En su discurso en medio de las manifestaciones convocadas por el Gobierno nacional este 1 de mayo, el presidente Gustavo Petro se despachó contra el presidente de Keralty, Joseba Grajales.“Deje de engañar a sus afiliados diciéndoles que vamos a acabar la salud, les vamos a mejorar la salud a todos los afiliados de la EPS Sanitas en Colombia”, afirmó el mandatario de Colombia desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, sitio que reúne los distintos puntos de la manifestación.Cabe recordar que dicha entidad fue intervenida por el Gobierno nacional el pasado 3 de abril, debido a las deudas que tiene actualmente. “En efecto, las deudas con IPS ascendían para diciembre de 2023 a la suma de $2.043.289.989.569 millones, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados, sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras”, decía el comunicado de la Superintendencia de Salud.Frente a esto, el presidente de Keralty, Joseba Grajales, calificó la acción del Gobierno nacional como “injusta” y, asimismo, manifestó que trabajarán incansablemente para revertir la situación.Actualmente, el proyecto de una hipotética reforma a la salud se encuentra en remojo y en los próximos días se estaría presentando un nuevo texto, pero con mensaje de urgencia.
Keralty, el conglomerado internacional propietario de la EPS Sanitas inició una disputa legal tras la intervención del Gobierno de Gustavo Petro en sus operaciones. El abogado Juan David Riveros, representante de Keralty, en una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, dijo que la demanda incluye acusaciones graves como el prevaricato por parte del superintendente de salud, Luis Carlos Leal.Riveros detalló que la serie de acciones legales no solo se circunscribe a lo penal, sino que también abarca una recusación contra el Superintendente en la que se argumenta lo que, dijo, es un claro sesgo contra las EPS, evidenciado por publicaciones previas en redes sociales."Es crucial que en un cargo con responsabilidades tan significativas como la inspección, control y vigilancia, la objetividad y la imparcialidad sean la norma. No es el caso aquí", señaló el abogado."Además, estamos contemplando llevar nuestras preocupaciones a instancias internacionales, dada la magnitud del impacto de esta intervención no solo en la empresa sino también en el derecho fundamental a la salud", dijo Riveros.“Es una expropiación”En la entrevista en Mañanas Blu, Riveros, dijo que el caso puede considerarse una expropiación indirecta, que tiene efectos similares en términos de impacto y consecuencias para la empresa.Según el abogado, esta acción gubernamental podría ser vista como una parte de una serie de medidas que buscan asfixiar financieramente a la EPS, algo que en derecho administrativo se conoce como desviación de poder.Además, Riveros destacó un hecho particularmente alarmante: la suspensión de la asamblea de accionistas, quitándoles los derechos de propiedad que se desprenden de sus acciones. Este acto, según el abogado, no tiene precedentes ni está previsto en la normativa aplicable, lo cual refuerza la percepción de una expropiación indirecta. Este argumento es uno de los pilares de la defensa de Keralty y forma parte de la justificación para llevar el caso a instancias internacionales, además de los tribunales nacionales.“Nosotros creemos que esto puede ser un fenómeno que se llamaría una expropiación indirecta, que no es un trámite de expropiación, pero que, en una en el marco de una decisión arbitraria como ésta, termina teniendo el mismo efecto”, dijo.Del plano nacional al internacionalLa estrategia legal de Keralty no se limitará al escenario nacional, según dijo el abogado. Riveros mencionó que se están preparando demandas bajo tratados de protección de inversión extranjera, lo cual podría incluir procedimientos ante tribunales internacionales de arbitraje."Esto no es solo una cuestión de recuperar la administración, sino de asegurar que los derechos de nuestros inversores no sean pisoteados", explicó.La denuncia por prevaricatoLa gravedad de la denuncia penal radica en la acusación de que el acto administrativo que justificó la intervención de Sanitas fue ilegal."Identificamos una falsa motivación y una desviación de poder en la acción del superintendente, lo que nos lleva a considerar seriamente la vía penal como parte de nuestra defensa integral", sostuvo Riveros.Riveros también tocó un punto especialmente delicado al referirse a la suspensión de la asamblea de accionistas, algo que calificó como un acto sin precedentes y posiblemente ilegal.“Es normal que se remueva a la junta directiva durante una intervención, pero eliminar los derechos de propiedad de la asamblea de accionistas es un territorio completamente nuevo y alarmante”, señaló.
