"Los señores del ELN han tomado la decisión unilateral de romper los diálogos de paz", advirtió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tras llamar bárbaros a los integrantes de esa guerrilla y acusarlos de cometer crímenes de guerra. "Fueron masacrados firmantes del acuerdo de paz", añadió.Diálogos que no remontan Esta nueva suspensión llega después de que en las últimas semanas pareciera que los diálogos podrían volver a reactivarse en una reunión que se iba a producir tras las de noviembre en Caracas cuando Grabe y el jefe negociador del ELN, 'Pablo Beltrán', se vieron, algo que no hacían desde el 26 de mayo y de un año tormentoso.A principios del año pasado, el Gobierno comenzó en el departamento de Nariño, limítrofe con Ecuador, acercamientos con los Comuneros del Sur, una supuesta escisión del ELN -de la que esa guerrilla dice que realmente son infiltrados del Gobierno para debilitarlos- y cuyo jefe es Gabriel Yepes Mejía, conocido como 'HH' o 'Samuel'.Eso ha inquietado al ELN que demandaba a Grabe y los suyos pronunciarse sobre si estaban negociando a nivel estatal o local. De hecho, esta misma semana el consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, le envió una carta a Beltrán dejando ver que no iban a dejar de negociar con los Comuneros y advirtiendo a la guerrilla de que la paciencia del Gobierno no era infinita.Así también se hacía una referencia velada a que el ELN en todo este tiempo ha seguido perpetrando ataques: desde el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz en octubre de 2023, al ataque en septiembre de 2024 a una base militar en el departamento de Arauca que dejó tres militares muertos y casi una treintena de heridos.Petro dijo entonces que este último ataque era "prácticamente una acción que cierra un proceso de paz con sangre", aunque la delegación del Gobierno matizó después y afirmó que significaba que iban a congelar la mesa, pues siempre iban a estar dispuestos a negociar.Ahora llega esta "operación militar que está haciendo el ELN, con unidades que ha trasladado desde el departamento de Arauca hasta el Catatumbo, con el propósito de que los combatientes agredan a la población", en palabras de Cepeda."Las principales víctimas son los civiles, los líderes sociales, las personas que han dejado las armas y están en el proceso de reincorporación tras acuerdo de paz de 2016. Eso son crímenes de guerra", aseguró Cepeda, haciendo notoria la distancia que parece difícilmente irreconciliable entre el Gobierno y el ELN.
El ministro de Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, y el canciller Luis Gilberto Murillo viajaron a la frontera con Venezuela para supervisar la situación después del cierre temporal de 72 horas en la zona.Su visita a Cúcuta, según dicen, tiene como objetivo fortalecer las medidas adoptadas por el gobierno de Gustavo Petro para garantizar la estabilidad en la región.En un panorama tenso, los ministros realizaron esta visita a la ciudad fronteriza, en el que se abordaron temas relacionados con la seguridad, el flujo migratorio y la cooperación bilateral. La Cancillería colombiana, a través de un comunicado, destacó que esta visita responde a las instrucciones del presidente Petro y forma parte de los esfuerzos para manejar la compleja situación en la zona limítrofe, que comparte más de 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela.La relación entre Colombia y Venezuela ha sido tensa, especialmente después de la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013. Recientemente, los ánimos se encendieron aún más luego de la decisión del gobierno colombiano de enviar a su embajador, Milton Rengifo, a la toma de posesión de Maduro el pasado viernes, lo que desató una fuerte controversia política en Colombia.La presencia del diplomático colombiano en la ceremonia fue interpretada por algunos sectores como un respaldo implícito al régimen de Maduro, sobre todo porque la mayoría de los países de la región decidieron no enviar representantes. A pesar de las críticas, el gobierno ha insistido en que la presencia del embajador no significa un reconocimiento de la legitimidad del gobierno venezolano, sino una medida ante la necesidad de mantener relaciones diplomáticas con el país vecino, dadas las implicaciones políticas, sociales y económicas de la frontera compartida.“Desde muy temprano reunidos hoy con Luis Gilberto Murillo y gremios con presencia en Norte de Santander, construyendo colectivamente rutas para preservar normalidad en la frontera. Cuidar nuestra economía y la de quienes viven en zonas limítrofes no implica legitimar formas no democráticas y responde a la necesidad de pensar en la población” dijo el ministro del interior, Juan Fernando Cristo.En ese sentido señalaron que la decisión del gobierno colombiano de mantener relaciones diplomáticas con Venezuela no debe interpretarse como una forma de “legitimar prácticas no democráticas”.Según el ministro, el objetivo de Colombia es asegurar que la diplomacia se mantenga activa para proteger los derechos de los millones de venezolanos que residen en el país y garantizar la estabilidad de la región fronteriza.La compleja situación en la frontera continúa siendo un tema delicado, y mientras algunos sectores insisten en la necesidad de una postura más firme contra Maduro, el gobierno de Petro parece optar por otro enfoque.“No es la primera vez que Venezuela vive una crisis política. Frente a los agitadores que imaginan catástrofes, aquí estamos, con los gremios y la sociedad civil de la frontera construyendo alternativas que permitan avanzar con tranquilidad” dijo Cristo.Frente a esto, la representante Katherine Miranda le respondió asegurando que “¿Crisis política? Jamás. El golpe de Estado en Venezuela y la legitimación por parte de ustedes es Fake News. Irresponsables y acólitos de la dictadura” dijo en su cuenta de X.
