Luego de la plenaria de la Cámara de Representantes producto de la subcomisión o comisión accidental propuesta por las representantes Katherine Miranda, Carolina Arbeláez y Julia Miranda, para integrar a todos los partidos políticos y revisar el texto de la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, la situación de ataques y señalamientos a través de las redes sociales de una supuesta ‘jugadita’ agotó la paciencia de las congresistas.A través de su cuenta en la red social X, la representante Katherine Miranda anunció que tomará acciones legales contra aquellas personas y funcionarios públicos que han participado de los ataques en contra de la dignidad de las parlamentarias.“Tras los ataques, agresiones y violencia que he recibido en estos días, he decidido emprender acciones judiciales y disciplinarias contra bodegueros, funcionarios públicos y congresistas que me han violentado. @FiscaliaCol @PGN_COL. La política se tiene que hacer con argumentos, respetando al contrario, construyendo sobre lo construido, no con sicariato digital”, indica parte del comunicado.Otra de las congresistas que levantó su voz de protesta fue la representante Arbeláez, quien en medio de la plenaria describió cada uno de los epítetos que se hicieron en su contra.“Expresar mi completo rechazo al matoneo infame al que nos hemos visto víctimas, con las representantes Julia y Katherine Miranda, en estas últimas horas. Por parte, además, de sectores radicales afines a este Gobierno. Nos han tratado de zorras, de prostitutas, de marrulleras. De ahí para arriba es poema”, dijo, exaltada, la congresista.Le puede interesar:
A través de su cuenta de X, la representante Katherine Miranda acusó a las “bodegas petristas” de “matoneo y mentiras” que provocaron, según dijo, que su compañera Julia Miranda, quien presentó la proposición para crear una subcomisión para discutir la reforma a la salud, sufriera una “descompensación” y fuera hospitalizada.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Katherine Miranda respondió a las acusaciones que ya varios han hecho a través de redes sociales sobre una supuesta “jugadita” que ella y Julia Miranda habrían hecho para aprobar dicha subcomisión y que, justamente, desató los comentarios señalándolas de “mirandear”. Según comentó, el único error que cometieron fue “trabajar”.“Creo que realmente no hay un espíritu de consenso, que realmente quieren imponer una reforma, no les interesa las diferentes argumentaciones (…) Ellos dicen que los asaltaron en la buena fe, yo no tengo la culpa de que no estén atentos, no tengo la culpa de que no estudien, de que no lean y oigan lo que no se está aprobando; se aprobó por unanimidad la proposición”, señaló Miranda.Sobre la subcomisión, dijo que no es “nada raro”, pues cuando hay un proyecto de ley, que “de entrada tiene un buen espíritu, pero no hay consenso articulado, siempre se crean subcomisiones”, para “procurar” arreglar los desacuerdos y concretar un texto entre todos.“Con la doctora Julia no hay oportunidad a la maldad, ella siempre, en el Congreso, quiere que no peleemos, quiere que lleguemos a consensos, quiere que realmente las cosas salgan bien”, añadió.Sobre la llamada “jugadita”, contestó que “en ningún momento” habló con algún congresista del Pacto Histórico o algún otro partido y que tampoco distrajo a nadie. Por eso, la representante Miranda insistió en que con esto “no busca dilatar nada lo que están diciendo”, sino, según aseveró, “generar” un consenso.En ese sentido, dijo que se habla de un gran acuerdo nacional por parte del Gobierno nacional, pero “lo que se está viendo es que solo es de palabra”.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
En las últimas horas se desató un debate en el Congreso, dirigido desde el Pacto Histórico y el petrismo contra dos parlamentarias: Julia Miranda y Katherine Miranda. Ambas legisladoras fueron objeto de críticas y acusaciones por supuestas maniobras en el Congreso para reescribir la reforma a la salud, lo que ha llevado a un matoneo en las redes sociales. Julia Miranda se encuentra hospitalizada debido al estrés y la tensión provocados, al parecer, por estos ataques virtuales.En entrevista con Néstor Morales, la representante Katherine Miranda defendió su actuación y la de su colega en el Congreso. "Le están dando en redes sociales a ella y a Katherine Miranda la culpa por la incompetencia de los congresistas del Pacto Histórico. Siempre le echan la culpa a alguien", dijo la representante Miranda."Sorpresivamente, el debate de de control político no aparece en el orden del día, sino aparece en proyectos de ley. Entonces, en el momento de las proposiciones, donde todo el mundo tiene que estar atento a lo que se aprueba, pues presentamos la proposición con la con la intención de crear una subcomisión y ellos dicen que los asaltaron en la buena fe. Yo no tengo la culpa de que no estén atentos, yo no tengo la culpa de que no estudien, de que no lean, de que no vean lo que se está aprobando. Se aprobó por unanimidad la proposición. Esto no busca dilatar nada de lo que están diciendo, busca generar un consenso. Acá se habla de un gran acuerdo nacional por parte del gobierno nacional, pero lo que estamos viendo en la realidad es que ese gran acuerdo nacional solamente es de palabras", dijo.La controversiaLa controversia se originó por la votación para crear una subcomisión encargada de redactar una nueva reforma a la salud, una medida que no fue bien recibida por el Gobierno y el petrismo, quienes argumentaron que esto dilataría la discusión. Sin embargo, ellas defienden que su intención era buscar un consenso en el Congreso para sacar adelante una reforma que cuente con el apoyo de la mayoría de sectores políticos.La representante Katherine Miranda también destacó que el Gobierno no parece interesado en buscar consensos, ya que varios dirigentes de las EPS expresaron que era más fácil hablar con Carolina Corcho que con el ministro Jaramillo. La representante Miranda enfatizó que la crítica al Gobierno es legítima y que están buscando responsabilidades donde no las hay."Sigamos, a manera personal y yo creo que realmente no hay un espíritu de consenso de que realmente quieren imponer unas reformas que no les interesa, digamos, las diferentes argumentaciones, y creo que ese es el grave problema que se tiene. Sin embargo, hoy vamos a discutir, digamos, precisamente esta proposición, y yo espero que como se ha hecho históricamente en el Congreso, porque nunca se ha mantenido la discusión de un proyecto mientras haya aprobado una subcomisión", indicó.Respecto a la acusación de que habrían distraído a los congresistas del pacto histórico, Katherine Miranda explicó que presentaron la proposición para crear la subcomisión en el momento adecuado y que los representantes del pacto no estaban prestando atención a la votación. La proposición fue aprobada por unanimidad, y la representante afirmó: "No tengo la culpa de que no estén atentos, de que no estudien, de que no lean lo que se está aprobando".Julia Miranda, quien también es objeto de críticas, se encuentra hospitalizada debido a una descompensación. La representante Miranda espera que se honre el voto del Congreso y se forme la subcomisión para avanzar en la reforma a la salud.De abudinear a mirandearLa entrevista concluyó con una reflexión sobre el uso del término "mirandear" como sinónimo de actuar de manera poco leal. Katherine Miranda aclaró que el contexto de Abudinen era diferente, ya que implicaba la pérdida de 70.000 millones de pesos, mientras que en este caso están trabajando en beneficio del país."Como se los dije a ustedes en su momento, digamos, acá hay un tema de la libertad de expresión que uno sin lugar a dudas no puede coartar. Sin embargo, en el contexto de Abudinen había 70.000 millones de pesos perdidos y acá nos están acusando de o sea, el grave peligro, el grave error de nosotras fue trabajar. Entonces, si mi mirandear es sinónimo de trabajar, lo acepto", aclaró.En cuanto al futuro de la reforma a la salud, la representante Miranda considera que el Gobierno no cuenta con los votos necesarios y que es poco probable que la medida avance en el Congreso. La creación de la subcomisión es crucial, pero dependerá de la voluntad de los legisladores para llegar a consensos y mejorar la calidad del servicio de salud en Colombia.
