La implementación de este grupo de seguridad privada que se viste con uniformes negros y que van armados en motocicletas, ha sido motivo de controversia en Sincelejo, capital de Sucre, pues hay quienes consideran que se le podría estar abriendo las puertas a unas nuevas Autodefensas.“Preocupa que se le esté delegando la función de seguridad a una empresa privada, conociendo los antecedentes que han existido que por entregarle la seguridad a privados fue que se le abrió las puertas a las autodenominadas Autodefensas. Con esto lo que está diciendo la administración y por parte de la Policía Nacional es que a ellos les quedó grande a seguridad de los sincelejanos”, dijo Juan David Díaz, defensor de derechos humanosSin embargo, el alcalde afirmó que la ley lo faculta para conformar este tipo de frentes de seguridad.“No solamente tenemos la vigilancia móvil, también tenemos la vigilancia fija que la tenemos hace muchos años, es decir, esto es un tema de complementariedad y que está reglamentada en la constitución, en la ley y los decretos reglamentarios”, precisó el alcalde.La Policía de Sucre, por su parte, destacó que el trabajo de este grupo está coordinado con las autoridades y fue encargado a una empresa de vigilancia registrada en la superintendencia de vigilancia. Estos tienen la misión de llegar a entornos donde no puede tenerse un policía fijo.Jesús Sánchez Mercado, Comerciante y ganadero de Sincelejo se mostró de acuerdo con la iniciativa y asegura ayudaría a mejorar la seguridad: “Yo lo veo de una manera positiva y la recibo con agrado toda vez que es una vigilancia que va a repeler cualquier acto de criminalidad. Si este es el mecanismo que utiliza el alcalde dentro del marco de la legalidad, bienvenido. Esperemos que las entidades que ejercen control y vigilancia estén prestas para hacer todos los controles respectivos”, dijo el comerciante y ganadero.
Aunque el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aclaró que los frentes de seguridad y/o redes de cooperantes no estarían armadas y que todo lo que haga su gobierno va a estar amparado en la ley, el exintegrante de la Comisión de la Verdad y profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Max Yuri Gil, advirtió que el involucramiento de civiles en la lucha contra grupos armados ha tenido efectos catastróficos en la historia del país porque pone a los civiles en medio de una estrategia contrainsurgente."Desde la década de los 90 que se ensayó con la cooperativas "Convivir" y luego en el gobierno de la seguridad democrática del expresidente Uribe, el involucramiento de civiles no solamente trajo el fortalecimiento de expresiones paramilitares sino también la victimización creciente de la población civil, por eso tenemos unos indicadores de violencia contra la población civil tan altos desde mediados de los 90 hasta finales de la primera década del siglo 21", aseguró Max Yuri Gil.Con él coincide el defensor de derechos humanos y vocero de la Fundación Sumapaz, Óscar Yesid Zapata, quien indicó que "este tipo de instrumentos son una equivocación en términos de seguridad, porque no hay rigurosidad ni siquiera en el manejo de la información. Además se le da un poder a unas personas sobre las cuales no se tiene ningún tipo de control. Esto podría ser inconstitucional y un retroceso en materia de derechos".Ambos piden al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que reevalúe sus declaraciones.Le puede interesar:
Después los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Turbo, donde un soldado perdió la vida y 12 más resultaron heridos, al ser atacados con explosivos por presuntos miembros del Clan del Golfo, el gobernador Andrés Julián Rendón llegó hasta la zona para presidir su segundo consejo de seguridad en el municipio de Carepa.Allí estuvo acompañado de altos mandos del Ejército Nacional y el secretario de Seguridad del departamento, Luis Eduardo Martínez, quien anunció que continúan trabajando en un robusto plan de recompensas para capturar a los principales cabecillas de grupos armados que delinquen en la región, entre ellos alias ‘El Indio’, de la subestructura Juan de Dios Úsuga, por quien se ofrece 50 millones.También sugirió la creación de “frentes de