Emilio Tapia, empresario involucrado en el escándalo de corrupción de Centros Poblados, deberá cumplir una condena de seis años y cuatro meses de prisión por su participación en el millonario desfalco que afectó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).El fallo fue emitido por un juez especializado en Bogotá, marcando un nuevo capítulo en uno de los casos más polémicos de los últimos años en el país.Tapia, conocido previamente por su vinculación en el carrusel de la contratación en Bogotá, había logrado adjudicarse un contrato por $70.000 millones para llevar internet a escuelas rurales. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los documentos utilizados para garantizar el proyecto eran falsos.Estos documentos fueron clave para obtener el anticipo millonario que nunca se tradujo en beneficios para las comunidades vulnerables.La Fiscalía demostró que Tapia no solo fue determinante en la estructuración del fraude, sino que, además, se benefició directamente de los recursos desviados. El juez calificó los actos como una muestra de “flagrante desprecio por los recursos públicos”.Durante la audiencia, Tapia ofreció disculpas públicas, pero el juez consideró que la gravedad de los hechos ameritaba una sanción ejemplar.Además de la condena de prisión, deberá pagar una multa millonaria como reparación al Estado. A pesar de que su defensa intentó buscar una reducción de pena argumentando colaboración con las autoridades, el juez determinó que esta no fue suficiente para mitigar la responsabilidad.El caso Centros Poblados no solo destapó un esquema de corrupción sofisticado, sino que también puso en entredicho los mecanismos de control en la adjudicación de contratos en Colombia. Desde el inicio del escándalo, varios funcionarios públicos han sido investigados por su presunta complicidad y el MinTIC sufrió una crisis institucional que culminó con la renuncia de la entonces ministra Karen Abudinen.Con esta condena, Emilio Tapia enfrenta un nuevo revés judicial, sumándose a su historial de delitos contra el patrimonio público. El desenlace judicial de Tapia también genera expectativas sobre el destino de otros implicados en el caso, quienes siguen bajo investigación.
Una nueva sanción en el escándalo de Centros Poblados llega por cuenta del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República en contra de todos los actores involucrados en el proyecto que nunca llevaron el internet a las zonas rurales pese a haber recibido anticipos en los recursos públicos.Tanto los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, la firma interventora y la empresa proveedora de equipos deberán pagarle al Estado $87.027 millones al haber incumplido en diferentes instancias el contrato 1043 de 2020 firmado con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del ministerio TIC.“La decisión se dio al probarse que hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales, cuyo objeto era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país”, explicó la Contraloría.El fallo también tuvo en cuenta que la presentación de una garantía falsa, que no fue debidamente verificada por los funcionarios públicos que a su vez permitió el anticipo de $70.000 millones pese a que no había iniciado la ejecución del contrato.Los integrantes de la unión temporal que deberán pagar la sanción son la Fundación de telecomunicaciones, ingeniería, seguridad e innovación y las firmas ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Building constructora S.A.S., así como su representante legal Luis Fernando Duque Torres.El fallo también incluyó a los miembros del Consorcio pe2020 c digitales, en calidad de interventor, representado legalmente por Paola Izquierdo Rivera y conformado por PMO Solycom S.A.S., Eurocontrol SA sucursal Colombia y Telemediciones S.A.S.Según la Contraloría, el consorcio interventor falló al aprobar varias órdenes de pago sin verificar los soportes y sin cumplirse las condiciones de tener todos los equipos para acceder a los recursos. Además, no convocó a una reunión extraordinaria del comité fiduciario para que el ordenador del gasto hubiera evitado el giro de los recursos en razón al inminente incumplimiento en el cronograma de ejecución.Finalmente, Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, representante legal de la empresa distribuidora, también fue declarado responsable fiscal por no entregar a tiempo los equipos requeridos.. Escuche aquí la entrevista:
La Procuraduría decidió archivar la investigación disciplinaria que adelantaba en contra de la exministra de las TIC Karen Abudinen por el caso de corrupción en la fallida licitación para llevar Internet a los colegios más apartados del país, conocido como Centros Poblados, por el que hubo el pago de un anticipo de 70 mil millones de pesos.El Ministerio Público decidió archivar el caso contra Abudinen, más de tres años después de haberse conocido el escándalo, en mayo de 2021, argumentando que la exministra no participó en la planeación ni en la estructuración de la licitación ni en la adjudicación del contrato, funciones que delegó a la Secretaría General del Ministerio.Adicionalmente, consideró la Sala Disciplinaria de la Procuraduría que aunque Abudinen delegó las anteriores funciones, cumplió con la obligación de control al haber solicitado la suspensión de la audiencia de adjudicación, una vez conoció que las garantías presentadas por Centros Poblados eran falsas.Sobre las garantías falsas, la Procuraduría considera que Abudinen no tuvo responsabilidad en su aprobación, porque esas funciones, así como la ejecución del contrato, las tenían otros funcionarios del Ministerio TIC.Esta decisión ha generado mucha controversia, por ejemplo el exvicepresidente Germán Vargas Lleras dijo en su cuenta de X “ni un solo centavo se ha recuperado de los 70.000 millones de los Centros Poblados y la Procuraduría hoy cerró la investigación. Jamás hemos conocido quiénes fueron los autores intelectuales. Por eso he sostenido que hay que acabar esa entidad”.Sobre la afirmación del exvicepresidente: el pasado primero de agosto la Fiscal General Luz Adriana Camargo firmó un principio de oportunidad con Juan Carlos Ángel Cáceres, exrepresentante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, en el que se revela que Cáceres ya devolvió 3.302 millones de pesos y se comprometió con cronograma en mano a devolver otros seis mil millones de pesos en los próximos meses.En ese documento, la Fiscalía avaluó en 15.239 millones de pesos, el dinero que Juan Carlos Ángel Cárdenes, Emilio Tapia, Ottomar Lascarro y Juan José Laverde se robaron del anticipo de los 70.000 millones de pesos para el contrato.Penalmente han sido condenados Juan José Laverde, Luis Fernando Duque, Jorge Enrique López y sumado a esto se encuentra el principio de oportunidad de Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona.El único “cabo suelto” en materia penal del robo del anticipo de Centros Poblados es el tristemente célebre Emilio Tapia, quien permanece detenido, no exento de controversias en sus sitios de reclusión y quien estuvo cerca de alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía, que se “cayó” en mayo de este año.En materia disciplinaria, fueron sancionados la exsecretaria general del MinTIC, Adriana Meza, Sandra Orjuela, la exsubdirectora de Gestión Contractual, Camilo Jiménez, exdirector de infraestructura, Luis Fernando Duque, representante de UT Centros Poblados y Paola Izquierdo, representante del Consorcio PE 2020 C Digitales.Aunque la Procuraduría haya decidido archivar la investigación contra Karen Abudinen, lo cual la exime de responsabilidad disciplinaria, la verdad es que el mayor costo para la exministra ha sido tener que asumir la responsabilidad política del escándalo de Centros Poblados, no solamente con su salida en su momento del Gobierno de Iván Duque, sino también porque ese episodio precipitó el final de su carrera política.
