La reciente aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) ha suscitado intensos debates en el Congreso de la República. La parlamentaria Katherine Miranda, del Partido Verde, fue una de las pocas voces disidentes, votando en contra de la iniciativa que ya es una reforma constitucional. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Miranda calificó la medida como "profundamente irresponsable" y argumentó que su implementación podría poner en jaque las finanzas del país.Una reforma que podría requerir nueve reformas tributariasMiranda basó su oposición en un análisis técnico que advierte sobre los riesgos fiscales de la reforma. Según la congresista, el Ministerio de Hacienda respondió a su derecho de petición señalando que el costo de implementar esta reforma oscila entre $218 y $263 billones, lo que equivale al 6,8% y 8,2% del PIB."El actual proyecto implicaría costos recurrentes no contemplados en el Presupuesto General de la Nación e insostenibles con las proyecciones macroeconómicas del marco fiscal de mediano plazo", afirmó.En este sentido, Miranda sostuvo que el país necesitaría realizar al menos nueve reformas tributarias adicionales para cubrir las nuevas responsabilidades que asumirán las regiones. Estas reformas no solo serían complejas, sino también políticamente delicadas, en un contexto donde el gasto público es ya altamente inflexible."Para mí es completamente irresponsable que se supedite una reforma de esta magnitud a unas reformas tributarias futuras que no están garantizadas", enfatizó.El impacto de la inflexibilidad presupuestariaOtro de los puntos centrales en la crítica de Miranda es la estructura del presupuesto nacional. De los $523 billones proyectados para 2024, el 91% corresponde a gastos inflexibles como pensiones, deuda externa y seguridad. Esto deja solo $47 billones de maniobra, una cifra que, según la parlamentaria, resulta insuficiente para costear los $60 billones anuales que se estima demandará la reforma.Además, Miranda advirtió sobre la dificultad de las regiones para asumir las nuevas competencias, como la gestión de infraestructura vial o el pago de pensiones. "Quiero ver a municipios como Guainía pagando las vigencias futuras del metro de Bogotá", cuestionó, en alusión a la disparidad de capacidades entre los territorios.¿Es viable la descentralización?Pese a sus críticas, Miranda aseguró estar de acuerdo con el principio de descentralización, pero subrayó la necesidad de planificar con mayor rigor técnico. En su opinión, no todos los municipios cuentan con la capacidad administrativa y financiera para gestionar las competencias transferidas. Esto, según la parlamentaria, podría llevar a un colapso de la planeación estatal."Algunas ciudades podrán asumir estas responsabilidades, pero otras no. Por eso no debimos fijar porcentajes rígidos, sino evaluar caso por caso", señaló.Un llamado a la transparencia y la responsabilidadLa parlamentaria también cuestionó la falta de claridad del gobierno frente al impacto fiscal de la reforma durante los debates en el Congreso. Según Miranda, ni el ministro de Hacienda ni otros representantes del Ejecutivo ofrecieron datos concretos sobre cómo se financiará la iniciativa. "Nos hicieron una explicación de por qué esto prácticamente quebraría el Estado colombiano, pero esas apreciaciones no se hicieron públicas", denunció.Para la congresista, la reforma no solo pone en peligro la sostenibilidad fiscal del país, sino que también aumenta los riesgos de un manejo desigual entre regiones, especialmente aquellas con menor capacidad de gestión.Una decisión para la historiaMiranda concluyó su intervención expresando que, aunque su oposición fue solitaria, confía en que la historia le dará la razón. Su análisis se suma a las preocupaciones de expertos económicos, quienes han alertado sobre los posibles desequilibrios fiscales y estructurales que podría generar la reforma.El debate sobre el Sistema General de Participaciones apenas comienza, y sus consecuencias serán analizadas a medida que se implementen los cambios propuestos. La postura de Miranda queda registrada como una advertencia sobre los desafíos que enfrentará el país en este nuevo capítulo de descentralización administrativa y financiera.