seguridad” y de “red de cooperantes de la fuerza pública”, advirtiendo que este tema no debe generar inquietud, pues serían grupos de ciudadanos no armados y sin contradecir lo dispuesto en la ley."Eso no tiene porque asustar a nadie, por el contrario, es algo que redundará en más tranquilidad para todos los antioqueños. Todo lo que hagamos en el gobierno departamental va a estar enmarcado en el estricto marco de la constitución y la ley", aclaró el mandatario departamental.Rendón también aseguró que habría un interés del Clan del Golfo por conseguir ante el Gobierno nacional un estatus político."La información que hemos recopilado da cuenta de cómo los criminales del Clan del Golfo están apresurados en buscar algún tipo de reconocimiento político que les permita embarcarse en una negociación diferente con el Gobierno Nacional", añadió Rendón.Entre tanto, tres de los doce militares heridos continúan en estado crítico en la clínica panamericana de Apartadó, hasta donde llegó el mandatario departamental para conocer su estado.Le puede interesar:
El rumor que empezó a correr por los barrios de la Comuna 13 de Medellín no era tan rumor. Realmente alguien, Willington Cano, uno de los líderes deportivos y sociales de una de las comunas más azotadas por la violencia en la historia de Medellín, está pensando en organizar un grupo que ayude a cuidar ese sector de la ciudad de la inseguridad y violencia.Según dijo Willington a Blu Radio, la iniciativa nació después de la desaparición y asesinato de Alexis Gómez, un joven deportista de 15 años de edad y del que aún no saben qué ha pasado con su proceso y la búsqueda del principal sospechoso."Se trata de una vigilancia civil privada, pero desde lo legal; en alianzas con la Policía, con los cuadrantes, con la calle; donde podamos tener unas cámaras de seguridad, tener unas alarmas y alertar ante cualquier situación", explica Cano.Pero la iniciativa que incluye un proyecto piloto financiado para capacitar a 30 personas, armadas con bolillo, bicicletas y pitos, además de alarmas para que vigilen y cuiden a la comunidad a cambio de un salario, no ha calado bien en todos los sectores de la Comuna 13.James Zuluaga, otro líder social del sector y defensor de Derechos Humanos, afirma que la historia violenta de la comuna, unida a la presencia de miembros de grupos armados no garantizaría que estas personas realmente cuiden sin convertir su trabajo en una instrumentalización para más actos delincuenciales."Nosotros como ciudadanos no tenemos la opción de financiar un grupo de vigilancia privada y fuera de eso, sin saber qué efectos secundarios pueda tener este grupo. Que no nos vaya a pasar como le pasó muchos mandatarios que se pusieron a financiar grupos privados en algún momento y se convirtieron en convivir, paramilitares autodefensas y terminaron fue haciendo un daño peor", puntualiza Zuluaga.A pesar de sus posiciones contrarias, en lo que sí coinciden ambos líderes es en que en la Comuna 13 la acción y presencia de las autoridades no está bastando para que la comunidad se sienta segura.Por esa razón, Blu Radio consultó con la Secretaría de Seguridad de Medellín, pero hasta el momento no ha habido respuesta ante la inquietud de la comunidad y las iniciativas que están empezando a surgir.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, rindió testimonio el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en medio del proceso que llevan contra el exparamilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, como comandante de los Bloques Cacique Nutibara, Héroes de Tolova, Héroes de Granada y la banda La Terraza. En la diligencia dijo, entre otras cosas, que las autodefensas fueron apoyadas por distintas entidades del Estado de la época.