El próximo 13 de marzo se celebrará una nueva jornada electoral en el país, en las que millones de colombianos podrán elegir el nuevo Congreso de la República. Sin embargo, muchos aún no saben con cuál candidato se siente más identificados en la listas al Senado y la Cámara de representantes. En Sala de Prensa BLU, algunos de los aspirantes dieron sus propuestas.Escuche las propuestas de los candidatos en Sala de Prensa BLU:Viviana Barberena: candidata al Senado con Alianza Verde Centro EsperanzaViviana es abogada de la Universidad del Externado y filosofa de la Universidad del Rosario. Es experta en relaciones públicas. Fue la gerente de la campaña al Senado de la República de Antanas Mockus. Ahora, es candidata al Senado de la República con el partido Alianza Verde Centro Esperanza. "Esta lista que representa la diversidad del país, se ha conformado con el grupo que forma parte de la coalición (...) El país ha avanzado bastante, la pandemia fue muestra de eso. Tenemos la necesidad de tener gobiernos territoriales capaces de tomar decisiones. Tenemos que cambiarle la visión al país", dijo.Julia Miranda: candidata a la Cámara de Representantes con el Nuevo LiberalismoJulia Miranda fue directora de Parques Nacionales entre 2004 y 2020. Es abogada de la Universidad Javeriana y es experta en medio ambiente con especialización de la Universidad del Externado. Fue directora de la Secretaría de Medio Ambiente en Bogotá, en la alcaldía de Antanas Mockus.Hoy Julia busca un puesto en el Congreso desde la Cámara de Representantes con el Nuevo Liberalismo. "Hay toda una acción orientada en que el servicio público en Bogotá mejore, que sean favorables al medio ambiente. Podremos mejorar la calidad del aire (...) Hoy no existe áreas protegidas municipales ni comunitarias, desde Parques Nacionales queríamos eso, pero no logramos, ahora sí podría ser posible".José Daniel López: candidato a la Cámara de Representantes con Cambio RadicalEl bogotano José Daniel López es egresado de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Empezó su camino en el sector público cuando fue asesor de David Luna en la Cámara de Representantes, entre 2007 y 2010. Fue investigador de "Congreso Visible", una labor que certifica el trabajo de los políticos. López es candidato a la Cámara de Representantes con el Cambio Radical. "Estoy aspirando a mi segundo periodo. Hemos impulsado tres diferentes reformas públicas: el aumento de la pensión laboral masculina; la ley de pasantías para que las prácticas sean validas como experiencia laboral y la ley del empleo al adulto mayor", contó.Julio César Turbay: candidato al Senado con el partido LiberalNieto del expresidente Turbay aspira al Senado con el Partido Liberal con el fin de impulsar diferentes proyectos en pro de la ciudadanía. "Quiero expresar mi preocupación e indignación de ver cómo opera la política en este país. Nosotros los colombianos no somos quienes elegimos, sino los corruptos desde el billete. Le ofrezco a los colombianos una visión empresarial en el futuro de Colombia; a través de la educación cerrar la brecha de desigualdad".María José Pizarro: candidata al Senado con el Pacto Histórico Hija de Carlos Pizarro, activista política y copresidente de la Comisión de Paz. Estuvo exiliada en su juventud del país y paso por Ecuador, Nicaragua y Francia, hasta que en 2002 regresó a Colombia. “Para que las guerras que hemos vivido no se vuelvan a repetir, hay que tenerlas siempre presentes. Yo aprendí la importancia de la memoria cuando empecé a rescatar la historia de mi padre.”María José aspira a un puesto en el Senado con el Pacto Histórico. "He estado recorriendo todos los rincones de este país, realmente no solo en un escenario de pedagogía y estamos contentos de que vamos a tener buenos resultados el próximo 13 de marzo. Que la gente entienda que llega una nueva forma de hacer política".
El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre la polémica que hay en torno a la renuncia de Julia Miranda como directora de Parques Nacionales Naturales. El líder del Centro Democrático negó rotundamente que haya tenido algo que ver con esta decisión y aseguró que fue él quien la llevó a esta entidad en el 2004.“En mi familia ningún interés hemos tenido ni tenemos en el parque Tayrona. Como presidente lo protegí con 700 familias guardabosques, con apoyos para que tuvieran fami hoteles, con la construcción de nueve pueblos indígenas concertados con sus comunidades para protección ambiental, con la instalación del Batallón de Alta Montaña y el desalojo de guerrillas y paramilitares”, aseveró.Además, Uribe señaló que siempre ha sido respetuoso de las determinaciones que ha tomado el presidente Iván Duque.Al respecto, desde el Gobierno han reiterado que todo se trató de una recomposición en esta entidad en el sector ambiental y no por presiones políticas.
Julia Miranda, directora de Parques Nacionales, pasó por los micrófonos de Travesía BLU para hablar de las áreas protegidas que ya están habilitadas para practicar ecoturismo en el país.Además, Miranda aclaró que no van a manejar el mismo aforo con el fin de “garantizarle a la gente que pueda entrar con orden y guardar distancia” para cumplir con los protocolos de bioseguridad.Asimismo, recomendó a los turistas realizar una reservación previa para no tener inconvenientes en el momento de visitar el parque.“Es buena idea hacer la reservación, en cada parque hay operadores turísticos que tienen sus páginas web, sistemas de reservación en línea o llamando a Parques Nacionales”, señaló.Entretanto, manifestó que los parques Gorgona y Otún Quimbaya ya están listos para recibir huéspedes que deseen quedarse allí.La directora también comentó que el parque natural Serranía de La Macarena, conocido por el río Caño Cristales, estará abierto al público en los próximos días.Escuche la entrevista completa en Travesía BLU.