El Superintendente de Salud se pronunció respecto a la denuncia penal que fue interpuesta en su contra por parte del grupo Keralty, y dice que hasta al momento no ha sido notificado y que además desconoce cuáles son los argumentos que fueron expuestos para dicha decisión. Además, aseguró que la Superintendencia de Salud actuó según las normas vigentes sujetas a la ley.Por otro lado, también se refirió a las intervenciones forzosas hechas a las EPS Sanitas y Nueva EPS, y dijo que las medidas para dichos procedimientos tenían toda la argumentación y el sustento jurídico para efectuarse. Incluso, aseguró que no conocía una apertura de investigación en su contra y que se enteró por medio de las redes sociales.Ante esto, dice que está dispuesto a responder con la justicia de manera oportuna como debe ser.La Procuraduría General de la Nación hizo una visita de inspección a las instalaciones de la Superintendencia de Salud para recolectar documentación suficiente que probará que efectivamente las intervenciones forzosas a las EPS estaban sustentadas, el Ministerio Público dijo que no se encontraron pruebas contundentes a lo que Leal afirmó que “el ente de control solicitó una serie de expedientes que no correspondían al expediente relaciono con los ejercicios de control que hace la Superintendencia de Salud”.Por otra parte, Leal respondió a los cuestionamientos de la opción sobre declararse impedido para tomar esa decisión dijo que la Corte manifiesta que se debe proteger la opinión en particular de actores políticos, recordemos que en Leal también hizo parte del Concejo de Bogotá por el Partido Alianza Verde, y manifestó que en aquella época dio una opinión en contra de “la intermediación financiera” y defendiendo el derecho a la salud haciendo una crítica a los entes encargados de prestar el servicio de salud.Por último, el Superintendente hizo énfasis que para tomar la decisión de intervenir las EPS se basaron en el estatuto orgánico financiero, artículo 114, donde se estipulan las causales para tomar las determinaciones y que están adecuadamente sustentadas. Ante la pregunta que, si venían más intervenciones a otras EPS, Leal respondió que “las intervenciones se van a dar en la medida que la Supersalud tiene la obligación de proteger y respetar el derecho a la salud, cuando vemos que hay un riesgo latente debemos actuar de manera oportuna”, fueron las palabras del actual Superintendente de Salud.
Este lunes 15 de abril de 2024 se conoció el primer recurso en contra de las múltiples intervenciones que ha hecho la Supersalud tras el hundimiento de la reforma a la salud. Tan pronto la EPS fue intervenida, Keralty expresó su inconformismo ante esta decisión.El abogado penalista Juan David Rivero, en representación legal de Keralty, presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, acusándolo del delito de prevaricato por acción. Rivero ha señalado presuntas irregularidades durante la intervención de la EPS Sanitas.Rivero expresó su preocupación por lo que considera una intervención abiertamente ilegal, arbitraria, desproporcionada y discriminatoria en la EPS Sanitas. Tras dos semanas de análisis legal, el equipo de abogados ha decidido iniciar acciones legales en varias jurisdicciones.Además de la denuncia penal contra el superintendente de Salud, Rivero ha anunciado que en las próximas semanas se tomarán otras medidas legales para recuperar la administración de la EPS Sanitas.En las últimas semanas, tres EPS han sido intervenidas por la Supersalud. Entre tanto, otras Entidades Promotoras de Salud han expresado querer hacer parte del proyecto del Gobierno de transformarlas en gestoras de salud y vida.
