Dicha sanción le impidió a Katherine Miranda intervenir en la discusión de dicha reforma, lo que ha generado controversia. El senador Humberto de la Calle considera que esta medida es un abuso y un intento de silenciar a la oposición.El senador recordó un episodio ocurrido en el año 2008, cuando Alejandro Ordóñez, quien fue procurador General de la Nación, demandó penalmente a la revista SoHo a varios de sus colaboradores, incluido el director Daniel Samper, por publicar una edición titulada "La última cena", que, según Ordóñez, ofendía símbolos religiosos. En esa ocasión, la revista publicó una imagen en la que Fernando Vallejo, escritor y filósofo, incluso llamó "marica" a Cristo, lo que desató una ola de indignación de sectores conservadores.De la Calle, quien se sumó a la defensa de los acusados en ese momento, argumentó que la palabra “marica” había dejado de ser un término exclusivamente ofensivo para convertirse en una expresión común en el lenguaje cotidiano, especialmente entre jóvenes. Según el senador, en ese contexto, la palabra no debería ser tomada como un insulto, sino más bien como una muletilla de la conversación. De la Calle sostuvo que, al igual que en el caso de la revista SoHo, no se debería judicializar el lenguaje de manera tan restrictiva.En este sentido, el senador consideró que la sanción impuesta a Miranda no solo es desproporcionada, sino que refleja un intento de acallar a aquellos que critican las políticas del Gobierno.El caso de Katherine Miranda ha desatado un debate en el Congreso y en la opinión pública sobre los límites de la libertad de expresión y la política del "buen comportamiento" en el lenguaje, generando una división entre quienes creen que la sanción es justificada y quienes consideran que se está restringiendo el derecho al libre discurso.
La representante a la Cámara, Katherine Miranda, aclaró en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, que utilizó la palabra "marica" durante una acalorada sesión del Congreso, pero insistió en que su expresión no fue dirigida de manera ofensiva al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca. Miranda explicó que la expresión fue utilizada como un "modismo coloquial", en un momento de frustración, mientras intentaba defender sus proposiciones sobre el controvertido artículo 6 de la reforma a la salud.“Lo dije en medio de una frustración terrible, no refiriéndome a él, sino como una expresión coloquial. Fue una expresión absolutamente coloquial que también ha utilizado él y muchos en el Congreso,” declaró Miranda.Contexto de la polémicaEl incidente ocurrió durante la discusión de la reforma a la salud, una de las iniciativas más debatidas del gobierno de Gustavo Petro. Miranda afirmó que había presentado siete proposiciones relacionadas con el Consejo Nacional de Salud, pero no recibió las garantías necesarias para ser escuchada.En respuesta, Salamanca decidió sancionarla y excluirla de la sesión, un acto que Miranda calificó como censura. Según la congresista, esta no es la primera vez que Salamanca toma decisiones de manera arbitraria y unilateral en perjuicio de sus colegas.“Ayer, cuando me expulsaron, ninguno de los vicepresidentes respaldó su posición. Esto demuestra que fue una decisión unilateral que no contó con el apoyo de la plenaria,” expresó Miranda.El uso del término en la políticaDurante la entrevista, el periodista Néstor Morales le preguntó si consideraba apropiado el uso de lenguaje coloquial en un debate parlamentario. Miranda reconoció que no fue el lenguaje más adecuado para la ocasión, pero subrayó que el contexto y la frustración del momento deben ser considerados.