Un estudio realizado por Scrap Car Comparison reveló datos curiosos sobre la inteligencia de los conductores, según la marca de carro que manejan. El análisis, que involucró a más de 2.000 conductores, buscaba establecer si existía una correlación entre la marca del vehículo y el coeficiente intelectual (CI) de quienes lo conducen. Los resultados, basados en pruebas estandarizadas, mostraron una clara tendencia: los conductores de ciertas marcas de carros, como BMW, Fiat y Land Rover , obtuvieron los puntajes más bajos en comparación con otras marcas.El estudio utilizó una prueba de CI, cuyo propósito era medir el rendimiento intelectual de los participantes. El CI (Cociente Intelectual) se define como la capacidad cognitiva de una persona medida a través de una serie de exámenes estandarizados. Según la investigación, la mayoría de la población mundial tiene un CI que oscila entre 85 y 115, mientras que solo un pequeño porcentaje supera o queda por debajo de este rango.Los conductores menos y más inteligentesAl desglosar los resultados por marca de carro, el estudio encontró que los conductores de Skoda eran los más inteligentes, con un CI promedio de 99. En el lado opuesto, los menos inteligentes fueron los de Land Rover. El top 3 lo completaron conductores de Suzuki y Peugeot, quienes también mostraron puntuaciones por encima del promedio general. Este hallazgo puede parecer sorpresa para muchos, ya que tradicionalmente se asocian marcas como BMW y Land Rover con lujo y estatus, lo que parecería contradecir la percepción de que vehículos de gama alta estarían vinculados a conductores más inteligentes. De hecho, el promedio de CI para los conductores de Land Rover, la marca con el puntaje más bajo, fue de apenas 88.58, por debajo del rango medio de la población general.Inteligencia de conductores por marcaSkoda: 99Suzuki: 98.09Peugeot: 97.79Mini: 97.41Mazda: 95.91Toyota: 95.76Vauxhall: 95.11Mercedes Benz: 94.74Nissan: 94.71Seat: 94.71Citroen: 94.29Hyundai: 93.52Renault: 93.41Audi: 93.25Kia: 93.01Honda: 92.88Ford: 92.75Volvo: 92.40Volkswagen: 92.25BMW: 91.68Fiat: 90.14Land Rover: 88.58A pesar de que los puntajes de CI entre los conductores se encuentran dentro de un rango considerado normal, sí se presenta un interrogante a tener en cuenta sobre cómo la marca del carro podría estar relacionada con características de personalidad o capacidad intelectual.
El todoterreno Range Rover será propuesto en versión 100% eléctrica a partir de 2024, anunció el miércoles la marca británica.El vehículo de lujo, producto faro del grupo Jaguar Land Rover (JLR), está en etapa de pruebas y ya se propone una lista de espera a los futuros clientes, precisó la empresa en comunicado.El Range Rover competirá en el mercado de los vehículos eléctricos de lujo como Tesla Model X, Rivian R1S, Lotus Eletre, y se enfrentará también al futuro Mercedes Classe G eléctrico, el Volvo EX90 o a los grandes modelos futuros de Porsche y Aston Martin.En China, principal mercado del grupo, el todoterreno Range Rover se enfrentará al YangWang U8, proposición inédita en ese sector de la gran empresa de vehículos eléctricos BYD.Esta primera versión eléctrica "ofrecerá resultados comparables a los del Range Rover V8, así como las capacidades todoterreno desarrolladas por los expertos de Land Rover, marca de fábrica del Range Rover desde su creación en 1970", indicó la compañía.El vehículo, que se podrá recargar rápidamente, será propuesto a partir de 103.000 libras en Reino Unido (120.000 euros).El Range Rover Electric será producido en la fábrica inglesa de Solihull, cerca de Birmingham (ouest), al lado de los Range Rover híbridos recargables, gracias a una inversión de 70 millones de libras esterlinas (81 millions de euros).El grupo, propiedad del gigante indio Tata Motors, registró en el primer semestre de 2023 un aumento de 57% de su cifra de negocios a un año de 6.900 millones de libras (8.000 millones de euros), con un alza de las ventas al detal de 29%.
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
Este jueves, 21 de noviembre, se registró un grave accidente en la capital. Al parecer, fue entre un ciclista y un camión a la altura de la calle 80 con transversal 77, generando un trancón de varios kilómetros en el noroccidente de BogotáLa Policía, así como unidades de criminalística, llegaron al lugar tras el fatal accidente.El CTI realiza el procedimiento del levantamiento del cuerpo que quedó debajo de las llantas de la mula.
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
