En su discurso en medio de las manifestaciones convocadas por el Gobierno nacional este 1 de mayo, el presidente Gustavo Petro se despachó contra el presidente de Keralty, Joseba Grajales.“Deje de engañar a sus afiliados diciéndoles que vamos a acabar la salud, les vamos a mejorar la salud a todos los afiliados de la EPS Sanitas en Colombia”, afirmó el mandatario de Colombia desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, sitio que reúne los distintos puntos de la manifestación.Cabe recordar que dicha entidad fue intervenida por el Gobierno nacional el pasado 3 de abril, debido a las deudas que tiene actualmente. “En efecto, las deudas con IPS ascendían para diciembre de 2023 a la suma de $2.043.289.989.569 millones, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados, sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras”, decía el comunicado de la Superintendencia de Salud.Frente a esto, el presidente de Keralty, Joseba Grajales, calificó la acción del Gobierno nacional como “injusta” y, asimismo, manifestó que trabajarán incansablemente para revertir la situación.Actualmente, el proyecto de una hipotética reforma a la salud se encuentra en remojo y en los próximos días se estaría presentando un nuevo texto, pero con mensaje de urgencia.
Keralty, el conglomerado internacional propietario de la EPS Sanitas inició una disputa legal tras la intervención del Gobierno de Gustavo Petro en sus operaciones. El abogado Juan David Riveros, representante de Keralty, en una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, dijo que la demanda incluye acusaciones graves como el prevaricato por parte del superintendente de salud, Luis Carlos Leal.Riveros detalló que la serie de acciones legales no solo se circunscribe a lo penal, sino que también abarca una recusación contra el Superintendente en la que se argumenta lo que, dijo, es un claro sesgo contra las EPS, evidenciado por publicaciones previas en redes sociales."Es crucial que en un cargo con responsabilidades tan significativas como la inspección, control y vigilancia, la objetividad y la imparcialidad sean la norma. No es el caso aquí", señaló el abogado."Además, estamos contemplando llevar nuestras preocupaciones a instancias internacionales, dada la magnitud del impacto de esta intervención no solo en la empresa sino también en el derecho fundamental a la salud", dijo Riveros.“Es una expropiación”En la entrevista en Mañanas Blu, Riveros, dijo que el caso puede considerarse una expropiación indirecta, que tiene efectos similares en términos de impacto y consecuencias para la empresa.Según el abogado, esta acción gubernamental podría ser vista como una parte de una serie de medidas que buscan asfixiar financieramente a la EPS, algo que en derecho administrativo se conoce como desviación de poder.Además, Riveros destacó un hecho particularmente alarmante: la suspensión de la asamblea de accionistas, quitándoles los derechos de propiedad que se desprenden de sus acciones. Este acto, según el abogado, no tiene precedentes ni está previsto en la normativa aplicable, lo cual refuerza la percepción de una expropiación indirecta. Este argumento es uno de los pilares de la defensa de Keralty y forma parte de la justificación para llevar el caso a instancias internacionales, además de los tribunales nacionales.“Nosotros creemos que esto puede ser un fenómeno que se llamaría una expropiación indirecta, que no es un trámite de expropiación, pero que, en una en el marco de una decisión arbitraria como ésta, termina teniendo el mismo efecto”, dijo.Del plano nacional al internacionalLa estrategia legal de Keralty no se limitará al escenario nacional, según dijo el abogado. Riveros mencionó que se están preparando demandas bajo tratados de protección de inversión extranjera, lo cual podría incluir procedimientos ante tribunales internacionales de arbitraje."Esto no es solo una cuestión de recuperar la administración, sino de asegurar que los derechos de nuestros inversores no sean pisoteados", explicó.La denuncia por prevaricatoLa gravedad de la denuncia penal radica en la acusación de que el acto administrativo que justificó la intervención de Sanitas fue ilegal."Identificamos una falsa motivación y una desviación de poder en la acción del superintendente, lo que nos lleva a considerar seriamente la vía penal como parte de nuestra defensa integral", sostuvo Riveros.Riveros también tocó un punto especialmente delicado al referirse a la suspensión de la asamblea de accionistas, algo que calificó como un acto sin precedentes y posiblemente ilegal.“Es normal que se remueva a la junta directiva durante una intervención, pero eliminar los derechos de propiedad de la asamblea de accionistas es un territorio completamente nuevo y alarmante”, señaló.