Con un total de 124 votos a favor y dos en contra, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). En ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que esto significa un “triunfo” para la autonomía del territorial de cada departamento y municipio.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro subrayó que durante las últimas décadas se ha visto una “transferencia permanente” de competencias del Estado central a la “región sin recursos”. Ahora, luego de los debates y su aprobación, dijo que habrá una autonomía simultánea, proporcional y equivalente.“124 representantes, casi unanimidad, de todas las bancadas, desde el Pacto Histórico hasta el Centro Democrático dieron un paso fundamental en la autonomía territorial en Colombia. En la Constitución de 1991 se nos había prometido a los colombianos el sueño de la descentralización y nunca se ha cumplido”, mencionó.El ministro Cristo explicó que anualmente, por los próximos 12 años, se irá transfiriendo competencias y también recursos mayores a los departamentos y municipios del país. Esto, según enfatizó, dentro del marco de la sostenibilidad fiscal y cumpliendo la regla fiscal, que, añadió, es “fundamental”.En ese sentido, aseveró que, aunque la reforma al Sistema General de Participaciones no es una solución definitiva a los problemas del país, sí representa un cambio y un “rediseño del Estado colombiano”. Así, respondió que es un “punto de partida”.“Lo que pretendemos es que el Estado sea mucho más fuerte allí donde el ciudadano lo necesita, que es en los territorios de Colombia, porque precisamente nos quejamos de que estos grupos violentos ejercen control territorial o buscan hacerlo, por qué, porque el Estado no lo ejerce, porque no hay presencia institucional”, indicó.Sobre ese punto de partida al que hizo referencia, el ministro Cristo detalló que el Gobierno y el Congreso tendrán dos años para tramitar una ley competencias que es “absolutamente indispensable” para que se aplique este proyecto del acto legislativo.En cifras, puntualizó que, a peso de hoy, es un crecimiento de 54 billones de pesos “gradualmente año tras año”. Sobre ese dinero, aclaró que es una tarea para evaluar con el Ministerio de Hacienda, es decir, qué funciones seguirá cumpliendo la Nación y qué le corresponde ahora a cada región.Dijo que, hoy, con el “este modelo centralista” no se han logrado cerrar las brechas ni en agua potable ni en educación ni en salud. En ese sentido, precisó que la educación de cero a tres años, de la cual “nadie asume la responsabilidad”, la tendrán que asumir ahora los departamentos y municipios.
Luego de las revelaciones de Noticias Caracol, en las que dio a conocer la declaración de María Alejandra Benavides, ante la Fiscalía y en las que manifiesta que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tenía pleno conocimiento sobre los sobornos que fueron ofrecidos a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, expresó que confía en que el ministro Bonilla, sabrá las explicaciones correspondientes. “Es un proceso judicial que hay que respetar, lo único que tengo que decir es que hay que respetar el proceso y el derecho a la defensa de quienes aparecen involucrados en este proceso y yo tengo la certeza que sabrá las explicaciones a la justicia”, manifestó el ministro del Interior.Recordemos que, en las revelaciones de Noticias Caracol, la exasesora del Ministerio de Vivienda, María Alejandra Benavides, manifiesta que supuestamente el ministro sabía que a ella le llegaban los contactos de las personas encargadas de los contratos de la UNGRD en las regiones.Esta operación de compra de congresistas se habría dado a mediados de diciembre de 2023, porque el Gobierno necesitaba que la comisión de crédito público aprobara unos préstamos para la nación.Además, el ministro Cristo, expresó que la ministra de Vivienda, Helga María Díaz, sería la ministra Ad Hoc de Hacienda para los trámites que tengan que ver con el proceso de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres.
Desde la Cumbre contra la Trata de Personas, que se realiza en Cartagena, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió al regreso del cuestionado exembajador de la FAO, Armando Benedetti, al Gobierno nacional.El jefe de la cartera del Interior aseguró que, en su caso, está dedicado a sacar adelante las reformas del Gobierno y que “hay que esperar que el exembajador se instale en su oficina en la Presidencia”.Sin embargo, el ministro Cristo fue enfático al señalar que trabajará de manera coordinada y articulada con el exembajador, como lo hace con cualquier otro funcionario del Gobierno.“Yo estoy dedicado a la agenda legislativa, al trabajo desde el Ministerio del Interior. Esperemos a que el exembajador Benedetti se instale en su oficina en la Presidencia de la República y, como lo he venido haciendo estos cuatro meses, estaré muy dispuesto a trabajar articuladamente y coordinadamente con todos los compañeros del gobierno”, señaló en declaraciones a los medios de comunicación.El ministro del Interior además sostuvo que la prioridad de su cartera es la agenda legislativa en esta recta final del año.“La agenda legislativa, los proyectos, en el caso del Ministerio del Interior, son muy importantes. En estas tres semanas de la recta final, es crucial sacar adelante iniciativas que queden como legado del presidente Petro. (…) Vamos a ver cómo avanza la llegada del exembajador Benedetti al Gobierno”, precisó.
Este lunes 25 de noviembre, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, estuvo en la Conferencia Internacional de PSVI “Centralidad de las víctimas en la justicia restaurativa y la construcción de paz”.Desde allí, el ministro le hizo un llamado al ELN, teniendo en cuenta que se siguen registrando acciones armadas por parte de ese grupo en el marco del proceso de paz con el Gobierno.“Siguen cometiendo violaciones al Derecho Internacional Humanitario, siguen cometiendo crímenes de guerra. El Estado colombiano ha intentado una y otra vez hacer la paz con el ELN, son distintos los gobiernos de una u otra orientación política que han intentado hacer el acuerdo de paz con el ELN, algo debe significar eso; que el problema para hacer la paz con el ELN no es del Estado, sino del ELN”, señaló Cristo.El ministro del Interior también aseguró que los grupos que cometan acciones criminales serán enfrentados por el Estado.“Desde este escenario hago un nuevo llamado a nombre del Gobierno al Ejército de Liberación Nacional para que recapacite, reflexione el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha mostrado toda la voluntad y disposición a un diálogo que nos conduzca a la paz con esa guerrilla y seguirá demostrándolo en la medida en el que ELN no con palabras, no con de negociación, sino con hechos demuestre que realmente le importa la paz de Colombia mientras tanto va a ser muy difícil avanzar en ese camino y el Estado colombiano tendrá que enfrentar con toda la capacidad del Estado con toda la capacidad de sus Fuerzas Militares a quienes insiste en generar violencia, en generar muerte en Colombia”, aseguró Cristo.
En una postura muy diferente a la del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que hoy saldrían a marchar los victimarios, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que las movilizaciones de cualquier sector político son bienvenidas. Agregó que la oposición tendrá todas las garantías para expresar sus opiniones."Tienen todas las garantías para cuestionar. Hoy, de hecho, se van a movilizar por todo el país. Bienvenidas las movilizaciones ciudadanas, en uno u otro sentido. Además, tienen todas las garantías para que no sigan generando miedos, incertidumbres y temores en la sociedad colombiana”, dijo el jefe de esta cartera sobre las movilizaciones que se llevan a cabo hoy en contra de las reformas y políticas del gobierno.El ministro también se refirió a las elecciones de 2026, insistiendo en que el presidente Gustavo Petro no buscará la reelección. "Les hemos dicho, y desde aquí, de esta Asamblea Nacional por la Paz, se los reitero: vamos como gobierno a garantizar, en el año 2026, unas elecciones tranquilas, seguras y con garantías para todos los sectores políticos, sin cambiar las reglas democráticas establecidas en la Constitución. Y unas elecciones, oigan bien, sin cambiar las reglas de juego de la Constitución, como sí lo hicieron otros hace veinte años para perpetuarse en el poder. Aquí respetamos la Constitución", afirmó.En varias ciudades de Colombia, comenzaron las manifestaciones lideradas por el Partido Centro Democrático en contra del Gobierno por las reformas que avanzan en el Congreso. En la capital del país, los manifestantes se encuentran sobre la Carrera 7 con calle 36, sentido sur - norte, bloqueando parte de la calzada.
En un duro pronunciamiento, el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, cuestionó la voluntad de paz del ELN y aseguró que esta guerrilla le ha tomado el pelo a este y a todos los gobiernos.“Al ELN le importa más la mesa de negociaciones que la paz de Colombia, les fascina estar sentados en una mesa hablando de paz y haciendo la guerra y daño a la población civil y las fuerzas militares”, dijo el ministro del interior, Juan Fernando Cristo, quien rechazó el reciente atentado de esta guerrilla que dejó cuatro soldados muertos en Anori, Antioquia.El Ministro Cristo reconoció que el ELN “le ha tomado el pelo” al Gobierno Petro y todos los gobiernos. “Es muy triste y decepcionante esa actitud del ELN, genera rabia e indignación a todos los colombianos y a mí como víctima”, dijo.Estas declaraciones se dan luego de que tres soldados profesionales y un suboficial del Ejército fueran asesinados en un ataque con explosivos perpetrado por el ELN en el municipio de Anorí, Antioquia.Según las autoridades, miembros de este grupo armado ilegal utilizaron plataformas para lanzar los artefactos contra las tropas.El ataque ha sido atribuido a los frentes Héroes y Mártires de Anorí del ELN, que operan en la región. Además, un oficial del Ejército, cinco soldados profesionales y un civil resultaron heridos en el incidente y están recibiendo atención médica en este momento.
Este miércoles 20 de noviembre, se realizó el foro Así va la Paz en el marco del aniversario por los 8 años de la firma del acuerdo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc. En este evento estuvo presente el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien anunció que el Gobierno acompañará un proyecto para ampliar el periodo del plan marco de implementación del acuerdo, es decir, para tener más tiempo para desarrollar algunos de los puntos del texto.Cristo hizo referencia en especial a los municipios PDET, pues aseguró que se necesita más tiempo para lograr desarrollar las iniciativas en esos 170 municipios."Tenemos que hacer un acuerdo nacional en torno a la transformación de esos territorios, yo no creo que ningún partido político, ningún ciudadano, ningún dirigente, ningún estudioso de estos temas esté en desacuerdo con que el Estado colombiano se tiene que concentrar en esos 170 municipios PDET en materia de inversión y cambiar la dinámica de la inversión en Colombia" señaló Cristo.Por su parte, el senador Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del Gobierno Santos con las Farc, dijo que la propuesta es "sana" pues sí hay puntos que presentan rezagos; sin embargo, dice que será una iniciativa que tendrá que ser analizada.La ampliación del marco de implementación del acuerdo de paz sería hasta 2038.
Con 57 votos, Miguel Efraín Polo fue elegido nuevo magistrado de la Corte Constitucional, frente a 47 de Claudia Dangond y cero de Jaime Humberto Tobar. Su elección en el Senado causó polémica en varios sectores, que no lo daban como ganador antes de la votación final.El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se pronunció al respecto y dijo que se escogió a un magistrado que “ha demostrado independencia y que defenderá los derechos de los colombianos”. Además, aseguró que no hubo nada detrás de dicha elección. Esto, en respuesta a las preocupaciones por la independencia de la Corte a partir de ahora. En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro Cristo se refirió a las varias críticas y mencionó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro “sí respeta las instituciones y no cambia las reglas en medio del juego”, como “otros”.Esto, hablando de una publicación del presidente Petro en la que escribió: “Felicito a Miguel Polo Rosero. Un gran triunfo”. El ministro señaló que leyó el trino del jefe de Estado como “un triunfo del magistrado, no como un triunfo del Gobierno”.“El magistrado Polo es un magistrado de profesión, lleva 18 años en la Corte Constitucional. Fue ternado por el Consejo de Estado, no por el presidente de la República, en una terna que, además hay que decirlo, felicitar al Consejo de Estado; una terna la verdad de lujo, una terna de tres profesionales del derecho muy reconocidos, con una trayectoria muy amplia e intachable”, puntualizó.Sobre las implicaciones que significa la elección de Polo como magistrado y en relación con las elecciones de 2026 y, la posibilidad de una reelección, Cristo fue enfático al decir que, ahora, hay que dejar de perder tiempo en teorías que calificó de “absurdas”.“Yo creo, que vuelvo y digo, hay que dejarse tanta ciencia ficción y concentrarnos en cómo vamos a enfrentar los colombianos los problemas que tenemos hoy y no gastar tanto tiempo en teorías absurdas”, expresó el funcionario.El ministro Juan Fernando Cristo, además, recalcó que el “Gobierno no tenía candidato porque la terna es del Consejo de Estado”. Explicó en ese sentido que la bancada del Pacto Histórico tomó una decisión el lunes frente a la candidatura.“El partido de Gobierno tenía candidato, pero el Gobierno respetaba cualquier elección, que es el deber del Gobierno que hiciera la Corte”, subrayó.