Colombia ha sido elegida como el destino líder de Suramérica en la vigésima sexta edición de los World Travel Awards (WTA), considerados como los "Óscar del turismo", a propósito de este reconocimiento estuvo en Mesa BLU Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, hablando de los atractivos de nuestro país y de lo que se hace para conservarlos.“El país ha hecho un esfuerzo liderado por unos sabios que hace unos años vieron esa riqueza natural y decidieron que Colombia tenía que conservarlos, el Mono Hernández, Julio Carrizosa, Manuel Rodríguez Becerra, todos los científicos de la Universidad Nacional”, expresó.El primer parque que se declaró área protegida fue el de Cueva de los Guácharos, en el Huila, en 1960. Desde entonces, cuenta Becerra, aunque no hubiese inicialmente institucionalidad, hubo personas que se dedicaron a cuidar estas zonas.“Durante todos estos años estamos mediante la figura de área protegida conservando, hoy tenemos 17 y medio millones de hectáreas de parques naturales, ese es el tamaño de un país europeo”, reveló.En ese sentido, manifestó que actualmente hay abiertos al ecoturismo 23 parques, “con programas en los planes de manejo, con zonificación, establecida por la ley, para visitar áreas específicas”.“Por ejemplo, el parque Tayrona, tiene más o menos el 2 por ciento abierto para el ecoturismo”, explicó.Finalmente, aseguró que la estrategia a nivel mundial con estos parques “es que la gente los disfrute”, pero advirtió que “la prioridad es conservarlos y cuidarlos”.“Estas áreas protegidas son una herramienta fundamental para frenar la extinción y para enfrentar el cambio climático”, enfatizó.Escuche la entrevista completa con la directora de Parques Nacionales en el audio adjunto.
La directora del sistema de Parques Nacionales, Julia Miranda, dijo en entrevista con BLU Radio que sí habrá sanciones contra el indígena que mató a un oso de anteojos con la excusa de que tenía hambre y pasaba necesidades. “Esperamos que sean ejemplarizantes para que no vuelva a ocurrir”, dijo la funcionaria.Vea también: Indígena mató a oso de anteojos para comer su carne “Es realmente un hecho que condenamos y esperamos que no se repita, porque ha sido la comunidad indígena la que más ha ayudado a cuidar al ojo de anteojos”, agregó Julia Miranda.“Esto no es culturamente usado en la comunidad indígena. Es muy raro que haya ocurrido así”, agregó.Escuche completa esta entrevista:
La funcionaria explicó que la entidad no participó en el proceso de licenciamiento porque está por fuera del parque Tinigua. Agregó que el concepto de la Corporación Autónoma del Meta dice que no es viable la actividad de la zona. (Lea también: ANLA promete que exploración petrolera en La Macarena no afectará Caño Cristales) En ese sentido, aseguró que le preocupa que haya 150 pozos en el área aledañas a los parques. “A mí me preocupa. Desde que conocimos la medida estamos evaluando el impacto que podría tener”, indicó. De otro lado, el alcalde del municipio de La Macarena, Ismael Medellín, aseguró que los habitantes de su municipio no están de acuerdo con la perforación petrolera que autorizó el Gobierno. (Lea también: Explotación petrolera atenta contra el parque de La Macarena: Alcalde) “El año pasado se hizo una convocatoria pública y se manifestó un NO a la perforación de La Macarena, Cormacarena dio un concepto negativo y no fue tenido en cuenta (…) el señor dela ANLA dice que cómo era una administración nueva no tenía conocimiento, ellos lo saben, lo que pasa es que quieren decirle al país que La Macarena está de acuerdo, eso es mentira”, dijo Medellín.
