Gran Estación de Bogotá, que anteriormente habían sido oficinas de la Contraloría General de la República. En 2016, se descubrió que más de 6.500 bienes relacionados con grupos criminales y narcotraficantes tenían alguna conexión con Aroch, lo que llevó a la Fiscalía a proceder con su extinción de dominio.Las víctimas y sus representantes legales han solicitado que no se permita más dilaciones en el proceso, ya que cualquier aplazamiento adicional podría resultar en la prescripción del caso y la impunidad para Aroch Mugrabi.
El empresario Alex Saab ha sido exonerado de cargos de lavado de dinero en Colombia. Un juzgado especializado de Barranquilla determinó que la Fiscalía no logró demostrar que Saab había lavado más de 25.000 millones de pesos mediante su empresa Shatex, que fue acusada de realizar importaciones y exportaciones ficticias. Saab, también enfrentaba cargos de estafa agravada y ha sido señalado por Estados Unidos como testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro.Durante el proceso judicial, la defensa de Saab sostuvo que su empresa cumplió con todas las regulaciones colombianas en sus reportes comerciales. Los informes periciales presentados demostraron que Shatex operaba legítimamente, refutando así las acusaciones de la Fiscalía.Estas acusaciones surgieron en 2019, cuando se imputaron cargos a Saab por supuestamente manipular registros financieros y usar operaciones de comercio exterior para lavar dinero proveniente de Venezuela y enviado a cuentas en el exterior. La Fiscalía presentó pruebas, incluido un informe de la DEA recibido en 2018, que supuestamente detallaba cómo Saab y su hermano Amir crearon empresas fachada para lavar dinero. Según la investigación, Shatex mostró un crecimiento económico extraordinario y aparentemente injustificado entre 2006 y 2007, lo que levantó sospechas entre las autoridades.El abogado de Saab, Camilo Bocanegra Bernal, defendió la legalidad de las operaciones de Shatex, argumentando que la Fiscalía no pudo sustentar sus acusaciones y que las actividades comerciales de la empresa seguían el comportamiento del mercado. Según Bocanegra, la defensa cumplió con todas sus promesas probatorias, mientras que la Fiscalía no logró presentar pruebas suficientes.Finalmente, el juez concluyó que no había fundamentos legales ni evidencia fáctica que sustentaran las acusaciones de la Fiscalía. Así, Alex Saab fue absuelto de todos los cargos.
Dos personas fueron detenidas en España en la operación policial que se llevó a cabo este viernes contra lavado de dinero, de personas vinculadas al régimen de Venezuela y en la que se practicaron cuatro registros en zonas de lujo en Madrid.Según informaron a EFE fuentes jurídicas, los dos detenidos, cuya identidad no fue desvelada, podrían pasar el próximos días a disposición judicial.La operación policial la dirige el juez Joaquín Gadea, en cooperación con las autoridades de Portugal y Estados Unidos, informaron a EFE fuentes jurídicas.La mayor parte de los registros se practicaron en viviendas situadas en el barrio de Salamanca y en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón.En esta causa, que permanece secreta, se investigan delitos de blanqueo de capitales, cohecho internacional y organización criminal.Esta investigación gira en torno a José Roberto Rincón Bravo, cuyo padre, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en EE. UU. por derivar y blanquear más de mil millones procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.José Roberto Rincón, cuya vivienda en La Finca sería una de las registradas este viernes 5 de abril, ya fue detenido en 2018 en otra operación policial contra el blanqueo de dinero procedente de PDVSA en una causa que investiga otro juzgado, el Central de Instrucción número 3, del que es titular la magistrada María Tardón.En aquella ocasión se procedió a la intervención de una finca agropecuaria llamada La Losilla, en Villarejo de Salbanés, propiedad de Rincón, así como al bloqueo de sus cuentas bancarias.