“Sin lugar a dudas, no es un lenguaje apropiado. Fue un error de mi parte, pero la frustración era enorme porque no se estaba dando el debate de manera rigurosa,” reconoció.Miranda también resaltó la aparente doble moral de Salamanca, quien, según afirmó, había utilizado el mismo término en días anteriores y en circunstancias similares, lo que, para ella, refuerza la percepción de una sanción injusta.La intervención del presidente Gustavo PetroEl presidente Gustavo Petro intervino en el debate a través de X, sugiriendo que el incidente podría tener consecuencias graves para Miranda, como la pérdida de su investidura.“Un congresista tuvo pérdida de investidura por decir la misma palabra violenta a un presidente de la Cámara. Es violencia verbal discriminatoria”, escribió Petro.Miranda calificó este mensaje como una amenaza y aseguró que el presidente busca intimidarla debido a su postura crítica frente a varias iniciativas del gobierno. Además, desmintió que haya precedentes relacionados con la pérdida de investidura por utilizar expresiones coloquiales, señalando que el caso citado por Petro estaba relacionado con un conflicto de intereses.Conflicto de intereses y censura en el CongresoLa congresista también aprovechó la oportunidad para señalar que el propio presidente de la Cámara enfrenta acusaciones por no haber declarado un conflicto de intereses, ya que su hermano es gerente de un hospital en Boyacá.“Si me amenazan con pérdida de investidura, que lo hagan. Pero es absurdo que el presidente de la República use su poder para amedrentarme, mientras que el presidente Salamanca enfrenta un caso de conflicto de intereses”, añadió Miranda.Una reforma envuelta en controversiasEl incidente ha puesto nuevamente en el centro del debate las tensiones políticas que rodean la reforma a la salud. Miranda concluyó que su exclusión de la sesión responde a un intento de censura por parte de Salamanca y el Gobierno.“Han utilizado su poder para callarme, pero seguiré defendiendo mi posición frente a esta reforma. Este no es solo un ataque contra mí, sino contra la democracia y el debido proceso en el Congreso”, sentenció.
En el marco del tenso debate sobre la reforma a la salud impulsada por el Gobierno nacional, la congresista Katherine Miranda protagonizó un incidente que derivó en su suspensión temporal de la discusión. Durante la sesión de este 18 de diciembre, la representante de la Alianza Verde se dirigió de manera despectiva al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, llamándolo “marica”, un término que generó una fuerte reacción en el recinto.El altercado ocurrió mientras Salamanca moderaba el debate de uno de los proyectos más importantes de la agenda legislativa del Gobierno. En un momento de desacuerdo durante la discusión, Miranda, visiblemente molesta, lanzó el insulto, lo que fue captado por las cámaras del Congreso. Esta expresión, según Salamanca, es considerada una falta de respeto tanto hacia el presidente de la Cámara como hacia la institución, lo cual provocó la inmediata intervención de este, quien, después de un breve receso, comunicó la decisión de suspender a la congresista.La sanción implica que Katherine Miranda perderá su derecho a intervenir durante el resto de la discusión de la reforma a la salud, un proyecto clave que busca transformar el sistema de salud del país.El incidente desató diversas reacciones entre los miembros del Congreso. Algunos manifestaron su respaldo a la decisión tomada por Salamanca, considerando que el lenguaje utilizado por la congresista fue inapropiado y violó las normas de respeto que deben regir en el ámbito parlamentario. Por otro lado, otros defendieron a Miranda, argumentando que su expresión fue producto de la frustración por el curso que estaba tomando el debate y que la sanción era exagerada.“Un congresista tuvo pérdida de investidura por decir la misma palabra violenta a un presidente de la cámara. Es violencia verbal discriminatoria”, dijo el presidente Gustavo Petro.Por su parte, Miranda ya se pronunció: “Me quitan la posibilidad de hablar en medio de la discusión de la reforma a la salud, porque saben que soy una de las voces más críticas”.