“Hubo constante, permanente comunicación con las diferentes entidades, militares, Policía, Ejército y el DAS, para poder conformar un grupo de autodefensas. Me explicó en esto que es bien importante: un grupo de autodefensas no podía crearse en ninguna región del país si no había apoyo de las instituciones del Estado y de las sociedades que componían esas regiones en las diferentes zonas del país. Esto es, necesitábamos apoyo militar inicialmente, sin ese apoyo era imposible llegar y entrar. De ellos teníamos una información inicial y el resguardo para protegernos porque cuando estábamos rompiendo territorio, las tropas que entraban no eran suficientes para enfrentar el grueso de guerrilla que existía en la zona, entonces teníamos que unirnos y estar en combinación para apoyarnos los unos a los otros, por eso es que esos grupos crecían al lado de donde estaban las fuerzas militares en ese momento”, expresó.Incluso, aseguró que el grupo paramilitar conocido como las Convivir tenían aún más apoyo de esas entidades.“Cuando las Convivir, era fantástico porque los miembros de las Convivir podían entrar a la Policía, Ejército y el DAS cuando quisieran y a la hora que quisieran, no pasaba nada y de esa manera era más eficiente. Por eso usted observa que las Convivir estaban prácticamente dentro de la Brigada 17”, añadió.Sobre los homicidios de Eduardo Umaña, Elsa y Mario, Jaime Garzón y Jesús María Valle, a manos de paramilitares, Mancuso aseguró que “eran, en su gran mayoría, pedidos que venían desde el Estado y se encargaban a quien mejor pudiere desarrollar esa acción militar”.Además, aseguró que le hicieron muchos “mandados” a las autoridades.“Las mismas autoridades nos daban los listados para dar de baja, de imponer la pena de muerte, personas que eran señaladas por la fuerza pública de reiterar en casos de delincuencia menor o cuatreros", señaló.El exjefe paramilitar dio su declaración desde una cárcel en Estados Unidos desde donde está pendiente de la decisión sobre su extradición a Colombia o a Italia.
El expresidente Ernesto Samper llegó puntual a su cita ante los 11 miembros de la Comisión de la Verdad, que preside el padre Francisco de Roux, para entregar su verdad sobre lo que ocurrió durante el gobierno entre 1994 y 1998. "No vengo a exigir justicia sino a ofrecer verdad", manifestó.En su diligencia, que se extenderá en seis sesiones, el exmandatario hablará de cómo se prolongó el conflicto armado en el país, cómo se crearon Las Convivir, el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, el intercambio humanitario e iniciativas de paz, inicio de diálogos con las guerrillas de la época y la dimensión del conflicto armado, entre otras cosas.Samper acude por primera vez a esta Comisión de la Verdad que surge luego de la firma de los acuerdos de paz con las Farc y que busca que se puedan reconstruir los hechos.El exmandatario ha señalado que se arrepiente de haber avalado la extradición porque considera que se está utilizando mal en los últimos años. También criticó el Plan Colombia y aseguró, que todo sobre el ingreso de recursos del Cartel de Cali y el denominado Proceso 8000, está dicho.“Toda mi opinión sobre el tema la expresé en los estrados judiciales a donde fui convocado para hablar sobre esto. Están los expedientes en la Comisión de Acusación, en la Corte Suprema, en la Fiscalía”, dijo.Así mismo dijo que no hubo penetración del narcotráfico en las Fuerzas Militares durante su gobierno, luego de una pregunta de uno de los miembros de la comisiónEsta es la primera cita de seis que tiene el expresidente a la Comisión de la Verdad.Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.
El senador Gustavo Petro se trenzó en una pelea con el expresidente Álvaro Uribe por cuenta de un mensaje publicado por el exalcalde de Bogotá en Twitter.“Es cierto que Uribe no creó las Convivir. Las creó Cesar Gaviria. Pero Uribe las conformó al máximo. Más de 20.000 hombres armados en Antioquia que terminaron siendo el núcleo del paramilitarismo a nivel nacional”, escribió el parlamentario este lunes. Horas más tarde, el expresidente, en esa misma red social, le contestó duramente al defender su tesis sobre la necesidad de la colaboración de la ciudadanía en con la fuerza pública y la justicia.Vea también: Uribe sale en defensa de las Convivir “Dr Petro si que es mentiroso, pocos de los desmovilizados paramilitares habían estado en Convivir(S) de Antioquia, estimuladas para evitar guerrillas y paramilitares. Faltó colaboración ciudadana que hubiera evitado que el dr Petro y sus secuaces asesinaran a los magistrados”, escribió. Este lunes, Petro respondió al Uribe y le pidió pruebas de que “haya asesinado magistrados”.