La Procuraduría General de la Nación archivó la investigación que adelantaba contra la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) Karen Abudinen, en relación con las presuntas irregularidades en el contrato adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados. Este contrato, que tenía como objetivo el suministro de internet en zonas rurales del país, fue objeto de controversia debido a fallos en su ejecución.A lo largo de la investigación disciplinaria, la Procuraduría no encontró pruebas que indicaran que Karen Abudinen hubiese incurrido en una falta disciplinaria en relación con la adjudicación del contrato 1043 de 2020, el cual estaba destinado a mejorar el acceso a internet en regiones apartadas. Según el ente de control, las decisiones tomadas por la exministra durante su gestión no demostraron ninguna conducta irregular.>>> Lea también: Karen Abudinen habla de su libro sobre Centros Poblados: "Los 70.000 están en manos de criminales"El análisis de la investigación concluyó que, si bien las decisiones de la exministra Abudinen estaban vinculadas al proceso de licitación, estas no constituyeron una violación a las normas de contratación pública. Por lo tanto, no se generó ninguna responsabilidad disciplinaria para la exfuncionar, exonerándola de cualquier falta en relación con el caso de Centros Poblados.Con base en lo estipulado en el artículo 90 del Código Disciplinario Único, un proceso puede ser archivado cuando se demuestra que el hecho imputado no existió o no se encuentran elementos que acrediten la responsabilidad del investigado. En este caso, la Procuraduría determinó que la conducta atribuida a Abudinen no encajaba en los supuestos que justificaran una sanción disciplinaria, razón por la cual se decidió archivar la investigación.Caso Centros PobladosEl caso involucra un contrato otorgado a la Unión Temporal Centros Poblados en 2020, destinado a mejorar la conectividad en zonas rurales, específicamente para conectar más de 15,000 escuelas. Sin embargo, el contrato enfrentó serias irregularidades, incluido el descubrimiento de que la empresa adjudicataria usó documentos falsos y no cumplió con los tiempos de ejecución estipulados.
Dos años después de se destapara el escándalo de Centros Poblados que involucró al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a la entonces jefe de cartera, Karen Abudinen lanzó un libro que cuenta su versión de los hechos.En entrevista con Mañanas Blu 10AM, la exministra Abudinen se refirió al escándalo de los 70.000 millones y al libro que escribió de 168 palabras, en el que recogió documentos, testimonios y evidencia para contar “su verdad”.Según la exministra, escribir el libro era importante hacer un recuento histórico para la vida, para su familia, para los ciudadanos y para hacer una reflexión frente a la ley 80."Yo creo que era importante hacer este recuento histórico para la vida, para mi familia, para, para los ciudadanos, para la gente, porque al final del día sí hay condenados. Algunos se acogieron a sentencias anticipadas. De hecho hay principios de oportunidades, pero aquí lo importante es cómo ocurrieron los hechos y por qué creo yo que hay que hacer una reflexión frente al tema de la ley 80, que es de las cosas que creo que tenemos que iniciar un debate frente a qué le hace falta a la ley 80", destacó Abudinen.Asimismo, la exjefe de cartera habló sobre los conetenidos que aborda en el libro y cómo se ha visto afectada, asegura, no solo ella, sino su familia por todo lo que se ha hablado en redes alrededor del tema."En el libro hay bastantes reflexiones frente a las bodegas, por ejemplo, que creo que a veces ni nosotros mismos entendemos cómo un contenido puede llegar a 90 millones, o sea, a 90 millones de usuarios, de impresiones. Como eso puede afectar la psiquis, inclusive no solo de mi persona y mi familia, sino inclusive de todas las personas que estaban trabajando en el Ministerio de las Tecnologías y Comunicación", comentó.Abudinen también defendió la decisión de entregar el contrato en ese momento que tomó porque dice que no podía haber tomado una decisión diferente porque la ley la llevaba a darle el contrato justamente a ese consorcio, pese a las alertas."Lo que pasa aquí y es importante es que ellos