Juan Carlos Montes, el hombre que apareció entregándole dinero en efectivo a Gustavo Petro en bolsas de basura, tendrá que responder por el delito de contratación sin el cumplimiento de requisitos legales, por la asignación de las obras cuando fue subdirector técnico del IDRD durante la alcaldía de Petro.El contrato que se investigó es el 3817 de 2015, por medio del cual se asignaron 19.000 millones de pesos para la construcción del parque El Porvenir, en Bosa. La participación de Montes se habría dado en la etapa precontractual, favoreciendo a un contratista específico para que realizara las obras y también el proceso de interventoría que costó más de $1,160 millones de pesos.De acuerdo con la versión del fiscal del caso, Montes acudió a un convenio interadministrativo que le permitió evadir los procesos licitatorios y proceder con la contratación directa con el contratista que previamente habían asignado, con aparentes intenciones corruptas. Las obras en mención tuvieron además un año de plazo para su ejecución, pero se recibieron a satisfacción 4 años después, es decir, hubo 3 años de retraso.Juan Carlos Montes en este momento es prófugo de la justicia, pues está desde hace muchos años fuera del país y actualmente existe una circular roja de Interpol para capturarlo.Le puede interesar:En su última aparición, en 2018 y aparentemente desde Suiza, Juan Carlos Montes intentó explicar el escándalo que se conoció como los 'Petrovideos' que le grabó a Gustavo Petro en 2005 (según estableció la Corte Suprema) entregándole fajos de billetes en efectivo en bolsas de basura para apoyarlo en su campaña al senado de la República.En ese entonces, Montes explicó que a él le gustaba grabar en video este tipo de entregas para dejar unas secuencias, o unas “actas de vida”, y porque en su momento había notado cierta “displicencia” de Petro con algunas personas.Escuche el podcast “Al Pelo con Tata” y descubra los colores de moda que pueden sentarle bien a su cabello:
La Fiscalía imputó cargos por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos a Juan Carlos Montes Hernández, conocido como el hombre del ‘Petrovideo’, un video en el que sale entregando dinero en un sobre de manila al senador Gustavo Petro.Ante la no comparecencia a la audiencia, el juez 58 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá declaró persona ausente a Montes Hernández, quien debe responder por irregularidades cometidas en el desarrollo de sus funciones cuando desempeñaba sus funciones como subdirector del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, IDRD, e intervino en el contrato de la primera etapa del Parque Porvenir y el contrato de interventoría.De acuerdo con las investigaciones, Fernández celebró un contrato para la construcción de la primera fase del Parque Metropolitano Porvenir, en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá. El contrato, cuyo valor ascendió a 19.000 millones de pesos, fue suscrito el 24 de noviembre de 2015 y tenía una vigencia de un año. Sin embargo, las obras pactadas fueron entregadas a finales de 2019.Adicionalmente, hay indicios de que, en la fase precontractual, supuestamente, se vulneraron los principios de planeación, transparencia y selección objetiva. Al parecer, no hubo estudios de mercado ni de población y el contrato habría sido direccionado al consorcio Porvenir 2015.De otra parte, la Fiscalía estableció que el contrato de interventoría del proyecto de construcción del parque, presuntamente, fue celebrado con un instituto adscrito a la Universidad Distrital Francisco de Paula Santander, que estaba impedido para contratar con el Estado porque tenía vigente una suspensión.
