Una hora tarde comenzó la segunda parte de esta audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, realizada este martes en el centro de servicios judiciales de Barranquilla.Entre lo mencionado por la fiscal Lucy Laborde, quien continuó con su proceso de exposición de las solicitudes probatorias, se destacó el pedido de acreditación al testimonio del investigador Juan Camilo López Linares, quien en trabajo de campo habría conseguido pruebas que podrían conducir a una cifra superior a los 1.000 millones de pesos, frente al incremento ilícito del patrimonio del hijo mayor del presidente Gustavo Petro.Muestra de ello, según la misma Fiscalía, serían los costosos viajes que realizó Petro Burgos y que no iban acordes con los ingresos que tenía cuando hacía parte de la Asamblea departamental en el Atlántico, siendo esta su única fuente lícita de dinero.La Fiscalía espera contar en el juicio con un informe de la Dian en el que se especifican los ingresos reportados por el acusado en los plazos investigados y, de la misma forma, solicitó en su tiempo un recuento desde Migración Colombia en el que se enlistan todos los viajes que realizó Nicolás, así como los desarrollados por su entonces pareja sentimental Daysuris Vásquez.De esta última información, el ente acusador confía en hacer una relación con el concepto que fue declarado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y sí esos valores tienen concordancia con los gastos realizados en su tiempo.“Con la información se prueba que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos ocultó y encubrió, verbos rectores del lavado de activos, ese incremento patrimonial injustificado que obtuvo durante el periodo del año 2018 a 2023. También se probará que la información exógena de terceros da cuenta del gasto de esos dineros adquiridos de forma presuntamente ilícita que exceden el monto lícito adquirido por él”, afirmó la fiscal Lucy Laborde.La Fiscalía sostuvo que, por otro lado, quisiera la autorización para utilizar los seguimientos realizados a los familiares de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el 'Hombre Marlboro', y Alfonso 'el Turco' Hilsaca, con el fin de verificar si se llevaron a cabo encuentros con Nicolás en los que les fueron entregados dineros de forma ilegal.Las solicitudes probatorias restantes serán anunciadas por las representantes de la Fiscalía los días 11, 12 y 13 de febrero del 2025, fecha agendada por el juez Hugo Carbonó para los próximos encuentros en los que Petro Burgos podrá seguir presentándose de manera virtual. Las citas iniciarán desde las 8:30 de la mañana.
El juez Hugo Carbonó oficializó este lunes la suspensión de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos, la cual se desarrolla desde la mañana de este lunes en el centro de servicios judiciales de Barranquilla.Este cierre anticipado de la diligencia fue pedido por los representantes de la Fiscalía, quienes manifestaron la necesidad de hacer un filtro en sus solicitudes probatorias para no alargar el proceso repitiendo contenidos como ha sucedido en encuentros anteriores.“Señoría como en la audiencia anterior se repitieron algunos elementos en la enunciación, solicita esta delegada se permita continuar el día de mañana (martes) con la solicitud probatoria a fin de realizar aquí un filtro”, fueron las palabras que utilizó la fiscal Lucy Marcela Laborde.El juez vio con buenos ojos esta posibilidad, por lo que dio luz verde para la suspensión y agendó el resto de la audiencia para el día de mañana martes, a la 9:00 de la mañana en el mismo lugar.Sin embargo, envió un llamado de atención. “Se exhorta a la Fiscalía, comedidamente, para que en el día de mañana (martes) traiga el material organizado y evitar así retrasos”, respondió.Entre las pocas cosas mencionadas por la Fiscalía se destacó la relevancia del testimonio de Juan Camilo López Linares, uno de los investigadores del CTI que hacían parte del grupo del fiscal Mario Burgos.En este, según las voceras del ente, se confirmaría por ejemplo la entrevista a una de las trabajadoras de servicios generales de Nicolás, la cual sería testigo de la presunta recepción de dineros ilícitos y su ubicación en una caja fuerte.Cabe recordar que la defensa en este mismo día había asegurado que usaría 30 testigos para demostrar la inocencia de Petro Burgos, entre los cuales destacan precisamente el fiscal Mario Burgos y la ex vicefiscal general Martha Janeth Mancera.Antes de ser suspendida la audiencia, Nicolás Petro le declaró al juez que para la cita de este martes asistirá de forma virtual.