Una fuerte crítica al cese al fuego y a la apuesta de paz total hizo el gobernador Andrés Julián Rendón, por lo sucedido en la vereda La Plancha, en zona rural de este municipio del nordeste de Antioquia, donde miembros del los frentes Héroes y Mártires de Anorí del ELN habrían atacado una unidad militar en el antiguo espacio territorial.El mandatario calificó como desalmado este ataque y señaló que el ELN delinque en esa zona del departamento en connivencia con el Estado Mayor Central de las Farc “la paradoja, quienes pretenden estar negociando con el gobierno, atacando a firmantes de paz que han negociado y han honrado la palabra con el gobierno nacional en otros contextos”, dijo.Aunque ya son cinco los muertos en medio de esta ofensiva con explosivos, el Ejército confirmó las identidades de cuatro de ellos, que son el suboficial Freddys Robles y los tres soldados identificados como Fabián Rengifo, Iván Reina y Carlos Ramos. Además, cuatro soldados y un civil también resultaron heridos en esta acción criminal y fueron trasladados a Medellín.Para el gobernador Rendón, una vez más se demuestra que “no tienen voluntad de paz”.“Yo no sé cuántas cosas más tienen que acontecer en Antioquia, en el resto del país para que el gobierno comprenda que la mal llamada paz total es un fracaso y que lo único que se necesita para imponer la paz es soltarle las manos a la fuerza pública, dotarla, equiparla bien, liderarla para que produzcan resultados contundentes en contra del crimen cualquier bandido de cualquier pelambre y en favor de la protección de los antioqueños y de los colombianos”, agregó.Los enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN en zona rural de Anorí ya completa dos semanas, dejando una grave crisis humanitaria, pues al menos 150 familias han salido desplazadas de veredas como Tenche y Los Trozos y 78 niños están desescolarizados.
Un gigantesco cráter se abrió este mediodía en la calzada Bogotá-Girardot, a la altura del sector San Raimundo. El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 de la tarde del jueves, en una zona donde actualmente se desarrollan obras de manejo de aguas y ampliación a un tercer carril.La falla en la estructura del pavimento se produjo debido a una caída en la banca, posiblemente relacionada con las intervenciones en curso. En desarrollo
La reciente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha despertado inquietudes en América Latina, especialmente en los contextos políticos de Colombia y Venezuela. Las preguntas giran en torno a cómo el nuevo Gobierno estadounidense, liderado por Trump y con figuras como Marco Rubio en posiciones clave, podría afectar las dinámicas políticas en la región.Por ejemplo, emergen interrogantes sobre una posible negociación entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la administración Trump, tras la revelación de que delegados del régimen venezolano se han reunido con personas cercanas al presidente.¿Qué puede esperar Latinoamérica ahora?En diálogo con Mañana Blu con Camila Zuluaga, el director para la veeduría de defensa de WOLA, Adam Isacson, apuntó a que dentro de la Casa Blanca existirán divisiones notables. Por un lado, algunos miembros del gabinete priorizan la migración y la deportación de venezolanos, mientras que, por otro, Rubio se sienta a la mesa con una agenda que busca seguir presionando al régimen de Maduro."Es imposible saber todavía, pero hay una fuerte probabilidad de que entre este Gobierno en frente de Trump va a haber una división interna bastante aguda. Es que, digamos, en la Casa Blanca los oficiales que ya han nombrado son quienes priorizan mucho el tema de la migración, que quieren excluir a los migrantes. Y hay como 600.000 migrantes venezolanos que han entrado a Estados Unidos durante los últimos tres o cuatro años y quieren devolverlos también. Esos mismos de la Casa Blanca son obsesionados con la inmigración y también obsesionados con acceso al petróleo", indicó.Esto, añadió, podría generar una brecha significativa en las estrategias adoptadas. En ese sentido, habló también de Colombia, pues la administración de Gustavo Petro podría enfrentar “retos” con el nuevo Gobierno de EEUU.Un enfoque más duro en las sanciones hacia Venezuela podría implicar mayores flujos migratorios hacia Colombia, poniendo presión al Gobierno Petro, según dijo Isacson."Para Colombia van a haber, especialmente para el Gobierno de Petro, varios retos; más retos que ventajas. Sobre el tema de Venezuela no sé exactamente cómo entrar, porque lo que están pensando la gente como Rubio es endurecer sanciones a cosas que tal vez resultarían en más sufrimiento dentro de Venezuela y más migrantes saliendo de Venezuela entrando a Colombia. Eso sí es un reto, pero veo retos más grandes en el tema de inmigración y drogas", sostuvo.En este sentido, mencionó que la estabilidad de la política colombiana está en jaque, ya que el péndulo político podría inclinarse hacia la derecha en respuesta al ascenso de Trump, afectando la popularidad del actual Gobierno de izquierda.Explicó que la tendencia de construir un bloque de derecha en América Latina puede intensificarse con la influencia de Trump y sus aliados.
