"El arte sí transforma vidas" y así lo expresan con convicción las internas del Centro de Rehabilitación El Buen Pastor en Barranquilla, quienes a través de actividades artísticas y lúdicas avanzan en su proceso de resocialización.En un emotivo encuentro, las mujeres privadas de la libertad expresaron su perdón por los actos que cometieron en el pasado y se mostraron dispuestas a darle un nuevo rumbo a sus vidas.Algunas se animaron a mostrar sus talentos y, a través de dramatizados, cantos y bailes, protagonizaron la clausura del programa 'Restaurando Corazones' y enviaron un sentido mensaje a sus compañeras, familias y sociedad en general.'Restaurando Corazones' es un programa de justicia restaurativa que lidera la juez sexta de ejecución de penas Carmen Terán, desde la rama judicial del Atlántico y con apoyo de la dirección de la cárcel El Buen Pastor y la Alcaldía de Barranquilla.El programa comenzó hace dos años y a él se han vinculado 60 mujeres privadas de la libertad, a quienes una vez a la semana les realizan actividades terapéuticas con un grupo interdisciplinario de psicólogos y funcionarios de la rama judicial.La jueza Terán aseguró que con esto buscan garantizar que se cumpla el fin de la pena, que es la resocialización.Barranquilla
En el marco de la segunda fase de entrega de bienes acordada entre el Fondo para la Reparación a las Víctimas y la Fiscalía, esta última entidad entregó un total de 83 propiedades relacionadas con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC que en su conjunto ascienden a más de 66.202 millones de pesos.Durante las últimas dos semanas, se han entregado 10 predios ubicados en diferentes regiones del país, incluyendo Antioquia, Bolívar, Cundinamarca y Tolima, con un valor estimado de 20.830 millones de pesos.Previo a su entrega, los fiscales del Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional solicitaron medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre estas propiedades, las cuales fueron impuestas por magistrados de Justicia y Paz de diversos tribunales superiores.Entre esos vienes están:Finca La Piscina o Santa Ana, en Envigado (Antioquia), que haría parte del patrimonio ilícito de Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias Rogelio, exjefe de la autodenominada ‘Oficina de Envigado’. Este inmueble, avaluado en 1.605 millones de pesos, estaba en manos de Jorge Mario Pérez Marín, alias Morro. En esta finca fueron asesinados cinco hombres y cuatro mujeres, el 31 de diciembre de 2013, entre ellos alias Morro y una reconocida modelo.• 168 lotes en Ricaurte (Cundinamarca), ubicados en el condominio “Reservas Del Paguey”, que estarían a nombre de terceros que tendrían vínculos con José Miguel Arroyave Ruiz, alias Arcángel, excabecilla del Bloque Centauros. El valor de estos bienes supera los 10.440 millones de pesos.• Predio denominado el Mirador, localizado en Santa Rosa de Sur (Bolívar), cuyo avalúo supera los 3.552 millones de pesos. Este inmueble perteneció a Edwin Ferney Uribe Téllez, alias El Cabezón, excabecilla del Bloque Central Bolívar.• Hacienda Guamal, ubicada en la vereda El Salado, en San Luis (Tolima). El predio tiene una extensión total de 367 hectáreas y su valor se aproxima a los 2.500 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que esta propiedad habría servido como centro de planeación de las actividades criminales del Bloque Tolima y como punto de acopio de armamento.• Predio Malokas, en zona rural de San Lucía (Tolima). Se trata de un globo de terreno conformado por tres bienes avaluados en más de 2.069 millones de pesos. Este lugar, al parecer, fue utilizado como asentamiento por varias estructuras armadas del Bloque Tolima y se usó para instalar antenas de comunicaciones.En los últimos 40 meses, la Dirección de Justicia Transicional ha entregado al Fondo para la Reparación a las Víctimas un total de 1.079 bienes, cuyo valor conjunto asciende a 854.805 millones de pesos, para su administración.Le puede interesar:
El pasado 31 de enero el juzgado primero laboral de Cartagena resolvió una acción de tutela con la ayuda de la famosa inteligencia artificial conocida como ChatGPT, argumentando que aplicó la Ley 2213 de 2022, la cual dice que en determinados casos se puede utilizar estas herramientas virtuales.En diálogo con Mañanas Blu, el juez Juan Manuel Padilla García habló sobre la sentencia que se emitió con apoyo de la inteligencia artificial ChatGPT en Cartagena.“Los jueces necesitamos estar pendientes a la evolución de la justicia y de las tecnologías. Desde la pandemia, en Colombia, empezamos a implementar las tecnologías en la justicia y esto es una ventana inmensa, hoy puede ser ChatGPT, pero más adelante pueden surgir más herramientas para que los jueces se apoyen. Esta inteligencia artificial nos ayuda a sacar sentencias muy entendibles, con buena redacción y demás”, explicó.Según el juez, el ChatGPT es una herramienta que le ahorra tiempo a los jueces, por eso la misma ley permite utilizarla.“Incluso, ChatGPT puede anticipar la decisión que pueda tomar un juzgado, ya que están soportado al principio de igualdad en el uso de precedentes, es decir que, sirve como parámetro para anteceder en esta decisión. De igual forma, el hecho de utilizar esta y demás herramientas no hacen a un juez perezoso, la decisión sigue siendo autónoma y propia”, aclaró.¿El ChatGPT toma la decisión de un juez?Tras la famosa acción de tutela que se resolvió en Cartagena con inteligencia artificial, Juan Manuel Padilla aclaró que, aunque ChatGPT es una herramienta bastante buena, la sentencia al final es una decisión propia y privada del juez.“Es la primera sentencia a nivel nacional que ha utilizado la inteligencia artificial, por lo que estoy sorprendido, sin embargo, entendiendo la preocupación de muchos, mi decisión es completamente personal, privada y autónoma, pero la inteligencia artificial ayuda a construir una cadena de textos que ayuda a sacar la sentencia y a tomar la decisión”, aseveró.Asimismo, aclaró que hay muchos jueces que en un futuro pueden seguir apoyándose de esta y demás inteligencias para sus sentencias.“Yo conozco un grupo de jueces y amigos que están muy contentos, porque sabemos que este sistema nos puede ayudar a transcribir cosas que hay en internet y traerlo de manera muy lógica y corta a lo que necesitamos”, manifestó.Le puede interesar: ¿Dónde ver las películas nominadas a los premios Óscar 2023?