El Superintendente de Salud se pronunció respecto a la denuncia penal que fue interpuesta en su contra por parte del grupo Keralty, y dice que hasta al momento no ha sido notificado y que además desconoce cuáles son los argumentos que fueron expuestos para dicha decisión. Además, aseguró que la Superintendencia de Salud actuó según las normas vigentes sujetas a la ley.Por otro lado, también se refirió a las intervenciones forzosas hechas a las EPS Sanitas y Nueva EPS, y dijo que las medidas para dichos procedimientos tenían toda la argumentación y el sustento jurídico para efectuarse. Incluso, aseguró que no conocía una apertura de investigación en su contra y que se enteró por medio de las redes sociales.Ante esto, dice que está dispuesto a responder con la justicia de manera oportuna como debe ser.La Procuraduría General de la Nación hizo una visita de inspección a las instalaciones de la Superintendencia de Salud para recolectar documentación suficiente que probará que efectivamente las intervenciones forzosas a las EPS estaban sustentadas, el Ministerio Público dijo que no se encontraron pruebas contundentes a lo que Leal afirmó que “el ente de control solicitó una serie de expedientes que no correspondían al expediente relaciono con los ejercicios de control que hace la Superintendencia de Salud”.Por otra parte, Leal respondió a los cuestionamientos de la opción sobre declararse impedido para tomar esa decisión dijo que la Corte manifiesta que se debe proteger la opinión en particular de actores políticos, recordemos que en Leal también hizo parte del Concejo de Bogotá por el Partido Alianza Verde, y manifestó que en aquella época dio una opinión en contra de “la intermediación financiera” y defendiendo el derecho a la salud haciendo una crítica a los entes encargados de prestar el servicio de salud.Por último, el Superintendente hizo énfasis que para tomar la decisión de intervenir las EPS se basaron en el estatuto orgánico financiero, artículo 114, donde se estipulan las causales para tomar las determinaciones y que están adecuadamente sustentadas. Ante la pregunta que, si venían más intervenciones a otras EPS, Leal respondió que “las intervenciones se van a dar en la medida que la Supersalud tiene la obligación de proteger y respetar el derecho a la salud, cuando vemos que hay un riesgo latente debemos actuar de manera oportuna”, fueron las palabras del actual Superintendente de Salud.
Este lunes 15 de abril de 2024 se conoció el primer recurso en contra de las múltiples intervenciones que ha hecho la Supersalud tras el hundimiento de la reforma a la salud. Tan pronto la EPS fue intervenida, Keralty expresó su inconformismo ante esta decisión.El abogado penalista Juan David Rivero, en representación legal de Keralty, presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, acusándolo del delito de prevaricato por acción. Rivero ha señalado presuntas irregularidades durante la intervención de la EPS Sanitas.Rivero expresó su preocupación por lo que considera una intervención abiertamente ilegal, arbitraria, desproporcionada y discriminatoria en la EPS Sanitas. Tras dos semanas de análisis legal, el equipo de abogados ha decidido iniciar acciones legales en varias jurisdicciones.Además de la denuncia penal contra el superintendente de Salud, Rivero ha anunciado que en las próximas semanas se tomarán otras medidas legales para recuperar la administración de la EPS Sanitas.En las últimas semanas, tres EPS han sido intervenidas por la Supersalud. Entre tanto, otras Entidades Promotoras de Salud han expresado querer hacer parte del proyecto del Gobierno de transformarlas en gestoras de salud y vida.