Blu Radio tuvo acceso a nuevos detalles de un encuentro en la Casa de Nariño el 6 de noviembre de este año, que contó con la participación del presidente Gustavo Petro y sería determinante en la intervención de los Estados Unidos dentro de la polémica por la compra del software Pegasus.Un día después, 7 de noviembre, el diario El Tiempo publicó la declaración de altos funcionarios del Gobierno de Joe Biden, quienes afirmaron que ese país fue el responsable de la compra del software espía Pegasus con el objetivo de implementarlo en la lucha contra el narcotráfico. Además, señalaron que el Gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022) no tuvo conocimiento del negocio pactado con la firma NSO Group por 11 millones de dólares.Además, los funcionarios norteamericanos expresaron que la compra se efectuó por dos montos de 5.5 millones de dólares. La fiscal Luz Adriana Camargo, quien abrió una investigación, afirmó que el sistema financiero de Israel registró el ingreso de dinero y declaró que “la operación por 11 millones de dólares existió”.¿Quién tuvo acceso a Pegasus?Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, que miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países( Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir la herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial(Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.La reunión en PalacioEl 6 de noviembre de este año se llevó a cabo, en la Casa de Nariño, un encuentro crucial entre el presidente Gustavo Petro y un alto dignatario del gobierno de Estados Unidos, tan solo unas horas después de la elección presidencial en ese país, donde fue electo Donald Trump.La fuente anónima argumentó a Blu Radio que las recientes publicaciones en medios, que salpicaba aún más a la línea de mando de la Policía y al gobierno Duque, incluyendo ministros y funcionarios, así como la actuación penal contra importantes aliados en la lucha contra las drogas, como el exministro de Defensa Diego Molano y el general Jorge Luis Vargas, motivaron la intervención y la llegada de esta figura importante de la política norteamericana. Este dignatario estuvo acompañado en todo momento por un esquema de seguridad extranjero durante las pocas horas que permaneció en territorio colombiano.Lo llamativo de la reunión es que en ella se habría informado al Primer mandatario sobre una versión desconocida en ese momento por la opinión pública sobre la participación de Estados Unidos en la compra de Pegasus. No obstante, no fue sino hasta la revelación de El Tiempo y la reunión sostenida entre el embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca con funcionarios del gobierno Biden que el presidente Petro emitió un pronunciamiento en su cuenta de X: “Si esto es cierto, sí que serían peor las cosas”.Otro de los puntos que pudo conocer este medio fue que la persona encargada de responder las preguntas del embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca en Washington fue Todd Robinson, político estadounidense con una larga experiencia en la lucha contra el narcotráfico y la persona que designó Estados Unidos para permitir un mayor entendimiento, teniendo en cuenta la estrecha relación de Robinson en asuntos de América Latina.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el Jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, tambien por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
Emilio Tapia, principal involucrado en el escándalo de corrupción relacionado con el caso Centros Poblados, alcanzó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación este martes, en el que admite su responsabilidad en los hechos que resultaron en la pérdida de más de $70.000 millones destinados a conectar con internet a escuelas rurales en Colombia. Este caso, que estalló durante el gobierno del expresidente Iván Duque, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.Detalles del preacuerdoEl preacuerdo entre Emilio Tapia y la Fiscalía contempla cuatro puntos clave que definen las condiciones de su colaboración y su castigo:Condena de seis años de cárcel: Tapia aceptó cumplir una pena privativa de la libertad que, aunque reducida, refleja la gravedad de los delitos cometidos.Devolución de $5000 millones: el empresario deberá reintegrar parte de los fondos desviados. De este monto, ya entregó $2500 millones en efectivo. Los otros $2500 millones serán restituidos mediante bienes que se encuentran en Girardot y zonas rurales de Medellín, según lo confirmó su defensa.Testigo clave para la Fiscalía: Tapia se comprometió a colaborar como testigo en las investigaciones, lo que podría revelar información crucial sobre otros implicados en la red de corrupción.Aceptación de tres delitos: el empresario admitió su responsabilidad en los cargos imputados, consolidando su disposición para cooperar con la justicia.El escándalo de Centros PobladosEl caso Centros Poblados estalló cuando se descubrió que los recursos destinados a llevar conectividad a zonas apartadas del país, mediante un contrato adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), fueron desviados mediante documentación falsa y una red de corrupción liderada por Tapia.El contrato, valuado en $1,07 billones, fue cancelado después de que se conociera que las empresas contratistas no tenían la capacidad técnica ni financiera para ejecutar el proyecto. Este hecho salpicó a funcionarios del gobierno de la época y desató una crisis de credibilidad en las instituciones.
