En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Investigación Criminal, se logró la captura de un hombre acusado del delito de acceso carnal violento en el municipio de Landázuri, Santander.Los hechos se remontan al 1 de enero, cuando, tras una exhaustiva investigación, las autoridades recolectaron pruebas clave como antecedentes, testimonios y registros de interceptaciones telefónicas. Con base en estas evidencias, un juez de control de garantías emitió una orden de captura contra el sospechoso.La comunidad había denunciado que el sospecho fue capturado tiempo después del crimen, pero como un juez determinó que no había flagrancia, fue dejado en libertad mientras avanzaba la investigación.De acuerdo con el coronel Gustavo Andrés Henao Sáenz, comandante encargado del Departamento de Policía Santander, "durante el proceso investigativo, se estableció que el implicado había huido al municipio de Carepa, Antioquia, en un intento por evadir a las autoridades. Finalmente, tras un seguimiento minucioso realizado por personal de inteligencia y al no encontrar más rutas para continuar su vida, el ciudadano se presentó de manera voluntaria en la estación de policía Carepa".La captura se hizo efectiva de inmediato y el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. En la audiencia de control de garantías, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Las autoridades del municipio de Landázuri, Santander, investigan la legalidad de las minas de carbón de la región, luego de varios accidentes fatales que han cobrado la vida de mineros.En menos de una semana, dos personas han fallecido en una mina ubicada en la vereda Soledad, corregimiento de Miralindo, debido a explosiones y la inhalación de gases tóxicos.El alcalde de Landázuri, Carlos Morales, informó que la víctima más reciente fue Jhon Fredy Ruiz Ariza, de 32 años, quien murió en la mina conocida como Los Cristinos. Según Morales, en conjunto con la Agencia Nacional Minera, se están verificando los títulos mineros y la legalidad de las operaciones en el sector, ante el aumento de los accidentes.En el municipio operan varias minas de carbón, donde los mineros artesanales trabajan sin las medidas de seguridad adecuadas, generalmente en horarios nocturnos. Esta situación ha generado preocupación entre las autoridades locales, ya que los accidentes se han intensificado, poniendo en grave riesgo la vida de los trabajadores.El pasado 11 de octubre, un incendio provocado por acumulación de gas metano en una mina de carbón del sector Los Planes, vereda San Fernando, dejó como saldo la muerte de Marco Tulio Pedraza Vargas, de 62 años. Aunque fue trasladado a un centro médico en Bucaramanga, falleció debido a las graves quemaduras sufridas. Otros dos mineros resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado.Un caso similar ocurrió en 2023 en el corregimiento Plan de Armas, también en Landázuri, donde un incendio en una mina dejó cinco víctimas fatales: Luis Alfredo Gil Herreño, Michael Andrés López Vargas, César David Ardila Herreño, José Fabián Mora Cancelado y Eliberto Fontecha Nieves.El problema de seguridad en las minas no es exclusivo de Landázuri. El pasado 4 de diciembre de 2024, en el municipio de Los Santos, Santander, Juan Carlos Sarmiento Santos, de 53 años, falleció mientras trabajaba en una mina de yeso llamada La Lomita, ubicada en la vereda La Loma. El accidente ocurrió cuando una roca de gran tamaño se desprendió, aplastándolo mientras perforaba la mina.El alcalde Morales explicó que muchas de las minas operan sin garantías de legalidad, ya que los títulos suelen ser cedidos de manera informal. Por ello, las autoridades locales han intensificado las investigaciones y planean reforzar las medidas de seguridad para prevenir más tragedias en la región.
El municipio de Landázuri, Santander, vivió una jornada de luto tras el trágico asesinato de Yineth Aguilar Hernández, quien fue asesinada en medio del robo de su motocicleta. En el ataque también resultó herida su hermana, Sandra Aguilar. Este crimen desató una serie de reacciones por parte de las autoridades locales y departamentales, que convocaron a un consejo extraordinario de seguridad para fortalecer las acciones en la región.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, encabezó el consejo de seguridad y presentó las medidas adoptadas por la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Landázuri para hacer frente a la creciente preocupación por la violencia en la zona. Entre las decisiones, se ofreció una recompensa de hasta $12 millones para quienes proporcionen información que conduzca a la captura de los responsables del asesinato y el robo. Este monto incluye $10 millones ofrecidos por la Gobernación y $2 millones por parte de la Alcaldía de Landázuri.En su intervención, Hernández señaló que la respuesta inmediata del gobierno departamental busca no solo esclarecer este crimen, sino también poner en marcha una serie de acciones para reforzar la seguridad en el municipio y sus alrededores.“Las medidas de seguridad incluyen el despliegue de 40 nuevos efectivos de la Policía Nacional y el Ejército, así como el uso de tecnología avanzada como drones, caninos antidrogas y unidades de movilidad. También se estableció una cápsula de investigación para realizar una persecución penal y judicial efectiva, con el objetivo de esclarecer los hechos rápidamente”, explicó el funcionario.Además de las acciones de seguridad, Gobiernos departamental y municipal implementarán una serie de iniciativas orientadas a la prevención del delito. Una de ellas será la campaña itinerante ‘Métale Mente’, que se llevará a cabo a partir de enero de 2025. Esta campaña estará centrada en el acompañamiento psicosocial a la comunidad y en la capacitación sobre rutas de protección en barrios y veredas del municipio.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar con la justicia. Para ello, señaló el secretario Hernández que están disponibles las líneas 123 y 165 de la Policía Nacional, a través de las cuales cualquier persona puede proporcionar información sobre los responsables del asesinato de Yineth Aguilar y el robo de su motocicleta.