El abogado Diego Henao, defensor de Nicolás Petro, informó que su cliente va a presentar a nombre propio una solicitud de nulidad en el proceso que la Fiscalía le adelanta en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.La decisión se conoce este jueves, 11 de enero, cuando Nicolás Petro será acusado por la Fiscalía ante un juez especializado de Barranquilla; esa audiencia ya se había desarrollado en el pasado mes de noviembre, pero se aplazó después de que la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro pretendió trasladar la diligencia desde la capital del Atlántico hacía Bogotá.La solicitud de nulidad de Petro Burgos se conoce horas antes del arranque de la audiencia de acusación, argumentando que dentro del proceso judicial le han violado derechos fundamentales, garantías procesales, ha recibido presiones psicológicas y hasta han pasado 22 audiencias sin ser convocado.En la decisión del exdiputado del Atlántico se detalló que, “a pesar de que él y su defensa se comunicaron con la Fiscalía para ponerse a su disposición, el fiscal del caso, Mario Andrés Burgos Patiño, solicitó la celebración de 22 audiencias preliminares sin convocar al procesado. Además, aún cuando no era necesaria una captura “forzosa”, el fiscal ordenó un procedimiento en el que se ingresó violentamente a la residencia de Nicolás Petro en Barranquilla; se encontró a su pareja, con varios meses de gestación, y a él, desnudos, a la vez que fueron grabados, en esas condiciones”.Nicolás Petro también alegó que tras su captura fue aislado, trasladado a Bogotá y presentado ante un juez sin explicación alguna, y después recibió presiones “para que se acogiese a un principio de oportunidad por colaboración con la Fiscalía. Además, insistió en que, con ese pretexto, lo llevaron a comparecer a un interrogatorio de indiciado, el cual fue ilegalmente filtrado a los medios de comunicación”.Frente a este panorama, el hijo del presidente consideró que minó a la opinión pública su presunción de inocencia y se montó todo un “espectáculo mediático que puso en riesgo incluso la vida del procesado”.Durante la audiencia de acusación, el juez segundo penal en Barranquilla deberá resolver dicha solicitud de nulidad. Mientras la Fiscalía tendría todos los elementos para acusar al hijo del presidente, la defensa denunciará las irregularidades que se presentaron en el proceso.
José Julio Alfonso López, es hijo de Enilce López, alias ‘La Gata’, ha sido procesado por lavado de activos y condenado por sus vínculos con el paramilitarismo. López entregó un plan de aporte a la verdad ante la JEP solicitando su sometimiento. En este documento debía señalar cuál es la información que entregaría ante la jurisdicción, sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas consideró que no es completo y negó el sometimiento."La Sala advierte que el plan de aportes a la verdad presentado por el aspirante en comparecer no cumple con las características de claridad, concreción y programación conforme con las Consideraciones expuestas por el despacho y por el Ministerio Público. No se visualiza como un proyecto que tenga por objetivo superar el umbral de verdad que a la fecha ha sido presuntamente dilucidada en la jurisdicción penal ordinaria. De su lectura, no es posible colegir qué parte de la realidad del conflicto armado no internacional contribuirá a esclarecer, ni se puede establecer qué tipo de colaboración puede extender a los demás organismos del Sistema Integral. No se observa que su voluntad esté encaminada a hacer algún aporte real a la verdad" señala la JEP.En esta jurisdicción tampoco aceptaron a alias ‘La Gata’, pues Enilce López no fue a una audiencia argumentando que tenía un problema de salud, mientras que Jorge Luis Alfonso López, conocido como ‘El Gatico’, tampoco fue aceptado al no aceptar la verdad, él fue condenado por el homicidio de un periodista y el Gobierno Petro lo nombró recientemente facilitador de paz, sin embargo, esta designación fue revocada posteriormente."El señor José Julio Alfonso López no brindó información clara y concreta respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por las cuales fue acusado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir" explica la JEP en la decisión.Le puede interesar:
En medio de un operativo que adelantó la Policía en Antioquia y Bolívar, fueron capturadas cuatro mujeres que lograron enriquecerse con el dinero del narcotráfico del Clan del Golfo.Según la investigaciones, Yulisa de las Aguas, Vilma de León, Sandra Hernández y Linet Zuluaga fueron compañeras sentimentales de varios extraditables del Clan del Golfo, y se prestaron como testaferros de los dinero ilícitos de esa organización.Así lograron administrar complejos turísticos, lujosas casas, bodegas, botes, establecimientos comerciales como sex shops y dinero en efectivo, hasta enriquecerse cada una con más de 7.000 millones de pesos.Cabe mencionar que, de esta manera, lograron dar apariencia de legalidad a dinero producto del narcotráfico. Fue tan así la actividad que, durante el operativo, se logró hacer extinción de dominio a bienes avaluados en más de $13.000 millones en los que se encuentran inmuebles, vehículos, tiendas, sociedades comerciales y hasta una embarcación.Las cuatro mujeres capturadas fueron presentadas ante un juez y les dictó medida de aseguramiento domiciliaria.Le puede interesar:
