El 2 de diciembre del 2020, el Congreso en pleno eligió a los siete magistrados que integran la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, órgano de regulación disciplinaria de jueces, abogados y fiscales en el país, entre ellos estaba el exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados.El 13 de enero del 2021, en Casa de Nariño, el presidente Iván Duque tomó juramento de Juan Carlos Granados y los otros miembros de la comisión como magistrados de este alto tribunal.Para el 12 de enero, la Corte Suprema de Justicia fijó la fecha para que Granados compareciera luego de una citación del pasado mes de agosto del 2020, pero este argumentó que el tribunal no era el competente al ser elegido como magistrado.A finales del mes de enero de 2021 un ciudadano llamado Carlos Mario Cárdenas Fonseca presentó una denuncia en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, la cual tuvo que ser tramitada por su presidente."En la Comisión de Acusación fue radicada una denuncia por un ciudadano en contra del dr. Juan Carlos Granados Becerra, con base en eso, por medio de la Comisión se pidió traslado de la misma a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. La Fiscalía respondió que había una serie de procesos en contra de los siete magistrados que conforman la sala de Disciplina Judicial y la Comisión de Acusación, y solicitó entonces el traslado de todos los procesos que es el trámite que se debe dar en estos casos", indicó Carlos Cuenca, en diálogo con BLU Radio.Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia determinó que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes deberá continuar con la investigación contra el magistrado Juan Carlos Granados por su presunta responsabilidad al recibir supuestamente dineros de la multinacional Odebrecht, cuando se desempeñaba como gobernador de Boyacá.El traslado del expediente se realizará en los próximos días y, una vez llegue la documentación, el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, tendrá que realizar un reparto ante los 16 integrantes.Una vez sea repartido el proceso, el representante investigador tendrá que emitir un auto evocando conocimiento del caso.Posteriormente, el congresista tendrá que realizar una lectura de todo el proceso y, si es necesario, expedir autos con el fin de escuchar nuevos testimonios, documentos, entre otros.El exgobernador es investigado por delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y tráfico de influencias.La Comisión tendrá que determinar ahora si lo acusa o absuelve. En caso de que así fuera y el Senado aceptara dicha acusación, el proceso sería enviado nuevamente a la Corte Suprema para que adelante el juicio.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, deberá continuar la investigación contra el magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial Juan Carlos Granados por su presunta responsabilidad al recibir supuestamente dineros de Odebrecht, cuando se desempeñaba como gobernador de Boyacá.Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia al remitir a esa corporación el expediente que se adelantaba contra Granados Becerra, por la presunta comisión de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y tráfico de influencias de servidor público, presuntamente cometidas cuando se desempeñó en el 2012 como gobernador de Boyacá.La determinación fue tomada tras la solicitud hecha el pasado 4 de febrero de 2021 por el presidente de la comisión, el representante Carlos Alberto Cuenca Chaux de Cambio Radical, partido al que pertenece el mismo Granados Becerra, en la que reclamaba esa competencia por el fuero que como magistrado ahora ostenta.
Un nuevo aplazamiento de la audiencia de acusación ha sido presentado por la defensa del magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, recientemente elegida, Juan Carlos Granados Becerra.Granados debía comparecer este miércoles 3 de febrero a las 8:30 de la mañana ante la Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia por hechos relacionados con el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht.Adujo la defensa no estar preparada para la diligencia por haber designado recientemente un nuevo abogado, quien no ha tenido el tiempo necesario para realizar un análisis de la actuación, petición ante la cual la magistratura debió acceder por hacer parte del derecho de defensa disponer de tiempo y medios razonables para afrontar el proceso.En una anterior oportunidad esta audiencia debió ser aplazada por solicitud del propio inculpado, quien justificó no contar con abogado defensor en esa ocasión.Al momento se está a la espera de fijar nueva fecha para la audiencia.