Migue Efraín Polo fue elegido con 57 votos y después de que la votación fuera suspendida, pues en un primer momento aparecieron más votos que senadores.El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió a la elección de Polo y respondió a quienes dicen que el nuevo magistrado de la Corte Constitucional había contado con el apoyo del Gobierno.“Yo creo que aquí se generó una serie de teorías y de inventos de ciencia ficción sobre esta elección y esa una elección como las que se han hecho durante mucho tiempo en el Congreso, la terna era excelente, entre otras cosas eran conservadores, y el senado eligió. Yo creo que hoy mejoraron mucho la plana después del episodio de ayer, que no fue bueno para la plenaria del senado”, señaló Cristo.El ministro también aseguró que desde la noche del lunes 18 de noviembre le hicieron llegar un mensaje en el que le informaban que el martes 19 no podía entrar a la plenaria, aunque también explicó que no tenía la intención de hacerlo.“Quedan enseñanzas, cuando hay elecciones de esta naturaleza hay que acordar las reglas de juego con anterioridad, hay que brindarle garantías y transparencia a todos los sectores”, agregó Cristo.
Tradicionalmente, el salario mínimo se fija con inflación más productividad. Si esa ecuación se respeta para el 2025, el salario tendría que subir cerca de 7 % como mínimo porque la inflación estará por encima del 5 % al finalizar el año y, aunque no hay acuerdo sobre la cifra de productividad, el Dane presentó cuatro mediciones por encima del 1.7 %.En pesos, un incremento del 6.8 % equivale a unos 99.400 pesos (incluyendo el subsidio de transporte)."Estamos convocados para estudiarlas de 8 a 10 a.m con una profundización de las variables que nos entregará el Dane y ya allí cada una de las partes, tanto la empresarial como la parte de centrales, entregarán su propuesta y nosotros miraremos si se puede llevar concertada, recomendamos o simplemente presentamos todo el panorama", explicó la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.Este miércoles 4 de diciembre se reúnen de nuevo empresarios y trabajadores buscando un acuerdo sobre ese punto de la negociación. Un momento en el que las centrales obreras estána la espera con optimismo."Yo creo que aquí los primeros derrotados son Ricardo Bonilla, que no sé de dónde sacó esos datos, y Bedoya, de la SAC, que dijo que ese era el techo de la negociación. El que decía Bonilla, nos satisface y estamos claramente sorprendidos con el desarrollo, con el que empieza la subcomisión de productividad en la Comisión Nacional de Concertación", dijo el presidente de la CUT, Fabio Arias.Arias insiste que las centrales reclamarán una deuda histórica de los trabajadores a raíz de las mediciones de productividadPor su parte, el presidente de Acopi, Rodolfo Correa, lamentó que al inicio de las negociaciones se esté usando un lenguaje de "los derrotados". Horas antes, Correa había propuesto un aumento salarial del 2.5 % (la mitad de la inflación).En Colombia, 10.1 millones de personas, el 45.2 % de los trabajadores del país, se están ganando menos de un salario mínimo y apenas 3.3 millones de personas se ganan exactamente el mínimo.El Gobierno debe firmar el decreto de incremento como máximo el 30 de diciembre.
El presidente Gustavo Petro volvió a defender al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegurando que las acusaciones en su contra por presuntamente direccionar contratos son injustas. El mandatario escribió en su cuenta de X:“Conozco al profesor Ricardo Bonilla y lo respeto muchísimo, por su profundidad intelectual como economista de verdad, comprometido con las necesidades de su pueblo. A veces lo intelectual se separa del pueblo, te hace veleidoso, te genera una especie de aristocracia falsa que te lleva a servir con ideas, también falsas, a los enemigos brutales de la gente”.Petro también se refirió a los cupos indicativos, argumentando que no son un invento reciente, sino parte del sistema político de Colombia.“No hay congresistas si no compra votos en las regiones, excepto los que apelan a la opinión libre de la ciudadanía; y sin congresistas no hay leyes”, señaló.Finalmente, el presidente afirmó que fue él mismo quien denunció esta práctica, que reconoce como corrupta.El ministro Ricardo Bonilla está siendo cuestionado tras la revelación de Noticias Caracol de la declaración de la exasesora del ministerio, Alejandra Benavides, quien aseguró que el jefe de la cartera estaba enterado de todos los movimientos que se hicieron para presuntamente direcciones contratos a cambio de votos en la comisión interparlamentaria de crédito público.
En medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, el exdirector de la entidad, Olmedo López, reveló un nuevo detalle durante su interrogatorio. Según López, los 3.000 millones de pesos que se habrían gestionado como parte de un esquema ilícito no eran directamente para el expresidente del Senado, Iván Name, sino para financiar la campaña de su hija, María Clara Name, al Concejo de Bogotá.La declaración de López se suma a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien enfrenta cargos por tráfico de influencias y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que Ortiz utilizó su cargo para favorecer a Name mediante gestiones indebidas, que incluyeron la entrega de los 3.000 millones de pesos y la adición de 11.000 millones de pesos a un contrato de la UNGRD en el Atlántico.Entre las evidencias se destacan videos y registros de una reunión en la Casa de Nariño, realizada el 21 de septiembre de 2021, donde Ortiz y López habrían discutido cómo canalizar los recursos hacia el senador Name. Según López, estas gestiones tenían como objetivo fortalecer la campaña política de María Clara Name.Además, chats obtenidos por la Fiscalía muestran que López y Sneyder Pinilla, también acusados, coordinaron el traslado del dinero hacia el norte de Bogotá los días 12 y 13 de octubre de ese año. Estas acciones, según la Fiscalía, se habrían llevado a cabo bajo las órdenes del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, implicado como presunto articulador de las operaciones.Las investigaciones avanzan mientras, López y Pinilla enfrentan cargos por concierto para delinquir y desvío de recursos públicos; ambos llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía.
La audiencia de imputación de cargos a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, sigue este martes, 3 de diciembre. La Fiscalía pidió formalmente que Sandra Ortiz sea enviada a prisión. Según el ente investigador, los chats, videos y testimonios acreditan que la exalta consejera para las regiones entregó 3 mil millones de pesos adquiridos de manera ilícita al expresidente del Senado, Iván Name.Siga EN VIVO la audiencia contra Sandra Ortiz aquí:¿Por qué acusan a Sandra Ortiz en el escándalo de la UNGRD?Según el ente acusador, teniendo como punto de partida los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, la Fiscalía obtuvo los videos de cámaras de seguridad de la Casa de Nariño que evidencian cómo el 21 de septiembre de 2021 se reunieron en una de las salas del Palacio.Ortiz y López habrían discutido, según la Fiscalía , cómo se daría la entrega de dineros al expresidente del Senado Iván Name. En recientes audiencias, el ente investigador presentó pruebas señalando que la orden de entregar dineros al expresidente del Senado vino del exdirector del Dapre Carlos Ramón González.Posteriormente, el 12 y 13 de octubre, Olmedo López y Sneyder Pinilla coordinan el traslado de 3000 mil millones de pesos hacia el norte de Bogotá.
En medio de la fuerte polémica por la jugada que definió el empate (1-1) entre Atlético Nacional y Millonarios, por la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana, y que tuvo como protagonista al delantero visitante Radamel Falcao García, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tomó una radical decisión.El ente, ante los duros señalamientos en contra del trabajo del juez central, Carlos Betancurt, y del VAR Nicolás Gallo, reveló en la mañana del martes 3 de diciembre los audios de la conversación que ambos silbatos sostuvieron durante la revisión de la acción que marcó el rumbo del partido.La jugada polémicaFue a los 84' que una falta cometida por el defensa Felipe Aguirre derribó al veterano atacante, la cual fue sancionada como Betancur como penal. Sin embargo, la polémica se centró en un aparente fuera de lugar previo, justo cuando Falcao bajó el balón en el área y se prestaba para definir.De acuerdo con las grabaciones que dio a conocer la comisión, fue una acción que generó una serie de análisis adicionales, pero en la que se concluyó que no había fuera de lugar, por lo que se decretó el penalti que 'El Tigre' transformó en gol, para el empate final en el máximo escenario deportivo de los antioqueños.Revisión del VAR"El VAR confirma la infracción e inicia de inmediato la revisión de la APP (acción de pelota parada)", fue lo primero que se aclaró en el video publicado, por parte de quien presenta a continuación la jugada.En el proceso se usó un trazado de líneas en triangulación para determinar si el atacante de Millonarios estaba o no adelantado.Una de las conclusiones, según el relato, es que el artillero azul se encuentra a la misma altura del penúltimo defensor de Nacional, es decir, William Tesillo.