En la vereda Morro Negro del municipio de Landázuri, en Santander, se registró otro hecho de violencia cuando un hombre intentó asesinar a su expareja sentimental en la vivienda, atacándola con un machete y ocasionándole heridas en diferentes partes de su cuerpo. La discusión inició por la venta de la finca que tienen en común, dado que están en proceso de separación. El alcalde del municipio, Carlos Andrés Morales Quiroga, confirmó: “Fue auxiliada por los gritos de auxilio de los vecinos, quienes lograron quitarle el machete al hombre y trasladar a la mujer al hospital del municipio”.Aunque se le prestaron los primeros auxilios a Esperanza Guiza, la gravedad de las heridas en su cabeza, cuello, torso y manos hizo que debiera ser remitida a un hospital de mayor nivel en Bucaramanga, donde se recupera de este atroz crimen, afirmó el mandatario.Este hecho ocurre ocho días después del feminicidio de una menor de 16 años a manos de su padrastro. Gravemente herida por su exesposo Pablo Chacón, Esperanza Guiza fue auxiliada por habitantes de la zona que escucharon sus gritos.Un habitante de la vereda, quien auxilió a Esperanza, aseguró que la pareja “desde hace tiempo estaba en los trámites de separación y por ello hablando de la venta de la finca; no sé qué les disgustó y llegaron a esas agresiones que, personalmente como habitante de la vereda, tenemos que rechazar y más aquí, donde todos somos prácticamente de la familia”.La mujer se recupera de estos hechos en el Hospital Universitario de Santander, donde hasta el momento se encuentra estable.Los habitantes de Landázuri claman porque las mujeres del municipio denuncien los hechos de violencia de los que son víctimas y esperan que las autoridades hagan justicia en estos casos registrados, donde una menor de 16 años fue víctima de feminicidio y otra mujer se salvó de morir a manos de su expareja.
Durante un operativo desarrollado en vía pública, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Inteligencia Policial (DIJIN) lograron la captura de Carmen Angel Acosta Velázquez, alias ‘Cuarenta’, presunto cabecilla del grupo delincuencial conocido como Los Pelusos.Esta captura se materializó gracias a una orden emitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Garantías de Cúcuta, Norte de Santander, por el delito de concierto para delinquir. Alias ‘Cuarenta’ era señalado como el líder de las milicias urbanas de Los Pelusos con operaciones en Ocaña, Norte de Santander, donde se le acusa de estar detrás de cobros extorsivos a comerciantes y de ordenar homicidios selectivos.Entre las pruebas recolectadas se incluye su presunta participación como autor intelectual del homicidio del líder sindical y docente Dagoberto Bayona Santiago, también ocurrido en Ocaña. “Este hombre es integrante de Los Pelusos. El señor alias ‘40’ tenía injerencia en el municipio de Ocaña, Norte de Santander”, dijo el coronel Carlos Fuelagán, comandante de la Policía de Santander.Además, se reveló que alias ‘Cuarenta’ tiene antecedentes por homicidio y secuestro simple agravado contra una persona con discapacidad, lo que lo convierte en un objetivo prioritario para las autoridades.
En la sala de su casa en el municipio de Landázuri, Santander, fue hallado sin vida el docente Edwin Leonardo Ropero Montañez, de 39 años.El profesor fue encontrado por algunos funcionarios del colegio José María Landázuri donde laboraba y la Policía, que acudieron a la vivienda en busca de Edwin Leonardo, luego de que no se presentara a la institución y tampoco contestara las llamadas.“No respondió a las llamadas, tampoco se presentó en la institución, por lo que algunas personas del colegio se dirigieron a la vivienda fueron a buscarlo, les tocó romper la chapa para poder ingresar y allí lo encontraron sin vida”, confirmó el alcalde de Landázuri, Carlos Andrés Morales.Según el mandatario, el docente Ropero Montañez no había signos de alarma por parte del docente que dieran lugar a un comportamiento diferente.“Era una persona callada, muy respetuosa, estaba en período de prueba es lo que nos informan”, señaló el mandatario.Edwin Leonardo tenía 39 años y la última vez que fue visto fue en el desfile del 20 de julio, el pasado sábado.Se espera el dictamen de Medicina Legal que determine las causas de la muerte del docente.A través de un comunicado el Colegio José María Landázuri envió un mensaje de condolencia a los familiares de docente, “lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del docente Edwin Leonardo Ropero Montañez. A sus familiares y amigos, les enviamos nuestras condolencias y una voz de aliento y fortaleza en tan sentido momento”.