En una entrevista con Mañanas Blu, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reflexionó sobre el balance legislativo del gobierno y las tensiones generadas por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro hacia el Congreso. Durante la conversación, el ministro calificó como positiva la gestión del Gobierno en esta legislatura, pero reconoció que ciertos episodios, como el uso de expresiones fuertes por parte del mandatario, complicaron el ambiente político.Un balance legislativo positivoEl ministro destacó que la legislatura logró avances significativos en proyectos claves como la reforma laboral, la reforma a la salud y la jurisdicción agraria. Según Cristo, estos tres temas son "el corazón del proyecto político del Gobierno nacional". Aunque no todos alcanzaron la aprobación definitiva, señaló que están encaminados hacia su discusión en el próximo periodo.En cuanto a la reforma a la salud, afirmó que “se presentó después de una amplia concertación con los actores del sistema” y que actualmente está en discusión en la plenaria de la Cámara. Sin embargo, reconoció los retos: "Lo que me ha sorprendido esta legislatura es que los impedimentos se han vuelto una traba que hace mucho daño al funcionamiento del Congreso". A pesar de esto, se mostró optimista sobre la posibilidad de avanzar en la reforma durante las sesiones extraordinarias.En cuanto a la reforma laboral, Cristo enfatizó que ya cuenta con una ponencia en la Comisión Séptima del Senado y se han realizado audiencias públicas para su discusión. Confió en que este proyecto continuará avanzando en 2024.Polémicas entre el Ejecutivo y el CongresoEl ministro se refirió al polémico discurso del presidente Petro, quien calificó de "malditos congresistas" a los responsables del hundimiento de la ley de financiamiento. Aunque defendió la independencia del Congreso, Cristo fue enfático en que no respaldaba las declaraciones del mandatario: "¿Si usted me pregunta, hubiera tenido la expresión que el presidente utilizó? Obviamente no la hubiera utilizado. Creo que fue una expresión equivocada".Según el ministro, este tipo de tensiones no reflejan la dinámica general entre el Ejecutivo y el Legislativo. Afirmó que, pese a episodios de confrontación, se ha logrado construir una agenda conjunta que beneficia al país.Cristo también expresó preocupación por la actitud de la mesa directiva del Senado, que, según él, obstaculizó el debate de la reforma política. "Es una lástima para el Congreso y para el país, porque se perdió una oportunidad de reformar el sistema político", lamentó.Reforma a la salud: entre avances y críticasEn relación con la reforma a la salud, Cristo rechazó las críticas que acusan al gobierno de apresurar su aprobación. "Llevamos año y medio en discusión de la reforma a la salud. Es importante que el país ya tome decisiones", afirmó.No obstante, reconoció que existen diferencias con algunos sectores, incluidas asociaciones médico-científicas, que han solicitado más mesas de concertación. "El sistema de salud está en crisis desde hace 15 o 20 años en Colombia", señaló el ministro, argumentando que el proyecto busca solucionar problemas estructurales acumulados.Perspectivas para 2025Finalmente, el ministro del Interior reiteró su compromiso de insistir en la reforma política y la reforma laboral durante el próximo periodo legislativo. Además, resaltó la necesidad de promover un Congreso más eficiente, capaz de debatir los temas prioritarios para el país sin ser detenido por impedimentos y recusaciones.Cristo también hizo un llamado a la reflexión tanto en el Congreso como en el Ejecutivo para reducir la polarización:Petro llamó malditos a congresistas que no aprobaron reforma tributariaEl presidente Gustavo Petro desató el fin de semana pasado una tormenta política al lanzar duras críticas contra los congresistas que rechazaron la reforma tributaria; los calificó de malditos"Malditos congresistas. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo", dijo, tras señalar directamente a miembros de la bancada Caribe. Según el mandatario, los parlamentarios no tuvieron "la valentía" de defender a su región, especialmente en la votación de artículos que buscaban reducir las tarifas de energía eléctrica en el Caribe.