Juan Carlos Granados, excontralor de Bogotá, quien fue nombrado como magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina y es cuestionado en el escándalo el caso Odebrecht, aseguró que cuenta con las condiciones éticas para cualquier cargo y desestimó los señalamientos. Además, negó que esté dilatando el proceso y sostuvo que se encuentra "cómodo" en la Corte Suprema que lo juzga. "No es cierto de ninguna manera, la audiencia se suspendió a propósito de la necesidad y el derecho de tener una defensa técnica de confianza, pero a los que dicen que era con el propósito de evadir la Corte Suprema, quiero recordar que esa sala, incluso uno de esos magistrados, ya resolvió y decidió sobre estos hechos y dijo que no había delito. Yo no puedo sentirme más cómodo en otro lado", declaró. Granados cuestionó las afirmaciones del testigo en su casa y negó que haya favorecido a Odebrecht. "Quien me acusa es un testigo que está siendo procesado por falso testimonio, condenado en el carrusel de la contratación en Bogotá y condenado por Odebrecht. El que dice que sabe cómo fueron los actos de corrupción de Hidroituango, el que dice cómo fueron los actos de corrupción en los actos de estudio del metro que contrató el señor exalcalde Gustavo Petro", declaró Granados. "Ese testigo dice que yo favorecí a Odebrecht en contratación y resulta que Odebrecht nunca contató con la Gobernación de Boyacá ni ninguna entidad en la que he estado. Entonces, ¿cómo podía favorecer con contratos a alguien que nunca he contratado?", añadió. "Licité 117 contratos de vías durante mi gobernación, en los cuales en ninguno participó Odebrecht", aseveró. "Fui el mejor alcalde del país, tengo condiciones éticas para cualquier cargo", complementó. De acuerdo con el exjefe del órgano de control fiscal de Bogotá, las acusaciones en su contra se deben a una reunión con funcionarios en un lugar público, pero nadie ha cuestionado el caso del 'Petrovideo'. "A mí se me cuestionó porque estaba en un restaurante público con unos funcionarios del Estado, que cumplen cabalmente sus funciones y nadie ha criticado una reunión a escondidas, con plata sobre la mesa, con un señor que está siendo perseguido por la Interpol. Y el otro señor es senador. Es que tienen que tener equilibrio con relación a los cuestionamientos", aseguró. Escuche al excontralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, en entrevista con Mañanas BLU:
Luego de ser elegido magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial, la Procuraduría confirmó que citó a versión libre al exgobernador de Boyacá Juan Carlos Granados.En el caso específico de la Procuraduría, la investigación se abrió por presuntos favorecimientos a Odebrecht para la construcción de la vía Duitama – San Gil y la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Salitre.El Ministerio Público informó que tiene evidencias probatorias que podrían comprometer disciplinariamente a Granados por haber influido para que terceros se beneficiaran con la contratación y que se valió de su condición de gobernador y de presidente de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.Por esta razón, la Procuraduría decidió citarlo a una versión libre el próximo jueves 10 de diciembre para que responda por estos señalamientos.De otro lado, Granados iba a ser acusado este lunes por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia por los mismos hechos, pero la audiencia se aplazó debido a que el exgobernador cambió de abogado y pidió tiempo para poder comparecer ante el alto tribunal con otro apoderado.
La Casa de Nariño explicó por qué el Gobierno terminó ternando a Juan Carlos Granados, excontralor de Bogotá, para el cargo de magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quien será acusado por la Fiscalía ante la Sala de Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por el escándalo Odebrecht.Aseguran desde Palacio que la comisión conformada para verificar las hojas de vida de los aspirantes al cargo de magistrado de la comisión fue integrada por funcionarios de Presidencia y de Función Pública, los cuales revisaron los antecedentes penales, fiscales y disciplinarios de todos los candidatos inscritos y en el caso particular de Juan Carlos Granados no encontró antecedentes inscritos que legalmente impidieran su aspiración.Al verificar la convocatoria hecha para presentar las hojas de vida que inició el pasado 4 de octubre, se observa que 222 candidatos se inscribieron y los requisitos fueron los siguientes: “Los requisitos del cargo son: Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.Por esta razón, Casa de Nariño asegura que su dictamen, que finalmente fue ternar a Granados, se fundamentó en la verificación documental de los antecedentes en los cuales no figura, dice Casa de Nariño ninguna sanción ni condena penal, disciplinaria o fiscal .
El próximo lunes, a las 8:30 de la mañana, el excontralor de Bogotá Juan Carlos Granados será acusado por la Fiscalía ante la Sala de Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por el escándalo Odebrecht.Fue en noviembre del 2018, dos años atrás, que la Fiscalía imputó cargos a Granados por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia de servidor público, por dos hechos que lo relacionan con Odebrecht.El primero en el 2011 cuando, supuestamente, la multinacional le dio a Granados 200 millones de pesos para financiar su campaña a la Gobernación de Boyacá a través del exsenador Plinio Olano. A cambio, supuestamente, el actual contralor se habría comprometido a otorgarles el proyecto de concesión vial de la ruta Duitama - Charalá – San Gil.Sin embargo, la obra no se le entregó a la multinacional porque esta consideró que no era viable financieramente, por lo que se comprometieron con otro negocio.El segundo hecho, según la Fiscalía, tiene que ver con una reunión en el apartamento de Granados en Bogotá, en la que participaron Plinio Olano, Federico Gaviria, Eleuberto Martorelli y el exdirector de la CAR Alfred Ballesteros.Según investigadores, la cita la hicieron buscando favorecer a la multinacional en la precalificación para que posteriormente se presentara y ganara la licitación para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Salitre.El compromiso de Granados fue apoyar dicha precalificación y entonces Odebrecht se comprometía a entregar un 3% del valor total del proyecto a los servidores públicos dentro de los que estaba el funcionario.Sin embargo, estalló el escándalo de la multinacional y la CAR no le adjudicó el contrato.Por estos dos sucesos, el excontralor deberá defender su supuesta inocencia en juicio.
