La Jurisdicción Especial para la Paz y la alcaldía de Medellín presentaron la Mesa Metropolitana del Valle de Aburrá para Procesos Restaurativos con la cuál los comparecientes pagarán las sanciones impuestas por los magistrados de la JEP. Según la información entregada, son cerca de 10 entidades estatales que estarán participando en la reparación de víctimas del conflicto armado en el país.La mesa será la primera de esta magnitud en Colombia y tendrá la visión de víctimas y quienes fueron los perpetradores de los criminales que están dispuestos a aportar su versión para tratar de reparar a las personas que de una u otra manera fueron víctimas de hechos delictivos ocurridos en el departamento de Antioquia.Precisamente, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, indicó que serán varias las sanciones con las que más de 400 comparecientes rendirán cuentas en la región."Hemos comenzado con estas de educación en el riesgo de minas y desminado, reconstrucción ambiental, búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Pero también habrá cuestiones de generación de ingreso, obras de dotación comunitaria, escuelas, centros de salud, incluso vías", relató Vidal.Aunque la estrategia ya comenzó con algunos proyectos en Dabeiba, ahora se centrarán en el Valle de Aburrá con la memorialización de las víctimas y otros actos de perdón. La Jurisdicción Especial para la Paz destacó que los proyectos tendrán duraciones desde 1 hasta los 8 años.Sin embargo, lo que destacan desde la JEP es que una de las acciones que más significado tiene para las autoridades es la de la búsqueda de personas desaparecidas, puesto que los victimarios están dando información que por años permaneció en silencio. "La búsqueda de personas dadas por desaparecidas que no había sido posible esclarecer en la justicia ordinaria y que en relativamente pocos meses han significado la devolución y la entrega digna de restos con plena identificación a familias que no tenían ninguna respuesta positiva durante muchos años 15 a 20 años", dijo el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Suárez.En este sentido, Luz Mery Velásquez, víctima del conflicto armado con la desaparición de su esposo en 2001, relató que la mejor reparación que pueden recibir las personas que han sufrido la violencia es poder encontrar a sus seres queridos."Lo más sanador para nosotros víctimas de desaparición forzada es la entrega de nuestros desaparecidos. Ese es nuestro objetivo dentro de nuestro proyecto restaurativo", destacó la víctima.Finalmente, desde la alcaldía de Medellín indicaron que en esta mesa también se tocarán temas de La Escombrera y que esperan una participación activa de más de 600 personas solamente en la capital de Antioquia.
La Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz está llevando a cabo un ciclo de conferencias sobre la terminación del conflicto y la construcción de paz.En las últimas horas, se realizó una de estas conferencias en la JEP. A dicho evento asistió Francisco Toloza, quien fue designado por la Segunda Marquetalia como vocero civil en los diálogos con el Gobierno.Es importante recordar que los líderes de la Segunda Marquetalia retornaron a las armas tras firmar el acuerdo de paz en 2016, y varios de sus integrantes han sido expulsados de la JEP por evidentes incumplimientos.Blu Radio consultó a la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz sobre esta situación, y desde la entidad explicaron que Toloza tiene un contrato vigente desde el 2 de marzo hasta el 2 de octubre, cuyo objetivo es “contribuir a los análisis de contexto y facilitar procesos de pedagogía de paz”.Por otro lado, también se consultó a la Oficina del Comisionado de Paz si Toloza aún es vocero civil de la Segunda Marquetalia y, hasta el momento, la designación por parte de ese grupo sigue en firme.La Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz se encarga de garantizar el cumplimiento de lo acordado durante las negociaciones en La Habana, Cuba, bajo el gobierno de Santos.Francisco Toloza es docente de la Universidad Nacional y también estuvo presente en la instalación de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno y la Segunda Marquetalia en Venezuela.
El general en retiro Henry William Torres Escalante, quien fue comandante de la Brigada XVI con sede en Yopal, Casanare, aceptó su responsabilidad en casos de falsos positivos ocurridos durante su mando en esa unidad militar. El pasado 23 de julio, Torres envió un documento a la JEP solicitando la organización de un espacio con las víctimas, con el propósito de entregar una medalla que le fue otorgada por los resultados operacionales obtenidos durante su comandancia en dicha brigada.Una vez se conoció la decisión del general, la Asociación de Víctimas de Casanare para la Paz (Casa-Paz) envió un documento a la JEP expresando su postura sobre el tema. En primer lugar, las víctimas aseguran que Torres Escalante no ha cumplido con sus compromisos, ya que sus aportes a la verdad han sido incompletos."Lo anterior se sustenta en su amplio rechazo a aceptar responsabilidad por delitos cometidos en calidad de autor, es decir, por su acción y no por simple omisión. Esto se debe a que tuvo todas las herramientas y el poder para intervenir, dar órdenes y movilizar completamente el aparato criminal que, desde la Brigada XVI, ejecutó delitos como concierto para delinquir, secuestro agravado, tortura, homicidio de persona protegida, entre otros tantos, convirtiendo a Casanare en un capítulo más del genocidio en Colombia contra la población campesina y vulnerable entre los años 2005 y 2008", se lee en el documento enviado a la JEP.La organización también advierte a la jurisdicción que Torres Escalante no ha esclarecido las amenazas contra el entonces Defensor del Pueblo, Mauricio Mojica, quien denunció las ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, recuerdan que el general fue imputado por la Fiscalía por otros casos de homicidios que, según las víctimas, él no ha podido desvirtuar. Por ello, piden que no se realice la entrega de la medalla hasta que el general amplíe su aporte a la verdad."Por tanto, la entrega de la Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público no satisface los vacíos de verdad y aceptación de responsabilidad en crímenes de lesa humanidad en Casanare. Estos vacíos deben ser ampliamente llenados. La entrega de dicha medalla debería estar condicionada a un aporte de verdad oportuno, amplio y suficiente por parte de Henry William Torres Escalante, en nombre de cada una de las víctimas y sus familias, aceptando sus crímenes, así como la naturaleza, magnitud y duración del daño ocasionado, y reconociendo los impactos directos e indirectos causados a la sociedad casanareña, asumiendo su culpa de manera pública. No debe limitarse a una referencia abstracta a 'las víctimas' a quienes ha causado 'un daño', sino que la sociedad debe conocer los pormenores de sus crímenes, con la finalidad de restituir el buen nombre de las víctimas y cesar la estigmatización a la que hemos sido sometidos durante más de dieciocho años como resultado de los crímenes cometidos por Henry William Torres Escalante", explicó la organización en el documento.Finalmente, desde la organización aseguran que Torres Escalante ha despreciado la dignidad de las víctimas al aceptar su responsabilidad solo por omisión en los casos de ejecuciones extrajudiciales."En consecuencia, percibimos la aceptación de responsabilidad por omisión de Henry William Torres Escalante como una burla a la dignidad y la memoria de las víctimas por parte de uno de los máximos responsables dentro del aparato criminal conformado en Casanare, integrado por el Ejército Nacional de Colombia, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), reinsertados y paramilitares, por solo mencionar algunos actores", advirtieron las víctimas a la JEP.
Aunque escucharon las palabras de perdón que tanto anhelaron por parte del Estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales de las que fueron víctimas sus seres queridos, las familias siguen esperando una reparación económica por parte del Gobierno.De hecho, así lo reclamó en nombre de al menos 17 familias el abogado Javier Villegas, quien aunque representa a 26 de los 35 casos de los llamados falsos positivos en los que en un acto las fuerzas militares aceptaron su responsabilidad, manifestó que para esa cantidad aún no han llegado los recursos económicos y que estos gestos deben estar acompañados de reparaciones económicas.“No han sido reparadas en debida forma. Algunos desde hace cuatro o cinco años están a la espera de que el Estado cumpla con la obligación de reparar a las familias en debida forma. Por lo tanto, estos actos, sin esos actos de reparación reales y efectivos, adolecen y quedan incompletos y revictimizan de cierta manera a las víctimas”, manifestó Villegas. Ante este panorama en el que algunas familias llevan seis años esperando a que sean compensados económicamente, en cumplimiento de las sentencias, el ministro Iván Velásquez señaló que están en trámite y que trabajan en un grupo de liquidación de sentencias para cumplirles a las víctimas."Desde principios de año la conformación de un grupo especial de liquidación de sentencias con el propósito que podamos acelerar (...) No es posible, ni siquiera en la situación de hechos de tanta gravedad como estos de las ejecuciones extrajudiciales, puedan irrespetarse esos turnos", dijo el ministro.Para el abogado Villegas, estos recursos debieron haber llegado a las familias desde antes de este acto de perdón, que se llevó a cabo en el Museo Casa de la Memoria en Medellín este miércoles. Por lo pronto, ya fueron presentadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ocho denuncias, con más de 15 casos de falsos positivos.Según la Jurisdicción Especial para la Paz, solo entre 2002 y 2008, en Antioquia, se registraron 1.611 casos de ejecuciones extrajudiciales, representando un 25% del total de víctimas ocurridas en el país durante esos años.A la fecha, 4.000 exintegrantes de la fuerza pública se han sometido a esta Jurisdicción, mientras que nueve militares han sido imputados en el subcaso Antioquia, entre ellos el general (retirado) Mario Montoya, por 130 ‘falsos positivos’ en el oriente de este departamento.
Un equipo forense conformado por la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, Medicina Legal y la Jurisdicción Especial para la paz, exhumó 16 cuerpos que estaban en bóvedas del Cementerio Religioso Municipal de Apartadó, Antioquia. Estos hallazgos podrían corresponder a habitantes de Córdoba, Chocó y Antioquia desaparecidos entre 2007 y 2016, en el contexto del conflicto armado.La intervención forense en las bóvedas del pabellón Ángel de Mi Guarda de este camposanto, realizada entre el 10 y el 14 de junio de 2024, fue ordenada por la magistrada Nadiezhda Henríquez de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.En terreno, la magistratura contrastó los aportes a la verdad de los comparecientes, las piezas procesales y la documentación médico-forense recabada en el marco de la investigación del Caso 04, que priorizó la situación territorial de la región de Urabá. Según la magistrada, todo comenzó en Dabeiba y ahora se presume que en los cementerios de Apartadó y Carepa hay cuerpos de víctimas de falsos positivos."Dispusieron los cuerpos, finalmente, en ya sea en el cementerio de Decarepa y también en el cementerio de Apartado. Allí estamos buscando los cuerpos de otras personas que fueron asesinadas por el Ejército Nacional en el fenómeno de los falsos positivos en el departamento", dijo Henríquez.En el transcurso de la diligencia, cerca de 100 habitantes de Chocó, Córdoba y Antioquia se acercaron al cementerio para reportar la desaparición de sus seres queridos. Sobre el balance, se refirió Patricia Latorre, coordinadora de la Unidad de Búsqueda en Urabá."Logramos hacer la exhumación o rescate de 16 cuerpos y tenemos 9 cuerpos con identidad orientada, 15 tomas de muestra e hicimos la atención a 100 familias. Los cuerpos que fueron exhumados, algunos provienen de otros departamentos", agregó Latorre.Como resultado de la diligencia, los equipos forenses pudieron establecer que 14 de los 16 cuerpos exhumados tenían expediente medicolegal en Medicina Legal. Por esta razón, según informó la entidad, a estos se les aplicó una metodología que se conoce como Verificación de correspondencia de información post mortem in situ. El método consiste en contrastar los cuerpos exhumados y hallazgos forenses con protocolos de necropsias practicadas en el momento de la muerte. En total, los forenses lograron orientar la identidad de nueve personas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), excluyó a 2.772 personas porque no cumplían los requisitos para ser aceptados por este alto tribunal. El alto tribunal detalló en un comunicado que en otros casos, la Sala determinó que se trataba de procesos que no tenían nada que ver con el conflicto armado colombiano.De acuerdo con la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el mayor porcentaje de procesos rechazos corresponde a 1.750 solicitudes de antiguos integrantes de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de otros grupos armados al margen de la ley, quienes no hacen parte de la competencia personal, material o temporal de la JEP.A manera de ejemplo, dice la información, "se rechazó la solicitud de cinco excombatientes de las extintas FARC y de ocho personas que participaron en hechos de protesta social. Asimismo, la Sala determinó que 343 solicitudes de miembros de la fuerza pública estaban por fuera de la competencia de la JEP".Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFAl referirse a personas que intentaron beneficiarse de la JEP al solicitar su sometimiento por delitos comunes, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó a 582 terceros civiles y a 84 agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública.A las 2.772 exclusiones y rechazos definitivos se suman más de 700 amnistías concedidas a exmiembros de la desmovilizada guerrilla de las FARC, hoy convertida en el partido político Comunes, que tiene representación en el Congreso, según lo acordado en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno nacional y esa guerrilla en 2016.Para tomar esas determinaciones la Sala realizó un "arduo ejercicio de estudio, contrastación y verificación de las solicitudes".La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.Le puede interesar:
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, imputó a diez exintegrantes del Comando Conjunto de la extinta guerrilla de las Farc por casos de secuestro que se registraron durante el conflicto armado en Colombia. Cabe recordar que el Comando Conjunto tenía presencia en departamentos como Tolima Risaralda y en Quindio. Entre los imputados están: Édgar Ramírez Medina, ‘Onofre Camargo’; Víctor Hugo Silva, ‘Erick’ o ‘el Chivo’; Raúl Agudelo Medina, ‘Olivo Saldaña’ y Wilson Ramírez Guzmán, conocido como ‘Teófilo’.Estas personas son máximos responsables por casos de secuestro debido a que ostentaban el mando sobre los seis frentes, tres columnas y tres compañías del Comando Conjunto. Los secuestros se habrían presentado por tres razones diferentes: para financiar el grupo; para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para contribuir a mantener al control territorial."La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a 10 antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de la extinta Farc-EP por crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos", explicó la JEP.El Comando Conjunto alcanzó a tener 1.180 integrantes y serían responsables de al menos 111 casos de secuestro, extorsionaron en la región a personas relacionadas con los sectores del arroz, transporte, café, petrolero, contratación pública y energía, así como tasas a la cerveza y a la gasolina."Fuera de una breve bonanza de la amapola a principios de los noventa, el Comando Conjunto no tuvo otras fuentes de financiación que el dinero obtenido de las empresas legales y personas particulares en su territorio. Así, a falta de otras fuentes de financiación, era con las extorsiones y los secuestros buscaban financiar la tropa, las operaciones militares, y enviar una cuota al secretariado. Para financiarse esta antigua estructura guerrillera desarrolló la combinación ágil de la extorsión con el secuestro", puntualizó.Si las personas decidían no pagar la extorsión eran secuestradas y también las amenazaban de muerte y con destruir sus propiedades. Ahora, las personas responsables de estos casos tendrán 30 días hábiles para reconocer o no los hechos, si no aceptan, enfrentarán un juicio y podrán pagar hasta 20 años de prisión."Las fuentes contrastadas por la JEP señalan que la Comisión Financiera Manuelita Sáenz estuvo integrada por alrededor de 40 personas ubicadas en pueblos del Tolima y del Huila y en la capital de Ibagué. En la versión colectiva ante la JEP, el compareciente Víctor Hugo Silva ‘Erick’ o ‘el Chivo’, uno de los imputados en esta decisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad, reconoció que la cuota para el secretariado llegó a ser de 2.000 millones de pesos al año de esa época. Para tratar de cumplir con esa meta le cobraban a la minería ilegal un gramaje en oro y que era entregado directamente al Secretariado", dijo la JEP.Le puede interesar
El caso de Jorge Visbal Martelo, exsenador del Partido de la U y expresidente de Fedegán, condenado a nueve años de prisión por sus nexos con el paramilitarismo, no va más en la Justicia Especial de Paz.Jorge Visbal Martelo había presentado una solicitud de sometimiento como agente del Estado no integrante de la fuerza pública y se esperaban sus aportes de verdad frente a hechos del paramilitarismo en el conflicto armado.El tribunal se pronunció en el mismo sentido en el caso de Sor Teresa Gómez, desmovilizada del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas.La JEP rechazó las solicitudes de sometimiento al considerar que no hicieron "aportes exhaustivos ni representativos a la verdad". Sus casos serán enviados de nuevo a la justicia ordinaria.Cabe resaltar que, en noviembre de 2019, través de una petición enviada a la Sala de Definición de Situaciones Juridicas de la Justicia Especial de Paz, Jorge Visbal Martelo solicitó ser reconocido como víctima de la extinta guerrilla de las Farc y de los paramilitares, en ese tribunal especial.Entre tanto, en octubre de 2022, Sor Teresa Gómez, desmovilizada del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia, compareció ante la JEP como testigo en el marco del Caso 04 que investiga la situación territorial de Urabá.Le puede interesar:
En Bogotá se llevó a cabo la activación de la instancia de articulación entre el Gobierno nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se trata de un espacio de coordinación para “facilitar el cumplimiento y la ejecución armónica de las sanciones propias”, para las personas que están acogidas a la JEP y que aceptan toda su responsabilidad en diferentes crímenes.“En las sanciones propias nos vamos a jugar gran parte del acuerdo de paz, porque es allí donde las víctimas van a reclamar la responsabilidad de las personas que han cometido graves delitos en el contexto del conflicto armado, pero es allí también donde se puede ver un decaimiento del proceso si no hay una responsabilización seria, si las medidas no llevan a una reparación, a una respuesta al daño o no son lo suficientemente restauradoras”, aseguró Camilo Umaña , viceministro de Política Criminal del ministerio de Justicia.Asimismo, esta instancia estará bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia y participan la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Ministerio de Defensa, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Agencia de Renovación del Territorio.“El escenario más esperado con la acción de esta instancia tiene que ver con tener un grupo de proyecto funcionando en territorio, operados por el Gobierno Nacional, para que reciban a las personas que tengan su proceso en la JEP después de aportar verdad y reconocer su responsabilidad”, recalcó Roberto Vidal, presidente de JEP.Le puede interesar:
Carlos Mario Jiménez, conocido con el alias 'Macaco', fue un jefe paramilitar y comandó el Bloque Central Bolívar de las AUC, posteriormente fue extraditado a Estados Unidos y actualmente se encuentra recluido en Colombia.Recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, llamó a alias 'Macaco' a una audiencia única de verdad y, allí, deberá revelar datos desconocidos sobre el conflicto armado, además de las alianzas entre paramilitares y fuerza pública; como con sectores políticos. Dependiendo de su aporte a la verdad los magistrados decidirán si aceptan o no el sometimiento de 'Macaco' en la JEP.Sin embargo, se conoció hace semanas versiones que, según dicen, el exjefe paramilitar seguía delinquiendo con la banda 'La Cordillera'; teniendo en cuenta que la JEP no puede investigar delitos cometidos después del 2016 se hizo una solicitud a la Fiscalía y a la Policía para determinar si 'Macaco' estaba vinculado a alguna investigación con este grupo.“De esta consulta se obtuvieron varios resultados de noticias criminales seguidas en contra del mencionado señor, los cuales coinciden con los tipos de similitud 1 (100% similitud entre nombres y cedulas) y 2 (similitud entre cedulas del 100% y de los nombres mayor o igual 90%) criterios desarrollados por la Dirección de Políticas y estrategia para catalogar la mayor confiabilidad entre los datos que se buscan y los que reposan en el sistema de misionales de información. Sin embargo, ninguna de esas noticias criminales se adelanta por hechos ocurridos con posterioridad al 1° de diciembre de 2016”, señaló la Fiscalía.Por su parte, la JEP le consultó a la Policía Nacional sobre las anotaciones y antecedentes judiciales de Macaco y, allí, se encontraron 6 anotaciones que tienen relación con hechos que se registraron mientras fue jefe paramilitar.Le puede interesar