La familia de Javier Vásquez, el ecuatoriano de 37 años que fue encontrado muerto en un hotel del centro de la ciudad, habló con Blu Radio sobre el proceso que atraviesa y la búsqueda incansable por la verdad sobre la muerte de su hijo.Sobre el ecuatoriano, hasta el momento, solo se conoce que estaba de paso por la ciudad para disfrutar de Navidad y que después tomaría rumbo a Cartagena acompañado por su madre, sus hijos y su hermano. Sin embargo, Javier desapareció sin dejar mayor rastro, solo se conoce indicios de un encuentro con una mujer que habría conocido por una aplicación de citas, transacciones del día de su desaparición, de 2.000 dólares desde sus tarjetas bancarias y unas publicaciones en compañía de varias personas. Después de esto, todo rastro de Javier fue incierto, hasta el 23 de diciembre, día del hallazgo de su muerte.Su padre le confesó a Blu Radio que ha sido un proceso duro y que siente que las autoridades no han hecho lo suficiente para frenar los actos delictivos que han dañado la imagen del turismo."Es demasiado duro y como usted comprenderá, pues, acá quizá el Gobierno y muchas autoridades no han hecho nada por frenar estos actos delictivos formados por bandas, que obviamente no es solamente en Colombia, pero es aquí donde se da más y ha dañado la imagen de este país para el turismo", expresó el padre."Nosotros como padres, como ciudadanos extranjeros, como profesionales no podemos permitir que esto quede en la impunidad toda vez que ha sido de parte de nosotros que científicamente, socialmente, hemos aportado para que se realice y se pueda determinar inclusive el lugar en donde me dejaron a mi hijo", concluyó.A pesar de esto, el padre de Javier resaltó la colaboración de algunas autoridades con la investigación y mencionó que espera que la repatriación de su hijo se dé próximamente."Nos encontramos buscando en este momento que la repatriación del cadáver de mi hijo sea lo más pronto posible y que fundamentalmente la investigación continúe porque eso es lo más importante", expresó el progenitor."A las autoridades colombianas, primero, al Departamento de Toxicología, si no me equivoco, que dice la Policía que está ubicado en Bogotá, que por favor nos ayuden lo antes posible, lo pronto con la realización de estos exámenes para que se pueda continuar obviamente la investigación de este caso que ha conmovido primero a nosotros como familiares y a los ciudadanos de mi país", añadió. "Por favor, las autoridades civiles, policiales, militares inclusive, tienen que dar el apoyo al extranjero que viene a dejar dinero en este país y no a llevarse cadáveres de familiares que vienen a hacer turismo y que ya no podemos regresar", finalizó.Por último, el padre de Javier, realizó una petición a las autoridades colombianas, para que la muerte de su hijo no quede impune y expresó que la familia no se quedará quieta hasta encontrar la verdad sobre su muerte.
En un operativo de rutina llevado a cabo el pasado sábado 7 de diciembre, la Policía de Bucaramanga capturó en el barrio Balcones de Kennedy a Jesús David Jaimes Sánchez, un creador de contenido digital de 28 años, quien era buscado por la justicia para cumplir una condena relacionada con el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones.El procedimiento ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche, cuando agentes del CAI Kennedy realizaron un control de antecedentes. Al ingresar el número de cédula de Jaimes Sánchez, los sistemas arrojaron una orden de captura vigente emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, con fecha del 18 de noviembre de 2024.La orden había sido expedida por el cumplimiento de una condena pendiente por el delito mencionado.Jesús David Jaimes Sánchez, conocido como 'El Maniako', se identificó como creador de contenido digital, actividad que realizaba en Bucaramanga, donde también reside.El capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para el cumplimiento de su sentencia.