Desde el martes, 6 de septiembre, iniciaron las conversaciones territoriales para la construcción de la paz con el conversatorio “Justicia y reparación integral para las víctimas, desde las recomendaciones de la Comisión de la Verdad”, en el auditorio Alfonso Quintana de la Universidad Javeriana, en Bogotá.El propósito de estos espacios es poder brindarles las herramientas necesarias a los consejeros y consejeras de paz del país, para que fortalezcan las capacidades a través de las recomendaciones dadas por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.Para este miércoles, 7 de septiembre, se tendrá el conversatorio “Sustitución voluntaria de cultivos, cambio de la política de Estado frente a la política del narcotráfico”, de 4:00 a 6:00 p.m; para el jueves, 8 de septiembre y en el mismo horario, se hablará del enfoque diferencial y de género, mientras que para el viernes, 9 de septiembre, se centrarán en los diálogos regionales para la construcción de paz y solución pacífica de conflictos a través de la dejación de armas y la participación política.Cada conversatorio contará con la exposición de consejeros territoriales de paz de los departamentos de Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Arauca. Además, los consejeros de paz tendrán la oportunidad de exponer su perspectiva territorial sobre las recomendaciones de la comisión de la verdad.Cabe recordar que el programa CONPAZ de la Fundación Instituto para la construcción de la paz-FICONPAZ- y la pontificia Universidad Javeriana, son los encargados de realizar estos conversatorios. Escuche aquí el podcast de Cómo como y mejore su alimentación:
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, desató una fuerte polémica tras dar un ejemplo del concepto de justicia restaurativa en el que planteó que un ladrón de celulares podría no ir a la cárcel si devuelve el dispositivo hurtado y se compromete a pagarle el plan por seis meses a la víctima. Los abogados penalistas Francisco Sintura, Iván Cancino y Santiago Trespalacios opinaron sobre el tema en Mañanas Blu. De acuerdo con el abogado Francisco Sintura, está parcialmente de acuerdo con la propuesta. "La justicia restaurativa debe ser un programa de arreglo de conflictos penales entre la víctima y el victimario, eso ya está en nuestra ley, pero de bienes jurídicos de los que pueda ser razonable y proporcional su disposición por las personas", indicó el jurista. Según el abogado Sintura, la respuesta no necesariamente debería ser la cárcel, sino que podría apelarse a otras consideraciones de compensación, pero que en casos de abuso sexual, recursos públicos o la vida misma, no podría plantearse fórmulas desde la justicia restaurativa. En los casos en que sí pueda caber la posibilidad, dijo, debería haber consecuencias si no se cumplen los acuerdos. "Necesariamente se tiene que considerar que la víctima y el victimario obren con un consentimiento libre e informado, pero además que las obligaciones que se impongan sean proporcionadas y razonables, que si se incumplen tiene que haber una serie de consecuencias", complementó. El abogado Iván Cancino, por su parte, dijo estár totalmente de acuerdo con la idea de justicia restaurativa y recordó que no se trata de una idea novedosa, sino que actualmente está vigente, en el concepto de "terminación del proceso por indemnización integral". "El Código Penal actual trae un capítulo completo de justicia restaurativa donde aplica la mediación y también se aplica como una causal del principio de oportunidad. Lo que el ministro propone es hacer una amalgama de todas esas normatividades", sostuvo el abogado Cancino. Según el penalista Santiago Trespalacios, la propuesta del ministro de Justicia es viable y debe extrapolarse para llevarse a mucho a muchos más casos. "Tenemos que eliminar el fetiche que tenemos con la cárcel. La sociedad cree que tener unas personas atiborradas, con vulneración total de su dignidad humana en unos centros desde donde es más fácil incluso seguir delinquiendo, es sentido de justicia. Sin embargo, tenemos una población carcelaria exagerada, de 171.000 presos y tenemos, por ejemplo, por hurto en prisión 17.000 personas", declaró Trespalacios.
