Una nueva sanción en el escándalo de Centros Poblados llega por cuenta del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República en contra de todos los actores involucrados en el proyecto que nunca llevaron el internet a las zonas rurales pese a haber recibido anticipos en los recursos públicos.Tanto los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, la firma interventora y la empresa proveedora de equipos deberán pagarle al Estado $87.027 millones al haber incumplido en diferentes instancias el contrato 1043 de 2020 firmado con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del ministerio TIC.“La decisión se dio al probarse que hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales, cuyo objeto era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país”, explicó la Contraloría.El fallo también tuvo en cuenta que la presentación de una garantía falsa, que no fue debidamente verificada por los funcionarios públicos que a su vez permitió el anticipo de $70.000 millones pese a que no había iniciado la ejecución del contrato.Los integrantes de la unión temporal que deberán pagar la sanción son la Fundación de telecomunicaciones, ingeniería, seguridad e innovación y las firmas ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Building constructora S.A.S., así como su representante legal Luis Fernando Duque Torres.El fallo también incluyó a los miembros del Consorcio pe2020 c digitales, en calidad de interventor, representado legalmente por Paola Izquierdo Rivera y conformado por PMO Solycom S.A.S., Eurocontrol SA sucursal Colombia y Telemediciones S.A.S.Según la Contraloría, el consorcio interventor falló al aprobar varias órdenes de pago sin verificar los soportes y sin cumplirse las condiciones de tener todos los equipos para acceder a los recursos. Además, no convocó a una reunión extraordinaria del comité fiduciario para que el ordenador del gasto hubiera evitado el giro de los recursos en razón al inminente incumplimiento en el cronograma de ejecución.Finalmente, Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, representante legal de la empresa distribuidora, también fue declarado responsable fiscal por no entregar a tiempo los equipos requeridos.. Escuche aquí la entrevista:
La Procuraduría decidió archivar la investigación disciplinaria que adelantaba en contra de la exministra de las TIC Karen Abudinen por el caso de corrupción en la fallida licitación para llevar Internet a los colegios más apartados del país, conocido como Centros Poblados, por el que hubo el pago de un anticipo de 70 mil millones de pesos.El Ministerio Público decidió archivar el caso contra Abudinen, más de tres años después de haberse conocido el escándalo, en mayo de 2021, argumentando que la exministra no participó en la planeación ni en la estructuración de la licitación ni en la adjudicación del contrato, funciones que delegó a la Secretaría General del Ministerio.Adicionalmente, consideró la Sala Disciplinaria de la Procuraduría que aunque Abudinen delegó las anteriores funciones, cumplió con la obligación de control al haber solicitado la suspensión de la audiencia de adjudicación, una vez conoció que las garantías presentadas por Centros Poblados eran falsas.Sobre las garantías falsas, la Procuraduría considera que Abudinen no tuvo responsabilidad en su aprobación, porque esas funciones, así como la ejecución del contrato, las tenían otros funcionarios del Ministerio TIC.Esta decisión ha generado mucha controversia, por ejemplo el exvicepresidente Germán Vargas Lleras dijo en su cuenta de X “ni un solo centavo se ha recuperado de los 70.000 millones de los Centros Poblados y la Procuraduría hoy cerró la investigación. Jamás hemos conocido quiénes fueron los autores intelectuales. Por eso he sostenido que hay que acabar esa entidad”.Sobre la afirmación del exvicepresidente: el pasado primero de agosto la Fiscal General Luz Adriana Camargo firmó un principio de oportunidad con Juan Carlos Ángel Cáceres, exrepresentante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, en el que se revela que Cáceres ya devolvió 3.302 millones de pesos y se comprometió con cronograma en mano a devolver otros seis mil millones de pesos en los próximos meses.En ese documento, la Fiscalía avaluó en 15.239 millones de pesos, el dinero que Juan Carlos Ángel Cárdenes, Emilio Tapia, Ottomar Lascarro y Juan José Laverde se robaron del anticipo de los 70.000 millones de pesos para el contrato.Penalmente han sido condenados Juan José Laverde, Luis Fernando Duque, Jorge Enrique López y sumado a esto se encuentra el principio de oportunidad de Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona.El único “cabo suelto” en materia penal del robo del anticipo de Centros Poblados es el tristemente célebre Emilio Tapia, quien permanece detenido, no exento de controversias en sus sitios de reclusión y quien estuvo cerca de alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía, que se “cayó” en mayo de este año.En materia disciplinaria, fueron sancionados la exsecretaria general del MinTIC, Adriana Meza, Sandra Orjuela, la exsubdirectora de Gestión Contractual, Camilo Jiménez, exdirector de infraestructura, Luis Fernando Duque, representante de UT Centros Poblados y Paola Izquierdo, representante del Consorcio PE 2020 C Digitales.Aunque la Procuraduría haya decidido archivar la investigación contra Karen Abudinen, lo cual la exime de responsabilidad disciplinaria, la verdad es que el mayor costo para la exministra ha sido tener que asumir la responsabilidad política del escándalo de Centros Poblados, no solamente con su salida en su momento del Gobierno de Iván Duque, sino también porque ese episodio precipitó el final de su carrera política.
La Procuraduría General de la Nación archivó la investigación que adelantaba contra la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) Karen Abudinen, en relación con las presuntas irregularidades en el contrato adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados. Este contrato, que tenía como objetivo el suministro de internet en zonas rurales del país, fue objeto de controversia debido a fallos en su ejecución.A lo largo de la investigación disciplinaria, la Procuraduría no encontró pruebas que indicaran que Karen Abudinen hubiese incurrido en una falta disciplinaria en relación con la adjudicación del contrato 1043 de 2020, el cual estaba destinado a mejorar el acceso a internet en regiones apartadas. Según el ente de control, las decisiones tomadas por la exministra durante su gestión no demostraron ninguna conducta irregular.>>> Lea también: Karen Abudinen habla de su libro sobre Centros Poblados: "Los 70.000 están en manos de criminales"El análisis de la investigación concluyó que, si bien las decisiones de la exministra Abudinen estaban vinculadas al proceso de licitación, estas no constituyeron una violación a las normas de contratación pública. Por lo tanto, no se generó ninguna responsabilidad disciplinaria para la exfuncionar, exonerándola de cualquier falta en relación con el caso de Centros Poblados.Con base en lo estipulado en el artículo 90 del Código Disciplinario Único, un proceso puede ser archivado cuando se demuestra que el hecho imputado no existió o no se encuentran elementos que acrediten la responsabilidad del investigado. En este caso, la Procuraduría determinó que la conducta atribuida a Abudinen no encajaba en los supuestos que justificaran una sanción disciplinaria, razón por la cual se decidió archivar la investigación.Caso Centros PobladosEl caso involucra un contrato otorgado a la Unión Temporal Centros Poblados en 2020, destinado a mejorar la conectividad en zonas rurales, específicamente para conectar más de 15,000 escuelas. Sin embargo, el contrato enfrentó serias irregularidades, incluido el descubrimiento de que la empresa adjudicataria usó documentos falsos y no cumplió con los tiempos de ejecución estipulados.
Dos años después de se destapara el escándalo de Centros Poblados que involucró al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a la entonces jefe de cartera, Karen Abudinen lanzó un libro que cuenta su versión de los hechos.En entrevista con Mañanas Blu 10AM, la exministra Abudinen se refirió al escándalo de los 70.000 millones y al libro que escribió de 168 palabras, en el que recogió documentos, testimonios y evidencia para contar “su verdad”.Según la exministra, escribir el libro era importante hacer un recuento histórico para la vida, para su familia, para los ciudadanos y para hacer una reflexión frente a la ley 80."Yo creo que era importante hacer este recuento histórico para la vida, para mi familia, para, para los ciudadanos, para la gente, porque al final del día sí hay condenados. Algunos se acogieron a sentencias anticipadas. De hecho hay principios de oportunidades, pero aquí lo importante es cómo ocurrieron los hechos y por qué creo yo que hay que hacer una reflexión frente al tema de la ley 80, que es de las cosas que creo que tenemos que iniciar un debate frente a qué le hace falta a la ley 80", destacó Abudinen.Asimismo, la exjefe de cartera habló sobre los conetenidos que aborda en el libro y cómo se ha visto afectada, asegura, no solo ella, sino su familia por todo lo que se ha hablado en redes alrededor del tema."En el libro hay bastantes reflexiones frente a las bodegas, por ejemplo, que creo que a veces ni nosotros mismos entendemos cómo un contenido puede llegar a 90 millones, o sea, a 90 millones de usuarios, de impresiones. Como eso puede afectar la psiquis, inclusive no solo de mi persona y mi familia, sino inclusive de todas las personas que estaban trabajando en el Ministerio de las Tecnologías y Comunicación", comentó.Abudinen también defendió la decisión de entregar el contrato en ese momento que tomó porque dice que no podía haber tomado una decisión diferente porque la ley la llevaba a darle el contrato justamente a ese consorcio, pese a las alertas."Lo que pasa aquí y es importante es que ellos cumplieron con todos los requerimientos, tanto técnicos como jurídicos, como financieros. Dos. La empresa presentó una oferta que era más una oferta cerrada que cumplía con todo el tema de más tiempo, más velocidad, mejor servicio, más años. Entonces eso también conllevó a que esa empresa tuviera, no solamente digamos, cumpliera técnicamente, sino que también cumpliera proponiendo más cosas y más beneficios para los ciudadanos. Ahí, a pesar de las alertas porque son alertas, yo no puedo condenar a alguien donde yo no tengo una prueba", puntualizó la exministra.En ese sentido, Abudinen también reconoció las acciones que llevaron a cabo desde el ministerio que "cumplieron con todos los procedimientos que la ley exige"."Yo quiero como ser muy clara. A los cuatro meses de adjudicado este contrato, se caducó el contrato. Por eso, porque si no hubiéramos abierto un proceso de incumplimiento, si este proceso de incumplimiento no nos lleva a que hay una garantía falsa porque llamamos al garante y cumplimos con todos los procedimientos que la ley te exige, nunca jamás hubiéramos podido caducar el contrato ni adjudicárselo al segundo", detalló."A ellos les suspendieron todos los contratos que tenían con el Estado, que eran más de 4 billones de pesos. Entonces yo lo que creo es se hizo lo correcto. Se protegió 1 billón de pesos porque hay que pensar que el contrato no solamente era de 70.000, sino era de 1.7. (...) Hoy hay más de 8.000 colegios conectados. Los 70.000 están en manos de los criminales", aseguró.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La exministra TIC Karen Abudinen informó a través de sus redes sociales que interpondrá acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en defensa de los ataques e insultos que, según ella, estaría impulsado el presidente Gustavo Petro y el Gobierno en su contra.“Usted y sus secuaces movieron la narrativa en elecciones de que fui yo quien se robó el dinero para encubrir al verdadero responsable, su protegido. Interpondré acciones ante la CIDH para protegerme del actuar deliberado de usted y su Gobierno en mi contra”, escribió la exfuncionaria dirigiéndose al presidente.Esta publicación llega luego de que en redes se compartiera un video en los pasillos del estadio Metropolitano de Barranquilla en los que se ve a varios mandatarios electos, entre ellos Alejandro Char y Federico Gutiérrez, junto a otras personas y allí se ve a Abudinen.Y si bien el presidente fue uno de los que replicó el video, en su cuenta de X o de otras redes sociales, no está el fotograma del video con un círculo verde resaltando a la exministra, que es la imagen que sí se ha viralizado en otras cuentas. No obstante, Abudinen culpó al presidente de los insultos que le han llegado.Entre los mensajes que se han publicado contra la exfuncionaria, hay varios en los que se recuerda el escándalo conocido como Centros Poblados en el que se vio involucrada.Vea también
La congresista Katherine Miranda ha sido víctima en los últimos días de fuertes ataques e insultos que le llegan por redes sociales por sus recientes posiciones políticas. Ante esta situación, la exministra TIC Karen Abudinen le envió un mensaje a la congresista recordándole cuando ella fue víctima de matoneo en redes sociales una vez estalló el escándalo de Centros Poblados con una millonaria suma que se perdió en medio de un contrato en el anterior gobierno. Fue la misma Katherine Miranda que utilizó un termino "abudinear" para hacer su campaña política para el Congreso en 2022 con el lema "Que no nos abudineen el país”. La exministra le escribió a Miranda: Apreciada Katherine Miranda duele por lo que estas pasando porque las redes y las bodegas suelen ser crueles. Y me trae tantos recuerdos de como tu y tus compinches acabaron con mi honra solo para elegirse. Desde el presidente, Bolívar y los bots rusos hicieron team para salvarle la honra al verdadero criminal. Y mi partido me dejo sola a merced y disfrutaron del espectáculo. Me abudiniaron mi vida". Luego de la plenaria de la Cámara de Representantes producto de la subcomisión o comisión accidental propuesta por las representantes Katherine Miranda, Carolina Arbeláez y Julia Miranda , para integrar a todos los partidos políticos y revisar el texto de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, la situación de ataques y señalamientos a través de las redes sociales de una supuesta ‘jugadita’ agotó la paciencia de las congresistas.A través de su cuenta en la red social X, la representante Miranda anunció que tomará acciones legales contra aquellas personas y funcionarios públicos que han participado de los ataques en contra de la dignidad de las parlamentarias."Tras los ataques, agresiones y violencia que he recibido en estos días, he decidido emprender acciones judiciales y disciplinarias contra bodegueros, funcionarios públicos y congresistas que me han violentado", escribió Miranda en X. Le puede interesar:
El Jardín Infantil Rayito de Sol corre el riesgo de quedarse sin sede porque 10 años después de venderse el lote donde funciona, nadie les dice a las familias de los 280 alumnos, cuál será la solución definitiva.La historia comenzó el 28 de noviembre de 1969 cuando mediante escritura 6420, la Beneficencia de Cundinamarca le entregó en comodato al ICBF de la Hacienda El Salitre un predio de 44.487 metros cuadrados donado por José Joaquín Vargas. El comodato inicialmente era por 99 años, es decir, hasta 2069.En ese predio, en virtud del comodato se construyó la sede principal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF.En 2008 la Beneficencia de Cundinamarca es condenada a pagar solidariamente el 25 % del pasivo laboral de la Fundación San Juan de Dios a la que pertenece el Hospital San Juan de Dios y el Materno Infantil de Bogotá. Entonces en septiembre de 2008 solicita la terminación anticipada del contrato de comodato con el fin de enajenar el predio.El arreglo se logra el 25 de febrero de 2010 (Gobernación de Andrés Gonzalez) en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y mediante una conciliación extrajudicial la Beneficencia y el ICBF acuerdan dividir el predio en 2 lotes: ”Lote A”, ubicado en la Avenida Carrera 68 No. 64C - 35 costado sur con 18.916 m2 y el “Lote B”, ubicado en la Avenida Carrera 68 # 64C – 75 al costado norte con 25.571 m2. Mediante esa conciliación acuerdan dar por terminado el comodato del predio y que el ICBF haría las gestiones para comprar el “Lote B”.El 13 de marzo de 2013 se hace la escritura de terminación del contrato de comodato con todas las clausulas pactadas y en mayo se suscribió un acuerdo para implementar los puntos acordados.El 30 de diciembre de 2014 durante la gobernación de Álvaro Cruz se le vendió el “Lote A” a la sociedad Salazar Salamanca SAS representada legalmente por Rafael Augusto Salazar López, el dueño de Gran Estación. Y ese mismo día se realiza una transferencia de dominio a titulo de beneficio de fiducia Acción Sociedad Fiduciaria S.A. vocera administradora del Patrimonio Autónomo.El 28 de noviembre de 2017 la Beneficencia le vende al ICBF el “Lote B” por 18.741 millones de pesos y ahí hay que decir que el avalúo del predio era por $38.852 millones, lo que significaría un buen negocio para el instituto. Cabe aclarar que la subdivisión no modifica el uso de suelo que para ese momento seguía siendo dotacional.Para el momento de la negociación la directora era Karen Abudinem Abuchaibe, que llevaba 3 meses en el cargo, y el director de la Beneficencia era Yesid Orlando Díaz Garzón, que llevaba 10 meses en el cargo.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFUn dato no menor es que durante la negociación para la terminación del contrato de comodato se firmó una clausula referente al “Lote A”, o sea, donde funciona desde hace 44 años el Jardín Rayito de Sol: "El Jardín Infantil construido a expensas del ICBF en el Lote A, quedará incorporado al proyecto institucional que tiene como uso dicha área,-el funcionamiento del jardín no tendrá solución de continuidad, pero en la medida que el proyecto necesite área, éste (el jardín) se adecuará con la misma capacidad y número de niños actual, sin obstruir dicho proyecto. La operación de dicho jardín se dará por acuerdo del ICBF y el gestor del proyecto”.Esto significa, como quedó plasmado en la escritura de venta del predio de cerca de 19.000 metros cuadrados, que el nuevo propietario deberá construir o trasladar el jardín infantil con similares características al ¨Lote B” donde