El presidente Álvaro Uribe se pronunció tras el llamado a juicio en Colombia de 13 exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands, quienes son señalados de dar dinero a grupos paramilitares en medio del conflicto armado. Por el caso, se ha pedido investigar a Uribe para determinar si tenía conocimiento de esa situación. Lea acá también: Piden investigar a Uribe y otros exgobernadores de Antioquia por las ConvivirEn su respuesta, el exmandatario colombiano (2002-2010), aseguró que él no tenía competencias para vigilar las Convivir y que esa era competencia de la Superintendencia del ramo. En un comunicado en tercera persona, la oficina de comunicaciones del expresidente declaró: “La honra y el buen nombre no se pueden manchar con falsas noticias y permanentes infamias, que no reposan en el conocimiento de la verdad, y que no hacen parte de la libertad de prensa”.“Cuando fue Gobernador de Antioquia, siempre impulsó el trabajo honesto a través de reuniones periódicas entre los gerentes de las Asociaciones, la Fiscalía, La Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Internacional, con la finalidad de cimentar el compromiso que las Asociaciones debían proclamar y respetar los Derechos Humanos”, agregó el comunicado.Orígenes del casoEn 2007, Chiquita Brands se declaró culpable en cortes estadounidenses de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la mayor organización paramilitar que operó hasta inicios de esta década.La firma fue sancionada con una multa de 25 millones de dólares tras aceptar que entregó, entre 1997 y 2004, un total de 1,7 millones de dólares a los paramilitares a cambio de supuesta protección a sus trabajadores.Tras los cargos formulados por la fiscalía, los 13 acusados enfrentarán "el proceso de juicio correspondiente", añadió Martínez, sin precisar fechas.
La Fiscalía General de la Nación pidió investigar a Álvaro Uribe Vélez y otros exgobernadores de Antioquia por las Convivir. El hoy senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, negó a través de sus redes sociales cualquier encuentro con fines delictivos. La solicitud fue hecha por la fiscalía 68 especializada contra violaciones a los derechos humanos en la decisión donde se acusó a 14 bananeros colombianos y extranjeros por el caso del pago de la multinacional Chiquita Brand a los paramilitares.Vea también: El plan entre narcos y guerrilla para matar a Álvaro Uribe en 2009En el documento, el ente investigador solicitó expedir copias para investigar penalmente a los directores de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como a alcaldes y gobernadores de Antioquia entre los años de 1997 a 2004, por la omisión en la conformación, vigilancia y control de las Convivir.A través de su cuenta de Twitter el expresidente Álvaro Uribe negó cualquier tipo de reunión con fines criminales durante su gestión como gobernador y pidió conocer las pruebas sobre los supuestos encuentros.
El senador Álvaro Uribe Vélez y el exjefe negociador de paz Humberto de la Calle se enfrentaron en la red social Twitter por la creación de Las Convivir. La discusión se produjo por el acto legislativo que busca prohibir el paramilitarismo a nivel Constitucional. De la Calle, quien ha defendido la iniciativa, puso de ejemplo Las Convivir, grupo que mutó a los Paramilitares, para que ese episodio no se vuelva a repetir, pero sus comentarios incomodaron al senador y en respuesta publicó un comunicado. Asegura la misiva de Uribe, que, en su momento De la Calle “fue ministro del Gobierno que creó Las Convivir y vicepresidente del que las puso en marcha”. En respuesta al líder del Centro Democrático, Humberto de La Calle se declaró sorprendido porque nunca mencionó el nombre de Álvaro Uribe en su defensa por garantizar los derechos humanos. El precandidato añadió que la prohibición del paramilitarismo no implicará condenas al Estado y no entiende cómo existen personas que consideran los derechos humanos como un mecanismo en contra de la Constitución.Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