En un documento de 164 páginas conocido por BLU Radio, la Corte Suprema de Justicia expuso los argumentos que motivaron su decisión de no investigar al senador Gustavo Petro por el denominado ‘Petrovideo’, la cinta audiovisual de 14 minutos que se conoció en noviembre del 2018, y en la que se ve a Juan Carlos Montes entregándole unos fajos de billetes.La Corte llegó a tres conclusiones: en primer lugar, el video se grabó en el 2005 y no en el 2009 como decían los denunciantes al abogado Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia; en consecuencia, los delitos por los que pedía investigar al senador prescribieron al ser conductas de hace más de 15 años, y, en tercer lugar, no le se puede atribuir la comisión de ningún delito al senador, pues el origen de los dineros fue lícito. El alto tribunal no le da credibilidad a la fuente anónima del denunciante de la Espriella.Los argumentos de la decisiónLas declaraciones del arquitecto Simón Vélez y del exfuncionario de Petro, Juan Carlos Montes, fueron claves para que al Corte Suprema de Justicia determinara que los hechos ocurrieron en el 2005 y que el origen de los dineros fue lícito.Esto se da a pesar de que el denunciante de la Espriella dijo que el video se grabó en el 2009 y que, según una fuente anónima, los dineros vendrían del narcotraficante Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’ quien, supuestamente, entregó una elevada cantidad de dinero destinada a financiar la campaña electoral de éste en la consulta interna del partido Polo Democrático Alternativo para escoger el candidato de esa colectividad a la Presidencia de la República.Sobre la declaración del arquitecto Vélez, vale la pena resaltar que le dijo a la justicia que hizo proselitismo con sus “amigos oligarcas que por su condición de oligarcas hicieron donaciones vergonzantes y anónimas, un oligarca no puede decir que hicieron donaciones para Petro, se mueren de vergüenza con sus amigos”. Sin embargo, sobre la identidad de esos allegados, prefirió no suministrar nombres y enfatizó en que se trató de donaciones voluntarias, no de préstamos o créditos.Montes ratificó lo dicho por Vélez en un testimonio que rindió ante la Corte el 18 de diciembre del 2018. Dijo que estaban ad portas de una elección y que se requerían recursos para su financiación, pues su función como militante del Polo Democrático Independiente consistía en buscar y gestionar recursos.Así, aseguró que tuvo éxito con un gestor, concretamente, con el arquitecto Roberto Simón Vélez Jaramillo, quien en sus contactos sociales consiguió algunos recursos, pero sin que Montes Fernández conociera la identidad de los aportantes más allá de que se trataba de aportes de “amigos oligarcas”.Montes añadió que Vélez consiguió dichos aportes en actividades sociales, tales como almuerzos o juegos de golf. Posteriormente, dijo que estas personas entregaron dinero en efectivo, cuyo destino era impulsar las campañas de los delegados del partido y las candidaturas al Senado de la República y agregó que los fajos visualizados en la grabación corresponden a billetes de baja denominación, que sumaban en total 20 millones de pesos.Finalmente, aseveró que Petro ignoraba el origen de los recursos y que el video se grabó “entre unos ocho o quince días” después de su desvinculación de la Unidad de Malla Vial y “unos cinco o seis meses, más o menos, antes de la reincorporación a la administración distrital en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte”.Estas entrevistas fueron claves para la decisión de la Corte, pero también el hecho de que ninguno de los denunciantes o declarantes contra el senador Petro son testigos presenciales de los hechos.“El citado denunciante (Abelardo de la Espriella) no es siquiera un testigo de oídas de primer grado, incluso, de manera paralela resulta forzoso colegir en el caso examinado que, en el mejor de los casos, se trataría solo de una fuente desconocida. En fin, anónima, por lo tanto, si alguna utilidad tiene, es aquella que efectivamente se le otorgó, esto es, de resultar simplemente orientadora de la investigación”, dice la decisión.Estos son algunos de los argumentos que expone la Corte llega para llegar a la conclusión de que no se le puede atribuir la comisión de ningún delito al senador Petro.“Por lo argumentado, entonces, se afianza la conclusión de que la prueba acopiada en la investigación previa evidencia que, del contenido del medio audiovisual, así como de los demás medios suasorios acopiados, al imputado no se le puede atribuir por razón de tales hechos la comisión de alguna conducta punible.Asimismo, añaden que la versión coincidente de Juan Carlos Montes, del arquitecto Vélez y del senador Petro “es la que concita plena credibilidad, con tal contundencia, que excluye la posibilidad contraria que en buena medida y con un alto grado de especulación planteó de forma persistente el denunciante De la Espriella Otero”.Incluso, que al ser intervinientes en la reunión recogida en la grabación (Montes y Petro), son quienes podían efectuar la reconstrucción fiel de sus circunstancias, por ejemplo, la de carácter temporal.Precisamente, sobre el año en el que se habría grabado el video, dice la Corte: “se extractan datos que, en armonía con las imágenes respectivas, confirman la ocurrencia de dicho encuentro en 2005, como lo atestaron de forma categórica los contertulios Petro Urrego y Juan Carlos Montes Fernández. Por lo tanto, no en 2009, de acuerdo con los señalamientos De la Espriella Otero, soportados, se reitera, en la información recibida de una “fuente periodística”, así como en su propia “investigación” (…) Es más, del contenido de la grabación, aunada a la versión y a la declaración juramentada del citado Montes Fernández puede sostenerse, sin remisión a duda, que el encuentro objeto de ese medio audiovisual acaeció el 7 de octubre de esa primera anualidad”.Explica el alto tribunal que, después de un cotejo a unas fotocopias del diario El Tiempo, se llegó a la conclusión que la edición que se ve en el video corresponde a la del 6 de octubre de 2005.“Adicionalmente, otras circunstancias verificables del escrutinio del video confirman que los hechos ocurrieron en 2005, no años después, esto es en 2009, como lo insinuó la senadora Valencia Laserna y fue aseverado también de manera categórica por el denunciante De la Espriella Otero, reitera la Corte (…) en resumen, de la valoración probatoria consignada en precedencia queda esclarecido con certeza, esto es, sin remisión a duda, que los hechos materia de la noticia criminal, contrario a lo sugerido por la senadora Paloma Valencia Laserna, así como también a lo atestado por el periodista y denunciante Abelardo De la Espriella Otero con fundamento en las afirmadas revelaciones de un delator anónimo para las presentes diligencias, así como en sus singulares pesquisas periodísticas no ocurrieron en 2009, sino en 2005, en específico, el 7 de octubre de esta última anualidad”, concluye sobre ese punto al decisión.Finalmente explica el alto tribunal, desde entonces, el 2005 a la fecha, han transcurrido más de 15 años y 7 meses por que las conductas por las cuales fue denunciado el senador Petro están prescritas y por ello declara “la prescripción penal por razón de los posibles delitos cometidos en los hechos que fueron materia de las denuncias formuladas en las presentes diligencias contra el senador Gustavo Petro”, dice el documento.
BLU Radio conoció en primicia que Wilman Muñoz, exdirector del Instituto de Extensión (Idexud) de la Universidad Distrital y quien amplía este martes su interrogatorio en la Fiscalía por la investigación que lleva en su contra por “despilfarrar” recursos de esa institución, le ofreció colaboración a los fiscales del caso en contra de Juan Carlos Montes, exsubdirector de construcción del IDRD y quien apareció recientemente en un video entregando fajos de billetes al exalcalde Gustavo Petro.No deje de leer: Rectores de la Distrital convirtieron Idexud en caja mejor: exdirector del instituto En la matriz de colaboración, que está en estudio de la Fiscalía, hay 15 nombres de personas que estarían salpicadas en el escándalo de corrupción y dentro de ese listado se encuentra Juan Carlos Montes.Según pudo establecer BLU Radio, Muñoz les dijo a los fiscales del caso que cuando Montes era el subdirector de construcción del IDRD se firmaron varios convenios entre la Distrital y ese instituto como el 2183 del 2014 y el 2139 del mismo año.Según la colaboración que ha venido brindando Muñoz a la Fiscalía en todos esos convenios se habrían presentado irregularidades y Montes “fue el encargado y quien recibía los dineros”. Los recursos, al parecer, terminaron en bolsillos de particulares.Montes cuenta con circular azul en su contra porque la Fiscalía lo requiere dentro de un proceso por el delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato del 2015 que firmó cuando estaba en el IDRD.En esa matriz de colaboración también aparece el nombre del congresista Antonio Sanguino, de quien Muñoz asegura que es uno de los políticos que estaría detrás de la corrupción de la institución.En la primera carta que el exdirector del Idexud envió al ente acusador aseguró tener información del mismo estilo contra concejales, directores de entidades regionales y de orden nacional como Fonade y el Sena, alcaldes locales, entre otros.BLU Radio también conoció en primicia que en esa matriz de colaboración aparece el actual rector de la Distrital, Ricardo García Duarte, y Carlos Fajardo, miembro del Consejo Superior de la Universidad por parte de los egresados, entre otras personas dentro de la institución.Después de que Muñoz termine el interrogatorio la Fiscalía lo podría llamar a imputación de cargos por el delito de peculado o, si le parece relevante la información que entregó, le otorgarían un principio de oportunidad con el que le darían inmunidad penal a cambio de la información que tiene y que ha venido aportando desde el principio.Sobre el tema, el procurador Fernando Carrillo, aseguró que este es un caso de cómo se gastaron indebidamente los recursos públicos de la educación.