Un nuevo golpe sufrió el Gobierno nacional en la última sesión plenaria del Senado de este 2024: el acto legislativo de la reforma política se hundió por falta de tiempo.La iniciativa que establecía una modificación en el sistema electoral colombiano, la implementación de listas cerradas obligatorias y paritarias, el transfuguismo y hasta cambios en la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE); no logró superar su cuarto debate de primera vuelta, ya que la sesión se quedó sin quórum decisorio durante la votación del proyecto de ley que establece topes a las tarifas de tiquetes aéreos.“La mesa directiva del Senado la puso en octavo lugar, pasaron 7 horas de sesión de la plenaria, no fue posible ni siquiera debatirla, me parece que eso es una costumbre que hay que revisar de la mesa directiva del Senado que no permita ni siquiera abordar el debate. La reforma política es indispensable para el país”, así se pronunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.El jefe de la cartera política dejó claro que va a insistir en el debate en el mes de enero de 2025 mediante la conformación de unas mesas técnicas entre la que participen representaciones de todos los partidos políticos y se logre un gran consenso nacional.“Yo soy un convencido, he liderado varias reformas políticas, me estoy volviendo experto en hundimiento de reformas políticas, pero no hay que cejar en este empeño de reformar el sistema político colombiano. La gente tiene que entender que este sistema político es inviable y si no lo cambiamos, vamos a estar asistiendo cada determinado tiempo, independientemente de quién esté en el Gobierno, a escándalos de corrupción como los que hemos visto de Odebrecht, de la Unidad de Gestión de Riesgo, de Centros Poblados, de la ‘Yidispolítica’. Es evidente que el sistema político no tiene hoy legitimidad y credibilidad en el pueblo colombiano y no nos resignamos a mantener ese sistema político como está hoy”, concluyó el ministro Cristo.Sin embargo, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró que desde hace dos años se les viene invitando a participar en el llamado "acuerdo nacional" sin definir realmente de qué se trata, mientras que en sus actuaciones el Gobierno busca imponer.“El consenso no puede ser una imposición del ejecutivo y un arrodillamiento del legislativo. Mientras yo sea presidente del Congreso no lo voy a permitir”, señaló el senador conservador.
A propósito de los disturbios que se presentaron en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió a la disminución gradual de la presencia policial en los estadios del país. El jefe de esta cartera también anunció una reunión con representantes del fútbol profesional colombiano.“Es lo que hemos estado concertando con el fútbol profesional, con la Dimayor, y es lo que queremos volver a reunirnos porque no se trata de retirar la Policía de una vez por todas y en todos los estadios del país, pero sí tiene que haber gradualmente ese proceso para cumplir con las decisiones que se han venido tomando en años anteriores”, dijo Cristo.>> Lea también: Nacional busca hacerle quite a Dimayor: así habilitaría a sus jugadores sancionadosAgregó que el Gobierno buscará promover una cultura de mayor convivencia. “Hay que seguir trabajando con las barras bravas y, sobre todo, hay que excluir a estos criminales, a estos malhechores que creo que con la Policía Nacional se puede hacer un trabajo de inteligencia que se ha venido haciendo para determinar quiénes son los que generan esta clase de hechos que todos lamentamos”, añadió.Cabe mencionar que esta disminución se hace en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, con la que se busca que la Policía pueda centrarse en enfrentar la criminalidad, y los organizadores de este tipo de eventos sean quienes asuman la responsabilidad con seguridad privada y tecnología. La disminución de uniformados se hará de forma gradual: comenzó este año con un 45 %, y seguirá con un 60 % en 2025, un 70 % en 2026 y un 80 % en 2027.