Hace poco se estrenó la famosa seria 'Como Agua Para Chocolate', inspirada en la novela de la autora mexicana Laura Esquivel, que cuenta con la producción ejecutiva de Salma Hayek. La historia relata el amor de Tita y Pedro, la cual se construye entre recetas de cocina y que supera todo esto.Miles de comentarios se han generado alrededor de este género, pues esto devolvió las ganas de millones de personas volver a ver nuevamente este género y la consulta creció: "¿cuáles son las mejores producciones de romance?", por eso, acá le contamos y le damos una serie de recomendaciones para ese gusto que busca.Cinco películas de romance recomendadasComo Agua para Chocolate (1992): una joven cocinera, Tita, ve su amor prohibido por Pedro frustrado por las tradiciones familiares. A través de sus exquisitos platillos, infundidos con sus emociones más profundas.Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004): Joel y Clementine, una ex pareja, deciden someterse a un procedimiento experimental para borrar todos los recuerdos del otro.Con todos menos contigo (2023): Peter y Nina, dos solteros atractivos, fingen ser pareja para asistir a una boda. Lo que comienza como una farsa se complica cuando ambos empiezan a desarrollar sentimientos reales el uno por el otro. Romper el círculo (2024): Ginny, una joven marcada por un pasado traumático, se enamora de Atlas, un hombre que la ayuda a sanar sus heridas. Juntos, deberán enfrentar los demonios del pasado para construir un futuro juntos.No te preocupes cariño (2022): Alice se muda con su esposo, Jack, a una comunidad utópica donde todo parece perfecto. Sin embargo, pronto comienza a sospechar que algo no está bien y que su realidad podría ser una ilusión. La mayoría de estas cintas se puede ver en streaming, principalmente en Max.
Las fracturas que tiene el proyecto de Paz Total no solo se están abriendo en los planes del Gobierno, también hay problemas en el interior de los grupos ilegales que en algún momento han intentado sentarse en las mesas de conversación.Según información de inteligencia militar, además de las divisiones que ya habían reportado en el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias, ahora hay nuevas disputas internas que podrían traducirse en un aumento en la violencia en departamentos como Cauca.Los datos obtenidos revelan que desde junio y julio del presente año hay problemas entre Wilmar Pazú Rivera alias ‘David’ o ‘Cholinga’, cabecilla de la estructura ‘Dagoberto Ramos’ e Iván Jacob Idrobo Arredondo alias ‘Marlon’ o ‘El Zarco’, cabecilla de la estructura ‘Isaías Pardo’, contra alias 'Iván Mordisco'.Con el seguimiento de inteligencia militar, el reporte de testigos así como el uso de otras herramientas, las autoridades han logrado documentar que la mayoría de los problemas están relacionados con el manejo de dinero en efectivo en cantidades “desproporcionadas y exorbitantes” e instrucciones sobre el fortalecimiento del grupo.Uno de los hechos tiene que ver con el plan de Mordisco para expandirse en el Meta y Guaviare y aumentar la guerra contra alias Calarcá, quien quedó al mando de la otra facción del EMC. En medio de esto, ha ordenado aumentar el reclutamiento tanto de menores como adultos valiéndose de uno de campamentos de entrenamiento destinados a enseñar sobre manejo de armas y uso de explosivos.Cabe recordar que el pasado 9 de noviembre, el Ejército abatió en Mesetas, Meta, a 10 integrantes de esas disidencias que habían llegado desde el Cauca para controlar el territorio.Sin embargo, dicen los informes de inteligencia, que aunque alias 'Chilonga' y alias 'Marlon' acataron la instrucción, la presión de Mordisco crecía y las fuerzas militares incrementaron las operaciones en zonas que limitan entre Valle del Cauca y Cauca, lo que dificultó cumplir la orden, pues necesitaban hombres para sus propias filas y no para enviarlos a los Llanos Orientales.