Habitantes del corregimiento de la India en el municipio de Landázuri, Santander, denunciaron amenazas por parte de un grupo armado ilegal que se hace llamar “Autodefensa la Nueva Generación”, la cual ha iniciado acciones para hacer presencia en ese lugar y para adelantar extorsiones contra los campesinos, sobre todo, contra los que integran una asociación de trabajadores.“Los santandereanos habitantes del corregimiento de la India en el municipio de Landázuri y de 36 veredas de otros cinco municipios de influencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos Carare -ATCC-: Cimitarra, Sucre, Bolívar, Peñón y La Belleza rechazaron pacíficamente las acciones violentas del grupo armado que se autodenomina “Autodefensa la Nueva Generación”, explicó en un comunicado la ATCC.Ante estas denuncias el general Oscar Vera, comandante de la Quinta Brigada del Ejército con sede en Bucaramanga explicó que ya han tenido conocimiento de este tipo de hechos y acordaron con la comunidad hacer presencia con uniformados en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes.“Desde principio del mes de abril se tuvieron unas informaciones por parte de ciudadanos que residen en ese sector a partir de ahí se hicieron unos consejos de seguridad y, se hizo un despliegue de tropas en el área para brindar seguridad y tranquilidad a los habitantes. De igual manera se desplegó el grupo Gaula Militar Santander para recibir las denuncias de posibles amenazas o extorsiones. El viernes pasado estuvimos en el lugar con la Gobernación de Santander recibiendo de primera mano las denuncias de las comunidades”, explicó el general del Ejército Oscar Vera.“La comunidad de la India y del área de influencia de la ATCC citó a una Asamblea, de acuerdo con Luis Fernando Serna, representante legal de la ATCC, a fin de rechazar las acciones en contra de la comunidad que se vienen gestionando desde un actor armado que viene haciendo un ejercicio de querer controlar el territorio y someter a la comunidad para presiones de cobro de impuestos, vacunas, pero además de todo el control del microtráfico”, dice el comunicado de la ATCC.Comunicado de la ATCC
La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare denunció la incursión de un grupo armado ilegal que se identificó como “Autodefensas, la Nueva Generación” en el corregimiento La India, municipio de Landázuri, Santander, donde hombres armados estuvieron durante un día caminando por las calles del lugar, amenazando a líderes sociales y comerciantes."El día 02 del mes de abril de 2024 aproximadamente a las 10:00 a.m., se presentó un grupo de personas armados quienes se identificaron como 'Autodefensa la Nueva Generación', en la comunidad del corregimiento de la india sede de la ATCC organización defensora del territorio hace más de 30 años premio Nobel Alternativo de la paz por su labor y su aporte a la no violencia, la defensa de la vida y de los derechos de los campesinos de su área de influencia", dice el comunicado.En el comunicado, La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare adviritó que el grupo criminal, con sus armas de largo alcance, intimidó a la población civil."Estos señores le indicaron al presidente de la ATCC y algunos miembros de la comunidad que su presencia advertía una decisión y un interés en tomar control del territorio de las actividades ilícitas del microtráfico y para financiar su empresa en una supuesta lucha contra la posible incursión de movimientos guerrilleros al territorio y que, por lo tanto, ya tenían gente moviéndose en el área para concretar su plan de dar inicio al control de esta parte del territorio. Dicen que no estaban jugando y ya realizaban acciones en Cimitarra", agrega el comunicado.La Secretaría del Interior de Santander confirmó los hechos y anunció mayor presencia de la fuerza pública en la zona."Son acciones de grupos armados que han intentado llegar a los corregimientos, desde el mismo momento que la Gobernación de Santander tuvo conocimiento se empezó a hacer acompañamiento y articular con la Policía y Ejército la presencia en el sector", indicó Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander.Para este domingo, 21 de abril, los 500 socios de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare citaron a una marcha en el corregimiento La India para rechazar las amenazas de este nuevo grupo ilegal.