Joséba Grajales, presidente de Keralty a nivel mundial, empresa propietaria de la EPS Sanitas, se pronunció este sábado, 6 de abril, y calificó como injusta la intervención que realizó el pasado martes el Gobierno a través de la Superintendencia de Salud a la EPS.“Quiero que sepan que nuestro principal objetivo en este momento es revertir esta situación injusta y devolverlos a casa, donde siempre han pertenecido y donde nunca debían haber sido separados. Estamos trabajando incansablemente para resolver este desafío y conseguir que se aplique la ley por todas las instituciones del país, cosa en la que confiamos. Les pido paciencia y confianza mientras trabajamos en encontrar una solución”, señaló el presidente de Keralty.Este pronunciamiento está en línea con el que ya había realizado la empresa, en donde calificaron como “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria” la manera en que el Gobierno intervino en Sanitas. También mencionaron que la crisis financiera que está enfrentando la EPS es en parte culpa del mismo gobierno por no realizar el correcto análisis de las UPC.También dirigió un mensaje de apoyo a los colaboradores y afiliados de Sanitas: “En estos momentos de incertidumbre, quiero recordarles que ustedes son parte inseparable de nuestra familia. Es por eso que la situación actual nos duele profundamente, ya que sabemos que nunca debían haber sido sacados de nuestro hogar, o sea, de nuestra familia Keralty”.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, volvió a despacharse en rueda de prensa contra la EPS Sanitas por cuenta de sus últimas decisiones. Por más de dos horas se refirió a las utilidades y negocios que tiene Keralty, que es la empresa mayor de la que hace parte Sanitas.Frente a eso, el presidente de la EPS, Juan Pablo Rueda, respondió: “No compartimos ni aceptamos varias de las conclusiones a las que se ha llegado en la rueda de prensa”.Y es que Rueda aseguró que las cifras y conclusiones del ministro Jaramillo y los funcionarios que lo acompañaron en la rueda de prensa no son correctas porque ellos no tienen la información necesaria del caso.“Creemos que tal vez eso se deba a que no cuentan con toda la información necesaria para este análisis o que la perspectiva del análisis debiera ser distinta para la situación que estamos viviendo”, agregó Rueda.La EPS insistió en una reunión con el ministro Jaramillo para limar asperezas y poder darle a conocer las cifras e información que tienen en la entidad.“Desde el 27 de agosto no hemos logrado continuar esa conversación que iniciamos y sabemos que sí lo ha hecho con las entidades. Por lo mismo, queremos buscar ese espacio donde podamos dialogar abiertamente, que él conozca nuestra perspectiva y nuestras conclusiones sobre esta situación y por lo mismo, a través de ese espacio logramos encontrar soluciones que realmente sirvan para mejorar la situación de salud de los colombianos. Y particularmente la situación de salud de los afiliados a la EPS de Sanitas”, concluyó.
El grupo RansomHouse asegura que parece ser que la compañía Keralty “no está interesada” en recuperar la información que fue secuestrada durante el hackeo a Sanitas a finales de 2022.Como lo había anticipado en un canal privado de la red social Telegram, RansomHouse hizo público un nuevo paquete de información a través de un enlace encriptado al que solo se puede acceder en la ‘deep web’.En más de 12 documentos, entre archivos de Excel y Word, se revelan datos financieros de entidades como Cruz Verde y Farmasanitas, con datos como números de cuentas bancarias, números de NIT y facturas.Los archivos en formato Excel contienen cientos de registros, probablemente privados, de cómo funciona la compañía y su relación con otras organizaciones.En el acceso inicial, RansomHouse señala que tiene tres terabytes de información encriptada.Para entender la magnitud, 1 terabyte puede almacenar 6,5 millones de páginas de documentos PDF, equivalente a 1.300 estanterías llenas de documentos en papel.Le puede interesar "Dudas que deja el contrato con vigencia de cinco días entre MinMinas y Leonardo Rojas":
La Defensoría manifestó su preocupación por la crisis que generó el hackeo que sufrió la plataforma digital que opera los servicios de la EPS Sanitas y Colsanitas desde el pasado 28 de noviembre.En primera instancia, la entidad solicitó al Grupo Keralty que reduzca las barreras de acceso originadas por el ataque a sus servidores porque lo que está en juego es el derecho a la salud de sus afiliados en todo el país “en la medida que en la actualidad se encuentran en altísimo riesgo la vida”.“También se debe garantizar la continuidad del tratamiento a quienes padecen enfermedades crónicas y graves y para quienes requieran atención prioritaria o de urgencia, así como intervenciones, procedimientos o exámenes diagnósticos”, añadió la entidad a través de un comunicado.Además, de manera especial, la Defensoría pidió a Keralty “dar conocer si los datos personales se vieron comprometidos tras el ataque cibernético, además si la información privada en salud de los afiliados quedó comprometida”, pues esto constituye otro factor de riesgo para miles de personas.En consecuencia, la entidad pública instó a entidades de vigilancia y control como la SuperSalud y la SuperIndustria a “hacer seguimiento al caso y exigir a la empresa Keralty revelar en qué medida fueron comprometidos los datos personales de los pacientes y cuáles son las acciones en el campo tecnológico que se están llevando a cabo para proteger los datos de los usuarios y conjurar esta situación”.Desde que se conoció lo sucedido, el equipo del Grupo Keralty trabaja para solucionarlo lo más pronto posible. De momento, se desconoce quiénes fueron los autores del ataque, sus razones y si se podría ver afectada la operación de la entidad o procedimientos médicos. En un comunicado, el grupo anunció que EPS Sanitas y Colsanitas continuarán brindando atención desde sus canales físicos.De acuerdo con el experto en ciberseguridad Camilo Andrés García, el ataque fue de tipo ransomware, ocurrió el domingo y los piratas informáticos robaron 3 terabytes de datos.