cumplieron con todos los requerimientos, tanto técnicos como jurídicos, como financieros. Dos. La empresa presentó una oferta que era más una oferta cerrada que cumplía con todo el tema de más tiempo, más velocidad, mejor servicio, más años. Entonces eso también conllevó a que esa empresa tuviera, no solamente digamos, cumpliera técnicamente, sino que también cumpliera proponiendo más cosas y más beneficios para los ciudadanos. Ahí, a pesar de las alertas porque son alertas, yo no puedo condenar a alguien donde yo no tengo una prueba", puntualizó la exministra.En ese sentido, Abudinen también reconoció las acciones que llevaron a cabo desde el ministerio que "cumplieron con todos los procedimientos que la ley exige"."Yo quiero como ser muy clara. A los cuatro meses de adjudicado este contrato, se caducó el contrato. Por eso, porque si no hubiéramos abierto un proceso de incumplimiento, si este proceso de incumplimiento no nos lleva a que hay una garantía falsa porque llamamos al garante y cumplimos con todos los procedimientos que la ley te exige, nunca jamás hubiéramos podido caducar el contrato ni adjudicárselo al segundo", detalló."A ellos les suspendieron todos los contratos que tenían con el Estado, que eran más de 4 billones de pesos. Entonces yo lo que creo es se hizo lo correcto. Se protegió 1 billón de pesos porque hay que pensar que el contrato no solamente era de 70.000, sino era de 1.7. (...) Hoy hay más de 8.000 colegios conectados. Los 70.000 están en manos de los criminales", aseguró.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La exministra TIC Karen Abudinen informó a través de sus redes sociales que interpondrá acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en defensa de los ataques e insultos que, según ella, estaría impulsado el presidente Gustavo Petro y el Gobierno en su contra.“Usted y sus secuaces movieron la narrativa en elecciones de que fui yo quien se robó el dinero para encubrir al verdadero responsable, su protegido. Interpondré acciones ante la CIDH para protegerme del actuar deliberado de usted y su Gobierno en mi contra”, escribió la exfuncionaria dirigiéndose al presidente.Esta publicación llega luego de que en redes se compartiera un video en los pasillos del estadio Metropolitano de Barranquilla en los que se ve a varios mandatarios electos, entre ellos Alejandro Char y Federico Gutiérrez, junto a otras personas y allí se ve a Abudinen.Y si bien el presidente fue uno de los que replicó el video, en su cuenta de X o de otras redes sociales, no está el fotograma del video con un círculo verde resaltando a la exministra, que es la imagen que sí se ha viralizado en otras cuentas. No obstante, Abudinen culpó al presidente de los insultos que le han llegado.Entre los mensajes que se han publicado contra la exfuncionaria, hay varios en los que se recuerda el escándalo conocido como Centros Poblados en el que se vio involucrada.Vea también
La congresista Katherine Miranda ha sido víctima en los últimos días de fuertes ataques e insultos que le llegan por redes sociales por sus recientes posiciones políticas. Ante esta situación, la exministra TIC Karen Abudinen le envió un mensaje a la congresista recordándole cuando ella fue víctima de matoneo en redes sociales una vez estalló el escándalo de Centros Poblados con una millonaria suma que se perdió en medio de un contrato en el anterior gobierno. Fue la misma Katherine Miranda que utilizó un termino "abudinear" para hacer su campaña política para el Congreso en 2022 con el lema "Que no nos abudineen el país”. La exministra le escribió a Miranda: Apreciada Katherine Miranda duele por lo que estas pasando porque las redes y las bodegas suelen ser crueles. Y me trae tantos recuerdos de como tu y tus compinches acabaron con mi honra solo para elegirse. Desde el presidente, Bolívar y los bots rusos hicieron team para salvarle la honra al verdadero criminal. Y mi partido me dejo sola a merced y disfrutaron del espectáculo. Me abudiniaron mi vida". Luego de la plenaria de la Cámara de Representantes producto de la subcomisión o comisión accidental propuesta por las representantes Katherine Miranda, Carolina Arbeláez y Julia Miranda , para integrar a todos los partidos políticos y revisar el texto