“Es aberrante desde el punto de vista de cómo se manejaron los recursos públicos de una universidad, como se dilapidaron, es un ejemplo sobre lo que no hay que hacer con los recursos públicos. Yo creo que desde ese punto de vista tanto la investigación de la Procuraduría como la posibilidad de que ya entre en acción la Fiscalía, que es lo que queríamos desde el principio, es fundamental para que se aclare todo”, dijo el jefe del Ministerio Público.Finalmente, Carrillo añadió que es necesario que la Fiscalía llegue hasta los últimos detalles del caso para establecer si hay más personas detrás de la corrupción y que la sanción contra Muñoz, en la Procuraduría, será una de las más drásticas.Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.“Si aquí hubo otras redes, otros carteles, pues será la autoridad penal la encargada de verificar si eso fue así. Mientras tanto, esta tendrá que ser una de las sanciones más drásticas por el tipo de recursos involucrados. Ni con la salud ni con la educación de los colombianos voy a permitir que se juegue”, agregó el procurador.Escuche aquí el cubrimiento de esta noticia, en Meridiano BLU:
El nombre de Juan Carlos Montes le dio la vuelta al país cuando se conoció el video en el que se ve a él entregándole varios fajos de billetes al hoy senador Gustavo Petro, a quien le gerenció varias campañas. Sin embargo, hoy la Fiscalía lo busca para que responda no por el video si no por contratos presuntamente irregulares en los que estaría involucrado.Por esto, la Fiscalía ordenó su captura como presunto responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y como no ha podido encontrarlo para hacerla efectiva, solicitó a la Interpol que expida circular azul contra Montes Fernández. Lea también: El ingeniero Juan Carlos Montes salió del país por amenazas en su contraDe acuerdo con la investigación, Montes Fernández, quien se desempeñó como subdirector de Construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá, estaría involucrado en algunas irregularidades detectadas en el proceso de celebración y liquidación del contrato 3817 de 2015, y los respectivos contratos de interventoría.El contrato tenía como objeto “Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste la construcción de la primera etapa del Parque Metropolitano El Porvenir” y fue otrogado a través de una licitación por 19.363 millones de pesos.Sin embargo, la Fiscalía encontró que Montes no tuvo en cuenta las reglas de contratación pública y otorgó el contrato a una firma que no contaba con los requisitos legales.Con esta decisión, la Fiscalía busca la colaboración de los países asociados a Interpol para ubicar a Juan Carlos Montes y lograr su efectiva comparecencia a las audiencias de imputación y medida de aseguramientos programadas.
Fuentes cercanas al proceso confirmaron que el ingeniero Juan Carlos Montes, quien aparece en el denominado ‘Petrovideo’, salió del país a finales de diciembre. El ingeniero salió rumbo a Suiza pues, al parecer, y según lo denunció ante las autoridades, él y su hija Alejandra estaban siendo víctimas de amenazas contra su vida. Hace un mes, la Fiscalía allanó la vivienda de Montes, en donde encontró un pagaré por 50 millones de pesos a favor de la Colombia Humana y que, al parecer, no había sido reportando ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Montes es investigado, junto al arquitecto Simón Vélez, por el video en el que se le ve entregando fajos de billetes al hoy senador Gustavo Petro.
Un fiscal especializado ordenó el allanamiento a la casa del ingeniero Juan Carlos Montes en medio de la investigación para determinar su participación en el video por el que se conoció la entrega de efectivo al senador Gustavo Petro.Vea también Petro no reportó aportes de Simón Vélez en su campaña al Senado de 2006Fuentes de la Fiscalía indicaron que la diligencia fue ordenada con el objetivo de recolectar material probatorio que ayude a esclarecer los hechos alrededor de la realización de este video.La Fiscalía investiga si la participación de Montes y del arquitecto Simón Vélez en el mencionado video se constituyó en un delito por el cual debe aplicarse algún procedimiento judicial de fondo.La Fiscalía indicó que este procedimiento es independiente de la investigación que adelanta la Corte Suprema al senador Gustavo Petro por estos mismos hechos, al advertir que el congresista tiene fuero.No obstante, este allanamiento se ordena por los testimonios que rindieron Montes y Vélez ante la Corte Suprema de Justicia al conocer que, al parecer, fueron quienes estuvieron dentro de la grabación.La Corte Suprema de Justicia recibirá a finales de enero la versión libre del senador Gustavo Petro y determinará si hay mérito para continuar con una investigación formal al senador por estos hechos.