Así lo confirmó la representante a la Cámara Katherine Miranda durante la plenaria de Cámara, en la que calificó el nombramiento como polémico y cuestionable.Según Miranda, Mendoza carece de una preparación diplomática adecuada. “Citaré al canciller Murillo para que explique este nombramiento. Es inadmisible que un jurista con un perfil tan distante de la diplomacia sea enviado a un país clave en la región sin una preparación o trayectoria en asuntos internacionales”, expresó la congresista.Además, Miranda no se limitó a cuestionar la designación, sino que también criticó fuertemente el respaldo que el presidente Gustavo Petro ha dado a Mendoza. En este sentido, la calificó como “asquerosa” y señaló que las declaraciones recientes del mandatario en favor del nombramiento no se ajustan a los intereses de transparencia y mérito en la administración pública.“No sé qué es más asqueroso: si los trinos de Daniel Mendoza, o la defensa baja, ruin, mezquina y sucia del presidente Petro. Amor le llama a estos trinos. Y lo voy a decir. (...) Invito a todos los congresistas a apoyar esta moción de censura”, dijo.A lo anterior se le suman las fuertes críticas que hay desde diferentes frentes por el nombramiento como embajador de este abogado y realizador audiovisual que estuvo detrás de la cuestionada serie Matarife, pero que, además, es conocido por sus mensajes sexuales en redes sociales.“Es preocupante que muchas personas que dedican años de esfuerzo a una carrera diplomática sean desplazadas por este tipo de nombramientos. Daniel Mendoza carece de la experiencia necesaria para este cargo y, además, ha demostrado ser un violento con sus mensajes hacia las mujeres. No podemos seguir tolerando que misóginos como él ocupen espacios de poder. ¡Esto no nos representa y mucho menos nuestras luchas!”, dijo la representante Alexandra Vásquez.Según conoció Blu Radio, dicha moción será radicada en el transcurso de hoy viernes 13 de diciembre, en la que participarán varias representantes cómo Jennifer Pedraza, Katherine Miranda y el representante Julio César Triana.
La reciente aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) ha suscitado intensos debates en el Congreso de la República. La parlamentaria Katherine Miranda, del Partido Verde, fue una de las pocas voces disidentes, votando en contra de la iniciativa que ya es una reforma constitucional. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Miranda calificó la medida como "profundamente irresponsable" y argumentó que su implementación podría poner en jaque las finanzas del país.Una reforma que podría requerir nueve reformas tributariasMiranda basó su oposición en un análisis técnico que advierte sobre los riesgos fiscales de la reforma. Según la congresista, el Ministerio de Hacienda respondió a su derecho de petición señalando que el costo de implementar esta reforma oscila entre $218 y $263 billones, lo que equivale al 6,8% y 8,2% del PIB."El actual proyecto implicaría costos recurrentes no contemplados en el Presupuesto General de la Nación e insostenibles con las proyecciones macroeconómicas del marco fiscal de mediano plazo", afirmó.En este sentido, Miranda sostuvo que el país necesitaría realizar al menos nueve reformas tributarias adicionales para cubrir las nuevas responsabilidades que asumirán las regiones. Estas reformas no solo serían complejas, sino también políticamente delicadas, en un contexto donde el gasto público es ya altamente inflexible."Para mí es completamente irresponsable que se supedite una reforma de esta magnitud a unas reformas tributarias futuras que no están garantizadas", enfatizó.El impacto de la inflexibilidad presupuestariaOtro de los puntos centrales en la crítica de Miranda es la estructura del presupuesto nacional. De los $523 billones proyectados para 2024, el 91% corresponde a gastos inflexibles como pensiones, deuda externa y seguridad. Esto deja solo $47 billones de maniobra, una cifra que, según la parlamentaria, resulta insuficiente para costear los $60 billones anuales que se estima demandará la reforma.Además, Miranda advirtió sobre la dificultad de las regiones para asumir las nuevas competencias, como la gestión de infraestructura vial o el pago de pensiones. "Quiero ver a municipios como Guainía pagando las vigencias futuras del metro de Bogotá", cuestionó, en alusión a la disparidad de capacidades entre los territorios.