de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, la situación de ataques y señalamientos a través de las redes sociales de una supuesta ‘jugadita’ agotó la paciencia de las congresistas.A través de su cuenta en la red social X, la representante Miranda anunció que tomará acciones legales contra aquellas personas y funcionarios públicos que han participado de los ataques en contra de la dignidad de las parlamentarias."Tras los ataques, agresiones y violencia que he recibido en estos días, he decidido emprender acciones judiciales y disciplinarias contra bodegueros, funcionarios públicos y congresistas que me han violentado", escribió Miranda en X. Le puede interesar:
El Jardín Infantil Rayito de Sol corre el riesgo de quedarse sin sede porque 10 años después de venderse el lote donde funciona, nadie les dice a las familias de los 280 alumnos, cuál será la solución definitiva.La historia comenzó el 28 de noviembre de 1969 cuando mediante escritura 6420, la Beneficencia de Cundinamarca le entregó en comodato al ICBF de la Hacienda El Salitre un predio de 44.487 metros cuadrados donado por José Joaquín Vargas. El comodato inicialmente era por 99 años, es decir, hasta 2069.En ese predio, en virtud del comodato se construyó la sede principal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF.En 2008 la Beneficencia de Cundinamarca es condenada a pagar solidariamente el 25 % del pasivo laboral de la Fundación San Juan de Dios a la que pertenece el Hospital San Juan de Dios y el Materno Infantil de Bogotá. Entonces en septiembre de 2008 solicita la terminación anticipada del contrato de comodato con el fin de enajenar el predio.El arreglo se logra el 25 de febrero de 2010 (Gobernación de Andrés Gonzalez) en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y mediante una conciliación extrajudicial la Beneficencia y el ICBF acuerdan dividir el predio en 2 lotes: ”Lote A”, ubicado en la Avenida Carrera 68 No. 64C - 35 costado sur con 18.916 m2 y el “Lote B”, ubicado en la Avenida Carrera 68 # 64C – 75 al costado norte con 25.571 m2. Mediante esa conciliación acuerdan dar por terminado el comodato del predio y que el ICBF haría las gestiones para comprar el “Lote B”.El 13 de marzo de 2013 se hace la escritura de terminación del contrato de comodato con todas las clausulas pactadas y en mayo se suscribió un acuerdo para implementar los puntos acordados.El 30 de diciembre de 2014 durante la gobernación de Álvaro Cruz se le vendió el “Lote A” a la sociedad Salazar Salamanca SAS representada legalmente por Rafael Augusto Salazar López, el dueño de Gran Estación. Y ese mismo día se realiza una transferencia de dominio a titulo de beneficio de fiducia Acción Sociedad Fiduciaria S.A. vocera administradora del Patrimonio Autónomo.El 28 de noviembre de 2017 la Beneficencia le vende al ICBF el “Lote B” por 18.741 millones de pesos y ahí hay que decir que el avalúo del predio era por $38.852 millones, lo que significaría un buen negocio para el instituto. Cabe aclarar que la subdivisión no modifica el uso de suelo que para ese momento seguía siendo dotacional.Para el momento de la negociación la directora era Karen Abudinem Abuchaibe, que llevaba 3 meses en el cargo, y el director de la Beneficencia era Yesid Orlando Díaz Garzón, que llevaba 10 meses en el cargo.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFUn dato no menor es que durante la negociación para la terminación del contrato de comodato se firmó una clausula referente al “Lote A”, o sea, donde funciona desde hace 44 años el Jardín Rayito de Sol: "El Jardín Infantil construido a expensas del ICBF en el Lote A, quedará incorporado al proyecto institucional que tiene como uso dicha área,-el funcionamiento del jardín no tendrá solución de continuidad, pero en la medida que el proyecto necesite área, éste (el jardín) se adecuará con la misma capacidad y número de niños actual, sin obstruir dicho proyecto. La operación de dicho jardín se dará por acuerdo del ICBF y el gestor del proyecto”.Esto significa, como quedó plasmado en la escritura de venta del predio de cerca de 19.000 metros cuadrados, que el nuevo propietario deberá construir o trasladar el jardín infantil con similares características al ¨Lote B” donde actualmente funciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El ICBF se comprometió en los micrófonos de Blu Radio a mantener a los menores en el jardín y así mismo se encuentra en conversaciones con Rafael Augusto Salazar para lograr el cumplimiento de las cláusulas.Consultada la Beneficencia de Cundinamarca no tienen claro qué sucedió con la plata producto de la enajenación de la Hacienda El Salitre y tampoco sabían que el compromiso que hizo posible la terminación del contrato de comodato hace 10 años, a la fecha, no se ha cumplido. Por lo anterior aseguraron que revisaran los archivos sobre el tema para responder los interrogantes de Blu Radio.