“Ellos le argumentaron que la desmovilización, fuga de personal, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares los tenían muy apretados con la gente que tenían en la región de Páez, Morales, Suarez, Buenos Aires y Benalcázar, Cauca, así como en Jamundí, Valle del Cauca y en áreas limítrofes con Tolima y Huila. Pero su jefe no les aceptaba las razones”, dice un aparte de los informes.El otro punto de quiebre fue el de la reducción de las rentas ilícitas. Las disidencias habían logrado aumentar sus arcas con la minería ilegal, las extorsiones a comerciantes, campesinos, contratistas entre otros y las rutas del narcotráfico, pero, con el aumento de las operaciones militares, esos ingresos comenzaron ralentizarse y ya no tenían recursos para comprar armas o pagar a los cultivadores y productores de coca.La situación completa también fue reportada a Mordisco, pero dicen las fuentes de inteligencia, aseguran que este respondió con malos tratos y acusaciones contra los dos cabecillas mencionados de estar desviando dineros para otros temas, por lo que mantuvo la obligación de entregar el mismo recurso, pues el objetivo seguía siendo fortalecerse en el Meta.A esta radiografía se le suma el descontento por el manejo que Mordisco ha dado a las conversaciones con el Gobierno nacional, pues si bien alias 'Cholinga' y alias 'Marlon' no apostaban por un proceso de paz, el fin del cese al fuego los obligó a esconderse de nuevo y replegarse, por lo que han llamado “parásito” a Mordisco.“A raíz de esas diferencias, ellos dos consideran que más allá de dinero, protagonismo y hombres para la guerra, con las exigencias los están poniendo en riesgo por las constantes operaciones militares. Al no tener dinero, ni armas, ni municiones creen que son más vulnerables y pueden ser presa fácil para las autoridades”, dice el informe de las autoridades.Este informe de inteligencia se suma al revelado el pasado miércoles por BLU Radio en el que se logró identificar que Neftalí Riascos, alias ‘Marcos Pacífico’, segundo cabecilla del frente de Guerra Occidental del ELN, ordenó a sus subalternos ofrecer altas sumas de dinero a integrantes de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, para que lo traicionaran y entregaran información clave sobre ubicación de municiones y droga o desertar de ese grupo huelga.Entre tanto, en Cauca sigue la vigilancia especial para estar al tanto de lo que sería una nueva posible división e “independencia” de lo que hoy se conoce como bloque occidental Jacobo Arenas, que no sería la única fractura reciente, pues varias facciones de las disidencias al mando de alias 'Iván Márquez' también decidieron continuar su camino por otro rumbo.
No dejan de salir opiniones en torno al primer partido de los cuadrangulares finales de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe. Sin duda la goleada que consiguió el cuadro paisa dejó sensaciones positiva (5-0), pero cientos de cuestiones por la roja que recibió Efraín Juárez, al igual que algunos comentarios de otros hinchas.Pero, ahora, un nuevo dato salió a la luz que "le voló la cabeza" a los hinchas de Atlético Nacional porque les recordó el 2016, uno de los mejores años de la historia del club. Resulta, según publicó el club en sus redes sociales, el atacante Andrés Sarmiento hizo parte del equipo sub-20 que tuvo que disputar la semifinal contra Santa fe en 2016, que perdieron los verdolagas por goleada y, 8 años después, se "sacó la espina" con goleada y doblete."Sarmiento estuvo cuando enfrentamos a Santa Fe, con nuestros juveniles en la semifinal de Liga en 2016-2, porque debíamos irnos al Mundial de Clubes. Ayer le tocó estar ante el mismo rival en el cuadrangular y se jugó un partidazo, con dos goles determinantes", indicó el club en sus redes sociales.Esta fue la semifinal que Sarmiento perdió por goleada con Santa FeFue el 11 de diciembre de 2016 cuando Independiente Santa Fe visitó el Atanasio Girardot para enfrentar la semifinal de vuelta con Atlético Nacional. Pero el equipo titular que dirigía en ese entonces Reinaldo Rueda no pudo estar en el compromiso, pues tenía que viajar al Mundial de Clubes en su rol de campeón de la Copa Libertadores por lo que Nixón Perea tuvo que asumir el mando y usar el equipo sub-19 del cuadro verdolaga.Juan David Ramírez; Haider Borja, Carlos Cuesta, Cristian Moya, Tomás Maya; Albin Domínguez, Sebastián Támara; Rodin Quiñones, Juan Pablo Ramírez, Duván Uribe; Andrés Sarmiento fue el equipo que tuvo que buscar la clasificación en esa ocasión, pero sin éxito terminó goleado 4 a 0 en condición de local.