actualmente funciona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El ICBF se comprometió en los micrófonos de Blu Radio a mantener a los menores en el jardín y así mismo se encuentra en conversaciones con Rafael Augusto Salazar para lograr el cumplimiento de las cláusulas.Consultada la Beneficencia de Cundinamarca no tienen claro qué sucedió con la plata producto de la enajenación de la Hacienda El Salitre y tampoco sabían que el compromiso que hizo posible la terminación del contrato de comodato hace 10 años, a la fecha, no se ha cumplido. Por lo anterior aseguraron que revisaran los archivos sobre el tema para responder los interrogantes de Blu Radio.“El predio y el hogar infantil Rayito del Sol de ninguna manera está en riesgo, por el contrario, está totalmente garantizada su operación”, enfatizó Javier Augusto Medina, director administrativo del ICBF, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.Le puede interesar:
La exministra de las TIC Karen Abudinen respondió a la actual vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, luego de que esta última utilizara el término "abudinear" en medio de un acto en la Universidad Nacional en el que participaron líderes de juntas de acción comunal de todo el país."Aquí está la ministra de la conectividad, de las TIC, pues este no será el Gobierno que se abudinee los recursos de la conectividad; este será el Gobierno que tiene que ayudar a conectar a Colombia con el mundo porque tenemos la potencialidad y así lo hemos exigido a la ministra de que es momento de empezar a conectar al país con el mundo, eso es generar oportunidades”, dijo en el claustro educativo Francia Márquez, al hablar de la conectividad.Para responderle a la actual vicepresidenta, a través de su cuenta de Twitter, Abudinen afirmó que desde el actual Gobierno "quieren sacar a los corruptos de la cárcel (y) negocian con narcos". Además, ya en un tema más personal con Francia Márquez, le recordó que "(ella es) la que viaja en “elicoptero” con la plata de los colombianos" y que, además, hace parte de quienes "no dejan actuar a la Policía"."Y se me olvidaba, tienen al hijo y al hermano del presidente (Gustavo Petro) haciendo negocios. Todo en menos de 7 meses", concluyó la exjefe de la cartera de las TIC en Colombia.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
La vicepresidenta Francia Márquez fue la encargada de abrir el evento donde participan líderes de juntas de acción comunal de todo el país en la Universidad Nacional, en Bogotá. Desde allí, la mandataria habló de las prioridades del Gobierno; además, defendió las reformas sociales que se discutirán en el Congreso y pidió avanzar en materia de conectividad.Sobre este último punto señaló: "Aquí está la ministra de la conectividad, de las TIC, pues este no será el Gobierno que se abudinee los recursos de la conectividad; este será el Gobierno que tiene que ayudar a conectar a Colombia con el mundo porque tenemos la potencialidad y así lo hemos exigido a la ministra de que es momento de empezar a conectar al país con el mundo, eso es generar oportunidades”.Márquez aseguró que no han cambiado los propósitos del Gobierno que fueron mencionados en campaña: "Alcanzar la paz total y saludamos los avances de diálogo que hoy se están dando en la mesa establecida por el Gobierno nacional y el ELN, van dos sesiones y han salido acuerdos muy importantes que contribuirán al bienestar de todos los colombianos y colombianas, pero sobre todo de la gente que ustedes bien conocen que están en el territorio”.“Las juntas de acción comunal solo se buscaban para las elecciones como forma de conseguir votos para los candidatos y candidatas, hoy los estamos buscando para construir con ustedes el Gobierno del cambio”, sostuvo Márquez, quien resaltó que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se fortalecerán las economías populares.“En gobiernos anteriores, la contratación del Estado solo se daba entre los grandes poderes hegemónicos, hoy estamos diciendo aquí que nuestra prioridad es poder contratar con las juntas de acción comunal y las organizaciones sociales y populares. Nosotros en campaña hablamos de justicia distributiva que es poner a circular los recursos del Estado entre los más vulnerables”, advirtió.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
La exministra Karen Abudinen aseguró que existió una campaña de desprestigio en su contra por el desfalco en Centros Poblado, cuando, según ella, fue la encargada de denunciar el hecho ante las autoridades. Además, aseguró que esto fue aprovechado para realizar campaña por parte de algunos funcionarios públicos, así como lo hizo la congresista de la Alianza Verde Katherin Miranda.En la entrevista con El Radar de Blu Radio, la exfuncionaria del Gobierno Duque reveló que hay nueve cuentas a las que se les hizo la investigación, en los que estuvieron hablando del desfalco de Centros Poblados para ganar popularidad, como la congresista Katherin Miranda.“Por ejemplo Katherine Miranda consiguió votos a través de mi apellido. Ella no pudo conseguir votos a través de su trabajo, si no que los consiguió a través del verbo ‘Abudinear’ y poniendo vallas para desprestigiándome. Eso fue netamente real Katherine Miranda se aprovechó de la coyuntura, pero no solo se aprovechó, sino que también hizo parte de esa narrativa para poder tener una votación importante en Bogotá”, dijo la exministra en diálogo con Blu Radio en el programa El Radar que dirige Ricardo Ospina.De inmediato, la congresista Miranda respondió en sus redes sociales y afirmó que esto es un descaró y por eso se hizo se le hizo a la exfuncionaria un debate de moción de censura.“Es realmente increíble el cinismo de Karen Abudinen, hasta la fecha no han aparecido los 70 mil millones de pesos y hoy sale a los medios de comunicación a decir que su nombre hoy está manchado por mí culpa, cuando lo único que yo hice fue mi deber constitucional y es hacer control político, una moción de censura para demostrarle al país que se habían robado 70 mil millones de pesos”, explicó la congresista Katherine Miranda en dialogo con Blu Radio.Esta declaración generó de inmediato una respuesta de la exministra Karen Abudinen en la red social.“Saca las cuentas de los ataques. Apúrate. Llama a Bolívar. Actívense. Lo que si me tiene feliz es que ya no me dices ladrona. Que bien mujer cínica y rastrera.”, afirmó.Le puede interesar: Lo que fue noticia esta semana en Colombia y el mundo
La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según el ente acusador, las irregularidades están relacionadas con la contratación de un software denominado “Sistema de Validación Nacional”, ordenado por el Decreto 1622 del 5 de agosto de 2022. Este sistema buscaba asociar las boletas de los hinchas de fútbol con su documento de identidad y verificar antecedentes para restringir el acceso a los estadios.La investigación, liderada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, concluyó que Urrutia habría ignorado las normas de contratación y los parámetros del decreto, seleccionando al contratista de manera directa y no mediante un proceso competitivo. Además, en dos ocasiones buscó intermediarios para adjudicar el contrato, condicionándolos a subcontratar a una particular previamente acordada.Los elementos probatorios indican que la exministra desestimó tres advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las maniobras irregulares. A pesar de ello, firmó un convenio inter administrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022. Este proceso no incluyó estudios de mercado ni la justificación del precio, que ascendió a 4.950 millones de pesos.Asimismo, se descubrió que el contrato firmado no cumplía con el objetivo del decreto, mientras que la norma habilitaba la implementación del sistema de validación, el contrato suscrito tenía como propósito únicamente el análisis de su implementación. Este desvío fundamenta la imputación por falsedad ideológica, debido a la inclusión de avales y justificaciones contrarias a la realidad en documentos oficiales.
Este jueves, 21 de noviembre, se registró un grave accidente en la capital. Al parecer, fue entre un ciclista y un camión a la altura de la calle 80 con transversal 77, generando un trancón de varios kilómetros en el noroccidente de BogotáLa Policía, así como unidades de criminalística, llegaron al lugar tras el fatal accidente.El CTI realiza el procedimiento del levantamiento del cuerpo que quedó debajo de las llantas de la mula.En desarrollo...