Joséba Grajales, presidente de Keralty a nivel mundial, empresa propietaria de la EPS Sanitas, se pronunció este sábado, 6 de abril, y calificó como injusta la intervención que realizó el pasado martes el Gobierno a través de la Superintendencia de Salud a la EPS.“Quiero que sepan que nuestro principal objetivo en este momento es revertir esta situación injusta y devolverlos a casa, donde siempre han pertenecido y donde nunca debían haber sido separados. Estamos trabajando incansablemente para resolver este desafío y conseguir que se aplique la ley por todas las instituciones del país, cosa en la que confiamos. Les pido paciencia y confianza mientras trabajamos en encontrar una solución”, señaló el presidente de Keralty.Este pronunciamiento está en línea con el que ya había realizado la empresa, en donde calificaron como “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria” la manera en que el Gobierno intervino en Sanitas. También mencionaron que la crisis financiera que está enfrentando la EPS es en parte culpa del mismo gobierno por no realizar el correcto análisis de las UPC.También dirigió un mensaje de apoyo a los colaboradores y afiliados de Sanitas: “En estos momentos de incertidumbre, quiero recordarles que ustedes son parte inseparable de nuestra familia. Es por eso que la situación actual nos duele profundamente, ya que sabemos que nunca debían haber sido sacados de nuestro hogar, o sea, de nuestra familia Keralty”.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, volvió a despacharse en rueda de prensa contra la EPS Sanitas por cuenta de sus últimas decisiones. Por más de dos horas se refirió a las utilidades y negocios que tiene Keralty, que es la empresa mayor de la que hace parte Sanitas.Frente a eso, el presidente de la EPS, Juan Pablo Rueda, respondió: “No compartimos ni aceptamos varias de las conclusiones a las que se ha llegado en la rueda de prensa”.Y es que Rueda aseguró que las cifras y conclusiones del ministro Jaramillo y los funcionarios que lo acompañaron en la rueda de prensa no son correctas porque ellos no tienen la información necesaria del caso.“Creemos que tal vez eso se deba a que no cuentan con toda la información necesaria para este análisis o que la perspectiva del análisis debiera ser distinta para la situación que estamos viviendo”, agregó Rueda.La EPS insistió en una reunión con el ministro Jaramillo para limar asperezas y poder darle a conocer las cifras e información que tienen en la entidad.“Desde el 27 de agosto no hemos logrado continuar esa conversación que iniciamos y sabemos que sí lo ha hecho con las entidades. Por lo mismo, queremos buscar ese espacio donde podamos dialogar abiertamente, que él conozca nuestra perspectiva y nuestras conclusiones sobre esta situación y por lo mismo, a través de ese espacio logramos encontrar soluciones que realmente sirvan para mejorar la situación de salud de los colombianos. Y particularmente la situación de salud de los afiliados a la EPS de Sanitas”, concluyó.