La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare denunció la incursión de un grupo armado ilegal que se identificó como “Autodefensas, la Nueva Generación” en el corregimiento La India, municipio de Landázuri, Santander, donde hombres armados estuvieron durante un día caminando las calles y amenazando a líderes sociales y comerciantes.Los hechos se registraron el pasado 2 de abril y en un comunicado la asociación advirtió lo siguiente: “estos señores le indicaron al presidente de la ATCC y algunos miembros de la comunidad que, su presencia advertía una decisión y un interés en tomar el control del territorio de las actividades ilícitas del microtráfico y demás, para financiar su empresa en una supuesta lucha contra la posible incursión de movimientos guerrilleros al territorio y que por lo tanto, ya tenían gente moviéndose en el área para concretar su plan de dar inicio al control de esta parte del territorio, y que no estaban jugando, estaban ya realizando acciones en Cimitarra y empezaban en la india y su área de influencia”, dice el comunicado de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare.Denuncia la asociación ATCC que seis de los integrantes, se quedaron en la zona.“Es importante que las autoridades tengan en cuenta que estos individuos dejaron en la comunidad de la india a seis de sus integrantes los cuales estuvieron todo el día tomando y en las horas de la noche realizaron disparos intimidantes aludiendo que miembros del tribunal de la ATCC los habían denunciado con la policía y que tenían orden de asesinar y quitar del camino al señor Luis Fernando Serna presidente de la ATCC y el señor Gilberto García Abril, comerciante, a quienes acusan de ser el estorbo que moviliza la comunidad y se interponen en su camino”.También hicieron amenazas a quien se oponga a sus acciones, “le dejan claro a miembros de la comunidad que ellos no están jugando y que el que se atraviese en su camino lo matan”, manifiesta la ATCC en el comunicado.Para este domingo 21 de abril, los 500 socios de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, citaron a una caminata con punto de encuentro en el barrio Asodecar y llegada el puerto de la India, para rechazar las amenazas de este grupo ilegal a un líder social y el comerciante de la región.“La ATCC convoca a todos los habitantes de la región de Landázuri, Cimitarra, autoridades y organizaciones del departamento de Santander, socios de la ATCC y personas comprometidas con la Paz y la defensa del territorio a participar el domingo 21 de abril a Caminar para rechazar y manifestar que el corregimiento de la India y zona de influencia de la ATCC están organizados para la Paz, para no estar bajo el mando de ninguna guerrilla, de ningún paramilitar ni cualquier grupo armado, reafirmar que son una organización de paz”, puntualiza el comunicado.Este es el comunicado de la ATCC.
En medio de una audiencia de seguimiento para conocer los avances para esclarecer la verdad sobre el conflicto armado en Cimitarra, Santander, asociaciones de víctimas les solicitaron a los magistrados de la JEP extender las medidas cautelares a varios sitios de la región donde podría haber restos de desaparecidos.Los magistrados de la JEP evaluarán la solicitud de extender las medidas cautelares al aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra y el cementerio rural de la vereda Santa Rosa del Carare. Asociaciones de víctimas solicitaron que esas medidas también sean aplicadas a los cementerios de Landázuri, El Peñón, Santa Helena del Opón y del corregimiento de La India.Según la JEP, un caso similar se registró en el cementerio rural de la vereda Santa Rosa del Carare, en Cimitarra, en donde la comunidad, de manera humanitaria, les dio sepultura en este lugar a los cuerpos que encontraban.“Muchos de los desaparecidos eran lanzados al río Carare y eran recogidos por pescadores que los enterraban sin ningún tipo de identificación. Por eso necesitamos averiguar si estos restos están allí”, dijo un familiar de las víctimas del conflicto armado en esa zona de Santander.Los hechos ocurridos en Cimitarra son de interés para el caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con paramilitares o terceros civiles.Para el caso del predio en el que se encuentra el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, ubicado a las afueras del casco urbano, miembros de la fuerza pública habrían inhumado de forma irregular cuerpos de campesinos retenidos y torturados, quienes habrían sido señalados de pertenecer a algún grupo al margen de la ley.“De acuerdo con la investigación adelantada por la JEP, en el Cementerio Municipal de Cimitarra se inhumaron cuerpos provenientes de masacres y homicidios sin ningún protocolo o procedimiento que preservara su identificación y, a pesar de que el grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas, Grube, de la Fiscalía intervino el lugar entre 2015 y 2017, a la fecha, aún hay cuerpos sin recuperar en dicho lugar”, señaló la JEP.“La desaparición forzada es un acto atroz, no concreta la muerte ni permite la vida y, de esta manera, niega la condición del ser humano. En ese contexto, los familiares de las víctimas afrontan una permanente dualidad entre la expectativa de la vida que promueve la ilusión del regreso de quien se encuentra desaparecido y el temor de la pérdida definitiva que hace suponer su eterna ausencia”, dijo la magistrada Reinere Jaramillo, quien presidirá la audiencia en Cimitarra.Se estima que más de 1.000 personas aún están desaparecidas en la región del Carare – Opón, producto del conflicto armado que se vivió en esa zona de Santander.