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo,dejó entrever que se avecinan cambios en el gabinete del presidente Gustavo Petro. En declaraciones con medios de comunicación, Cristo aseguró que, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, “vienen las renuncias, viene la reorganización del gabinete y se tomarán las decisiones en el mes de enero”.Reorganización ministerial a la vistaEl jefe de la cartera del Interior enfatizó que estos ajustes en el equipo de Gobierno están previstos para el inicio del próximo año, aunque aclaró que no contempla renunciar a su cargo.“Yo voy a estar allí hasta cuando el presidente lo decida”, afirmó. Además, pidió paciencia y respeto ante las decisiones que tome el mandatario en los próximos meses."El tema que me preguntan del presidente, hay que esperar las decisiones del presidente. Todos sabemos que al término de una legislatura y antes de comenzar la otra, y más este año que es un año electoral, de inhabilidades de quienes están ocupando no solamente ministerios, instituciones públicas, y aquí mismo en distintos escenarios de la política, pues vienen las renuncias, viene la organización del gabinete, ya lo había anunciado el presidente, obviamente es el que toma las decisiones y seguramente se tomarán en el mes de enero, a comienzos de año, para definir la última recta del Gobierno nacional, pero será el presidente mismo el que haga los anuncios", dijoEl trasfondo: la reforma tributariaCristo también se refirió al impacto del hundimiento de la reforma tributaria, una de las iniciativas clave del gobierno Petro, en las sesiones económicas del Congreso. Según el ministro, varios factores contribuyeron a esta derrota legislativa, entre ellos, una "actitud de varios líderes de bancada en contra de la iniciativa para propinarle un golpe político al Gobierno nacional".El funcionario criticó que no se haya analizado adecuadamente la ponencia de la reforma y alertó sobre las consecuencias negativas de esta decisión, particularmente en la inversión pública en los territorios. "Esto no se midió muy bien, como lo explicó el director de Planeación", recalcó.Mensaje claro sobre su continuidadEn medio de rumores sobre su posible salida, Cristo fue tajante: "Yo no voy a renunciar, yo no sé por qué no me dejan pasar la Navidad y los aguinaldos tranquilos. No está contemplado, voy a estar ahí hasta que el presidente lo decida".
El Gobierno nacional adelanta una carrera contrarreloj para lograr la aprobación de la mayoría de proyectos de ley y reformas constitucionales antes de finalizar las sesiones de este 2024. Aunque las sesiones ordinarias terminarán el próximo lunes 16 de diciembre, el Ejecutivo ya prepara el decreto con el que se convocarán a sesiones extraordinarias hasta el viernes 20 de diciembre, según se ha podido conocer.El número de proyectos que podrían morir si no superan cuatro debates antes del 16 de diciembre abarcan varios temas como la reforma política, la reforma que avala el transfuguismo y la ley ordinaria de jurisdicción agraria. En el caso de la reforma a la salud, se espera que esta semana se adelante su segundo debate y la reforma laboral hasta ahora están programando las mesas técnicas y audiencias públicas, por lo que el proyecto podría quedar pendiente para 2025.Pero una reforma que parece estar sin gasolina es la reforma tributaria o ley de financiamiento que busca recaudar 12 billones de pesos para completar el presupuesto del próximo año. Aunque hasta el momento se está a la espera de que se radique la ponencia mayoritaria, desde el Gobierno están pidiendo a los integrantes de las comisiones económicas (terceras y cuartas) de Senado y Cámara de Representantes que, aunque muchos deseen hundir la iniciativa, permitan que sé de la discusión.“No se puede negar el Congreso discutir la ley de financiamiento. Tomen la decisión que consideren. Lo que veo hoy es un ambiente positivo con la llegada del nuevo ministro para abrir esa discusión”, señaló el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.Cristo, aun así, dejó claro que no se puede esperar llegar a la meta de 12 billones de pesos que planteaba el texto originalmente: “Yo creo, para ser totalmente francos y sinceros, que hoy no es viable pensar en una reforma tributaria, en una ley de financiamiento que llegue a los 12 billones de recaudo que se requieren para el presupuesto desfinanciado. Pero sí se puede avanzar en varios puntos de la reforma que den una cifra inferior, pero importante, lo cual de todas maneras va a contribuir a equilibrar en algo el presupuesto que está desfinanciado”.