El grupo RansomHouse asegura que parece ser que la compañía Keralty “no está interesada” en recuperar la información que fue secuestrada durante el hackeo a Sanitas a finales de 2022.Como lo había anticipado en un canal privado de la red social Telegram, RansomHouse hizo público un nuevo paquete de información a través de un enlace encriptado al que solo se puede acceder en la ‘deep web’.En más de 12 documentos, entre archivos de Excel y Word, se revelan datos financieros de entidades como Cruz Verde y Farmasanitas, con datos como números de cuentas bancarias, números de NIT y facturas.Los archivos en formato Excel contienen cientos de registros, probablemente privados, de cómo funciona la compañía y su relación con otras organizaciones.En el acceso inicial, RansomHouse señala que tiene tres terabytes de información encriptada.Para entender la magnitud, 1 terabyte puede almacenar 6,5 millones de páginas de documentos PDF, equivalente a 1.300 estanterías llenas de documentos en papel.Le puede interesar "Dudas que deja el contrato con vigencia de cinco días entre MinMinas y Leonardo Rojas":
La Defensoría manifestó su preocupación por la crisis que generó el hackeo que sufrió la plataforma digital que opera los servicios de la EPS Sanitas y Colsanitas desde el pasado 28 de noviembre.En primera instancia, la entidad solicitó al Grupo Keralty que reduzca las barreras de acceso originadas por el ataque a sus servidores porque lo que está en juego es el derecho a la salud de sus afiliados en todo el país “en la medida que en la actualidad se encuentran en altísimo riesgo la vida”.“También se debe garantizar la continuidad del tratamiento a quienes padecen enfermedades crónicas y graves y para quienes requieran atención prioritaria o de urgencia, así como intervenciones, procedimientos o exámenes diagnósticos”, añadió la entidad a través de un comunicado.Además, de manera especial, la Defensoría pidió a Keralty “dar conocer si los datos personales se vieron comprometidos tras el ataque cibernético, además si la información privada en salud de los afiliados quedó comprometida”, pues esto constituye otro factor de riesgo para miles de personas.En consecuencia, la entidad pública instó a entidades de vigilancia y control como la SuperSalud y la SuperIndustria a “hacer seguimiento al caso y exigir a la empresa Keralty revelar en qué medida fueron comprometidos los datos personales de los pacientes y cuáles son las acciones en el campo tecnológico que se están llevando a cabo para proteger los datos de los usuarios y conjurar esta situación”.Desde que se conoció lo sucedido, el equipo del Grupo Keralty trabaja para solucionarlo lo más pronto posible. De momento, se desconoce quiénes fueron los autores del ataque, sus razones y si se podría ver afectada la operación de la entidad o procedimientos médicos. En un comunicado, el grupo anunció que EPS Sanitas y Colsanitas continuarán brindando atención desde sus canales físicos.De acuerdo con el experto en ciberseguridad Camilo Andrés García, el ataque fue de tipo ransomware, ocurrió el domingo y los piratas informáticos robaron 3 terabytes de datos.
Estos fueron los temas tratados y debatidos este jueves, 21 de noviembre, en Bla Bla Blu:El libretista y asesor de contenidos Sergio Borja realizó un #TBT de paseos inolvidables.Además, se interactuó con los oyentes, quienes compartieron diferentes historias de paseos.Escuche el programa completo de Bla Bla Blu en el audio adjunto:
En la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá, las autoridades evacuaron a 180 personas del barrio San Martín de Loba debido a las fuertes lluvias que provocaron deslizamientos de tierra, lo que afectó la estabilidad de varias viviendas y poniendo en riesgo la seguridad de los residentes. El operativo fue liderado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en colaboración con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la Secretaría de Salud y la Policía Nacional.Desde la noche del jueves, la situación en el barrio Malvinas se tornó crítica. Según los residentes, en declaraciones recogidas por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, el terreno cedió, causando el colapso de varias viviendas y la caída de postes eléctricos. Uno de los afectados, declaró:"Estamos un poco preocupados porque ya llevamos prácticamente ocho días en emergencia. Entonces estamos esperando, bueno, ya bomberos, esta gente ya está acá, pero también de la parte de la alcaldía de planeación, a ver si nos hacen un censo para saber cuántas familias y así hay posibilidades de alguna reubicación o algunas ayudas".El panorama en el sector es alarmante, ya que se teme que el deslizamiento