La Cámara de Comercio se suma a las voces negativas al proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para cobrar la sobretasa de seguridad en los servicios públicos. Desde la entidad argumentaron que la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos.No sólo alcaldes, Fenalco Antioquia y el Comité Intergremial se han mostrado en desacuerdo frente a este proyecto que propone incluir un impuesto para la seguridad en los servicios públicos, pues ahora, la Cámara de Comercio también se ha opuesto a esta iniciativa.En el comunicado emitido por la entidad, mencionan que, a pesar de que comparten con el gobernador la preocupación por la seguridad en el departamento, hay particularidades que afectan a la ciudadanía lo que no haría viable tal impuesto. Según Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, la cuenta de servicios no debería ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos."Hay circunstancias que afectan a las empresas y ciudadanos, como el alza considerable en las tarifas de servicios públicos a causa de la no entrada a tiempo de nueva generación de energía, el fenómeno de El Niño y el consecuente bajo nivel de los embalses, sumado al impacto del Índice de Precios al Productor. Desde un análisis técnico, la cuenta de servicios no debe ser utilizada como un mecanismo para recaudar impuestos ni otras tasas tributarias, porque se trata de cargos ajenos a la naturaleza del servicio recibido", explicó la presidenta.Desde la entidad, realizaron una petición a los actores responsables para que busquen otras alternativas para reforzar esquemas tecnológicos que permitan incrementar los niveles de seguridad en el departamento.
En el último día del Congreso Internacional Todos los Protegemos, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga lideró la firma de la Declaratoria Medellín, un acuerdo de varias instituciones para prevenir y atender las violencias sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, con acciones articuladas para la erradicación de esta problemática.El documento fue suscrito por entidades públicas y sectores como transporte, salud, telecomunicaciones, hotelería, comercio, cajas de compensación, delegados de la Embajada de Estados Unidos, del Consulado de Perú y de la Organización de las Naciones Unidas. Gutiérrez reiteró que es lamentable que en muchos casos los abusadores de los niños estén “en el portarretratos de la casa”."Lo primero es afianzar la articulación. Con Policía tenemos una dinámica muy clara de atención permanente que viene funcionando, con la embajada de los Estados Unidos, uno de los grandes aliados, si no tuviéramos ese apoyo no hubiéramos podido dar muchos de esos golpes que se han dado tanto en Colombia como en Estados Unidos, esto es reafirmar eso", manifestó.Como parte de la apuesta contra delitos que afectan a los niños y niñas, este año en Medellín se han inadmitido 42 extranjeros por delitos de explotación sexual y alrededor de 300 en el país, lo que se suma a que van 12 extranjeros capturados por este delito, un aumento del 1.100 % en este indicador frente al 2023.Según detalló el mandatario, este pacto tiene como apuestas fortalecer a las familias, desarrollar las capacidades institucionales para una atención integral de los menores de edad, implementar acciones conjuntas, promover el principio de la corresponsabilidad, consolidar estrategias de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales, afianzar la cooperación internacional, fomentar el intercambio de información para la toma de decisiones y educar en el uso de las tecnologías para evitar violencias en entornos digitales.
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales del pueblo ancestral Zenú, como una comunidad víctima del conflicto armado en la región de Urabá antioqueño.Se trata de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí Arboletes, donde habitan 3.080 indígenas que integran 976 familias, quienes han sido víctimas durante más de 30 años y ahora buscan reparación integral de sus derechos a través de la restitución de su territorio y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos. El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell se refirió al respecto."Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad", manifestó.El resguardo indígena El Volao está compuesto por diez comunidades Zenú, que han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono. Por ello, para la lideresa Aida Suárez, la demanda es un hito."Es un logro esperado y es un día trascendental para nosotros como comunidad, como mujeres, como jóvenes, como docentes que soñamos algún día ser reparados después de tantos años de olvido, de maltrato, de violación, que hemos tenido algunas asistencias como tal, pero que no han sido suficientes", indicó Suárez.De acuerdo con la comunidad, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL), marcó la historia colectiva de las comunidades pertenecientes al resguardo y debilitó el proceso organizativo al interior del territorio. Esto generó un ambiente de zozobra que llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, las Auc y otros grupos armados presentes en la zona.Dentro de las pretensiones de la demanda, concertadas con el resguardo, se busca la puesta en marcha de una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes, autoridades y la concertación de un plan integral para la búsqueda de sus líderes desaparecidos en el marco del conflicto.