La reciente aprobación de la reforma al Sistema General de Participación en Colombia ha generado un intenso debate entre economistas y académicos. El profesor y economista de la Universidad de Los Andes Francisco Azuero destacó la urgencia de abordar los desafíos que esta reforma y el impacto que tendrá en las regiones del país.En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, Azuero compartió su crítica a la falta de consideración de las propuestas de modificación que fueron sugeridas durante la discusión de la ley. Específicamente, se refirió al proceso legislativo, señalando que muchas de las sugerencias emitidas por él y otros economistas no fueron tenidas en cuenta."No estoy contento y yo creo que es un sentimiento que compartimos con muchos de los que criticamos el acto legislativo en el estado en que estaba. Sugerimos cambios, sugerimos algunas modificaciones en una reunión que tuvimos la semana pasada con el ministro Cristo, pero absolutamente ninguna de esas modificaciones, de esas propuestas, se tuvo en cuenta", sentenció.Propuesta de regulación de competenciasAzuero propuso que se debería aprobar competencias cuantificadas de manera gradual, con el adecuado respaldo de la ley de competencias. Esto permitiría una transición más estable y controlada, evitando cualquier déficit que afecte la estabilidad fiscal del país, según dijo."Una de las propuestas que hicimos en la reunión que tuvimos con el ministro Cristo es por qué no aprueba un par y paso, competencias que se vayan trasladando cuantificadas, recursos que se van trasladando a las regiones. Inclusive, si ustedes creen que el efecto fiscal es neutro, nosotros realmente dudamos eso de que el efecto fiscal sea neutro, pues inclusive podrían hacerlo no en los 12 años que está planteado en el acto legislativo, sino muchísimo menos", añadió.Inquietudes sobre la eficiencia en la gestión localUno de los principales argumentos a favor de la reforma es la promesa de un giro más directo de los recursos a las regiones, lo que debería reducir la burocracia y permitir que alcaldes y gobernadores ejecuten proyectos críticos. Sin embargo, Azuero cuestionó la efectividad de esta premisa."Existe una gran inquietud porque es claro que para que comience a operar el traslado de recursos debe haberse aprobado la ley de competencias, pero qué pasa si el costo de las competencias que se traslada, es decir, el ahorro que tendría el Gobierno nacional, resulta ser bastante inferior al monto de los recursos que salen del Gobierno nacional y va para departamentos y municipios. Ahí es donde se abriría un hueco fiscal enorme. Entonces, esa pregunta nunca la respondieron", afirmó.Responsabilidades del Gobierno nacionalEl profesor Azuero también planteó la necesidad de clarificar cuáles son las entidades que se reorganizarán y qué leyes se modificarán para tener un laboratorio más adecuado entre lo local y lo nacional.Centralismo y descentralizaciónSobre el modelo actual de distribución de recursos, subrayó que el centralismo ha demostrado ser insuficiente. El desafío, según su visión, radica en encontrar un equilibrio que permita a las gobernaciones y municipios manejar recursos de manera efectiva.Escuche la entrevista completa aquí:
La reciente aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) ha suscitado intensos debates en el Congreso de la República. La parlamentaria Katherine Miranda, del Partido Verde, fue una de las pocas voces disidentes, votando en contra de la iniciativa que ya es una reforma constitucional. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Miranda calificó la medida como "profundamente irresponsable" y argumentó que su implementación podría poner en jaque las finanzas del país.Una reforma que podría requerir nueve reformas tributariasMiranda basó su oposición en un análisis técnico que advierte sobre los riesgos fiscales de la reforma. Según la congresista, el Ministerio de Hacienda respondió a su derecho de petición señalando que el costo de implementar esta reforma oscila entre $218 y $263 billones, lo que equivale al 6,8% y 8,2% del PIB."El actual proyecto implicaría costos recurrentes no contemplados en el Presupuesto General de la Nación e insostenibles con las proyecciones macroeconómicas del marco fiscal de mediano plazo", afirmó.En este sentido, Miranda sostuvo que el país necesitaría realizar al menos nueve reformas tributarias adicionales para cubrir las nuevas responsabilidades que asumirán las regiones. Estas reformas no solo serían complejas, sino también políticamente delicadas, en un contexto donde el gasto público es ya altamente inflexible."Para mí es completamente irresponsable que se supedite una reforma de esta magnitud a unas reformas tributarias futuras que no están garantizadas", enfatizó.El impacto de la inflexibilidad presupuestariaOtro de los puntos centrales en la crítica de Miranda es la estructura del presupuesto nacional. De los $523 billones proyectados para 2024, el 91% corresponde a gastos inflexibles como pensiones, deuda externa y seguridad. Esto deja solo $47 billones de maniobra, una cifra que, según la parlamentaria, resulta insuficiente para costear los $60 billones anuales que se estima demandará la reforma.Además, Miranda advirtió sobre la dificultad de las regiones para asumir las nuevas competencias, como la gestión de infraestructura vial o el pago de pensiones. "Quiero ver a municipios como Guainía pagando las vigencias futuras del metro de Bogotá", cuestionó, en alusión a la disparidad de capacidades entre los territorios.