pueda extenderse y comprometer la totalidad del barrio."Pues debido a las fuertes lluvias, la caracterización de las viviendas, las familias que están hospedadas acá o habitando acá, se están generando movimientos y remoción de la tierra, la cual nos obliga a verificar las condiciones de seguridad y activar los entes responsables”, explicó a Blu Radio el sargento Leonardo Buitrago, del cuerpo de Bomberos de San Cristóbal.Además de los habitantes, los animales domésticos también están en peligro. Según uno de los residentes, en el barrio hay entre 300 y 400 animales, incluidos perros y gatos que permanecen atrapados en las viviendas. “Los animales, tengo cuatro gatos, 2 perros en la casa que están llorando. En la comunidad hay como unos 300-400 animales dentro de cada hogar, que son casi 39, 37 familias, que cada una de ellas incluye 10, 15 personas o hasta un poquito más de personas en cada hogar”, agregó.Los afectados han solicitado la intervención de la Alcaldía Mayor y de entidades como Integración Social para realizar un censo que permita determinar la magnitud de la emergencia y ofrecer soluciones, como reubicación o apoyo humanitario.Escuche el reporte completo en el audio adjunto:
La comunidad internacional ha mostrado su respaldo a la orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina, con el esperado desmarque de su socio incondicional, Estados Unidos, y otros países cercanos a Israel.La Unión Europea, Francia, Irlanda, Países Bajos, Colombia, Jordania o Sudáfrica, país este último que presentó una acusación de genocidio contra Israel el pasado 29 de diciembre ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), han sido de los primeros países en reaccionar públicamente en favor de la orden de la CPI.La Corte ha solicitado el arresto del dirigente militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Mohamed Deif, a quien Israel ha dado por muerto."No es una decisión política, es una decisión de un tribunal internacional de justicia y la decisión del tribunal tiene que ser respetada y aplicada", dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.París, a través del portavoz del Ministerio de Exteriores subrayó su apoyo a "la acción del fiscal de la Corte, que actúa con total independencia", aunque preguntado sobre si las autoridades francesas arrestarían a Netanyahu en caso de que entrara en suelo francés, evitó comprometerse."Es una cuestión jurídicamente compleja. No haré más comentarios hoy. Es una situación que debe tratarse con muchas precauciones", dijo.La CPI no tiene una fuerza policial para arrestar sospechosos, pero sus 125 Estados miembros, entre los que están el Reino Unido y los países de la Unión Europea, tienen la obligación de cooperar. Ni EE. UU. ni Israel forman parte de este tribunal.El ministro neerlandés de Exteriores, el liberal conservador Caspar Veldkamp no se anduvo con ambigüedades y aseguró que si Netanyahu "pisa suelo neerlandés, será arrestado”.El presidente Gustavo Petro, por su parte, no dudó en calificar a Netanyahu de "genocida" y también instó a acatar el fallo de la CPI.Más allá del posicionamiento de los Gobiernos, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) celebraron la decisión."La orden de la CPI derriba la percepción de que ciertos individuos están por encima de la ley (y) esto es aún más importante dados los intentos descarados de obstruir el rumbo de la justicia en la corte", señaló el director de justicia internacional en HRW, Balkees Jarrah.Estados Unidos, el inquebrantable socio de IsraelWashington, no dudó en emplear por cuarta vez su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor de Israel para impedir la imposición de un alto el fuego en Gaza como defendían los otros 14 miembros del máximo órgano de la ONU, se ha vuelto a poner de lado de Israel, mostrando su rechazo frontal a la orden de arresto."Estados Unidos rechaza fundamentalmente la decisión de la Corte de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes", dijo un portavoz de la Casa Blanca.Para el vocero, "Estados Unidos ha dejado claro que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto", como defendía Israel. Una postura que ha sido rechazada de manera unánime por la CPIEl presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tachó este jueves de "escandalosa" la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza."La emisión de órdenes de arresto por parte de la CPI contra líderes israelíes es escandalosa. Permítanme ser claro una vez más: independientemente de lo que pueda implicar la CPI, no hay equivalencia -ninguna- entre Israel y Hamás. Siempre estaremos junto a Israel contra las amenazas a su seguridad", dijo en un comunicado.