Un juez de Cimitarra sentenció a 41 años de prisión a Carlos Estiven Martínez Barrera, de 29 años, tras confesar el feminicidio agravado de Yuly Henao López, docente de 48 años, y la tentativa de homicidio contra los hijos de la víctima. La condena fue el resultado de un preacuerdo entre el acusado y la Fiscalía. El feminicidio ocurrió el pasado 25 de junio en una vivienda del barrio Diamante, donde Martínez atacó con un arma blanca a la profesora y sus hijos cuando estos intentaron defenderla. Según la investigación, el agresor remató a la docente tras herirla gravemente y, luego, persiguió e hirió a sus hijos antes de ser capturado por la Policía.El abogado de las víctimas, Édgar Giovanni Pérez Martínez, calificó al feminicida como una persona “sádica”, debido a la brutalidad del crimen, subrayando que este mantuvo un patrón de violencia que escaló hasta el asesinato.Por su parte, la defensa de Martínez argumentó que las agresiones contra los hijos de la docente debían considerarse como lesiones personales y solicitó medidas menos restrictivas, como la detención domiciliaria. Sin embargo, el juzgado rechazó esta solicitud, señalando el peligro que representa el acusado y el historial de agresiones previas.Durante la audiencia preliminar, se reveló que Martínez ya había sido denunciado por violencia contra otras dos mujeres, a quienes atacó físicamente y amenazó de muerte. La Procuradora 213 Judicial Delegada en lo Penal describió al agresor como “un individuo violento, celotípico y acosador”, destacando el grave riesgo que representa para la sociedad y las mujeres.
El escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo -UNGRD tiene nuevas aristas y acusaciones que tendrán que ser evaluadas por la justicia para determinar los alcances que habría tenido la operación de presunta “compra” de conciencias de congresistas por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro para sacar adelante sus proyectos en el Congreso.María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, en su declaración ante la Fiscalía, detalló la forma en la que ella habría tenido que entregar en sobre cerrado, los detalles de los proyectos que el Gobierno, según ella con el visto bueno del ministro Ricardo Bonilla, habría entregado en Invías a un grupo de congresistas a manera de cupos indicativos, para garantizar la “gobernabilidad” en el legislativo.Benavides, quien negocia un principio de oportunidad con la Fiscalía, entregó el listado de proyectos viales, con el monto, el sitio y el congresista al que le habrían dado ese “caramelo”, según dijo, con conocimiento del asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo y con la presunta participación de Juan José Oyuela, alto funcionario de Invías.En el listado de los congresistas beneficiarios que entregó Benavides, están el presidente del Senado, Efraín Cepeda, el representante a la Cámara del partido de La U, Juan Carlos Garcés, Juan Diego Echavarría, representante liberal, Jairo Castellanos, senador de la ASI, Juan Pablo Gallo, José Gnecco, Liliana Bitar y Karina Espinosa, todos ellos integrantes de las Comisiones Económicas del Congreso, cuyos votos eran clave para la aprobación del presupuesto general de la Nación de 2024.Esta nueva arista del escándalo, que tendrá que ser evaluada por la Fiscalía y por la Corte Suprema, se suma al caso que ya se adelanta contra seis congresistas y contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por haber presuntamente entregado tres contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo por 92 mil millones de pesos, a cambio de que emitieran conceptos frente a empréstitos de la Nación desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.Mientras hoy sigue el desfile de los congresistas ante la Corte Suprema en indagatoria, hoy tendrá que asistir el representante a la Cámara conservador Wadith Manzur, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla pidió ser escuchado en la Fiscalía, según él, para desvirtuar que se haya tratado de una actuación ilegal. La última palabra la tiene la justicia.