¿Es viable la descentralización?Pese a sus críticas, Miranda aseguró estar de acuerdo con el principio de descentralización, pero subrayó la necesidad de planificar con mayor rigor técnico. En su opinión, no todos los municipios cuentan con la capacidad administrativa y financiera para gestionar las competencias transferidas. Esto, según la parlamentaria, podría llevar a un colapso de la planeación estatal."Algunas ciudades podrán asumir estas responsabilidades, pero otras no. Por eso no debimos fijar porcentajes rígidos, sino evaluar caso por caso", señaló.Un llamado a la transparencia y la responsabilidadLa parlamentaria también cuestionó la falta de claridad del gobierno frente al impacto fiscal de la reforma durante los debates en el Congreso. Según Miranda, ni el ministro de Hacienda ni otros representantes del Ejecutivo ofrecieron datos concretos sobre cómo se financiará la iniciativa. "Nos hicieron una explicación de por qué esto prácticamente quebraría el Estado colombiano, pero esas apreciaciones no se hicieron públicas", denunció.Para la congresista, la reforma no solo pone en peligro la sostenibilidad fiscal del país, sino que también aumenta los riesgos de un manejo desigual entre regiones, especialmente aquellas con menor capacidad de gestión.Una decisión para la historiaMiranda concluyó su intervención expresando que, aunque su oposición fue solitaria, confía en que la historia le dará la razón. Su análisis se suma a las preocupaciones de expertos económicos, quienes han alertado sobre los posibles desequilibrios fiscales y estructurales que podría generar la reforma.El debate sobre el Sistema General de Participaciones apenas comienza, y sus consecuencias serán analizadas a medida que se implementen los cambios propuestos. La postura de Miranda queda registrada como una advertencia sobre los desafíos que enfrentará el país en este nuevo capítulo de descentralización administrativa y financiera.
El día martes 19 de noviembre, sesionó la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde se adelantó la investigación a la campaña del presidente Petro. Blu Radio conoció que la representante Katherine Miranda se declaró impedida durante esta investigación a raíz de haber sido jefe de debate durante dicha campaña, por lo que decidió apartarse del curso de este proceso.“Que a la fecha existen investigaciones en la Fiscalía General por los hechos denunciados por el medio de comunicación Caracol el 26 de septiembre del presente año, que señalan que en fecha 12 de mayo de 2022, me transporté en los carros dispuestos para la comitiva la campaña del hoy presidente Petro en Yopal, Casanare, ese día, el candidato Gustavo Petro canceló a último momento su viaje a la ciudad de Yopal, por lo que desde la dirección nacional de la campaña me solicitaron ir a esta ciudad y cubrir la agenda del señor presidente. Estuve en compañía de Alfonso Prada, fuimos recibidos en el aeropuerto por la caravana de seguridad dispuesta para Gustavo Petro, aclarando que, desconozco rotundamente quiénes son los dueños de estos vehículos, toda vez que, el trabajo logístico que se tenía preparado para el entonces candidato presidencial estaba organizado por su esquema de seguridad” dice el impedimento.A esto se le suma que el camino del representante Alirio Uribe, podría verse empañado. El martes, cuando se iba a discutir la recusación que había presentado el Christian Garcés en su contra, se abrió registro en la plenaria de la Cámara, por lo que no se pudo seguir.Se le suma, también, que en los próximos días puede que esa recusación sea aceptada debido a que Alirio no se declaró impedido en el momento, aun siendo parte de la campaña del Pacto Histórico. Además, por haber hecho parte del colectivo, José Alvear Restrepo. Colectivo que precisamente es cercano al presidente Gustavo Petro."Ojo con la recusación que presentamos contra Alirio Uribe, representante coordinador de la investigación en el juicio político a Gustavo Petro; hoy 19 de noviembre nuestro recurso estaba en el punto 10 del orden del día de la Comisión de Acusaciones, hasta donde llegó la sesión que tuvo que ser suspendida por el inicio de la plenaria de la Cámara. Quiere decir esto que la recusación a Alirio Uribe debe estar la próxima semana en el orden del día", informó Garcés.El Congresista confirmó que la recusación contra Alirio Uribe está a punto de ser votada."Es falso que quienes han dicho que las recusaciones se demoran de 5 a 7 meses, la recusación que presentamos ya está a punto de ser votada. Estamos haciendo un llamado a todas las fuerzas vivas del país, que nos preocupamos por la evidente violación de topes de la Campaña Petro, y que queremos el juicio político, debemos lograr que se vote la recusación la próxima semana; que la mesa directiva de la Comisión de Acusaciones ponga la recusación contra Alirio Uribe de primera en el orden del día dado, que es el punto al que se llegó hoy en la sesión.", recalcó Garcés.De igual manera, el representante subrayó que, si ya a una congresista se le aprobó impedimento en el proceso de juicio político por haber hecho parte de la campaña Petro presidente, lo mismo debería pasar entonces con Alirio Uribe.Le puede interesar:
La representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, lanzó fuertes críticas sobre la reforma laboral que actualmente se debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.Durante una entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Miranda expresó su preocupación por el impacto que dicha reforma tendría sobre la economía del país. Llegó a afirmar que "será la estocada final para la economía colombiana".Contexto de la discusión en la Cámara de RepresentantesEl debate en torno a la reforma laboral ha generado tensiones dentro del Congreso. Katherine Miranda, junto con la también representante de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, protagonizaron un enfrentamiento con la congresista del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro. El incidente ocurrió después de que Miranda acusara al gobierno, particularmente al Pacto Histórico, de censurar a los representantes independientes y de oposición, impidiéndoles expresarse plenamente en el debate.Miranda denunció que se les estaba otorgando solo un minuto para discutir bloques de hasta 10 artículos de la reforma. Según ella, esta medida es una muestra de "irresponsabilidad con el país".Las críticas de Katherine Miranda a la reforma laboralDurante su intervención en la entrevista con Néstor Morales, la representante hizo varias afirmaciones contundentes sobre los riesgos de la reforma laboral, que serán expuestas a continuación:“Esta no es una reforma cualquiera que uno puede pupitrear. Va a afectar gravemente a las empresas y a los trabajadores”.“Nos están dando espacio de un minuto para aprobar bloques de hasta diez artículos, lo cual considero una irresponsabilidad con el país”.“Hacemos preguntas, expresamos inquietudes, pero ni la ministra ni la representante Carrascal responden. Esto nos preocupa muchísimo porque en manos de estas personas está la reforma laboral y el empleo de millones de colombianos”.“El gobierno cree que las empresas pueden asumir costos adicionales de hasta el 30% según su tamaño, pero esto no refleja la realidad de los ingresos y utilidades. Sectores como muebles y madera, con utilidades del 0.32%, no pueden soportar estos incrementos”.“El Banco de la República ya advirtió que esta reforma podría generar un desempleo de alrededor de 500.000 colombianos”.“Me asombra la doble moral del gobierno: están impulsando esta reforma para el sector privado, pero no toman las mismas medidas para el sector público, donde existen condiciones de contratación más precarias”.Comparación entre el sector privado y el públicoUno de los puntos que más resaltó Miranda fue lo que ella considera una "doble moral" por parte del Gobierno al promover una reforma que afecta al sector privado, mientras que el sector público sigue utilizando figuras contractuales como las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), que según ella, precarizan el empleo público. “No hay nada más esclavizante que las OPS, donde las personas trabajan 12 meses, pero solo se les paga por ocho”, denunció.Miranda también señaló que en el Congreso existe una falta de concertación en torno a la reforma. Afirmó que la Constitución y los convenios internacionales, como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), exigen que cualquier política laboral debe ser discutida con los empleadores, empleados y el gobierno. En este caso, sostiene que no ha habido una verdadera concertación.Impacto en sectores específicosLa representante mencionó que sectores como el de muebles, madera, servicios de aseo, café y flores, que han registrado utilidades mínimas en el último año, no podrán soportar los aumentos en los costos laborales que propone la reforma. “Esto es profundamente irresponsable con el país, y el Banco de la República ya lo advirtió”, afirmó.Miranda también se refirió a la situación de las plataformas digitales, como Rappi. Indicó, que si bien la intención de formalizar a estos trabajadores es positiva, los cambios deben hacerse de manera escalonada para evitar la pérdida de empleos.Llamado a la responsabilidadKatherine Miranda cerró su intervención haciendo un llamado a los congresistas y al gobierno para actuar con mayor responsabilidad. Según ella, la reforma debe realizarse de manera escalonada y considerando las particularidades de cada sector, de lo contrario, podría generar efectos negativos en la economía y en el empleo.“La reforma laboral, tal y como está planteada, va a golpear a las pequeñas y medianas empresas, que representan el 90% de las empresas en Colombia. Si aprobamos esta reforma de manera apresurada, se van a perder empleos y la situación económica del país va a empeorar aún más”, concluyó.