¿Es viable la descentralización?Pese a sus críticas, Miranda aseguró estar de acuerdo con el principio de descentralización, pero subrayó la necesidad de planificar con mayor rigor técnico. En su opinión, no todos los municipios cuentan con la capacidad administrativa y financiera para gestionar las competencias transferidas. Esto, según la parlamentaria, podría llevar a un colapso de la planeación estatal."Algunas ciudades podrán asumir estas responsabilidades, pero otras no. Por eso no debimos fijar porcentajes rígidos, sino evaluar caso por caso", señaló.Un llamado a la transparencia y la responsabilidadLa parlamentaria también cuestionó la falta de claridad del gobierno frente al impacto fiscal de la reforma durante los debates en el Congreso. Según Miranda, ni el ministro de Hacienda ni otros representantes del Ejecutivo ofrecieron datos concretos sobre cómo se financiará la iniciativa. "Nos hicieron una explicación de por qué esto prácticamente quebraría el Estado colombiano, pero esas apreciaciones no se hicieron públicas", denunció.Para la congresista, la reforma no solo pone en peligro la sostenibilidad fiscal del país, sino que también aumenta los riesgos de un manejo desigual entre regiones, especialmente aquellas con menor capacidad de gestión.Una decisión para la historiaMiranda concluyó su intervención expresando que, aunque su oposición fue solitaria, confía en que la historia le dará la razón. Su análisis se suma a las preocupaciones de expertos económicos, quienes han alertado sobre los posibles desequilibrios fiscales y estructurales que podría generar la reforma.El debate sobre el Sistema General de Participaciones apenas comienza, y sus consecuencias serán analizadas a medida que se implementen los cambios propuestos. La postura de Miranda queda registrada como una advertencia sobre los desafíos que enfrentará el país en este nuevo capítulo de descentralización administrativa y financiera.
Con un total de 124 votos a favor y dos en contra, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). En ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, señaló que esto significa un “triunfo” para la autonomía del territorial de cada departamento y municipio.En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, el ministro subrayó que durante las últimas décadas se ha visto una “transferencia permanente” de competencias del Estado central a la “región sin recursos”. Ahora, luego de los debates y su aprobación, dijo que habrá una autonomía simultánea, proporcional y equivalente.“124 representantes, casi unanimidad, de todas las bancadas, desde el Pacto Histórico hasta el Centro Democrático dieron un paso fundamental en la autonomía territorial en Colombia. En la Constitución de 1991 se nos había prometido a los colombianos el sueño de la descentralización y nunca se ha cumplido”, mencionó.El ministro Cristo explicó que anualmente, por los próximos 12 años, se irá transfiriendo competencias y también recursos mayores a los departamentos y municipios del país. Esto, según enfatizó, dentro del marco de la sostenibilidad fiscal y cumpliendo la regla fiscal, que, añadió, es “fundamental”.En ese sentido, aseveró que, aunque la reforma al Sistema General de Participaciones no es una solución definitiva a los problemas del país, sí representa un cambio y un “rediseño del Estado colombiano”. Así, respondió que es un “punto de partida”.“Lo que pretendemos es que el Estado sea mucho más fuerte allí donde el ciudadano lo necesita, que es en los territorios de Colombia, porque precisamente nos quejamos de que estos grupos violentos ejercen control territorial o buscan hacerlo, por qué, porque el Estado no lo ejerce, porque no hay presencia institucional”, indicó.Sobre ese punto de partida al que hizo referencia, el ministro Cristo detalló que el Gobierno y el Congreso tendrán dos años para tramitar una ley competencias que es “absolutamente indispensable” para que se aplique este proyecto del acto legislativo.En cifras, puntualizó que, a peso de hoy, es un crecimiento de 54 billones de pesos “gradualmente año tras año”. Sobre ese dinero, aclaró que es una tarea para evaluar con el Ministerio de Hacienda, es decir, qué funciones seguirá cumpliendo la Nación y qué le corresponde ahora a cada región.Dijo que, hoy, con el “este modelo centralista” no se han logrado cerrar las brechas ni en agua potable ni en educación ni en salud. En ese sentido, precisó que la educación de cero a tres años, de la cual “nadie asume la responsabilidad”, la tendrán que asumir ahora los departamentos y municipios.