El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó su apoyo a las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Benjamin Netanyahu, actual primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, exministro de Defensa, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Gaza. Estas órdenes también incluyen al líder de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, quien murió en un bombardeo.“Colombia reafirma su compromiso con la paz, dentro y fuera de sus fronteras, y reitera su posición frente a lo que ha venido sucediendo con el pueblo palestino y la acción genocida perpetrada por el gobierno de Israel. Tal como lo expresó el presidente Gustavo Petro, Colombia siempre apoyará los esfuerzos para alcanzar la paz y rechazará cualquier acto de guerra", dice el comunicado de la Cancillería.Detalles del caso en la CPILa CPI dictó órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, señalados de emplear tácticas como el uso del hambre como arma de guerra en la Franja de Gaza. Asimismo, el tribunal incluye en sus acusaciones al líder de Hamás, Mohammed Deif, aunque su estado actual es incierto tras reportes de un supuesto fallecimiento en un ataque en junio.A pesar de los intentos de Israel por desacreditar la jurisdicción de la CPI en este caso, el tribunal rechazó de forma unánime dichos argumentos. Los jueces del tribunal decidieron hacer públicas ciertas partes de las órdenes, tradicionalmente clasificadas, para garantizar que las víctimas y sus familias tengan conocimiento de las acciones emprendidas. Según la CPI, “conductas similares a las abordadas en la orden de arresto parecen estar ocurriendo todavía”, lo que hace urgente visibilizar estas decisiones.Petro celebra orden de captura contra NetanyahuEl presidente Gustavo Petro calificó el jueves como "lógica" la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) y aseguró que "se debe acatar su fallo"."Esto es lo lógico. Netanyahu es un genocida. El tribunal de justicia del mundo lo dice y se debe acatar su fallo", escribió el mandatario en su cuenta de X, una vez se conoció la noticia.Petro, un firme defensor de la causa palestina, añadió que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene la responsabilidad de reconocer esa orden.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió este jueves a la ex fiscal general de Florida Pam Bondi para suceder a Matt Gaetz como fiscal general de su próximo gabinete, después de que este renunciara acorralado por sus escándalos sexuales."Pam fue fiscal durante casi 20 años. Fue muy dura con los delincuentes violentos y logró que las calles fueran seguras para las familias de Florida", dijo el futuro mandatario en su red social, Truth Social.El magnate neoyorquino recordó que, como primera mujer fiscal general de Florida, un puesto que ocupó de 2011 a 2019, Bondi "trabajó para detener el tráfico de drogas mortales y reducir la tragedia de las muertes por sobredosis de fentanilo, que han destruido a muchas familias" en todo Estados Unidos."Hizo un trabajo tan increíble que le pedí que formara parte de nuestra Comisión de Abuso de Drogas y Opioides durante mi primer mandato (2017-2019). ¡Salvamos muchas vidas!", añadió.Trump reiteró que, "durante demasiado tiempo", del Departamento de Justicia se ha utilizado contra él u otros republicanos, algo que dijo que va a parar."Pam volverá a centrar el Departamento de Justicia en su propósito de luchar contra el crimen y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro. Conozco a Pam desde hace muchos años. Es inteligente y dura", dijo de su nueva elegida, sobre la que aseguró que "hará un excelente trabajo como fiscal general".Gaetz, que hasta la semana pasada era congresista, renunció a su candidatura para ser fiscal general este jueves.Fue investigado en el pasado por el Departamento de Justicia, aunque nunca imputado, por haber supuestamente tenido sexo con menores, violando leyes de trata de personas, así como por consumo de drogas.En paralelo, enfrentaba una segunda investigación, abierta hasta la semana pasada, en el Comité de Ética de la Cámara de Representantes, pero esas pesquisas se cerraron al renunciar a su escaño la semana pasada, en cuanto Trump lo nominó, porque la comisión se quedó sin competencias sobre el legislador.Ese mismo comité renunció este miércoles a hacer público el informe sobre sus pesquisas, pero la presión en su contra se había intensificado y habían crecido las dudas sobre la posibilidad de que el Senado validara su nominación.El futuro gabinete de Trump, que debe ser autorizado por la Cámara Alta, todavía tiene en blanco puestos clave de su segundo mandato como el secretario del Tesoro, además de otros como los representantes de Trabajo o Agricultura.