“El predio y el hogar infantil Rayito del Sol de ninguna manera está en riesgo, por el contrario, está totalmente garantizada su operación”, enfatizó Javier Augusto Medina, director administrativo del ICBF, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.Le puede interesar:
La exministra de las TIC Karen Abudinen respondió a la actual vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, luego de que esta última utilizara el término "abudinear" en medio de un acto en la Universidad Nacional en el que participaron líderes de juntas de acción comunal de todo el país."Aquí está la ministra de la conectividad, de las TIC, pues este no será el Gobierno que se abudinee los recursos de la conectividad; este será el Gobierno que tiene que ayudar a conectar a Colombia con el mundo porque tenemos la potencialidad y así lo hemos exigido a la ministra de que es momento de empezar a conectar al país con el mundo, eso es generar oportunidades”, dijo en el claustro educativo Francia Márquez, al hablar de la conectividad.Para responderle a la actual vicepresidenta, a través de su cuenta de Twitter, Abudinen afirmó que desde el actual Gobierno "quieren sacar a los corruptos de la cárcel (y) negocian con narcos". Además, ya en un tema más personal con Francia Márquez, le recordó que "(ella es) la que viaja en “elicoptero” con la plata de los colombianos" y que, además, hace parte de quienes "no dejan actuar a la Policía"."Y se me olvidaba, tienen al hijo y al hermano del presidente (Gustavo Petro) haciendo negocios. Todo en menos de 7 meses", concluyó la exjefe de la cartera de las TIC en Colombia.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
La vicepresidenta Francia Márquez fue la encargada de abrir el evento donde participan líderes de juntas de acción comunal de todo el país en la Universidad Nacional, en Bogotá. Desde allí, la mandataria habló de las prioridades del Gobierno; además, defendió las reformas sociales que se discutirán en el Congreso y pidió avanzar en materia de conectividad.Sobre este último punto señaló: "Aquí está la ministra de la conectividad, de las TIC, pues este no será el Gobierno que se abudinee los recursos de la conectividad; este será el Gobierno que tiene que ayudar a conectar a Colombia con el mundo porque tenemos la potencialidad y así lo hemos exigido a la ministra de que es momento de empezar a conectar al país con el mundo, eso es generar oportunidades”.Márquez aseguró que no han cambiado los propósitos del Gobierno que fueron mencionados en campaña: "Alcanzar la paz total y saludamos los avances de diálogo que hoy se están dando en la mesa establecida por el Gobierno nacional y el ELN, van dos sesiones y han salido acuerdos muy importantes que contribuirán al bienestar de todos los colombianos y colombianas, pero sobre todo de la gente que ustedes bien conocen que están en el territorio”.“Las juntas de acción comunal solo se buscaban para las elecciones como forma de conseguir votos para los candidatos y candidatas, hoy los estamos buscando para construir con ustedes el Gobierno del cambio”, sostuvo Márquez, quien resaltó que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se fortalecerán las economías populares.“En gobiernos anteriores, la contratación del Estado solo se daba entre los grandes poderes hegemónicos, hoy estamos diciendo aquí que nuestra prioridad es poder contratar con las juntas de acción comunal y las organizaciones sociales y populares. Nosotros en campaña hablamos de justicia distributiva que es poner a circular los recursos del Estado entre los más vulnerables”, advirtió.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