La representante Katherine Miranda es una de las voces que expresó su preocupación por los riesgos que supone la nueva ley de jurisdicción agraria. Según comentó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, una de sus principales objeciones es la inclusión de “la expropiación como una función social” para cualquier predio con vocación agrícola.Miranda señaló que, actualmente, la Constitución “garantiza la propiedad privada como pilar de la democracia en el país”, permitiendo la expropiación, siempre y cuando, sea para funciones sociales específicas. Sin embargo, la nueva ley amplía esta categoría de función social a todo lo relacionado con el tema agrario, lo que podría llevar a la expropiación de terrenos sin justificación suficiente."Eso qué significa en plata blanca. Cuando usted va a construir el metro de Bogotá, va a construir una carretera o un puente, se puede expropiar. El Estado puede expropiar, ¿por qué? Porque le va a servir a una comunidad, porque nos va a servir absolutamente a todos. Acá lo que están poniendo en el artículo cinco numeral cuatro, es que están elevando a categoría de función social todo lo que tenga que ver con el tema agrario. O sea, cualquier predio que tenga vocación agrícola puede ser susceptible de expropiación. Eso, a mi juicio, es absolutamente grave”, aseveró.Sostuvo que, incluso, ese fue “el ‘mico’ que trató de meter el Gobierno” durante el Plan Nacional de Desarrollo, pero ahora lo está haciendo, según dijo, de forma más “sofisticada” y a través de la jurisdicción agraria.Otro punto preocupante es la resolución de diferencias en los procesos agrarios especiales. Según recalcó, el proyecto propone que la Agencia Nacional de Tierras sea la encargada de resolver estas diferencias a través de un acto administrativo, sin un control judicial previo. Esto vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa de los poseedores de tierras, subrayó."Actualmente eso se dirime a través de un juez de la República. De hecho, en la en la ley 902, sino me falla la memoria, del 2017, se determinó que era un juez de la República. Ahora lo que busca el artículo 12 en el parágrafo uno es que efectivamente haya una expropiación administrativa, que estos litigios y estos procesos, bien sea con personas naturales o jurídicas, sean resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante un acto administrativo. Es lo que nosotros llamamos expropiación administrativa, pero dice que puede haber un control posterior judicial. Esto es absolutamente grave porque va a suceder la expropiación y posteriormente usted puede ir ante un juez", explicó.La representante Miranda destacó que el proyecto de ley salta la consulta previa y otorga facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para realizar una consulta posterior en un plazo de seis meses. Esto va en contra de la Constitución y representa, añadió, una falta de respeto hacia las comunidades que serían afectadas por la ley, por lo que pidió prestarle atención porque afecta a muchas personas en el país. Añadió que los congresistas “no se pueden prestar” para aprobar eso.