Para nadie es un secreto la cercanía que tiene el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, con el partido Cambio Radical. En 2006 fue elegido representante a la Cámara y, posteriormente, gobernador de Boyacá con aval de esa colectividad, que también fue clave en su elección en el organismo de control.Por lo anterior, llama la atención un mensaje publicado por el senador Rodrigo Lara (de Cambio Radical), pidiendo la renuncia de Granados, justo en medio de la pelea que está dando el funcionario para que sean embargados los recursos de reposición de gastos de campaña del excandidato presidencial Gustavo Petro.Le puede interesar: Es improcedente petición de embargo de reposición de votos de Petro: BancolombiaAunque no menciona directamente el caso de Petro, Lara señala al contralor de usar el cargo para una “persecución política” dos días después de que Granados pidiera al Consejo Nacional Electoral bloquear el dinero asignado al movimiento Colombia Humana para cubrir las multas que tiene pendientes el exalcalde de Bogotá con ese organismo de control.De hecho, el propio senador Petro replicó en su cuenta personal la publicación en la que Lara pide la renuncia de Granados. BLU Radio consultó a otros congresistas de Cambio Radical que se declararon en desacuerdo y consideraron la solicitud de Lara una “posición personal y no del partido”.
El contralor de Bogotá, en entrevista con Mañanas BLU, negó tener relación con el escándalo de corrupción de Odebrecht, aunque admitió haberse reunido en dos ocasiones con Federico Gaviria. “Yo lo conozco. Yo me reuní, nunca siendo candidato, siendo gobernador. Me reuní con él porque hacía el trámite de presentar a los señores jefes de esa empresa. Ellos se presentaban y decían que iban a participar de los procesos, que eran una empresa muy importante”, sostuvo Juan Carlos Granados. Vea también: Contralor de Bogotá confirma nuevas multas contra Petro por sistema de basuras El contralor del Distrito aseguró que sostuvo dos encuentros con Gaviria. La primera a la presentación de la compañía ante los gestores de infraestructura vial y la segunda porque la compañía buscaba llevar a cabo una alianza público privada. De acuerdo con Juan Carlos Granado, durante su paso por la Gobernación de Boyacá no se contrató con la multinacional inmersa en varios escándalos en Colombia y América Latina. De acuredo con los señalamientos, Granados recibió $ 200 millones de pesos y en contraprestación tenía que entregar la contratación pública a Odebrecht. “No es cierto. La Fiscalía aportó una planilla de ingresos a la casa del senador Plinio Olano el 26 de septiembre (...) y determinó que la Fiscalía que la manera para probar que Odebrecht podía entrar a ese conjunto era que entraba un señor que se llama Álvaro Castillo que supuestamente era el conductor de Odebrecht. Ese día tampoco ingresó”, indicó. “La historia me dio la razón y es que nunca Odebrecht contrató con la Gobernación”, agregó.
La fiscal del caso solicitó al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que envíe tras las rejas al contralor Juan Carlos Granados. La razón: que en libertad podría obstruir el proceso por el cargo de poder y sus altas conexiones. “Acceder a la información que emane y/o conozcan estas personas en virtud de labores investigativas que pretenda desplegar la Fiscalía. Incluso, la facultad de incidir en sus subordinados en razón al ejercicio del cargo, pues claramente estas personas han estado a su servicio”, dijo la delegada de la Fiscalía. Por su parte, el abogado de Granados, Dario Bazzani, cuestionó los cargos que le imputa la Fiscalía porque asegura que los contratos por los que se habría interesado indebidamente Odebrecht no se los adjudicaron. “Este es un caso de manipulación en contratación estatal donde no hubo contratación estatal, entonces no deja de ser extraño”, dijo. La Fiscalía lo acusa de dos hechos puntuales. El primero en el 2011 cuando la multinacional le dio a Granados 200 millones de pesos para financiar su campaña a la Gobernación de Boyacá a través del exsenador Plinio Olano. A cambio, supuestamente, el hoy contralor se habría comprometido a otorgarles el proyecto de concesión vial de la ruta Duitama-Charalá-San Gil. Vea aquí: Odebrecht quiere volver a trabajar en Colombia: representante de la compañía Y aunque no se le entregó la obra a la multinacional porque esta consideró que no era viable financieramente, se comprometieron con otro negocio. Y aquí entra el segundo supuesto negocio. Dice la Fiscalía que, posteriormente, hubo una reunión en el apartamento de Granados en Bogotá, en la que participaron Plinio Olano, Federico Gaviria, Eleuberto Martorelli y el exdirector de la CAR Alfred Ballesteros. La cita la hicieron buscando favorecer a la multinacional en la precalificación para que, posteriormente, se presentara y ganara la licitación para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Salitre. El compromiso de Granados fue apoyar dicha precalificación y entonces Odebrecht se comprometía a entregar un 3 % del valor total del proyecto a los servidores públicos dentro de los que estaba el funcionario. Sin embargo, estalló el escándalo de la multinacional y la CAR no le adjudicó el contrato.