Una vez más, Movistar Arena recibirá al maestro Willy García este sábado, 23 de noviembre. El salsero llega para celebrar los 'Buenos Tiempos' de sus 30 años de carrera, que, hasta ahora, han sido lleno de anécdotas. Pero sería la segunda celebración en este 2024, pues hizo lo mismo el 6 de abril.“Bogotá siempre me recibe con mucha alegría. Es una ciudad que ha apoyado la salsa de toda la vida, uno llega al concierto y siempre le tienen el casete, el disco. Hay un gran apoyo y estoy feliz de venir a celebrar 30 años donde hay mucha complicidad del salsero capitalino donde mis canciones han sido exitosas. Mis etapas en las otras agrupaciones han tenido muchas vigencia e historias, entonces llegar a Bogotá es una felicidad de estar en un lugar donde apoyan el género”, manifestó en diálogo con Blu Radio.Michel ‘El Buenón’, Fito Foster ‘La Palabra’, el Conjunto Chaney, Los Hermanos Lebrón, Charlie Cardona, Javier Vásquez, Carlos Guerrero y la Choco Orta serán algunos de los invitados que tendrá García en esta edición, que, según dijo, tendrá más sorpresas que se guardará para el día del concierto para no darle falsas expectativas a sus seguidores."Mucha gente me ha preguntado por este segundo concierto en Bogotá. Mantendremos la expectativa, estoy súper emocionado y quiero decirles que va a ser espectacular. Las sorpresas que tenemos preparadas para todos los que asistan son únicas e inolvidables. Los espero en el Movistar Arena para que disfrutemos juntos”, añadió.El evento comenzará sobre las 8:30 para darle paso a la música de este icónico artista para la música colombiana. “La salsa te da posibilidad de bailar, de analizar, de dedicar y enamorarte. Lo más importante es cuando en cada show me encuentro con un papá, un hijo, una mamá o alguien que tiene una canción que se han dedicado", dijo en Blu Radio.
Un nuevo ataque sicarial conmociona la ciudad de Cartagena. Una menor de tan sólo 9 años resultó herida cuando hombres armados dispararon en contra de un hombre que se encontraba en la terraza de una vivienda en el sector Los Lagos del barrio El Pozón.La menor, que estaba en inmediaciones de la vivienda en plena vía pública, fue alcanzada por un disparo en medio del ataque criminal.De acuerdo al reporte que conoció BLU Radio, la pequeña recibió un disparo en el hombro izquierdo, y fue trasladada a un centro asistencial donde fue sometida a una cirugía y se encuentra estable.La otra víctima de este atentando, y al parecer a quien iba dirigido, es un hombre de 25 años que recibió un disparo en la cabeza. Su pronóstico es reservado.Según la Policía Metropolitana de Cartagena, este sujeto presenta 11 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, fuga de presos, hurto calificado, violencia intrafamiliar y violación a medida sanitaria.Este nuevo ataque sicarial se suma a dos hechos más de sangres, que se registraron en las últimas 48 horas en el barrio Las Palmeras, y que dejan dos víctimas fatales, entre ellos un hombre que se desempeñó durante años como pastor de un iglesia.En lo corrido del año en la ciudad de Cartagena se han registrado 236 muertes por sicariato, lo que representa un aumento del 11% para esta misma fecha en el año anterior.