Un desazón dejó la elección del nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca por encima de Katherine Miranda. La representante por el partido Verde, en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, calificó como vergonzoso la jornada de votación a favor de Salamanca, asegura que en el recinto había al menos ocho ministros "vigilando" las votaciones de los congresistas. Miranda, quien también estaba postulada para la presidencia de la Cámara de Representantes, aseguró que pronto se dio cuenta que su competencia no era con Salamanca, sino por el contrario era con el presidente Gustavo Petro. "Mi competencia no era Jaime Raúl, era el presidente Petro, fue el Gobierno nacional. Parecía una reunión de gabinete, parecía un consejo de ministros", dijo sobre la jornada del 20 de julio en la instalación del Congreso. Y agregó, "no les bastó con cita, el desfile de congresistas en la últimas dos semanas, sino que tuvieron que asegurase que marcaran como ellos querían". De acuerdo a lo revelado por Miranda, en medio de la entrevista, aseguró que muchos de sus compañero congresistas, le confesaron que en el Partido de la U, les dijeron que si el voto no era por Salamanca, el partido se quedaba sin ministerio-"El ministro Lizcano les dijo que si no se salía un comunicado a favor de Salamanca, pues al otro día el Partido de la U amanecía sin ministerio. Entonces fue un poco la pelea, fue muy, muy desigual, porque mientras yo prometía garantías, independencia, pues allá estaban o amenazándolas con que les quitaban lo que tenían o ofreciéndoles proyectos ofreciéndoles burocracia", manifestó Miranda.La elecciónen la Cámara de Representantes, Salamanca, del partido Alianza Verde, obtuvo 114 votos, superando a Katherine Miranda, quien alcanzó 69 respaldos."El representante Jaime Raúl Salamanca fue elegido oficialmente con 114 votos como presidente de la Cámara de Representantes para el período 2024-2025", informó esa corporación en redes sociales.La votación en la Cámara reflejó el apoyo de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, a Salamanca, y que provino del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Laura Sarabia, mano derecha del presidente Petro.Escuche aquí la entrevista:
En la reunión del Partido Verde en la mañana de este miércoles, el tema principal nuevamente fue quién será el candidato único para la presidencia de la Cámara de Representantes. Dos de los nombres en la lista son Katherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca, en quienes recae toda la polémica desatada desde hace días por la falta de consenso entre los militantes verdes.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el representante Duvalier Sánchez explicó que el partido tiene “tendencias más amplias”, pero que estas dos candidaturas representan, cada una, una mayor cercanía y distancia al Gobierno, respectivamente. Aseguró que el objetivo de la reunión era buscar un acuerdo para presentar una nominación única y evitar repetir escenarios anteriores donde hubo una división interna.De acuerdo con Sánchez, es difícil determinar cuántos votos tiene cada candidato en este momento, pero dijo que la representante Miranda ha perdido respaldo debido a su alejamiento del Gobierno últimamente, mientras que Salamanca ha logrado el consenso de cinco aspirantes, incluyendo el de él."Yo creo que es muy difícil determinar eso porque la compañera Katherine Miranda llevaba dos años haciendo campaña. Ella arrancó campaña siendo muy cercana al Gobierno, siendo jefe debate de la campaña presidencial y en el camino se ha ido alejando mucho y eso le ha generado también que personas se muevan del respaldo que tenía Jaime. Raúl recogió el consenso de cinco de los aspirantes, dentro de los que me incluyo; logramos ponernos de acuerdo Marta Alfonso, Wilmer Castellanos, Santiago Osorio y mi persona. Ha logrado que nosotros podamos discutir”, detalló.Sobre el cargo de presidente de la Cámara, recalcó que quien finalmente quede, debe actuar con “transparencia y garantizar un debate ordenado y plural”. Al respecto, mencionó que Katherine Miranda está invitada a todas las reuniones, pero que, supuestamente, solo asiste cuando tiene mayorías.Respecto a la participación de otros partidos de la misma coalición, Sánchez precisó que primero se debe permitir la discusión en el Partido Verde y luego podrán considerar la coalición amplia. Añadió que la reunión se realizó en la sede del partido y que se deben respetar las decisiones tomadas allí."A mí me gustaría que estuviéramos todos (los partidos), pero lo que siempre le pedí al partido es, primero, permítanos tener la discusión como Partido Verde. Déjenos dar esa discusión que no la hemos leído", puntualizó.