La Corporación Defensoría Militar emitió un comunicado en el que hicieron un llamado para proteger la equidad y la verdad judicial en los procesos, respetando tanto a víctimas como a los acusados.“A lo largo de la historia, la justicia ha sido clave para construir sociedades equitativas. Sin embargo, en ocasiones, su verdadero propósito de proteger los derechos humanos y garantizar la equidad ha sido opacado por intereses de poder. Hacemos un llamado urgente a reivindicar los valores fundamentales que la justicia representa: equidad, verdad y respeto por los derechos de todos los involucrados”, dicen desde la Corporación.En el mismo sentido aseguran que la justicia no debe ser utilizada para revictimizar a quienes ya han sufrido.El pronunciamiento se da en medio de las polémicas que se han desatado en los últimos días por algunas investigaciones sobre el conflicto armado.“Desde la Corporación Defensoría Militar, recordamos que la justicia debe ser equitativa, imparcial y profundamente respetuosa de los derechos humanos. Exigimos una sociedad que no revictimice, ni utilice la justicia como un tema de debate político. Es momento de reconocer que, detrás de cada decisión judicial, hay vidas humanas que merecen respeto, protección y justicia”, agregan desde la Corporación.
El peligroso narcotraficante Óscar Camargo Ríos, alias 'Pichi', logró evadir las autoridades tras fugarse de su apartamento en el exclusivo sector de El Poblado, Medellín, donde cumplía una medida de detención domiciliaria que había sido revocada recientemente. Su fuga ha generado un fuerte revuelo en el país, y las reacciones no se han hecho esperar.El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, expresó su preocupación y señaló que este incidente envía un grave mensaje sobre la seguridad jurídica en Colombia. "La fuga de alias ‘Pichi’ y todo lo que rodeó su caso en los últimos días, da un mensaje de inseguridad jurídica a todo el país", afirmó el mandatario local, criticando la aparente falta de coordinación entre las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.El mandatario local también hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, resaltando que la prioridad debe centrarse en proteger a Bucaramanga, una ciudad golpeada por el narcotráfico y las guerras territoriales entre bandas criminales."Las instituciones, al parecer, no están alineadas en la reacción, y desde el Gobierno Nacional se envían mensajes de permisividad con la delincuencia que recalan en estos peligrosos criminales", advirtió, señalando las consecuencias de la falta de acción frente a estos delincuentes de alto perfil.La preocupación del alcalde se enfoca especialmente en los niños y adolescentes que, según él, son las principales víctimas de las redes de microtráfico controladas por alias 'Pichi' y su organización."La prioridad nacional ahora debe ser la seguridad de Bucaramanga, el bienestar de los niños y adolescentes que son víctimas de las redes de microtráfico que este delincuente maneja, sumado a la guerra entre bandas que se disputan el territorio", manifestó.Beltrán también fue enfático en su solicitud para que se refuerce el pie de fuerza en la ciudad y se preste especial atención a la seguridad local."Como alcalde pido a las autoridades, y al Gobierno Nacional, no solo la recaptura de alias ‘Pichi’, sino también que se redoble el pie de fuerza para nuestra ciudad y se atienda la seguridad de Bucaramanga como prioridad", exigió.La fuga de alias 'Pichi' ocurrió luego de que, según un reporte del Inpec, el pasado jueves en horas de la tarde se le pasara revista en su domicilio, donde aún se encontraba presente.Sin embargo, poco después de la visita, el brazalete electrónico que monitorizaba su ubicación emitió una alerta de transgresión, lo que llevó a las autoridades a retornar al lugar, encontrándolo ya desocupado. Las autoridades han activado un operativo de búsqueda en conjunto con la Policía Nacional para lograr su pronta recaptura.
Óscar Camargo Ríos, alias ‘Pichi’, reconocido como uno de los delincuentes más peligrosos de Bucaramanga y vinculado a múltiples homicidios relacionados con el tráfico de drogas, se ha fugado de su residencia en Medellín, donde cumplía prisión domiciliaria. El narcotraficante, condenado por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, estaba bajo vigilancia en su casa, ubicada en el exclusivo sector de El Poblado.Según un informe firmado por el director de la cárcel de Itagüí, la fuga fue descubierta este jueves cuando funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) llegaron a su residencia para recapturarlo tras ser revocada la medida de detención domiciliaria y no lo encontraron. En la zona solo fue encontrado el brazalete. La situación ha encendido las alarmas en las autoridades locales y nacionales, que ya se encuentran tras su búsqueda.Alias ‘Pichi’ ha sido un personaje polémico, no solo por su vinculación con organizaciones de narcotráfico y homicidios, sino también por haber sido mencionado en supuestas discusiones del Gobierno como posible gestor de paz, sin embargo, el presidente Gustavo Petro desmintió dicha información. Su fuga pone en tela de juicio las condiciones bajo las cuales se le otorgó prisión domiciliaria y ha generado críticas hacia el sistema de justicia.Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre su paradero, pero se cree que ‘Pichi’ pudo haber planeado la fuga con anticipación. La Policía Nacional y el Inpec han desplegado operativos en Medellín y otras ciudades del país para recapturarlo.¿Qué dice el Inpec de la fuga?Se conoció de parte del Inpec que el pasado jueves, en horas de la tarde, se le pasó revistar al señor y se encuentra en el domicilio. Una vez se va la revista, el brazalete emite alerta de transgresión en el centro de monitoreo y, ante la alerta, se envía de nuevo cuadrilla de domiciliaria y ya no se encuentra en la vivienda, por lo que se hizo el informe al juez del caso y, actualmente, se adelanta el protocolo.
En medio del debate sobre la reforma a la justicia, una de las propuestas que más controversia ha generado es la modificación del principio de oportunidad, una figura clave en el sistema penal. Este principio permite suspender, interrumpir o desistir de la acción penal en determinados casos a cambio de la cooperación del investigado con las autoridades.La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en una entrevista en Mañanas Blu, aclaró el alcance de esta medida dentro de la reforma y responder a las críticas que han surgido.El alcance de la reformaBuitrago subrayó que la reforma busca fortalecer el sistema de justicia y mejorar la eficiencia en la administración de casos penales.“El principio de oportunidad no desaparecerá, pero sí se ajustará para evitar abusos y garantizar que solo se aplique en situaciones donde realmente aporte a la justicia”, explicó la ministra. Esta declaración surge en respuesta a las preocupaciones de que el uso excesivo de esta figura podría llevar a la impunidad, especialmente en casos de corrupción o delitos graves.Según la ministra, actualmente hay un vacío en el control de la aplicación del principio, lo que ha permitido que algunos acusados lo utilicen como una estrategia para eludir condenas.“Es necesario regularlo de forma más estricta para que no se convierta en un mecanismo de escape para quienes deben enfrentar la justicia”, añadió.Críticas y polémicaLa propuesta de reforma no ha sido bien recibida por todos los sectores. Algunos juristas y políticos han manifestado que los cambios al principio de oportunidad podrían debilitar la cooperación en investigaciones complejas, como las relacionadas con el crimen organizado. Temen que los nuevos controles desincentiven a los implicados en estos casos de colaborar con las autoridades, afectando así la resolución de investigaciones clave.¿Qué cambiaría en el principio de oportunidad?El principal cambio que la reforma propone es limitar el alcance del principio de oportunidad en casos que involucren delitos graves, especialmente aquellos relacionados con corrupción, narcotráfico y violencia sexual.“No podemos permitir que quienes han cometido delitos de alto impacto utilicen este mecanismo como una vía rápida para evadir sanciones”, explicó la ministra Buitrago. Además, según dijo, la reforma busca incrementar la supervisión judicial y establecer criterios más estrictos para conceder estos beneficios. El Gobierno también plantea introducir un sistema más riguroso de seguimiento a quienes se acogen al principio de oportunidad, para garantizar que cumplan con los compromisos de colaboración y reparación.“La justicia no puede quedar a medias. Si un acusado colabora, debe hacerlo de manera efectiva, proporcionando información útil que permita avanzar en las investigaciones”, agregó Buitrago.El impacto en el sistema judicialLa reforma a la justicia, y en particular la modificación del principio de oportunidad se presenta en un contexto de crisis de confianza en el sistema judicial colombiano. Según datos recientes del Consejo Superior de la Judicatura, el 85% de los colombianos considera que el sistema de justicia es ineficiente, y uno de los principales problemas identificados es la falta de celeridad en los procesos penales. La ministra Buitrago confía en que la reforma ayudará a cambiar esta percepción.“Este es un paso necesario para restaurar la confianza en nuestras instituciones y asegurar que la justicia se aplique de manera equitativa y eficiente”, afirmó.
